Este gobierno nos tiene acostumbrados a lecturas desviadas de la realidad. Explicaciones que deben contar con el respaldo del relato que baja verticalmente, que justifica lo injustificable y que pretende instalar esa realidad que no es real. No hay canales oficiales, ni publicidad oficial, ni conferencias de prensa, ni planes sociales ni presiones a la justicia que tapen lo que cada uno de nosotros vivimos día a día. ¿Quién le va a decir a los que sufren los cortes de luz que hay avances en materia energética? ¿Quién le va explicar a los varados en el aeropuerto que tenemos la mejor aerolínea de bandera? ¿Cómo le van a explicar a la gente que su sueldo ahora vale la mitad de lo que valía el año pasado? ¿Qué le van a decir a los beneficiarios de los planes sociales cuando el monto que perciben no les alcance ni para un cuarto de las necesidades que debería cubrirles? ¿Cómo van a justificar la cantidad de muertes en rutas y trenes? Seguramente respondan con más relato, ya no para convencer a los demás sino para autoconvencerse y seguir negando(se) la realidad. Negar la realidad trae como consecuencia decisiones erróneas e ineficaces. A esta peligrosa dinámica nos quieren acostumbrar. Nos subestiman.

El relato sí que es nacional y popular, cruza toda la sociedad y se aplica a todos por igual. Atraviesa desde corporaciones (mediáticas, económicas y de todo tipo) hasta beneficiarios de los planes sociales. Tal es el caso de las madres que reciben el Plan de Atención a la Madre y al Niño, al que el Gobierno le destinó en el 2013 un incremento en el presupuesto del 13% que no llega ni a cubrir la inflación real. Lo mismo ocurrirá con el Programa de Seguridad Alimentaria, cuyo presupuesto sólo se incrementó en un 10%. Recientemente se anunció el aumento de las Asignaciones Familiares respecto de la Ayuda Escolar anual, de $170 a $510, lo que implica un aumento del 200%. Eso en el relato. En la realidad, ese monto no se actualizaba desde 2008. Si tenemos en cuenta un contexto con el peso devaluado y sujeto a una creciente inflación, dicha asignación prácticamente era una falta de respeto. No queda exento el recientemente anunciado “ProgresAr” que intentará contener al casi creciente millón de jóvenes que no estudia ni trabaja, otorgándoles $600. Esto demuestra que el relato reconoció que en esta década ganada hay un millón de jóvenes “ni-ni” en el país y, por otro lado, que este sector de la población está fuera del sistema. A priori, nadie puede estar en contra de incentivar a los jóvenes pero cabe preguntarse si los $600 servirán dentro de cinco meses y conducirán a su incorporación en el mercado de trabajo y en el sistema educativo. Finalmente, la Asignación Universal por Hijo perdió su poder de compra en un 24% desde que fue implementada (los $450 que percibe cada familia por hijo tienen una capacidad de compra de $137). Las estimaciones indican que, en los próximos cinco meses llegará a perder el 35% de su poder adquisitivo.

En este contexto, sería apropiado instaurar un mecanismo automático de actualizaciones para los programas sociales y evitar que los montos dependan de arbitrariedades del Poder Ejecutivo. Proponer un mecanismo que le otorgue independencia al sistema, ¿no es una medida popular? Gracias a las estadísticas que realizan diferentes instituciones del país sabemos que, tal como lo expresa el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, llegamos al 2013 con el 20% de la población de 0 a 17 años en hogares en situación de inseguridad alimentaria. También sabemos, por CONIN, que mueren 20 chicos cada mil por desnutrición infantil, 260 mil chicos menores de cinco años sufren algún grado de desnutrición y dos millones de personas no acceden a una alimentación diaria. Todo esto sucede mientras nuestra presidenta dice “yo no creo que haya gente que no come”.  Ni cuentos ni relatos. Realidad.