Aunque muchos analistas de capitales occidentales se hicieron eco de las afirmaciones del presidente iraní y presentaron al mundo como exitoso el discurso con el que Rouhani presume haber cerrado una etapa controversial abriendo una nueva era en la que Irán se convertirá en aliado de Occidente, deberíamos ser cautos en el corto y mediano plazo pues según las cosas en la arena política interna iraní, habrá dificultades concretas para que esto suceda. Lo cierto es que a pesar de la publicitada ‘victoria histórica de la diplomacia persa’, esto ​​ha tenido una tibia -por no decir hostil- recepción dentro de Irán.

El sector del ‘moderado’ Rafsanyani, del que Rouhani es miembro y que inicialmente se mostró como el más entusiasta, ahora está bajando el tono de sus comentarios victoriosos. El ejemplo más claro de tal situación han sido las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, hombre clave en las conversaciones llevadas adelante en Ginebra, quien ahora ha expresado ‘que el documento no es un Tratado y por tanto no es jurídicamente vinculante’ (exactamente como lo hemos explicado desde Infobae en el anterior análisis publicado).

El viceministro Araqchi ha dicho a la prensa, en el último mes, que el documento es ‘una declaración política’, indicando ‘que en Ginebra no se ha firmado nada que comprometa al cumplimiento de la República Islámica si Occidente no deja sin efecto las sanciones sobre Irán’. En la misma línea, la señora Marzieh Afkham, portavoz de la cancillería, fue más allá al señalar que Ginebra no ha sido más que ‘una declaración de intenciones’. En consecuencia, lo que ahora tenemos es que ‘oficialmente no hay ningún acuerdo y, ciertamente, ningún Tratado’. Todo lo que tenemos es una lista de versiones contradictorias.

Peor aún, no existen todavía los mecanismos para lograr los objetivos planteados. El señor Yukio Amano, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), ha declarado que ‘le falta el personal y los fondos necesarios para cerciorarse si Irán cumple con sus compromisos, y que esto difícilmente pueda resolverse hasta finales de febrero’. Así, el director de la AIEA abre un interrogante sumamente importante en lo temporal pues el documento estipula una línea de tiempo de seis meses de duración, por lo que se estarán perdiendo más de dos valiosos meses en su instrumentación, puesta en práctica y fiscalización exitosa. Esto es evidente si seguimos las declaraciones de Amano.

La jefa de política exterior de la UE, Catherine Ashton, ha dicho que el Grupo 5+1 no hará nada para aliviar las sanciones contra Irán a menos que la República Islámica cumpla primero con sus compromisos. En este contexto lo más grave ha sido que el pasado sábado el Líder Supremo, Ali Khamenei, ha dicho que no descarta negarse a aprobar el ‘documento’. Aunque reconoció la victoria diplomática de Rouhani, enumeró una serie de puntos que Irán debe resistir y continuar con las conversaciones diplomáticas ante las excesivas exigencias del 5+1. El ayatollah Khamenei fue muy duro con Rouhani en una carta publicada en lengua árabe en el portal web del Consejo Revolucionario, donde indica: ‘esperaba que uno de mis hijos realizara bien su trabajo para beneficio de la revolución y de la República Islámica, pero esto no ha sucedido en su totalidad’.

Los comandantes militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) también han negado su apoyo a Rouhani. Entre las figuras militares que efectuaron declaraciones, el general Naqdi, uno de los más importantes oficiales del régimen y comandante de las unidades paramilitares Basij, dijo que ‘esas conversaciones no son más que una estrategia de distracción necesaria para la República Islámica de Irán’.

La única voz de los cuadros religiosos intermedios que mostró públicamente su apoyo a Rouhani fue el mullah Ali Akbar Nategh Nuri -ex presidente del Majlis-, quien declaró: ‘No teníamos otra opción que aceptar y realizar concesiones para que la calma regrese al país, aunque de todos modos, se deben preservar las estructuras básicas del proyecto nuclear pues ‘el documento’ de Ginebra es una amenaza para la República Islámica. Por tanto no debemos sacrificar nuestros proyectos por unas promesas poco claras del levantamiento de las sanciones’.

En tanto el teórico geopolítico más importante del régimen, Hassan Abbasi, conocido como el ‘Kissinger del Islam’, describió al ‘documento’ nada más que como ‘una retirada táctica durante seis meses’, indicando que está muy lejos de ser una victoria histórica como sostiene la pretensión del presidente Rouhani. También los principales candidatos en las elecciones presidenciales del pasado mes de junio se han mantenido en silencio, entre ellos Saeed Jalili, ex negociador nuclear, y Muhammad-Baqer Qalibaf, alcalde de Teherán. Al tiempo que la mayoría de los miembros del Majlis Islámico desafiaron a Rouhani a que explique claramente lo que ha ofrecido en concesión y lo que realmente la República Islámica de Irán recibirá a cambio.

