Podemos trazar dos lecturas claves para este tan esperado ingreso. Por un lado, la arista política e institucional y, por el otro, la económica.

La arista política de un proceso integracionista tiene como eje central a las instituciones. En este sentido, los participantes transfieren a un ente más poderoso lealtades y atribuciones para regular sus relaciones dentro del espacio o la unidad mayor. Así, se define como integración al proceso mediante el cual dos o más Gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener así beneficios mutuos. Consecuentemente, se entiende la integración como un proceso sin meta final preestablecida, pero con un objetivo a perseguir. Avanzar sobre el objetivo nos introduce en un terreno de arenas sinuosas: la integración económica. Isaac Cohen Orantes la define como el proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición gradual o inmediata de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico.

La concepción originaria del Mercosur ampliado, tendiente a congregar a la mayoría de los países latinoamericanos va cobrando una nueva dimensión con la presencia de Bolivia si consideramos que integra la tríada proteccionista junto a Argentina y Venezuela. Del otro lado, Uruguay y Paraguay bregan por una mayor apertura al mundo, que implica reflotar las negociaciones bilaterales con la Unión Europea en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio (TLC). Por su parte, la delicada situación política por la que está atravesando Brasil a nivel doméstico lo coloca al margen de todo tipo de protagonismo a la hora de levantarse a favor del TLC. Sabido es que, si bien Rousseff lo ve con ojos favorables, expresarlo abiertamente implicaría una clara ruptura de luna de miel política que viene manteniendo con nuestro país. Desde el Gobierno argentino se cree firmemente que tanto el ingreso de Venezuela como el de Bolivia constituyen un paso agigantado hacia la integración bajo la bandera de la unidad mercosureña.

Lo cierto es que hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, dado que se han eliminado aranceles para comercializar entre las partes y se propicia un arancel externo común (AEC), pero no se llega aún a consensuar para el 100 % de las posiciones arancelarias. El AEC cuenta con un sinnúmero de excepciones para muchísimos productos. Esta situación perfora la fortaleza institucional que se espera del Mercosur en términos de negociación con otros bloques regionales.

Tabaré Vázquez resaltó la clara ausencia de libre circulación de bienes, servicios y factores productivos tal como lo establece el artículo 1.º del Tratado de Asunción. Tampoco se han eliminado derechos aduaneros ni restricciones no arancelarias. Mucho menos se dio cumplimiento a otro de los grandes objetivos del tratado fundacional: la coordinación de políticas macroeconómicas fiscales y monetarias, entre otras.

Por su parte, el Gobierno boliviano espera ventajas comerciales sustanciales para la oferta nacional en productos no tradicionales. Pese a ello, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) puso reparos en el ingreso indiscriminado de manufacturas, principalmente de Brasil y Argentina. Antes de que se desate un cuestionamiento público, Bolivia buscará obtener del Mercosur: 1. Un régimen preferencial que permita a la manufactura boliviana ingresar a los mercados de Brasil y Argentina en las mismas condiciones vigentes para Paraguay; 2. El respeto de la doble pertenencia de Bolivia a la Comunidad Andina (CAN) y al Mercosur; 3. El levantamiento de las barreras paraarancelarias aplicadas a la oferta de Bolivia en el bloque; 4. La garantía para todos los bolivianos de acceder a materias primas e insumos para la producción competitiva y no condicionada al abastecimiento interno del Mercosur y 5. La generación de condiciones en pos de proteger la industria nacional.

En términos económicos, el mayor intercambio Bolivia-Mercosur está dado por el gas. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de enero a mayo de este año Bolivia exportó 302 productos al Mercosur por 1923 millones de dólares, de los cuales el gas representa el 94 % de las ventas. El restante 6 % está conformado por leche en polvo, bananas frescas, aceites crudos de petróleo y sulfato de bario natural, entre otros.

Uno de los mayores inconvenientes y a la vez desafíos para el bloque es la ausencia de dinamicidad comercial, debido al fuerte proteccionismo explicado en parte por las barreras paraarancelarias.

El comercio intra y extra-Mercosur marca la debilidad de este bloque. Los países miembro deciden avanzar de manera singular en el comercio con otros bloques o naciones que están por fuera de la región, lo que marca la real debilidad actual del Mercosur. Urge una reorientación de las iniciativas integracionistas regionales, que deben trabajar para que las dimensiones jurídica y comercial avancen en paralelo.

