Regenerarse, volver a generar, proviene del griego, ‘palingenesia’. Palin significa volver o regresar, genesia habla de una genética que nos lleva al origen.

Nuevo nacimiento es recuperarse del viejo estadio del estancamiento, del parate que inmoviliza al atentar contra toda idea de progreso.

Nuestros padres fundadores defendieron durante la segunda mitad del siglo XIX paradigmas sólidos tendientes a crear un orden político legítimo preparado para imponerse en un extenso territorio, poco poblado y con un nulo grado de integración. Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi coincidían en el horizonte al cual apuntaba nuestra naciente Argentina: el progreso material y la estabilidad política.

Hoy esa distante idea de progreso pide de un esfuerzo mayúsculo. Sin duda 2015 puede ser catalogado como un año signado por importantes pruebas a superar. Pese a ello, la idea misma de crisis encierra oportunidades para grandes cambios.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirman que la desaceleración del crecimiento económico durante 2015 ha impactado en los indicadores laborales de la región y llevó la tasa de desempleo urbano a 6,6 por ciento. Durante 2014 había llegado a 6 por ciento.

En el caso de Brasil, que está atravesando una de las mayores crisis de confianza y legitimidad política hacia su clase dirigente, no sólo la corrupción de grandes dimensiones en la estatal Petrobras, sino además el fuerte deterioro de la economía, forzaron al Gobierno a la adopción de un impopular plan de ajuste fiscal que produjo la intempestiva reacción de los mercados y enfrió la actividad a partir de la retracción de la demanda.

Chile, Perú y México, firmemente decididos a alinearse con los “ganadores” por ser parte de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTPT, por sus siglas en inglés) de libre comercio junto con otros nueve países (Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá), representan hoy el 40% de los intercambios comerciales a nivel regional.

En tanto el Mercosur ocupa el 71,8% del territorio de América del Sur. Con casi 15 millones de km², posee alrededor del triple de la extensión territorial de la Unión Europea. Las 295 millones de personas posicionan al bloque como la quinta mayor economía del mundo. Pese a ello, la debilidad institucional resquebraja toda idea de bloque supranacional consolidado. La pregunta entonces gira en torno a qué circunstancias o motivaciones atentan hoy contra la magnánima idea de regeneración política, ausente en la región.

El proceso de integración mercosureño ha estado históricamente ligado a los ciclos económicos de la región. Así, el período comprendido entre 1991 y 1998, caracterizado por el buen desempeño macroeconómico y los avances en la integración regional, muestra un claro progreso en la institucionalización del Mercosur. Entre 1999 y 2002 la volatilidad y la crisis dieron paso a un fuerte estancamiento del proceso de integración. En tanto desde 2003 al presente, el crecimiento económico general de la región permitió el desarrollo de una tendencia hacia la consolidación del bloque, a pesar de ciertas porosidades institucionales aún pendientes.

La dependencia hacia los ciclos económicos denota debilidad institucional apegada a las contingencias efímeras y momentáneas en el tiempo. Es decir, los ciclos económicos influyen de manera directa sobre los procesos de integración político-institucional. Mientras que en tiempos de bonanza la integración avanza; en tiempos de crisis los países tienden a aplicar políticas proteccionistas que cierran la puerta a toda posibilidad de diálogo y espíritu comunitario.

Una vez más observamos la carencia de instituciones sólidas que puedan forjarse independientemente de los gobiernos de turno. Esta miopía dirigencial detenta en sí misma ostracismo político.

La Unión Europea (UE) ha recorrido un largo trayecto de idas y vueltas que ha implicado incluso el voto negativo al proyecto de constitución de la unión en 2005 por parte de la misma Francia, lo que generó una de las mayores crisis de identidad que haya sufrido en su medio siglo de historia. Pese a ello, hoy la política de alargamiento es prioritaria. En este sentido, los 28 países esperan el ingreso de Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía, en camino de adhesión.

Europa es perfectamente consciente de la importancia de la unidad. Integrar no es condición suficiente, pero sí necesaria como para asegurar la paz continental.

En un mundo global, problemáticas como el cambio climático, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación de la niñez y las amenazas nucleares, deben necesariamente resolverse de manera mancomunada. Requieren, en tal sentido, de un acto de grandeza llamado reconocimiento de no suficiencia en lo que respecta a políticas nacionales.