El Consejo de Mullahs ha publicado un comunicado en el diario Mashreq exigiendo a Rouhani publicar el texto original y completo del documento y que diga a los iraníes qué versión es la autentica. ‘Estamos preocupados por las consecuencias de su gestión’, ha sostenido el Consejo, ‘se ha concesionado mucho en relación a lo que se nos promete recibir y ello parece ser una retirada y el fin de la resistencia, lo cual constituirá tirar por la borda todos los logros de la revolución’. El Consejo va mas allá e indica que ‘se han colocado nuestros alimentos y suministros médicos bajo el control de nuestros enemigos europeos y la Casa Blanca, lo cual es inaceptable pues no confía en los líderes de los Estados Unidos al entender que han utilizaron Ginebra para profundizar la conspiración que desde muchos años busca el cambio de régimen en Irán. En la misma dirección de rechazo absoluto al documento, el ex-presidente Ahmadinejad desafió a Rouhani a un debate en televisión para evaluar su gestión en Ginebra y ‘los primeros 100 días del presidente en el cargo’.

Como se aprecia, cualquiera sea el curso de los eventos en el corto plazo, hay una posibilidad muy alta de un ‘punto muerto’ en las negociaciones. En este marco político-diplomático de ambigüedades que maneja Teherán, y considerando su fragilidad histórica en honrar sus compromisos, la República Argentina debería ser cautelosa y no albergar expectativas desmedidas en lo relativo al acuerdo firmado a principios de 2013 con el régimen iraní en dirección a la investigación del luctuoso atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La cancillería y el Poder Ejecutivo deberían rever en profundidad sus políticas bilaterales en la materia y permitir que sea la Justicia de la República Argentina la que siga adelante con la investigación para evitar la impunidad que puede perpetuarse a través de ese acuerdo, que no es más que una ecuación de suma cero.

En tal dirección es que la República Argentina debería desarrollar una política preventiva amplia y clara, considerando entre otros, tres elementos centrales. A saber:

a) Definir sin ambigüedad los regímenes y gobiernos que sostienen, financian y amparan grupos considerados terroristas por los países centrales de la comunidad internacional. Del mismo modo se debe conceptualizar la radicalización interna que pudiera desarrollarse en el país. Este fenómeno suele darse en cárceles y a través de organizaciones de caridad, y es muy importante en el crecimiento de la amenaza, por lo que autoridades gubernamentales, legisladores y funcionarios de la seguridad interior deben involucrarse en “la batalla de las ideas sin temor a la crítica ni a los rótulos de la ideologización”. La seguridad no debe ser condicionada por la ideología, ni es propiedad de la izquierda o la derecha en ningún país del mundo libre. De lo que se trata es de instrumentar una política de seguridad responsable contra el terror organizado. Si los funcionarios de gobierno, los diputados y los senadores, dejan de lado su involucramiento en el problema por no pagar costos políticos, entonces ganan los yihadistas y pierden los ciudadanos honrados.

b) Una política preventiva frente al yihadismo debe incluir un amplio abanico de exámenes y recomendaciones. Es importante que la comunidad de expertos en contraterrorismo revise dinámica y constantemente los nuevos hallazgos y los evalúe, dado que en el concierto de las naciones libres conforman la base del debate político a nivel de los gobiernos. Entre los puntos vinculados a la ‘guerra de las ideas’, existe un gran número de indicadores sobre la incrementación de la cifra y magnitud de futuros ataques contra Occidente y sus intereses. Por ello es importante que la comunidad de contraterrorismo local trabaje en los parámetros de estas proyecciones como en la práctica certidumbre de que se va a incrementar la intensidad de los ataques.

c) La amenaza terrorista más significativa para América Latina, hoy en día, es la actividad de un movimiento cada vez más radical y fanático sostenido por una ideología maximalista, totalitaria y violenta que se afianzó al menos en tres países latinoamericanos y no tendrá reparos en golpear nuevamente sobre la vida y los bienes de ciudadanos inocentes del país que consideren hostil a sus intereses, tal como es proyectado por la mayoría de las agencias de seguridad internacional, y contra las opiniones vertidas por la mayoría de los académicos y opinólogos en materia de estudios sobre Oriente Medio.

