Detrás del presupuesto

Es indudable que el proyecto de Presupuesto 2014 enviado por el gobierno al Congreso es un “dibujo”. Tampoco son ciertas las proyecciones de inflación o el superávit fiscal que se anuncian, por lo que se marcha a un agujero del fisco de proporciones a financiar mediante la emisión monetaria y el saqueo de la Anses, el Banco Nación, el Central y otras cajas del Estado. Detrás de la adulteración estadística se esconde el propósito de manejar la política económica por medios de excepción.

La oposición denuncia el “dibujo”, pero no cuestiona en lo más mínimo el tema de fondo. El Presupuesto plantea utilizar casi 10.000 millones de dólares del Banco Central para cancelar vencimientos de capital de la deuda externa, así como una cifra exorbitante en pesos para enfrentar el vencimiento de intereses. Dentro de los pagos presupuestados para 2014, estarían los 4.000 millones de dólares para el Cupón PBI, que surgiría de presentar un crecimiento económico muy por encima del real. El pago de este Cupón, desde que fuera emitido con el canje de deuda del año 2005, sirvió para neutralizar la promocionada “quita” realizada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Finalmente, es una de las causas que explican por qué la deuda pública creció hasta superar holgadamente los 200.000 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso pagamos deuda por 176.000 millones -según reconociera la propia Presidenta cuando se autocalificó como “pagadora serial”.

En busca de un acuerdo

El pago del Cupón PBI que establece el Presupuesto para el año que viene no puede explicarse si no es por el intento del gobierno de ofrecerle un gancho a los acreedores y a los fondos buitres para buscar un acuerdo por afuera de la Justicia de Nueva York. Ha trascendido que el acuerdo podría incorporar el pago en efectivo de una parte de la deuda y el resto ser compensado con la emisión de nuevos bonos, a los que se le añadiría el cupón PBI. En cualquier caso, el resultado final sería un nuevo incremento del stock de deuda, lo que la llevaría por encima de la relación promedio entre la deuda y el PBI que Argentina tuvo en la década del ’90.

Para avanzar en la negociación con los fondos buitres, el gobierno debe resolver toda la agenda pendiente que reclama el capital financiero. Por eso mismo, ya habría un acuerdo con las cinco empresas que ganaron los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a las cuales el gobierno les pagaría 500 millones de dólares emitiendo nuevos bonos. Pero la lista en el Ciadi es más larga: está el caso Repsol, el más importante de todos, con su demanda por la expropiación de sus acciones por parte del Estado. De más está decir que el reconocimiento de los juicios en el Ciadi, un tribunal que pertenece al Banco Mundial y que viola por completo la soberanía nacional, supone otro factor de aumento de una deuda usuraria.

Con la negociación con el Ciadi y con el Club de París (que reclama una deuda de 7.000 millones más intereses), el gobierno gana tiempo para cerrar un acuerdo con los fondos buitres. Es que recién el año que viene vence la cláusula que Néstor Kirchner inscribió en el canje de 2005, que establecía que cualquier beneficio que se le otorgue en el futuro a un bonista que no entró al canje debe generalizarse para todos. Pasada esa fecha, el gobierno queda con las manos libres para cerrar un acuerdo con los fondos buitres, entregándoles nuevas concesiones.

Endeudamiento y devaluación

Estas negociaciones realizadas por el gobierno suponen, en el caso de prosperar, un cambio general de la política económica. La necesidad de hacer frente a nuevos pagos de la deuda requiere el ingreso de dólares del exterior, los que no pueden depender exclusivamente de un saldo comercial favorable -el cual, dicho de paso, está en claro retroceso. Pero el ingreso de dólares no es compatible con el cepo cambiario y con la restricción existente en el giro de utilidades, como lo probó el fracaso del blanqueo de capitales y la emisión de Cedines. El gran capital reclama recuperar libertad de movimientos para llevar a cabo un nuevo ciclo de endeudamiento. Quien dio el primer paso en ese sentido fue la “nacional y popular” YPF, que colocó deuda en Londres como parte de un plan más amplio de endeudamiento en esa y en otras plazas del capital financiero internacional.

Este giro general de la política económica no puede darse sin una fuerte devaluación de la moneda, la que permita, por un lado, levantar el cepo y las restricciones al giro de divisas y, por el otro, incentivar el ingreso de dólares mediante el abaratamiento generalizado de la economía. Una devaluación de tal magnitud podría conducir a una hiperinflación, salvo que se la complemente con fuertes medidas recesivas -como, por ejemplo, la reducción del gasto público con un ajuste fiscal y, por sobre todo, con un ataque directo al salario de los trabajadores.

