Pero más allá de la introspección que haga la socialdemocracia autóctona sobre su performance electoral, la sociedad debería ponerle el ojo al destino de esta fuerza. Salir del microclima polarizante, impuesto por el Frente para la Victoria y Cambiemos, tomar una bocanada de aire fresco y reflexionar sobre la utilidad que tiene para el sistema democrático la presencia de una centroizquierda voluminosa, ágil y vigorosa en el Congreso.

Cuando es leal a su ethos reformista, el progresismo tiene la capacidad de inyectar en la agenda pública problemáticas inéditas, que son ignoradas por la vorágine de la coyuntura, escondidas por poderes fácticos de considerable espesor o, directamente, estériles para la dirigencia política, ya que no implican réditos electorales en el corto plazo. ¿Un popurrí al vuelo?

En los años ochenta, los juicios a las cúpulas militares de la última dictadura. Aunque entre el 60 % y el 80 % del tejido social aprobaba subir las botas a los estrados de la Justicia, la originalidad del alfonsinismo fue transformar ese consenso ciudadano en política de Estado, a pesar de la reticencia de dos instituciones gravitantes: las Fuerzas Armadas y el Partido Justicialista, que apostaba por la amnistía de los castrenses (Ítalo Luder había declarado que, en caso de llegar al Gobierno, respetaría la ley de pacificación nacional decretada por los uniformados). Luego, con las leyes de punto final y obediencia debida, el avance hecho por el presidente radical quedó cojo. Aun así, el precedente ya estaba sentado: en democracia, las armas también rinden cuentas.

La ley de divorcio vincular (23.515.), promulgada en 1987, fue otro aporte de la década del ochenta. También impulsada por el chascomusense. Y, al igual que en los años cincuenta, cuando fue fomentada por Juan Domingo Perón (ley ómnibus), también fue resistida por una institución poderosa como la Iglesia Católica y por una porción importante de legisladores. La nueva normativa se acopló a nuestras costumbres y, a pesar de los presagios dantescos vertidos por parte de la congregación eclesiástico, no ardió ninguna Babilonia, la gente se sigue casando y la familia continúa siendo la viga estructurante del edificio social.

Durante los noventa la acción del progresismo fue reactiva. Básicamente, se dedicó a plantar un dique de contención frente al embate neoliberal. Desde la soledad de su banca en diputados, el socialista Guillermo Estévez Boero advertía las consecuencias que acarrearía el desguace del Estado. Pronósticos que, en este caso, tuvieron su correlato con la realidad: El mercado trituró los sectores públicos estratégicos -fondos de previsión social, recursos naturales, transporte, salud, educación-, abriendo una brecha de desigualdad que se fue incrementando hasta romper las costuras del sistema político-económico en el 2001.

Como atenuante al flagelo de esa pobreza galopante, el economista Rubén Lo Vuolo y aquella Elisa Carrió que, por entonces, secundaba a Alfredo Bravo en su lucha por los derechos humanos, esbozaron los cimientos de lo que sería la asignación universal por hijo (AUH). Un plan social netamente progresista que, a pesar de sus deficiencias, ha producido unos resultados contundentes y se ha ganado el mote de incuestionable. Hoy toda la góndola política lo defiende con uñas y dientes.

En diciembre del 2005, el diputado socialista Eduardo Di Pollina y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) presentaron por primera vez en el Parlamento un proyecto de ley para que se permitan los matrimonios entre personas del mismo sexo. No tuvieron eco. Pero se plantaron. Insistieron. Y el premio llegó: El 15 de julio de 2010, Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional (la ciudad de México D.F. lo había logrado en diciembre del 2009).

La lista podría seguir con Pino Solanas señalando la importancia de estatizar YPF, preservar los glaciares y recuperar los ferrocarriles (antes de la tragedia de Once). Todos issues que, al igual que los anteriores, cuando emergen a la superficie del debate público, son incómodos porque mueven las placas tectónicas del sentido común.

Y esto último parece ser la función vital del progresismo en nuestra estructura democrática: ser una fuerza, obstinadamente, contracíclica. A contracorriente de lo “políticamente correcto”. Alérgica a la zona de confort que ofrecen las encuestas. Su responsabilidad radica en incubar aquellas demandas sociales invisibles para el grueso de la dirigencia y colocarlas en la cadena de montaje institucional. Aun sabiendo que, en dicho momento germinal del proceso, los costos superarán a los beneficios. Y que estos últimos, probablemente, terminarán siendo capitalizados política o electoralmente por una subjetividad ajena a la familia de la centroizquierda. Ese es su nudo gordiano y, al mismo tiempo, su mejor carta de presentación.

