Las idas y vueltas en el acuerdo marco de cooperación Mercosur-Unión Europea (UE) dejan entrever que, más allá de los buenos fines, existen cuestiones conexas que imposibilitan un genuino avance.

Han transcurrido ya 15 años. El acuerdo firmado el 15 de diciembre de 1995 recién entró en vigor en 1999. El diálogo político, los temas económicos-comerciales y de cooperación son los ejes centrales. Las numerosas rondas de negociación celebradas aún no fueron suficientes  para arribar a una firme propuesta de oferta entre ambas partes. El objetivo máximo es alcanzar la liberalización del comercio en mercancías y servicios, siguiendo las normas de la Organización Mundial del Comercio, así como el fomento de la cooperación y el impulso del diálogo político.

¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Ninguna fuente es capaz de dar agua salada y dulce al mismo tiempo. En ocasiones, el grado de expectativa es demasiado alto respecto a lo que realmente se logra conquistar. La espera de un logro que roza lo utópico considerando la misma naturaleza del proceso da cuenta de un único resultado: la frustración. Las vallas a sortear tienen que ver con áreas en donde cada una de las partes debe ceder para llegar a ese pacto fundado en el común acuerdo. La dilación temporal erosiona el ímpetu inicial que dio origen a esta convención que es, sin duda, favorable para ambos bloques.

El acuerdo prevé la eliminación de impuestos a la importación para un listado determinado de productos que provengan de cada una de las regiones. Pese a ello, existe una clara colisión de intereses entre ambos bloques: el subsidio a los productos agrícolas. Se trata de la eterna disputa entre Francia y Argentina, pues aquí hay competitividad, no complementariedad. Nuestro país ha dejado en claro su postura de comercio administrado, es decir, protección a la industria nacional.

Hoy la UE es el primer socio comercial del Mercosur y representa el 19,8 % de su comercio exterior por un valor de 109.895 millones de euros en 2013. El pronóstico que elaboró la Comisión Europea en 2011 arrojaba un beneficio que incrementaría las exportaciones del Mercosur a la UE en un 40 %. Lejos de considerar a este acuerdo como una amenaza para las economías locales, las ganancias estarían dadas por los efectos dinámicos que tendría sobre los países que integran el bloque, lo que generaría consecuencias positivas para la competitividad.

Lo que precisa el Mercosur en estos momentos y, nuestro país en particular, es la conversión en un polo de atracción para las inversiones externas. Lo pendiente en agenda es dejar a un lado la miopía política y abandonar la barca de la comodidad y el temor denominada “Lo hasta ahora conocido” para dar paso a nuevos desafíos. Una asociación de esta magnitud puede catapultarse como el puntapié inicial para atraer más y mejores inversiones europeas de alta calidad dando como resultado mayor competitividad y dinamismo comercial.

Desde 2010 se llevan a cabo nueve rondas de negociación. Si se quiere avanzar en este acuerdo, es preciso un nuevo intercambio de ofertas de acceso a los respectivos mercados en las áreas de bienes, servicios, inversiones y compras públicas.

En la reunión ministerial Mercosur-UE, que tuvo lugar en Bruselas el 11 de junio de 2015, estuvieron presentes la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström y, por el Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se puntualizó en la necesaria profundización y expansión del acuerdo entre ambos bloques. Allí se llevó a cabo un intercambio de ofertas de acceso al mercado conforme a lo pautado en la Cumbre de Madrid del 17 de mayo de 2010. Se fijó como plazo el último trimestre de este año para intercambiar las ofertas de acceso al mercado. El acuerdo cubre bienes industriales y agrícolas, servicios, inversiones y compras públicas. Las reglas comunes a establecerse incluyen facilitación del comercio, procedimientos aduaneros, compatibilización y armonización de normas técnicas y fitosanitarias en pos de evitar que se tornen en barreras injustificadas al comercio.

Sin duda en medio de la crisis siempre aflora una oportunidad. Si somos capaces de llevar a cabo grandes acuerdos en tiempos en los que predomina la retracción hacia las economías locales, seremos felizmente denominados visionarios.

En este plan pueden existir altibajos mentales, estadios de duda, pero jamás de incredulidad. Se trata simplemente de una batalla entre creer o no creer. La decisión es nuestra. Una vez que nos aferramos a ella, que la abrazamos de todo corazón, nada ni nadie nos impide perseguirla hasta alcanzarla.

Argentina está transitando una senda en el proceso de integración regional signada por avances lentos pero firmes. A pesar de ello y en el mismo andar, aún brillan los destellos intergubernamentales. Los distintos porcentuales de aportes destinados al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) denotan puertas afuera una integración pari passu, aunque las desigualdades en el tratamiento del arancel externo común (AEC) claramente reflejan la fragilidad de un andamiaje normativo no sustentable.

