Aunque la reforma es justificada en nombre de que el voto electrónico y la boleta única serán un golpe al control de la elección por parte del aparato de punteros, el proyecto elaborado termina beneficiándolos al mantener la obligatoriedad de los partidos o las alianzas de elegir sus candidatos en elecciones internas, pero con voto optativo y no obligatorio. Así, al reducirse el universo de votantes, el peso relativo de los votos movilizados por los punteros crece significativamente. Y con ello la capacidad de imponer sus candidatos.

El proyecto contiene una contradicción flagrante, porque establece que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) son obligatorias para los partidos o las alianzas, pero optativas para el electorado. Y empeora las cosas aún más al mantener en estas nuevas condiciones el requisito proscriptivo de superar el piso del 1,5 por ciento. Esto porque el porcentaje de cada lista dependerá de un total de votantes condicionado por las características que tengan el resto de las competencias internas. Por ejemplo, si un partido o una alianza deciden ir con una única lista a las PASO, seguramente, dado el carácter no obligatorio del voto, movilizarán menos a su electorado. Pero si otra fuerza recurre a las PASO con varias listas, tendrá mayor cantidad de votantes. Al final, el porcentaje de votos de cada partido o alianza no se relaciona con el electorado en general, sino con las internas de otros partidos.

Las PASO fueron creadas como una vía para superar la atomización política de los partidos tradicionales, golpeados por sus crisis sucesivas, especialmente luego del 2001. Para ello se consagró una mayor intervención del Estado en la vida interna de los partidos políticos, una acción conservadora, pues tiende a la reproducción del statu quo. Se estableció, incluso, que el electorado decidiera los candidatos de los partidos o las alianzas, cuando esto debe ser una decisión soberana de cada fuerza política, de acuerdo con su programa y su metodología.

El balance indica que ha fracasado. El kirchnerismo, que impulsó la ley, nunca recurrió a ella para resolver sus principales candidaturas presidenciales. La excepción fue la provincia de Buenos Aires, donde no pudo eludir las denuncias de fraude a favor de Aníbal Fernández. La modificación actual podría estar al servicio de que el macrismo intente dispersar al Partido Justicialista (PJ), al buscar que se presente en varias listas. Sea así o no, estamos en presencia de un nuevo intento de los gobiernos de turno de manipular el proceso electoral a su favor.

La reforma actual empeora las características negativas de la ley vigente, al reforzar la intervención del Estado y las cláusulas proscriptivas ya existentes. De lo que se trata no es de modificar las PASO sino de eliminarlas por completo, dándoles a los partidos la plena libertad para funcionar de acuerdo con la decisión soberana de sus militantes.

Mientras los “liberales” del macrismo refuerzan la intervención del Estado, los socialistas reclamamos la plena libertad política.

Al desdecirse de sus propias palabras, Kicillof no hizo otra cosa que seguir la posición de las grandes cámaras inmobiliarias. Estas pusieron el grito en el cielo ante una medida que, aunque tibia, afecta sus negocios actuales. Ocurre que un impuesto de este tipo serviría para incrementar la oferta de inmuebles para alquiler, lo que ante una demanda constante debería redundar en una baja de los alquileres. De este modo, tendríamos una afectación de la renta, ya sea por la vía de la baja de los alquileres o por una carga impositiva especial a quien adquirió una propiedad como reserva de valor de un activo dolarizado. De una manera indirecta y limitada, un impuesto a la vivienda ociosa conduce a una apropiación de la renta del suelo por parte del Estado.

La marcha atrás de Kicillof fue conceptual. Arguyó que la afectación de la renta derivaría en una caída de la construcción, pues las grandes constructoras verían afectada sus beneficios. Para alejar toda duda sobre sus propias convicciones, el ministro puede citar que fue él mismo y en persona quien se hizo presente en la Legislatura de la ciudad para asegurar el voto de la bancada kirchnerista al proyecto de ley elaborado con el PRO para entregar las tierras ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers a grupos como IRSA, del empresario oficialista Eduardo Elsztain, quien a su vez controla el Banco Hipotecario. La defensa de estos negocios inmobiliarios ha sido la base de los pactos entre el macrismo y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires.

El impacto de un impuesto a las viviendas ociosas es limitado para afrontar la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Un capitalista que compra propiedades como medio de ahorro puede estar dispuesto a pagarlo, como lo hace de hecho con otros gastos, como ser las expensas o el inmobiliario. Por ello mismo, una salida de fondo requiere un programa que vaya a la raíz del problema. Este debe contener la construcción de viviendas sociales por parte del Estado, la utilización de las tierras públicas con esa finalidad, compatibilizando con las necesidades de espacios verdes y esparcimiento, la urbanización de las villas, la declaración de áreas protegidas de barrios como La Boca o Barracas, donde es necesario una política pública para reacondicionar viviendas en mal estado, evitando así que caigan en manos de las grandes constructoras. El financiamiento de un plan de este tipo requiere la colocación de impuestos especiales a los grandes especuladores inmobiliarios y la transformación del propio sistema financiero, empezando por el Banco Ciudad, que debe invertir sus recursos en préstamos hipotecarios a tasas bajas, en vez de especular con los títulos de la deuda pública.

Un programa de este tipo está en las antípodas de Kicillof y su Gobierno, cuyos funcionarios han incrementado su fortuna personal comprando inmuebles en los barrios de lujo de la ciudad, como Puerto Madero.

El derecho de los trabajadores a vivir en la ciudad y la solución a la cuestión de la vivienda requiere una transformación social integral.