Más allá de la implementación del sistema de boleta única electrónica, el 45% de votos obtenido por Larreta y la segunda vuelta del 19 de julio, las elecciones de CABA dejan varios apuntes interesantes. Notas (bastante) alentadoras para el PRO y (algo) desmoralizantes para el progresismo porteño, tanto en su versión socialdemócrata (ECO) como en su interpretación nacional y popular (FpV).

La primera observación. Con los veinte puntos de diferencia que le sacó ayer el delfín de Macri a Martín Lousteau, se confirmó un fenómeno electoral que comenzó en 2007, con la llegada del PRO al poder: los sufragios de Capital Federal están perdiendo competitividad. El suspenso es pretérito. Hace tres comicios que la fuerza amarilla se impone cómodamente en primera vuelta, llegando al ballottage con el pleito casi decidido. Repasemos los guarismos: 2007, Macri 45, 6% – Filmus 23, 7%; 2011, Macri 47% – Filmus 27, 7%; 2015, Larreta 45, 6%- 25, 6%.

Al igual que provincias del interior, como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, La Rioja y Misiones, la Capital Federal está ingresando en la categoría demoscópica de previsible. Las consultoras cada vez la tienen más fácil. Su trabajo se reduce a precisar la abultada diferencia entre el primero y el segundo y, en simultáneo, a anticipar si habrá –o no– segunda vuelta. Poco más. Los oficialismos, a medida que pasan las urnas, afinan mejor sus maquinarias electorales.

Claro que, según el distrito, las razones varían: diseño del sistema electoral, utilización de los recursos del Estado para publicidad oficial, sintonía con el Gobierno nacional para el suministro de obras e infraestructura, clientelismo, etc. En CABA es complejo acertar con la causa. Y menos en un artículo periodístico (un paper politológico sería más apropiado). Pero una respuesta tentativa es que el PRO terminó de consolidar su tipo de votante: un ciudadano sin grandes pretensiones ideológicas, que vota a través del lente técnico a sus representantes. Nada de grandes relatos ni épicas; en su lugar, discursos de baja intensidad, simplificadores y acotados al día a día de la gestión. La imagen del político “robot” que no para de trabajar –como definió Macri a su escudero Larreta– es la valorada. Con ese libreto, la mitad de la sociedad porteña elige tranquila desde el 2007.

Otras hipótesis circulantes: “transformar a la ciudad en un dique frente al autoritarismo kirchnerista”, “el ADN gorila” de la city, “electorado volátil e impredecible”, “el voto económico que muta según la coyuntura”, por citar algunas conjeturas que excederían el accionar del PRO.

Ahora, ¿qué pasó en la vereda progresista para que esto sucediera? Nada muy estimulante: a tono con el plano nacional, el espacio se fragmentó. Aquel problema de arquitectura electoral que la Alianza había solucionado, conjugar a la izquierda democrática con la socialdemocracia radical y el peronismo social (en las elecciones del 2000, esta coalición llevó a Aníbal Ibarra al poder con el 49, 31% de los sufragios, frente al 33,20% de Domingo Cavallo), hoy está más latente que nunca.
Martín Lousteau y Mariano Recalde, las personalidades que encarnarían en la actualidad esa “amplia avenida progre” en CABA, están a una distancia insalvable en el escenario político. A tal punto que el primero se ubicó, al menos en la narrativa, más cerca del macrismo que del kirchnerismo. Estrategia discursiva que, si desea evitar una derrota estrepitosa en el ballottage, deberá darle un giro copernicano. El economista necesita, sí o sí, seducir al votante K. ¿Una alternativa? Convencerlo de que cuanto más reñida sea la segunda vuelta en la iudad, menos empoderado llegará Macri a las PASO nacionales para enfrentar a Scioli. No es una ecuación directa, pero, al menos desde lo simbólico, tiene lógica.

Y, además, el hombre de rulos deberá acentuar su veta socialdemócrata. Sacar a la luz las críticas sociales más duras contra el PRO. Insistir con el aumento de la mortalidad infantil, el abuso de propaganda con fondos públicos y la mala gestión en salud, pero también ensanchar la agenda con temas cruciales como la urbanización de las villas miserias, la ausencia del Estado en la periferia y el speech punitivo-disciplinante del macrismo. Puntos que lo acercarán al kirchnerismo. Y, aunque el trasvase directo del 22% de Recalde a las arcas de ECO parezca utópico, Lousteau también podría usar de imán a uno de los cantores preferidos del FpV: “¿Quién dijo que todo está perdido?”. Todo vale para detener el tsunami de globos.