La decisión 22/15 adoptada por el Consejo del Mercado Común establece un monto anual de contribuciones de los Estados parte al Focem de 127 millones de dólares, de los cuales Argentina aporta 27 millones, Brasil 70, Paraguay 1 millón, Uruguay 2 millones y Venezuela 27. La distribución se realiza bajo los criterios de promoción de convergencia estructural, desarrollo de competitividad y fortalecimiento de la cohesión social, en particular en lo correspondiente a economías menores. Así, Paraguay recibe el 43,65 %, Uruguay 29,05 %, Argentina, Brasil y Venezuela 9,1 %, respectivamente.

El punto álgido está dado por la gran cantidad de excepciones al AEC, lo que nos lleva a calificar al Mercosur como una unión aduanera imperfecta. Para el sector azucarero y automotriz aún no existe una política comunitaria, sino que se encuentran sujetos a un régimen tributario propio conforme a lo estipulado en cada Estado parte.

Entre la espada y la pared, entre los deseos de los máximos jefes de Gobierno y los reales intereses económicos en juego, pende de un hilo una estructura que pide a gritos sinceridad.

Es tiempo de dejar a un lado los discursos y las nuevas expresiones de deseos. ¿Por qué no resaltar las singularidades productivas de cada nación en el Mercosur bajo el paraguas de la complementariedad en vez de la competitividad entre los Estados, en pos de consolidar un genuino bloque regional?

La inflación creciente en Brasil está afectando al Mercosur, mientras que Bolivia aún estudia condiciones para entrar en la Unión, luego de haber suscrito el pasado 17 de julio el Protocolo de Adhesión como miembro pleno. Priman los intereses individuales. No se piensa como bloque a nivel estratégico, más bien bajo un proteccionismo a ultranza: cómo no perjudicarse a sí mismos, cuando la mayor potencialidad opera en la unidad.

Pese a los avances, el proceso de integración regional actual adolece de democratización en su misma esencia considerando el tinte intergubernamental del proyecto de integración del Mercosur. Es decir, en última instancia, son siempre los Estados parte quienes conservan la última ratio en materia de decisiones soberanas en todos los campos centrales de las políticas de Estado. Existe un desequilibrio estructural en la construcción del bloque entre los mismos países. Asimismo, prima el criterio del decisionismo, lo que no contribuye a la construcción de institucionalidad común. Observamos ausencia de supranacionalidad en el trazado de políticas de Estado comunes a nivel regional.

La voluntad política de cada uno de los Estados parte resulta esencial para dar avance efectivo a la integración regional. La ausencia de una agenda unificada que trace políticas aplicables a la región, sumada a la inexistencia de una ciudadanía mercosureña, dan cuenta de una identidad regional aún no construida.

Los dilemas identitarios se sobrepasan con decisiones firmes bajo única creencia de validez denominada comunidad de valores regionales cimentados en la supranacionalidad.

Podemos trazar dos lecturas claves para este tan esperado ingreso. Por un lado, la arista política e institucional y, por el otro, la económica.

La arista política de un proceso integracionista tiene como eje central a las instituciones. En este sentido, los participantes transfieren a un ente más poderoso lealtades y atribuciones para regular sus relaciones dentro del espacio o la unidad mayor. Así, se define como integración al proceso mediante el cual dos o más Gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener así beneficios mutuos. Consecuentemente, se entiende la integración como un proceso sin meta final preestablecida, pero con un objetivo a perseguir. Avanzar sobre el objetivo nos introduce en un terreno de arenas sinuosas: la integración económica. Isaac Cohen Orantes la define como el proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición gradual o inmediata de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico.

La concepción originaria del Mercosur ampliado, tendiente a congregar a la mayoría de los países latinoamericanos va cobrando una nueva dimensión con la presencia de Bolivia si consideramos que integra la tríada proteccionista junto a Argentina y Venezuela. Del otro lado, Uruguay y Paraguay bregan por una mayor apertura al mundo, que implica reflotar las negociaciones bilaterales con la Unión Europea en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio (TLC). Por su parte, la delicada situación política por la que está atravesando Brasil a nivel doméstico lo coloca al margen de todo tipo de protagonismo a la hora de levantarse a favor del TLC. Sabido es que, si bien Rousseff lo ve con ojos favorables, expresarlo abiertamente implicaría una clara ruptura de luna de miel política que viene manteniendo con nuestro país. Desde el Gobierno argentino se cree firmemente que tanto el ingreso de Venezuela como el de Bolivia constituyen un paso agigantado hacia la integración bajo la bandera de la unidad mercosureña.

