Frente a esa situación, como familia, como sociedad, como justicia y como Estado en general, tenemos dos formar de proceder: enfrentando la verdad o tratando de ocultarla; visibilizando una problemática que aún sigue siendo tabú o utilizando excusas; defendiendo los derechos del niño o violándolos con estrategias judiciales aberrantes.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una estrategia judicial monstruosa, que acusa a las madres de “lavarles la cabeza” a sus hijos en contra de sus padres, capaces de inventar actos tan horrendos como los que supone que un padre abuse sexualmente de sus hijos. Y aún pensando que algo así pudiera suceder, que hubiese mujeres capaces de tal invento, es una estrategia que subestima la contundencia de las pruebas del relato y los dibujos de esos niños, de los informes de los cuerpos médicos que categóricamente determinan que esos chicos han sido abusados por sus padres varones. Así el SAP se suele utilizar como argumento de defensa de abusadores y pedófilos para lograr su impunidad y no investigar uno de los delitos más aberrantes como lo es el abuso sexual infantil.

Lo inaceptable en estos casos es que el poder que debe defender a las víctimas sea cómplice de la aberración. Esto se denomina violencia institucional y es la que sufren cientos de mujeres durante todo el proceso judicial. No sólo son víctimas de violencia de género, psicológica, económica y física, sino que además tienen que luchar solas contra un Estado que no sólo no las escucha sino que además silencia a sus hijos. Esto se ve reflejado en la expectativa social de quienes denuncian: la mayoría cree que no se va a hacer justicia y que se va a revictimizar a la víctima. Existe una disuasión por parte del sistema hacia esas personas. Y más peligrosas aún son las prácticas que la aceptación del SAP por parte de un magistrado implican: revinculaciones forzosas, reversión de la tenencia a favor del padre acusado de abuso, revictimización de los menores y ataque a la madre, entre otras cosas.

El SAP no es un síndrome científicamente aceptado ni avalado por ninguna organización mundial. Somos muchos los que estamos trabajando para evitar que las organizaciones de padres abusadores, a veces con mucho poder, sigan haciendo lobby para que sea incluido en el Manual de Trastornos Psicopatológicos que elabora la American Psychiatric Association. Tanto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como en la Cámara de Diputados de la Nación hemos expresado nuestra preocupación por la utilización del inexistente SAP en procesos judiciales penales y de familia, por ser contrario a la ley 26.061, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no contar con el respaldo ni el reconocimiento de la comunidad científica. En el Congreso Nacional hemos alcanzado un consenso esperanzador en esta materia. Representantes de una gran cantidad de bloques aseveramos en la primera Jornada que llevamos a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación, para exponer sobre la temática, que en la Argentina no vamos a permitir ninguna ley que avale, adhiera o permita la utilización del SAP. La defensa de los derechos de mujeres y niños es la prioridad inalterable en cada uno de los proyectos que salgan de esta Cámara.

Lograr sentencias que sean una fiel consecuencia de las pruebas que se generan en el proceso; realizar informes fundamentados por parte de los peritos intervinientes; una sociedad civil que no deje de exigir y un Estado consciente y dispuesto a capacitar a sus funcionarios en la temática, son algunos de los posibles caminos que podemos ir recorriendo.

Espero que tanto nuestras voces como las de muchas organizaciones, periodistas, y profesionales que se han unido a esta lucha para visibilizar y poner en la agenda pública el abuso sexual infantil y el uso del SAP, sean escuchadas a fin de evitar que se sigan silenciando las de tantos niños que aman y temen, pero son incapaces de tales mentiras.

Este gobierno nos tiene acostumbrados a lecturas desviadas de la realidad. Explicaciones que deben contar con el respaldo del relato que baja verticalmente, que justifica lo injustificable y que pretende instalar esa realidad que no es real. No hay canales oficiales, ni publicidad oficial, ni conferencias de prensa, ni planes sociales ni presiones a la justicia que tapen lo que cada uno de nosotros vivimos día a día. ¿Quién le va a decir a los que sufren los cortes de luz que hay avances en materia energética? ¿Quién le va explicar a los varados en el aeropuerto que tenemos la mejor aerolínea de bandera? ¿Cómo le van a explicar a la gente que su sueldo ahora vale la mitad de lo que valía el año pasado? ¿Qué le van a decir a los beneficiarios de los planes sociales cuando el monto que perciben no les alcance ni para un cuarto de las necesidades que debería cubrirles? ¿Cómo van a justificar la cantidad de muertes en rutas y trenes? Seguramente respondan con más relato, ya no para convencer a los demás sino para autoconvencerse y seguir negando(se) la realidad. Negar la realidad trae como consecuencia decisiones erróneas e ineficaces. A esta peligrosa dinámica nos quieren acostumbrar. Nos subestiman.