Observamos que en el proceso de integración predominó la óptica top-down. Fue concebida desde el plano jurídico general, esperando que derive en integración comercial sectorial. La meta es enfocarse en la complementariedad productiva entre los países que integran el Mercosur para negociar con mayor eficacia frente a otros bloques, como ser la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Se trata, por tanto, de un esquema de integración regional que hay que potenciar y mejorar.

Lo cierto es que la dirigencia política a nivel mundial se está haciendo eco desde hace tiempo de una serie de demandas ligadas no solamente a los derechos humanos, sino a la esencia misma de la democracia en ese país.

En el informe anual sobre derechos humanos de 2014, el Departamento de Estado de los EEUU denunció al actual Gobierno de Nicolás Maduro por ejercer una judicatura selectiva a la hora de dirimir cuestiones judiciales por arresto y encarcelamiento de opositores al régimen y juicios regularmente retrasados. Sumado a ello, se encuentran coartadas las libertades de expresión y de prensa.

Por su parte, en un reciente comunicado publicado por el Parlamento europeo (PE) desde Bruselas, la Alta Representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Federica Mogherini, afirmó: “incumbe a las autoridades garantizar que todas las etapas del proceso electoral sean inclusivas y transparentes […] y que se desarrollen de forma tranquila y pacífica […] Crear condiciones electorales propicias es crucial”. En lo que respecta a la difusión, subrayó que “todos los venezolanos deberían de poder participar en el proceso y tener acceso a una cobertura mediática libre y equilibrada de la campaña y de los preparativos electorales”.

Lo llamativo es el compromiso que asumió el SEAE al asegurar que llevará a cabo esfuerzos mancomunados con el Consejo Nacional Electoral, la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y la OEA (Organización de Estados Americanos) en pos de contribuir a elecciones inclusivas, creíbles y transparentes.

En tanto el Partido Popular Europeo (PPE) publicó una contundente declaración con énfasis en la persecución política que está azotando a Venezuela para pedir la liberación de los dirigentes que están encarcelados. El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, dio a conocer que además recibió el apoyo del Grupo Popular del PE a raíz de la reunión de líderes del PPE celebrada previamente a la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea el 26 y 27 de junio en Bruselas. En el documento se resalta la especial preocupación por el encarcelamiento de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. Una vez más el PE se pone a disposición de Venezuela para garantizar transparencia en el proceso electivo.

El Parlasur también se hizo eco del grito mundial frente a la impotencia de no encontrar respuestas ante las declaraciones de los máximos líderes políticos del globo. El pasado miércoles 24 de junio una delegación de parlamentarios brasileros alineados con el Gobierno de Dilma Rousseff viajó a Venezuela para dialogar con los sectores oficialistas y de la oposición. La misión estuvo encabezada por el parlamentario del Mercosur Roberto Requião, quien también busca dialogar con autoridades de la Fiscalía para indagar sobre los juicios y las condiciones de reclusión de presos políticos.

Lo cierto es que la semana anterior senadores de la oposición brasileña intentaron llegar a Caracas y las manifestaciones se lo impidieron, por lo que se vieron obligados así a permanecer en el aeropuerto de Maiquetía.

Lo que está en tela de juicio es la naturaleza jurídica misma de la democracia en Venezuela. Si indagamos en el origen del concepto, nos retrotraemos a la Atenas del año 508 a. C., donde el anclaje fundamental está dado por la participación del pueblo en las decisiones políticas. La palabra democracia está formada por los vocablos demos, ‘pueblo’ y krátos, ‘gobierno’. Previo a ese período, los atenienses eran regidos por la aristocracia y la tiranía.

Si consideramos a la democracia como la convivencia pacífica de desacuerdos, la pluralidad y la tolerancia y no la imposición y la violencia, debemos necesariamente replantearnos si la serie de condicionamientos reinantes hoy en Venezuela abre un espacio para trazar categorías como la de raquitismo democrático.

Afirmar que pueda existir injerencia del Concierto de Naciones en asuntos internos de un Estado resulta injustificable ante presos políticos contrarios al gobierno de turno. La lucha contra el avasallamiento de los derechos humanos debe ser librada a nivel mundial. No se trata de libertades individuales ni mucho menos que conciernen a un Estado en particular.

