Doce años de ostracismo mundial han congelando las relaciones de Argentina con el concierto de las naciones, lo que demuestra ausencia de dominio propio en lo que respecta a un carácter madurativo a la hora de encarar una agenda de inserción global y confina las relaciones internacionales al mero plano de la política doméstica.

Hoy estamos dando un giro holístico. En lo que va de 2016, el presidente Mauricio Macri se reunió, en el Foro Económico de Davos, con el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron. Próximamente recibirá al primer ministro de Italia, Matteo Renzi y al presidente de Francia, Françoise Hollande, el 16 y 25 de febrero, respectivamente. En agenda, además, está la primera audiencia en su calidad de jefe de Estado con el papa Francisco, el 27 de febrero y el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre Mundial de Seguridad Nuclear en Washington, entre el 31 de marzo y el 1.º de abril.

Esta revolución copernicana, que coloca en vilo una mecánica de funcionamiento pobre en su esencia, deja entreabierto un sinnúmero de oportunidades no sólo para la Argentina, sino para la región en su conjunto.

La crisis política y económica por la que está atravesando Brasil ha forzado un viraje de miradas hacia el país más austral del globo. En este sentido, rever el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, que parecía una utopía, se ha convertido en uno de los temas centrales considerando que este Gobierno lo vislumbra más que propicio para impulsar al bloque regional. La visita de dos primeras figuras europeas constituye una clara causalidad. Hace diecinueve años que un mandatario francés no pisa la Argentina.

El Acuerdo Marco de Cooperación Mercosur-Unión Europea lleva más de 15 años de negociaciones. Firmado el 15 de diciembre de 1995, recién entró en vigor en 1999. Entre los ejes centrales están el diálogo político, los temas económico-comerciales y de cooperación. El objetivo máximo es alcanzar la liberalización del comercio en mercancías y servicios, siguiendo las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como el fomento de la cooperación y el impulso del diálogo político.

Más que auspicioso es el interés manifestado púbicamente por el presidente Macri en destrabar las negociaciones en un marco de prioridad. Lo cierto es que resulta necesario profundizar el estudio de asimetrías entre ambos bloques.

Hoy el Mercosur continúa siendo una unión aduanera imperfecta, dada la gran cantidad de excepciones al arancel externo común (AEC). Tanto el sector azucarero como el automotriz carecen de una política comunitaria, se encuentran sujetos a un régimen tributario propio, conforme a lo estipulado por cada Estado parte.

El mayor de los desafíos está en remover las distorsiones generadas a partir de las asimetrías en los intercambios. En este sentido, una apertura amplia al intercambio de bienes, servicios e inversiones implicaría para la Unión Europea levantar el blindaje proteccionista hacia su sector agropecuario, liderado por la misma Francia y apoyado por nuevos socios del este europeo.

Es tiempo, en esta nueva etapa, de fortalecer la institucionalidad del Mercosur. Dejar a un lado el criterio decisionista que caracterizó el tinte intergubernamental del proyecto de integración del Mercosur y trazar políticas de Estado comunes a nivel regional.

Así como el Gobierno italiano traerá a la agenda, entre otros temas, las inversiones en los sectores de energía, agroindustria y la firma de tratados de cooperación en asuntos culturales, ciencia y tecnología; puertas adentro del Mercosur, debemos velar por el diseño y la implementación de políticas comunitarias que aborden desde pobreza y exclusión social, trata de personas, explotación infantil, cambio climático, flujos migratorios, reconocimiento de títulos universitarios en el Mercosur hasta estudio de mecanismos de autofinanciamiento para el Parlasur, considerando las fuentes de ingresos actuales que hoy posee la Unión Europea.

El avance efectivo en la integración regional opera desde la comunidad de valores regionales cimentados en la supranacionalidad.

La asimetría entre ambos bloques puede reducirse como medida primigenia a partir de fortalecer la misma institucionalidad del Mercosur. Esto incluye no sólo el aspecto económico —actualmente endeble por su calidad de unión aduanera imperfecta—, sino lo que aún es más ambicioso, el aspecto político: la construcción de una ciudadanía mercosureña que dé cuenta del sentido de pertenencia e identidad regional.