Lo cierto es que hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, dado que se han eliminado aranceles para comercializar entre las partes y se propicia un arancel externo común (AEC), pero no se llega aún a consensuar para el 100 % de las posiciones arancelarias. El AEC cuenta con un sinnúmero de excepciones para muchísimos productos. Esta situación perfora la fortaleza institucional que se espera del Mercosur en términos de negociación con otros bloques regionales.

Tabaré Vázquez resaltó la clara ausencia de libre circulación de bienes, servicios y factores productivos tal como lo establece el artículo 1.º del Tratado de Asunción. Tampoco se han eliminado derechos aduaneros ni restricciones no arancelarias. Mucho menos se dio cumplimiento a otro de los grandes objetivos del tratado fundacional: la coordinación de políticas macroeconómicas fiscales y monetarias, entre otras.

Por su parte, el Gobierno boliviano espera ventajas comerciales sustanciales para la oferta nacional en productos no tradicionales. Pese a ello, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) puso reparos en el ingreso indiscriminado de manufacturas, principalmente de Brasil y Argentina. Antes de que se desate un cuestionamiento público, Bolivia buscará obtener del Mercosur: 1. Un régimen preferencial que permita a la manufactura boliviana ingresar a los mercados de Brasil y Argentina en las mismas condiciones vigentes para Paraguay; 2. El respeto de la doble pertenencia de Bolivia a la Comunidad Andina (CAN) y al Mercosur; 3. El levantamiento de las barreras paraarancelarias aplicadas a la oferta de Bolivia en el bloque; 4. La garantía para todos los bolivianos de acceder a materias primas e insumos para la producción competitiva y no condicionada al abastecimiento interno del Mercosur y 5. La generación de condiciones en pos de proteger la industria nacional.

En términos económicos, el mayor intercambio Bolivia-Mercosur está dado por el gas. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de enero a mayo de este año Bolivia exportó 302 productos al Mercosur por 1923 millones de dólares, de los cuales el gas representa el 94 % de las ventas. El restante 6 % está conformado por leche en polvo, bananas frescas, aceites crudos de petróleo y sulfato de bario natural, entre otros.

Uno de los mayores inconvenientes y a la vez desafíos para el bloque es la ausencia de dinamicidad comercial, debido al fuerte proteccionismo explicado en parte por las barreras paraarancelarias.

El comercio intra y extra-Mercosur marca la debilidad de este bloque. Los países miembro deciden avanzar de manera singular en el comercio con otros bloques o naciones que están por fuera de la región, lo que marca la real debilidad actual del Mercosur. Urge una reorientación de las iniciativas integracionistas regionales, que deben trabajar para que las dimensiones jurídica y comercial avancen en paralelo.

Observamos que en el proceso de integración predominó la óptica top-down. Fue concebida desde el plano jurídico general, esperando que derive en integración comercial sectorial. La meta es enfocarse en la complementariedad productiva entre los países que integran el Mercosur para negociar con mayor eficacia frente a otros bloques, como ser la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Se trata, por tanto, de un esquema de integración regional que hay que potenciar y mejorar.

El PARLASUR, creado en 2005 y constituido en 2006, recién comienza a funcionar el 7 de mayo de 2007 reemplazando a la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC). El aspecto paradójico es su naturaleza no legislativa. Se trata de una asamblea parlamentaria que funciona como órgano no legislativo del MERCOSUR representativo por excelencia de los intereses de los ciudadanos de los Estados Partes. Es de tipo unicameral y autónomo.

Dos han sido las instancias previstas para su funcionamiento pleno. Una primera etapa va desde el 31 de diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010 y, una segunda etapa comprende entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014. En este segundo periodo la composición final del Parlamento del MERCOSUR será la siguiente: Brasil tendrá 75 Parlamentarios, Argentina 43, Paraguay y Uruguay se mantendrán con 18 Parlamentarios respectivamente.

El Protocolo Constitutivo determina la integración siguiendo un criterio de representación ciudadana, con parlamentarios que serán elegidos por los ciudadanos de los Estados Partes a través de sufragio directo, universal y secreto. La Decisión Nº 11/14 del Consejo del Mercado Común  (CMC) prorrogó los plazos estipulados para las elecciones directas hasta el 31 de diciembre de 2020. Al momento, solo Paraguay cuenta con parlamentarios electos. En el caso de Uruguay se requiere de una reforma constitucional. Argentina aún no toma la delantera y al parecer Brasil ni siquiera ha tocado la temática ya que las presidenciales del próximo 5 de octubre han copado la agenda mediática. La porosidad institucional que caracteriza al proceso de integración deja entrever la ausencia de democratización en su misma esencia considerando que la ciudadanía aún no está habilitada para elegir por voto directo a sus representantes en el PARLASUR.