El pasado martes 17 de marzo, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de resolución PRN 2/15 para la designación de los 37 integrantes de la Delegación Brasileña ante Parlasur.  Los 27 diputados y 10 senadores serán indicados por los líderes de ambas cámaras a través del criterio de proporcionalidad partidaria. El peso de cada partido resulta equivalente a su tamaño en cada Casa del Congreso.  El mandato se extiende durante toda la actual legislatura, o sea, hasta enero de 2019.

Se trata simplemente de una actualización de las reglas vigentes desde 2011. Las designaciones de los parlamentarios finalizaban el 31 de enero.

Lamentablemente no hay fecha ni intención política de elección directa para Parlasur en Brasil. Es que otros son los temas acuciantes en agenda.

El 26 de octubre de 2014 ha sido una fecha clave en la vida de la Presidenta. Ganar en ballotage es más que una señal de la necesidad de cambios estructurales que pidió la ciudadanía.

Dilma Rousseff llamó a los brasileños en su discurso, apenas obtuvo el triunfo, a la unión, la apertura y  el diálogo en pos de que la disputa se transforme en energía positiva para un nuevo momento en Brasil.

Central resultó, en la promesa de los cambios, la reforma política para combatir la corrupción y la impunidad.

Lo cierto es que el escándalo de corrupción dentro de la petrolera estatal Petrobras ha golpeado fuertemente la imagen de Rousseff. Funcionarios habrían recibido dinero por sobornos. Recientemente la oposición solicitó al fiscal general, Rodrigo Janot, que investigue a la Presidenta por el caso.

Sumado a ello los altos niveles de desocupación e inflación magnifican el efecto corrosivo que golpea a la sociedad toda. El mercado responde con recesión y las inversiones están congeladas.

En este marco pena da que aún no se comprenda el empuje positivo que conlleva la integración regional. Si bien hoy por hoy, el Mercosur es una unión aduanera imperfecta dado que se han eliminado aranceles para comercializar entre las partes y se propicia un arancel externo común (AEC) para casi la totalidad de las posiciones arancelarias, los beneficios que reporta la conformación de un bloque sólido apuntan sin duda a un mejor posicionamiento frente al mundo a la hora de negociar grandes acuerdos.

Analizando el Tratado de Asunción se establecen líneas fundacionales no cumplimentadas al día de hoy. El Art. 1° alude a la consolidación de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, y, por ende, a la eliminación de derechos aduaneros y de restricciones no arancelarias. Actualmente no contamos con libre circulación de trabajo ni de servicios –más allá de algunos acuerdos en áreas concretas- y continuamos con restricciones en materia de derechos de aduana por el hecho de existir múltiples excepciones al régimen aduanero. Así, el primer objetivo, vinculado a la libre circulación de bienes y servicios, a veinticuatro años de aquel tratado, no está cumplimentado.

El hecho de no llegar a consensuar el AEC para el 100% de las posiciones arancelarias, perfora la fortaleza institucional que se espera del Mercosur en términos de la negociación con otros bloques regionales.

Bajo este contexto, la elección directa de parlamentarios del Parlasur, permitiría la coordinación al menos de directrices políticas a nivel regional.

Hoy el Parlamento del Mercosur cuenta con 122 integrantes (37 brasileros, 26 argentinos, 23 venezolanos, 18 paraguayos y 18 uruguayos). La máxima instancia decisoria, el Consejo del Mercado Común (CMC) estableció una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020 como plazo final para la elección de todos los miembros del Parlasur. Cuando se llegue a esa conformación, el número pasará a 187 parlamentarios permanentes: Brasil, 75; Argentina, 43; Venezuela, 33; Paraguay y Uruguay, 18 cada uno.

Sólo Paraguay celebró ya sus elecciones. Argentina autorizó las elecciones para octubre 2015 junto con las presidenciales a partir de la sanción de la Ley 27.120, Elección de Parlamentarios del Mercosur el pasado 29 de diciembre.

El egoísmo es autodestructivo. En Filipenses 2:3 dice: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.

Ya es tiempo de dejar a un lado las coyunturas internas y poner el foco en aquello que trasciende las meras estructuras partidarias. La integración pende de un hilo. Urge dejar de lado las individualidades para dar nacimiento a la unidad regional.