Por ello, estas visitas van más allá de simples acuerdos. Son la oportunidad para trabajar en aristas más sustanciales que, hasta el momento, estuvieron olvidadas en el cajón de los pendientes de las agendas gubernamentales.

En este plan pueden existir altibajos mentales, estadios de duda, pero jamás de incredulidad. Se trata simplemente de una batalla entre creer o no creer. La decisión es nuestra. Una vez que nos aferramos a ella, que la abrazamos de todo corazón, nada ni nadie nos impide perseguirla hasta alcanzarla.

Argentina está transitando una senda en el proceso de integración regional signada por avances lentos pero firmes. A pesar de ello y en el mismo andar, aún brillan los destellos intergubernamentales. Los distintos porcentuales de aportes destinados al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) denotan puertas afuera una integración pari passu, aunque las desigualdades en el tratamiento del arancel externo común (AEC) claramente reflejan la fragilidad de un andamiaje normativo no sustentable.

La decisión 22/15 adoptada por el Consejo del Mercado Común establece un monto anual de contribuciones de los Estados parte al Focem de 127 millones de dólares, de los cuales Argentina aporta 27 millones, Brasil 70, Paraguay 1 millón, Uruguay 2 millones y Venezuela 27. La distribución se realiza bajo los criterios de promoción de convergencia estructural, desarrollo de competitividad y fortalecimiento de la cohesión social, en particular en lo correspondiente a economías menores. Así, Paraguay recibe el 43,65 %, Uruguay 29,05 %, Argentina, Brasil y Venezuela 9,1 %, respectivamente.

El punto álgido está dado por la gran cantidad de excepciones al AEC, lo que nos lleva a calificar al Mercosur como una unión aduanera imperfecta. Para el sector azucarero y automotriz aún no existe una política comunitaria, sino que se encuentran sujetos a un régimen tributario propio conforme a lo estipulado en cada Estado parte.

Entre la espada y la pared, entre los deseos de los máximos jefes de Gobierno y los reales intereses económicos en juego, pende de un hilo una estructura que pide a gritos sinceridad.

Es tiempo de dejar a un lado los discursos y las nuevas expresiones de deseos. ¿Por qué no resaltar las singularidades productivas de cada nación en el Mercosur bajo el paraguas de la complementariedad en vez de la competitividad entre los Estados, en pos de consolidar un genuino bloque regional?

La inflación creciente en Brasil está afectando al Mercosur, mientras que Bolivia aún estudia condiciones para entrar en la Unión, luego de haber suscrito el pasado 17 de julio el Protocolo de Adhesión como miembro pleno. Priman los intereses individuales. No se piensa como bloque a nivel estratégico, más bien bajo un proteccionismo a ultranza: cómo no perjudicarse a sí mismos, cuando la mayor potencialidad opera en la unidad.

Pese a los avances, el proceso de integración regional actual adolece de democratización en su misma esencia considerando el tinte intergubernamental del proyecto de integración del Mercosur. Es decir, en última instancia, son siempre los Estados parte quienes conservan la última ratio en materia de decisiones soberanas en todos los campos centrales de las políticas de Estado. Existe un desequilibrio estructural en la construcción del bloque entre los mismos países. Asimismo, prima el criterio del decisionismo, lo que no contribuye a la construcción de institucionalidad común. Observamos ausencia de supranacionalidad en el trazado de políticas de Estado comunes a nivel regional.

La voluntad política de cada uno de los Estados parte resulta esencial para dar avance efectivo a la integración regional. La ausencia de una agenda unificada que trace políticas aplicables a la región, sumada a la inexistencia de una ciudadanía mercosureña, dan cuenta de una identidad regional aún no construida.

Los dilemas identitarios se sobrepasan con decisiones firmes bajo única creencia de validez denominada comunidad de valores regionales cimentados en la supranacionalidad.

Podemos trazar dos lecturas claves para este tan esperado ingreso. Por un lado, la arista política e institucional y, por el otro, la económica.

La arista política de un proceso integracionista tiene como eje central a las instituciones. En este sentido, los participantes transfieren a un ente más poderoso lealtades y atribuciones para regular sus relaciones dentro del espacio o la unidad mayor. Así, se define como integración al proceso mediante el cual dos o más Gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener así beneficios mutuos. Consecuentemente, se entiende la integración como un proceso sin meta final preestablecida, pero con un objetivo a perseguir. Avanzar sobre el objetivo nos introduce en un terreno de arenas sinuosas: la integración económica. Isaac Cohen Orantes la define como el proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición gradual o inmediata de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico.