Esta delgada barrera de la porosidad institucional permite analizar la importancia de contar con instituciones sólidas a la hora de buscar la consolidación del proceso de integración política del MERCOSUR. Desde el nuevo institucionalismo, North define a las instituciones como “las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, los constreñimientos u obligaciones creados por los humanos que le dan forma a la interacción”.

La pregunta es entonces, ¿qué tipo de instituciones presenta hoy el MERCOSUR? Hablar de Parlamento resulta una falacia por operar como Asamblea Parlamentaria sin el poder suficiente como para elaborar leyes ya que sólo se presentan propuestas ante el CMC.

Es preciso que el PARLASUR asuma competencias legislativas para fortalecer las instituciones del MERCOSUR. La elección directa de Parlamentarios debe ser considerada como el punto de partida, y no de llegada, para que el Parlamento del MERCOSUR alcance poderes efectivos y pueda elaborar leyes de cumplimiento obligatorio en los países. Los actuales legisladores argentinos que representan al país en el llamado Parlamento del MERCOSUR son elegidos de manera indirecta por los bloques de ambas Cámaras. Si el objetivo es empoderar al Parlamento con alcances legislativos, resulta absolutamente necesaria la elección directa de sus representantes.

Así, actualmente cinco son los proyectos presentados en Senado (Senadores José Mayans, Laura Montero, Salvador Cabral, Juan Manuel Irrazabal, Sandra Giménez) y tres en Diputados (Adrián Pérez, Andrés Larroque, Jorge Landau).

La iniciativa de Irrazabal prevé la elección directa por cada jurisdicción consideradas a tal fin como distritos electorales independientes, con una representación mínima de un (1) Parlamentario por distrito. De esta manera se cubren 24 lugares. El resto se elige dividiendo el total de habitantes según el último censo por el número de Parlamentarios que restan cubrir para completar el total de la representación argentina. Es decir se llega a un “cociente parlamentario” a partir de dividir el total de la población dividido 19 bancas. Luego el número de habitantes de cada distrito según el último censo se divide por el “cociente parlamentario”. Así, el cociente que surge de ésta última operación dará el número de Parlamentarios que corresponde a cada distrito. En cuanto al orden en la lista, la plantea cada Partido o Alianza electoral y la distribución de bancas al finalizar la elección se realiza por sistema D´hont.

El proyecto de Montero divide al país en 6 regiones (Centro: Córdoba – Santa Fe – Entre Ríos; Cuyo: Mendoza – La Rioja – San Juan – San Luis; NEA: Chaco – Corrientes – Formosa – Misiones; NOA: Catamarca – Jujuy – Salta – Santiago del Estero – Tucumán; Pampeana: Buenos Aires – CABA – La Pampa; Patagonia: Chubut – Neuquén – Rio Negro – Santa Cruz – Tierra del Fuego). Cada Partido o Alianza electoral presenta una lista de candidatos donde los 30 primeros lugares se cubren con ciudadanos de las 24 jurisdicciones. A tal fin se constituye al territorio nacional como distrito único. Los primeros 6 candidatos deben estar domiciliados en cada región y seguir el mismo orden en las primeras 20 posiciones. No se permite que haya más de 4 candidatos de un mismo distrito. Los cargos que restan cubrir se completan por sistema D´hont.

En el caso de Mayans, se prevé un sistema de elección mixta entre Senadores y Diputados Nacionales. Se cubren 24 lugares bajo elección federal (un parlamentario por cada jurisdicción) para el Partido o Alianza electoral que obtenga la mayoría de los votos. Se considera como distrito electoral a cada jurisdicción. Los 19 restantes se eligen considerando al país como distrito único donde cada Partido o Alianza electoral presenta una lista a nivel nacional integrada por tres regiones con una determinada cantidad de candidatos (Norte: Formosa – Chaco – Corrientes – Entre Ríos – Misiones – Salta – Jujuy: 7 candidatos; Centro: Buenos Aires – Santa Fe – La Pampa – Mendoza – San Luis – San Juan – Córdoba – Santiago del Estero – Tucumán – Catamarca – La Rioja – CABA: 8 candidatos Y Sur: Santa Cruz – Chubut – Rio Negro – Neuquén – Tierra del Fuego: 4 candidatos).