El relato sí que es nacional y popular, cruza toda la sociedad y se aplica a todos por igual. Atraviesa desde corporaciones (mediáticas, económicas y de todo tipo) hasta beneficiarios de los planes sociales. Tal es el caso de las madres que reciben el Plan de Atención a la Madre y al Niño, al que el Gobierno le destinó en el 2013 un incremento en el presupuesto del 13% que no llega ni a cubrir la inflación real. Lo mismo ocurrirá con el Programa de Seguridad Alimentaria, cuyo presupuesto sólo se incrementó en un 10%. Recientemente se anunció el aumento de las Asignaciones Familiares respecto de la Ayuda Escolar anual, de $170 a $510, lo que implica un aumento del 200%. Eso en el relato. En la realidad, ese monto no se actualizaba desde 2008. Si tenemos en cuenta un contexto con el peso devaluado y sujeto a una creciente inflación, dicha asignación prácticamente era una falta de respeto. No queda exento el recientemente anunciado “ProgresAr” que intentará contener al casi creciente millón de jóvenes que no estudia ni trabaja, otorgándoles $600. Esto demuestra que el relato reconoció que en esta década ganada hay un millón de jóvenes “ni-ni” en el país y, por otro lado, que este sector de la población está fuera del sistema. A priori, nadie puede estar en contra de incentivar a los jóvenes pero cabe preguntarse si los $600 servirán dentro de cinco meses y conducirán a su incorporación en el mercado de trabajo y en el sistema educativo. Finalmente, la Asignación Universal por Hijo perdió su poder de compra en un 24% desde que fue implementada (los $450 que percibe cada familia por hijo tienen una capacidad de compra de $137). Las estimaciones indican que, en los próximos cinco meses llegará a perder el 35% de su poder adquisitivo.

En este contexto, sería apropiado instaurar un mecanismo automático de actualizaciones para los programas sociales y evitar que los montos dependan de arbitrariedades del Poder Ejecutivo. Proponer un mecanismo que le otorgue independencia al sistema, ¿no es una medida popular? Gracias a las estadísticas que realizan diferentes instituciones del país sabemos que, tal como lo expresa el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, llegamos al 2013 con el 20% de la población de 0 a 17 años en hogares en situación de inseguridad alimentaria. También sabemos, por CONIN, que mueren 20 chicos cada mil por desnutrición infantil, 260 mil chicos menores de cinco años sufren algún grado de desnutrición y dos millones de personas no acceden a una alimentación diaria. Todo esto sucede mientras nuestra presidenta dice “yo no creo que haya gente que no come”.  Ni cuentos ni relatos. Realidad.

Todos los días vivimos una tragedia relacionada con la violencia de género, una mujer aterrada, lastimada, asesinada; hijos creciendo en la violencia familiar, hombres que repiten patrones de conducta violentos en todas sus relaciones de pareja, familias destruidas.

Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, desde hace cinco años, cada 35 horas una mujer es asesinada por violencia sexista en nuestro país. Unos 30 niños por mes quedan huérfanos al ser asesinadas sus madres y sólo en 2012 fueron 357 los menores que quedaron en esa situación.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, en estos últimos cuatro años, hemos presentado, la mayoría de los bloques, numerosos proyectos que abordan esta problemática desde todas sus aristas, a veces en un intento desesperado por dar respuesta a las súplicas de las mujeres víctimas que se atreven a peregrinar por los pasillos de nuestros despachos, haciéndose escuchar no sólo por ellas sino por otras tantas que el miedo aún silencia. Sin embargo, la agenda que en estos años impuso la mayoría poco ha tenido que ver con sus realidades.

De estas importantes iniciativas que cuentan con estado parlamentario en el Congreso de la Nación, pero que aún no se les ha dado tratamiento, pueden destacarse algunas como la creación de refugios y de subsidios para mujeres víctimas de violencia doméstica, la regulación del tratamiento mediático de la violencia de género, la incorporación de la temática en la currícula escolar, la creación del Registro Único de Violencia Doméstica, medidas que faciliten el acceso a la Justicia y numerosas modificaciones útiles que requiere nuestra Legislación Penal.

En todas ellas, la necesidad de lograr el empoderamiento de las mujeres víctimas surge como un imperativo que nos exige seguir pensando soluciones que se traduzcan en políticas públicas concretas y focalizadas. Tal es el caso del proyecto que impulso a fin de crear un programa para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia doméstica que les brinde la suficiente seguridad y sustento como para salir del círculo vicioso en el que se encuentran inmersas, a través de una sana revinculación social y laboral facilitada por el Estado.