La concepción originaria del Mercosur ampliado, tendiente a congregar a la mayoría de los países latinoamericanos va cobrando una nueva dimensión con la presencia de Bolivia si consideramos que integra la tríada proteccionista junto a Argentina y Venezuela. Del otro lado, Uruguay y Paraguay bregan por una mayor apertura al mundo, que implica reflotar las negociaciones bilaterales con la Unión Europea en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio (TLC). Por su parte, la delicada situación política por la que está atravesando Brasil a nivel doméstico lo coloca al margen de todo tipo de protagonismo a la hora de levantarse a favor del TLC. Sabido es que, si bien Rousseff lo ve con ojos favorables, expresarlo abiertamente implicaría una clara ruptura de luna de miel política que viene manteniendo con nuestro país. Desde el Gobierno argentino se cree firmemente que tanto el ingreso de Venezuela como el de Bolivia constituyen un paso agigantado hacia la integración bajo la bandera de la unidad mercosureña.

Lo cierto es que hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, dado que se han eliminado aranceles para comercializar entre las partes y se propicia un arancel externo común (AEC), pero no se llega aún a consensuar para el 100 % de las posiciones arancelarias. El AEC cuenta con un sinnúmero de excepciones para muchísimos productos. Esta situación perfora la fortaleza institucional que se espera del Mercosur en términos de negociación con otros bloques regionales.

Tabaré Vázquez resaltó la clara ausencia de libre circulación de bienes, servicios y factores productivos tal como lo establece el artículo 1.º del Tratado de Asunción. Tampoco se han eliminado derechos aduaneros ni restricciones no arancelarias. Mucho menos se dio cumplimiento a otro de los grandes objetivos del tratado fundacional: la coordinación de políticas macroeconómicas fiscales y monetarias, entre otras.

Por su parte, el Gobierno boliviano espera ventajas comerciales sustanciales para la oferta nacional en productos no tradicionales. Pese a ello, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) puso reparos en el ingreso indiscriminado de manufacturas, principalmente de Brasil y Argentina. Antes de que se desate un cuestionamiento público, Bolivia buscará obtener del Mercosur: 1. Un régimen preferencial que permita a la manufactura boliviana ingresar a los mercados de Brasil y Argentina en las mismas condiciones vigentes para Paraguay; 2. El respeto de la doble pertenencia de Bolivia a la Comunidad Andina (CAN) y al Mercosur; 3. El levantamiento de las barreras paraarancelarias aplicadas a la oferta de Bolivia en el bloque; 4. La garantía para todos los bolivianos de acceder a materias primas e insumos para la producción competitiva y no condicionada al abastecimiento interno del Mercosur y 5. La generación de condiciones en pos de proteger la industria nacional.

En términos económicos, el mayor intercambio Bolivia-Mercosur está dado por el gas. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de enero a mayo de este año Bolivia exportó 302 productos al Mercosur por 1923 millones de dólares, de los cuales el gas representa el 94 % de las ventas. El restante 6 % está conformado por leche en polvo, bananas frescas, aceites crudos de petróleo y sulfato de bario natural, entre otros.

Uno de los mayores inconvenientes y a la vez desafíos para el bloque es la ausencia de dinamicidad comercial, debido al fuerte proteccionismo explicado en parte por las barreras paraarancelarias.

El comercio intra y extra-Mercosur marca la debilidad de este bloque. Los países miembro deciden avanzar de manera singular en el comercio con otros bloques o naciones que están por fuera de la región, lo que marca la real debilidad actual del Mercosur. Urge una reorientación de las iniciativas integracionistas regionales, que deben trabajar para que las dimensiones jurídica y comercial avancen en paralelo.

Observamos que en el proceso de integración predominó la óptica top-down. Fue concebida desde el plano jurídico general, esperando que derive en integración comercial sectorial. La meta es enfocarse en la complementariedad productiva entre los países que integran el Mercosur para negociar con mayor eficacia frente a otros bloques, como ser la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Se trata, por tanto, de un esquema de integración regional que hay que potenciar y mejorar.