En la iniciativa del Senador Cabral se contempla la elección de 14 Parlamentarios: 2 por cada una de las Provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Son electos los candidatos que ocupen el primer lugar de las listas presentadas por la primera y la segunda minoría. Los 17 restantes se eligen a razón de 1 por el resto de las Provincias y la CABA. Se elige aquel que obtiene la mayoría. El resto de la representación es elegida en forma directa y proporcional considerando al territorio nacional como distrito único, presentando cada Partido o Alianza una lista a tal fin. El reparto se hace por sistema D´hont.

El eje de un esquema de integración entre Estados es la concertación de intereses nacionales, poniendo el acento en lo regional más que en lo nacional.  Resulta clave la decisión del Ejecutivo nacional tendiente a impulsar este proceso que aún está a mitad de camino. Otro tanto de parte del Congreso para bregar por su tratamiento.

Sin duda, el proceso de globalización va cobrando otra dinamicidad donde es posible la inclusión no sólo de nuevos actores sino de nuevos modos de operatividad en el funcionamiento tradicional bajo el cual estaba regulado. Así, la nueva globalización incluye regiones geográficas cada vez más involucradas y comprometidas hacia otros niveles de interdependencia económica y política. El punto clave para analizar es la calidad de esa interdependencia: ¿son considerados todos los actores bajo un mismo plano de igualdad? ¿Existen pesos y contrapesos a la hora de establecer relaciones de poder en la toma de decisiones para los procesos de negociación?

Lo cierto es que el simple hecho de arribar a un acuerdo no necesariamente habla de una paridad contractual. En este sentido, si bien ha sido recibido de manera positiva el acercamiento de ambos colosos económicos, convengamos en que existe un claro interés hacia nuestro país enfocado en las materias primas y en un mercado hambriento de inversión extranjera directa (IED) tan necesaria hoy día. Aún las dudas no están despejadas acerca de las motivaciones genuinas y del porqué del aquí y ahora.

Al abordar el concepto de integración, Isaac Cohen Orantes alude a una definición económica y a otra política. Entiende a la integración económica como el proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición gradual o inmediata de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico. En tanto, la integración política pone énfasis en las consecuencias institucionales. Desde esta perspectiva, se concibe a la integración como el proceso mediante el cual los participantes transfieren a un ente más poderoso las lealtades y atribuciones para regular sus relaciones dentro del espacio o unidad mayor.
El interrogante que se desata es qué tipo de lealtad está dispuesta a transferir China y Rusia hacia la Argentina.

Si leemos los datos cuantitativos del intercambio chino-argentino, observamos que el gigante asiático constituye el segundo destino de nuestras exportaciones y es además la tercera mayor fuente de inversión, después de Estados Unidos y España. En 2013 superaron los 11 mil millones de dólares. Desde 2008 hemos recibido un shock de IED que viene creciendo a un promedio anual del 55%. Así, bajo una definida política de promoción de capital chino en el exterior denominada Going Global Strategy, nuestro país se ha convertido en uno de los destinos elegidos a la hora de invertir en minería, energía, navegación, pesca y finanzas entre otros. El hecho de que gran parte de las inversiones esté focalizada en la producción de alimentos coloca a nuestro país en un rol “asumido por naturaleza”: producción primaria y agroindustria tornando aún en más dificultosa la reversión y direccionamiento hacia una política de desarrollo industrial. Aquí es donde deberíamos hacer un stop o al menos una lectura delicada acerca de qué modelo o prospectiva nos proponemos trazar. Cuáles son nuestros horizontes productivos.¿Queremos realmente continuar siendo agroexportadores o al menos se vislumbra un posible salto hacia un nuevo escenario productivo que implique mayor valor agregado? ¿Qué políticas se están llevando a cabo en consonancia con ese nuevo ideario en el caso de existir?

En lo que respecta al intercambio comercial argentino-ruso durante 2013 mostró un crecimiento interanual de un 30%. Al momento, los intereses están puestos en el uso pacífico de energía nuclear además del resto de los acuerdos de cooperación suscriptos (asistencia legal recíproca en materia penal e intercambio de información en medios de comunicación). La decisión de instalar una nueva central nucleoeléctrica debería ser materia de amplio debate en el seno del Honorable Congreso de la Nación.

Argentina se encuentra por primera vez ante una obra en la cual es protagonista pero que aún cuenta con un final abierto. El mandamiento que reza: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22:39) habla de considerar al otro con un respeto tal que implique el cumplimento de la palabra empeñada y la transparencia en la interacción entre las partes. La base sólida sobre la cual se gesta la institución de la integración es la igualdad en el tratamiento entre Estados. Hablaremos de oportunidad magnífica y de nuevo modelo global cuando China y Rusia consideren a la Argentina bajo ese plano.