Los Estados nacionales no cuentan con las herramientas necesarias para responder con outputs frente a los inputs que genera el plano territorial extranacional. La clásica noción de monopolio de la fuerza legítima ejercida sobre un territorio determinado resulta caduca en el tiempo por el simple hecho de encontrarnos cara a cara con titánicos desafíos que nos movilizan a repensar y resignificar las tradicionales nociones de poder de policía nacional.

La regeneración que precisa hoy nuestro país apela al cambio en su misma esencia. Se trata del desarrollo de una nueva capacidad cognitiva que nos permita autogenerarnos y movilizarnos a un estadio inmaterial llamado respeto al prójimo. La integración es cooperación, es sumar al otro, que en definitiva es mi próximo. Integrarse a uno mismo rompiendo toda idea de divorcio y enajenación, indiferencia a la otredad, hacia ese otro, mi otro yo, yo mismo.

El pasado 17 de agosto se llevó a cabo la XXXIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur en Montevideo, Uruguay, primera en lo que va del año. Allí se definió que los 43 parlamentarios argentinos que serán electos en las elecciones generales del próximo 25 de octubre asumirán sus bancas en el Parlasur el 14 de diciembre, durante la sesión preparatoria que se llevará a cabo en Montevideo y allí prestarán compromiso. De esta manera, oficialmente ya no participarán los actuales senadores y diputados parlamentarios de la delegación argentina.

Lo cierto es que la ley 27.120 de elección de parlamentarios del Mercosur, sancionada el 29 de diciembre de 2014 y promulgada el 6 de enero de 2015, no especifica nada respecto a la partida presupuestaria con la que contarán los parlamentarios para ejercer sus funciones una vez elegidos.

En lo que respecta al Parlasur, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos aprobó una propuesta de presupuesto que asciende a 2.400.000 dólares para el organismo regional en 2016, de los cuales 761.000 dólares se destinan a gastos de personal -38 funcionarios- que se desempeñan en la sede del Parlamento.

Se afronta un problemática con arista doble. Por un lado, Argentina contará con 43 parlamentarios para el 14 de diciembre sin partida presupuestaria aún sancionada y, por el otro, el presupuesto aprobado por el Parlasur no puede ser ejecutado por completo debido a que los Estados parte del Mercosur no están realizando los aportes pertinentes. A la fecha de hoy el pasivo supera los 4 millones de dólares. Por su parte, Brasil informó que depositó en la cuenta del Parlamento 500.000 dólares, aún así debe 2 millones de dólares.

Parlamentarios que asumen sin partida, un Parlamento que está a la espera del aporte de fondos de cada país miembro y un Protocolo Constitutivo que retacea competencias legislativas son tan solo pinceladas de ilusiones, ficciones de la fantasía, vanas representaciones que piden a gritos rasgar el velo de la soberbia empañado por la ausencia de reconocimiento genuino del cambio.

El mayor de los desafíos es sentarse a la mesa de diálogo llamada sinceridad. La integración descree de las meras manifestaciones volitivas, más bien requiere acciones que perduren en el tiempo y el espacio. El afán diario de la figuración es vanidad de vanidades e inconducente en todas sus posibles manifestaciones.

Sin duda detrás de la inusitada carrera por impulsar las elecciones de parlamentarios del Mercosur existe un trasfondo que es imposible dejar de obviar. A pocos días de finalizar el año parlamentario, el oficialismo ha decidido desempolvar una serie de iniciativas tendientes a instrumentalizar las elecciones directas reguladas en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (PARLASUR).

La Cámara de Diputados de la Nación ha publicado un dictamen unificado de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda a través del cual se prevé la modificación del Código Electoral Nacional a los fines de introducir esta nueva elección. Si analizamos el dictamen de atrás hacia adelante, ya observamos irregularidades en sus disposiciones transitorias: “Art. 17.- Mientras no se establezca por los organismos competentes el Día del Mercosur Ciudadano, las elecciones de parlamentarios del Mercosur se realizará simultáneamente con las elecciones nacionales inmediatas anteriores a la finalización de los mandatos”; “Art. 18.- La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía argentina se celebrará simultáneamente con la próxima elección presidencial, a cuyo efecto será convocada para la misma fecha…”.

