Al desdecirse de sus propias palabras, Kicillof no hizo otra cosa que seguir la posición de las grandes cámaras inmobiliarias. Estas pusieron el grito en el cielo ante una medida que, aunque tibia, afecta sus negocios actuales. Ocurre que un impuesto de este tipo serviría para incrementar la oferta de inmuebles para alquiler, lo que ante una demanda constante debería redundar en una baja de los alquileres. De este modo, tendríamos una afectación de la renta, ya sea por la vía de la baja de los alquileres o por una carga impositiva especial a quien adquirió una propiedad como reserva de valor de un activo dolarizado. De una manera indirecta y limitada, un impuesto a la vivienda ociosa conduce a una apropiación de la renta del suelo por parte del Estado.

La marcha atrás de Kicillof fue conceptual. Arguyó que la afectación de la renta derivaría en una caída de la construcción, pues las grandes constructoras verían afectada sus beneficios. Para alejar toda duda sobre sus propias convicciones, el ministro puede citar que fue él mismo y en persona quien se hizo presente en la Legislatura de la ciudad para asegurar el voto de la bancada kirchnerista al proyecto de ley elaborado con el PRO para entregar las tierras ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers a grupos como IRSA, del empresario oficialista Eduardo Elsztain, quien a su vez controla el Banco Hipotecario. La defensa de estos negocios inmobiliarios ha sido la base de los pactos entre el macrismo y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires.

El impacto de un impuesto a las viviendas ociosas es limitado para afrontar la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Un capitalista que compra propiedades como medio de ahorro puede estar dispuesto a pagarlo, como lo hace de hecho con otros gastos, como ser las expensas o el inmobiliario. Por ello mismo, una salida de fondo requiere un programa que vaya a la raíz del problema. Este debe contener la construcción de viviendas sociales por parte del Estado, la utilización de las tierras públicas con esa finalidad, compatibilizando con las necesidades de espacios verdes y esparcimiento, la urbanización de las villas, la declaración de áreas protegidas de barrios como La Boca o Barracas, donde es necesario una política pública para reacondicionar viviendas en mal estado, evitando así que caigan en manos de las grandes constructoras. El financiamiento de un plan de este tipo requiere la colocación de impuestos especiales a los grandes especuladores inmobiliarios y la transformación del propio sistema financiero, empezando por el Banco Ciudad, que debe invertir sus recursos en préstamos hipotecarios a tasas bajas, en vez de especular con los títulos de la deuda pública.

Un programa de este tipo está en las antípodas de Kicillof y su Gobierno, cuyos funcionarios han incrementado su fortuna personal comprando inmuebles en los barrios de lujo de la ciudad, como Puerto Madero.

El derecho de los trabajadores a vivir en la ciudad y la solución a la cuestión de la vivienda requiere una transformación social integral.

No es casual que en la “marcha kirchnerista” hayan estado ausentes los reclamos fundamentales que tienen los sectores populares de la Ciudad. No figuraba el rechazo a la implementación de la Ley Nacional de Educación en la Ciudad que reclaman docentes y estudiantes. Se entiende por qué es el gobierno nacional el que presiona para que la reforma educativa que descalifica la escuela secundaria sea aplicada en territorio porteño. Tampoco había carteles denunciando la construcción en terrenos ferroviarios de megatorres y shoppings, porque es el propio kirchnerismo el que impulsa esta política repudiada por los vecinos, lo que ocurre tanto en Caballito como en Palermo. El grupo Roggio, que maneja el subterráneo, estuvo al margen de las críticas, porque los K le han dado el manejo de todos los trenes metropolitanos. Las referencias al Borda fueron para engañar incautos, ya que el bloque K votó construir el centro cívico en el sur utilizando para ello, como quería Macri, los fondos de la venta del Edificio del Plata. Lo mismo vale para las obras por las inundaciones, que son responsabilidad de ambos gobiernos. En el caso del arroyo Medrano, requiere una obra que alcance a la provincia de Buenos Aires, pero los vecinos de Saavedra denuncian que a varios meses de la inundación todo sigue igual.

Con la movilización a la jefatura de gobierno, el kichnerismo mostró que su estrategia electoral es polarizar con el macrismo. Es un recurso desesperado, para evitar una fuga de votos que a esta altura parece inevitable. Pero la disyuntiva “o la derecha macrista o el kirchnerismo” como receta está gastada. Para peor, ya mostró que quien se beneficia principalmente es el propio macrismo. De esto se deduce que el mejor aliado de campaña del kirchnerismo será Durán Barba, el ideólogo del PRO que también busca armar una polarización con el gobierno nacional. A su manera, lo reconoció Cabandié al decir “aspiramos a mantener el senador por la minoría”; o sea, que gane Macri.

Si el kirchnerismo fue incapaz de polarizar con el macrismo cuando Cristina Kirchner obtuvo el 54% de los votos, mucho menos podrá ahora, cuando el retroceso oficial es un dato incontrovertible. A su favor, sólo tienen un dato: la derechización profunda del centroizquierda de Pino Solanas y el FAP, que han armado con el UNEN un maridaje con los Prat Gay y Terragno. Pero la explotación de esta derechización requiere tener un programa del que carecen los kirchneristas. Los intereses inmobiliarios y financieros que están detrás del macrismo son los mismos que animan a los K y al UNEN.

En su lanzamiento de campaña electoral, el kirchnerismo dejó expuestas limitaciones insalvables. Incapaz de protagonizar una verdadera movilización popular, lo de Cabandié fue un corso a contramano. De aquí surge una conclusión: para enfrentar a la derecha macrista hace falta reforzar a la oposición que encarna el Frente de Izquierda.