Que las mujeres víctimas tomen conciencia del poder y la capacidad que tienen para recuperar su propia dignidad, es, sin dudas, un proceso que lleva tiempo pero que es mucho más lento cuando no están empoderadas económicamente, es decir: cuando no tienen la posibilidad de sustentarse, ellas y sus hijos. De ahí la importancia de diseñar e implementar políticas no sólo de asistencia inmediata a la víctima (tales como refugios y subsidios) sino también de políticas que les permitan el sostenimiento en el tiempo, la construcción de una nueva vida.

Por otro lado, tal como lo establece la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se nos plantea también la necesidad de abordar la problemática haciendo hincapié en la reeducación de los hombres violentos, disminuyendo las posibilidades de que la violencia se siga reproduciendo. Programas como los mencionados ya se están llevando a cabo en la mayor parte de los países europeos, tales como España, Escocia e Inglaterra, con presencia en países latinoamericanos como Chile y Uruguay. En la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Vicente López está desarrollando programas análogos, por medio del Centro de la Mujer y Políticas de Género de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano.

Como es evidente son muchas las iniciativas presentadas, y una vez más estamos ante el desafío de que nuevas mayorías en el Congreso impongan el tratamiento de estos temas conformando una agenda parlamentaria con perspectiva de género.

La legislación tutelar vigente encierra graves problemas de legalidad ya que, bajo la excusa de aplicar un régimen de protección, se deja a los chicos sin la posibilidad de contar con un proceso justo que respete su derecho a la defensa y a ser oído, y en muchos casos se los priva de su libertad por delitos que a un adulto se lo dejaría libre. Esta situación se observa sobre todo con los menores de 16 años.

La Argentina tiene una asignatura pendiente, la de instalar un debate serio y responsable respecto de los menores en conflicto con la ley, es decir: la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil. Hasta el momento, el debate en nuestro país siempre surgió como consecuencia de un hecho puntual o bien como medida efectista/oportunista producto de un año electoral.

La seguridad no está exenta de los cambios producidos a nivel mundial en torno al contexto económico-social y cultural. La desestructuración del mundo laboral y del espacio familiar son dos situaciones repetidas en la vida de la mayoría de los menores que delinquen. Asimismo, el lugar que ocupa la droga es fundamental ya que el narcotráfico suele encontrar en los más jóvenes un terreno fértil donde operar.

Sin duda alguna, la inseguridad es el hecho que ocupa y preocupa a la sociedad, es lo que atraviesa a todas las clases sociales, es la verdadera “agenda” de la gente. Pero ocuparnos de dar respuestas efectivas a esta demanda social no puede significar, de ninguna manera, decirle a la gente que encerrando a los menores se terminan los delitos, lo que es lo mismo que criminalizarlos, ese es el mensaje que está detrás de un título liviano e irresponsable, vacío de contenido, que pone el acento equivocado en lo que no es prioridad, al solo efecto de causar un impacto electoral que los muestre preocupados por un tema que hasta hoy era solo una sensación.

El debate de fondo que debemos dar no pasa por “bajar o no bajar la edad” de imputabilidad. La discusión empieza por diseñar un régimen penal juvenil especial en absoluta sintonía con la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y los tratados internacionales con jerarquía constitucional a los que adhirió nuestro país. Un sistema que contemple las características distintivas que tienen los menores respecto de los adultos, que tenga en cuenta su grado de maduración, que establezca procesos cortos y penas alternativas, mecanismos de mediación y restauración del daño que causen, donde la privación de la libertad sea el último recurso, pero se pueda trabajar con el menor para que asuma la responsabilidad de sus actos, cumpla la sanción y tenga la oportunidad de adquirir las reglas de convivencia que evidentemente no pudo aprender, y que son necesarias para vivir en sociedad lejos del delito. Se trata entonces, no solo de garantías sino también de medidas sociales y educativas. Diseñar este sistema, sancionar una ley en consecuencia nos exige un segundo debate, y es si el Estado, si los gobiernos, están en condiciones o tienen la voluntad política de crear la infraestructura necesaria y de disponer de los recursos para hacerla efectiva.

Por eso, cuando algún ministro del gobierno nacional habla de la valentía del candidato a primer diputado nacional del Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires, al plantear el tema de la baja en la edad de imputabilidad, me pregunto ¿qué significará la valentía para él? Si por valentía entendemos coraje moral para actuar correctamente a pesar de los obstáculos, lejos está su planteo de lo correcto, de lo valiente, mucho más cerca está de su opuesto, de la cobardía de no hacerse cargo de los demandas reales de la gente, superando los discursos efectistas y los falsos debates, con la voluntad política necesaria para reconocer un problema, y darle solución.