Si bien resulta fundamental instrumentar la elección de parlamentarios del Mercosur, impulsar su realización sin el respeto del Protocolo Constitutivo es un atropello. El mismo prevé elecciones independientes y que garanticen una representación proporcional del electorado de cada Estado Parte. El Consejo de Mercado Común (CMC), órgano de decisión ejecutiva del Mercosur, es el responsable de establecer el “Día del Mercosur Ciudadano” (conf. Art. 6, inc. 4, del Protocolo). Considerando que hoy los mismos diputados nacionales ejercen funciones simultáneas como parlamentarios del Mercosur sin mediar elecciones directas, a través de la Recomendación 03/13 del Parlamento del Mercosur (PM), se prorrogó el período de transición establecido en la Decisión 18/11 con lo cual se pospusieron las elecciones hasta el 31 de diciembre de 2020. Está claro que se ha considerado un plazo prudencial para que los Estados Parte adopten las medidas jurídicas necesarias para su implementación. En este sentido, Uruguay requiere de una reforma constitucional.

Sin embargo, pese a los avances, el proceso de integración actual adolece de democratización en su misma esencia considerando el tinte intergubernamental del proyecto de integración del Mercosur. Es decir, en última instancia, son siempre los Estados Parte quienes conservan la última ratio en materia de decisiones soberanas en todos los campos centrales de las políticas públicas. Existe un desequilibrio estructural en la construcción del bloque entre los mismos países. Asimismo prima el criterio del decisionismo, no contribuyendo a la construcción de institucionalidad común. Observamos ausencia de suprenacionalidad en el trazado de políticas comunes de Estado a nivel regional. Cumple en este sentido un rol esencial el CMC en vez del PARLASUR.

Es preciso que el PARLASUR asuma competencias legislativas para fortalecer las instituciones del Mercosur. La elección directa de parlamentarios debe ser considerada como el punto de partida, y no de llegada, a los fines de empoderar a este Parlamento en pos de alcanzar poderes efectivos en la elaboración de leyes de cumplimiento obligatorio en los países. Así, los estudios comparativos indican que el nivel de institucionalización del PARLASUR es muy bajo. Las competencias adjudicadas al Parlamento por el Protocolo Constitutivo no son legislativas, ni decisorias. Entre las funciones se destacan: a) Políticas: Velar por la preservación del orden democrático y la observancia de los derechos humanos en los Estados Partes; b) Relación con la estructura Mercosur: Solicitar informes a los demás órganos e invitarlos a intercambios de opiniones; Proponer normas al CMC, elaborar anteproyectos de armonización con las legislaciones nacionales; c) Administrativas: Elaborar su propio presupuesto e informar al CMC; Aprobar y modificar su reglamento interno.

Con lo cual, si leemos atentamente el Art. 4 del Protocolo, sólo se habla de la posibilidad que tiene el PARLASUR de proponer anteproyectos de normas o propuestas de normas que quedan, en última instancia, como resorte de decisión del CMC en desmedro de la discusión de una verdadera representación republicana y federal.

Por ello resulta fundamental repensar la idea de construcción del Mercosur desde el fortalecimiento institucional dotando al PM de las atribuciones necesarias para legislar políticas de Estado regionales comunes e inclusivas. Siguiendo esta línea, por un lado están las mismas falencias en el Protocolo que languidecen el rol del Parlamento; por el otro, el oportunismo político del cual resulta rehén al intentar regular las elecciones directas con un anticipo que escapa al juicio razonable considerando la fecha nueva que se estableció: 2020, tiempo necesario para debatir en profundidad todas y cada una de las alternativas propuestas.

Otro de los puntos que hace ruido en la iniciativa del oficialismo es lo que respecta a inmunidades. Se pretende equiparar a los parlamentarios del Mercosur con los legisladores nacionales al extender inmunidades no establecidas en el Protocolo ni en el Reglamento del PARLASUR. El mismo establece en su Art. 12 inc. 2 la inmunidad de opinión: “Los Parlamentarios no podrán ser juzgados, civil o penalmente, en el territorio de los Estados Partes del MERCOSUR, en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.”

En tanto se busca adicionarles la inmunidad de arresto de nuestra Carta Magna: “Art. 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.”

Resulta antijurídico e inconstitucional que el Congreso de la Nación legisle más allá de lo estipulado en el Protocolo. Por otra parte, la jugada política que se abre frente a la posible candidatura de quienes hoy ocupan cargos ejecutivos en nuestro país bajo el paraguas de la inmunidad de arresto, pone en tela de juicio los fines loables que se esperan en la sanción de una ley que es realmente necesaria pero utilizada como un espurio escudo ventajista.

Es tiempo de sincerarnos. Es tiempo de esclarecer qué tipo de integración propiciamos bajo el único idioma de la concertación de intereses, poniendo el acento en lo regional más que en lo nacional.