La confirmación del avance de la ideología yihadista como raíz de la amenaza terrorista más significativa para Latinoamérica requiere de una política clara y bien delineada. Ante ello, es necesario contar con herramientas jurídicas y expertos que conozcan el idioma, las pautas culturales y los aspectos idiosincrásicos elementales de la región de la que provienen los fundamentalistas.

Europa ha desarrollado herramientas legales al respecto, pero se ha quedado a mitad de camino. EEUU mantiene los mismos protocolos creados en 2002, luego del ataque a las Torres Gemelas. Pero Latinoamérica adolece de políticas claras y de especialistas sobre el tema. La República Argentina no es ajena a esa falta de protocolos efectivos y legislación pertinente como los demás países de América del Sur. Lo cual no deja de sorprender, toda vez que ha sido blanco en su suelo de los ataques más devastadores que hayan tenido lugar fuera de la región natural donde el fundamentalismo opera históricamente.

Expertos y analistas deberían explicar este problema cooperando en establecer programas adecuados de cara a ilustrar los vínculos entre ideología y terror, que en nada tiene conexidad con una religión como el Islam, a la que los terroristas han distorsionado y secuestrado. Para ello, aconsejo especialmente a los miembros de las Comisiones del Congreso argentino implicados en la seguridad y la defensa del territorio nacional que actúen a la luz de este importante marco de la realidad y expandan la labor legislativa para investigar esta amenaza y dar una respuesta de forma legal y eficaz, incluyendo el aporte profesional de especialistas idóneos sobre el flagelo del integrismo.

Los informes y las evaluaciones de las agencias de seguridad occidentales indican que los musulmanes de América del Norte y América del Sur están menos influenciados que los musulmanes residentes en Europa Occidental, donde la amenaza ‘natal’ es creciente y significativa. Estos datos deberían ser extendidos y dirigidos a evaluaciones que ayuden a comprender las tácticas utilizadas por los yihadistas para explotar esa influencia en Europa para compararla con las utilizadas por adherentes al fundamentalismo en Latinoamérica para generar influencia y radicalización. De ese modo, se podrá estudiar y neutralizar cualquier amenaza al sistema democrático, la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

La neutralización preventiva de la radicalización ‘natal’ debería ser una de las principales prioridades de los gobiernos Occidentales. En este punto, Argentina, que ha sido víctima del peor ataque terrorista en Sudamérica, debería considerar este elemento primario para comprender mejor el proceso ‘de simpatizantes a activistas, para pasar luego a actuar como abiertos elementos de apoyo a los terroristas’. Se debe desarrollar una estrategia para hacer frente al proceso de formación de un terrorista ‘desde su militancia a seguidor real’, y luego, ‘a verdugo del terror yihadista’ (recomiendo en este aspecto una nueva zona de investigación sobre ‘la psicología reivindicativa del terrorista’, que desarrolle en uno de los capítulos de mi libro La Yihad global, el terrorismo del siglo XXI).

En otras palabras, los legisladores deben ofrecer la herramienta legal a través de la cual se pueda establecer un sistema que irrumpa en el proceso yihadista en sus primeras etapas, en lugar de hacerlo cuando el ataque y el crimen ya se ha cometido. Para ello, el gobierno argentino y el Congreso deberían trabajar con verdaderos expertos en la materia. Sera a través de especialistas que se podrá garantizar que el léxico utilizado en declaraciones públicas sea claro y preciso, y no que éste opere en favor del fundamentalismo.

Esta última recomendación es la más delicada de todas. Los europeos han fracasado estrepitosamente a la hora de producir un léxico antiyihad porque dependieron de los consejos de académicos e investigadores que defienden la inocencia y el candor del yihadismo, y proponen una dirección lingüística errónea al conceptualizar el flagelo. ‘El yihadismo no es yoga ni un ejercicio espiritual’, es violencia, desde su discurso originario a su acción final. El resultado de su negación será contraproducente y generara mayores problemas.

Tampoco los asesores del presidente Obama comprendieron que el lenguaje es un punto vital en la materia. El léxico siempre debe estar en línea con los lineamientos estratégicos generales del rechazo a la lógica yihadista con un discurso democrático, secular y constitucional, sin incrementar la referencia a conceptos religiosos en respuesta al yihadismo religioso.

La realidad de los brutales ataques sucedidos en Buenos Aires ya no puede revertirse, sólo cabe apoyar la investigación judicial llevada por la justicia argentina en el esfuerzo de juzgar y encarcelar a los responsables. Pero aún se está a tiempo de prevenir hacia el futuro. Es en tal dirección que se debe desarrollar rápida y eficazmente una plataforma legal completa para evitar que esos crímenes se repitan, tal y como puede suceder.