La clase capitalista reclama este giro. Como parte de las previsiones de lo que se viene, deben entenderse las negociaciones sobre un nuevo índice inflacionario que se están sustanciando entre el equipo económico y el FMI. La idea es preparar el terreno para habilitar una indexación de la economía, que alcance incluso a los títulos de deuda que emita el gobierno. De este modo, queda claro que el llamado “desendeudamiento” -el cual fue una transferencia de deuda del gran capital financiero a la Anses, el Banco Central y hasta el Pami-, será usado ahora para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional.

La campaña electoral

El desarrollo de la campaña electoral de acá a octubre estará atravesado por los intentos del gobierno de arribar a un acuerdo con los fondos buitres, el Ciadi y el FMI. De igual modo que el gobierno sepultó su política de “derechos humanos” para poner al pistolero Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la derrota sufrida en las PASO acelera la tendencia ya existente en el gobierno para tomar el programa de la clase capitalista a favor de una devaluación, un ajuste y un nuevo ciclo de endeudamiento que pagarán con creces los trabajadores.

En esta nueva fase de la campaña electoral que se abre, el Frente de Izquierda denunciará la dependencia del gobierno y de la oposición tradicional con los saqueadores del país.

Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).

La creación del Consejo de la Magistratura no modificó en nada esta situación, como lo prueba el hecho de que los gobiernos siguieron designando a jueces de su agrado. El kirchnerismo no ha sido la excepción a esta regla. Nombró a buena parte de los jueces actuales, incluso a los miembros de la Corte Suprema, y contó con el aval del Poder Judicial para sus medidas de gobierno. El choque actual se asemeja, por lo tanto, a una crisis entre socios o ex socios cuando la sociedad que conformaron entra en decadencia. Es lo que ocurre ahora, pero mientras el gobierno pretende enfrentarla con medidas de excepción que le posibilite seguir pagando la deuda externa y bancando un régimen de subsidios que llevó a la quiebra al Estado, el Poder Judicial sale en defensa de intereses capitalistas enfrentados con el gobierno.

Más allá de estas divergencias existen todavía fuertes coincidencias, como lo prueba el fallo de la Corte Suprema, a pedido del gobierno, levantando el embargo al monopolio petrolero Chevrón por la contaminación producida en Ecuador. La crisis en curso anticipaba que la elección del Consejo de la Magistratura sería rechazada por la Justicia. El gobierno, advertido de ello, decidió de todos modos seguir adelante considerando que al menos podría explotar en la campaña electoral una bandera democrática en contra de una oposición que defiende a las corporaciones. Pero aquí también incurrió en un error de cálculo grosero. Es que el requisito para que la oposición pagase un costo político era que la “reforma judicial” ganase un apoyo popular, algo que no ocurrió ni podía ocurrir. Esto por el simple motivo de que estaba dictada por intereses reaccionarios, como lo prueba la limitación del derecho a presentar cautelares contra medidas establecidas por el Estado, o el alargamiento de los procesos judiciales con la creación de nuevas Cámaras de Casación perjudicando los juicios laborales y provisionales.

En lo que hace a la “democratización” de la Justicia el gobierno nunca planteó la elección y revocabilidad de los jueces, sino sólo la elección de una parte de un organismo de tranzas como es el Consejo de la Magistratura, elección que para peor iría pegada a la sábana general de la lista de los partidos políticos.

El kirchnerismo, al final, hizo el peor de los negocios. No sumó nuevas fuerzas con su campaña por la “reforma judicial” sino que, por el contrario, perdió parte de su tropa llevándola a una pelea perdida. A la oposición, que estaba fragmentada y dividida, le entregó un triunfo en bandeja, y hasta le facilitó la tarea para que, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, armen un frente que aunque no deja de ser una bolsa de gatos, alcanza para dejar al kirchnerismo en tercer puesto, o sea, sin banca de senador.

Para el oficialismo, la elección del Consejo de la Magistratura tenía una finalidad inmediata: nacionalizar la elección con una boleta de distrito único, superando el carácter distrital de una elección parlamentaria que se le presentaba difícil de ganar. Pero esta maniobra se calló junto con la ley de Consejo de la Magistratura, con el agravante de haberle facilitado un triunfo político a la oposición de derecha. El kirchnerismo verificará en carne propia que los impasse políticos no se superan apelando a maniobras de corto plazo. La fragmentación de su propia tropa que quería ocultar se pondrá ahora de manifiesto, pero de manera agravada, ya que la derrota sufrida no tendrá un efecto neutro. Por el contrario, agravará el retroceso político del kirchnerismo convirtiendo las aspiraciones re-reeleccionistas de la camarilla K en una utopía.

La oposición, que va de Macri a Binner, festeja el fallo de la Corte Suprema mostrando que su programa es la defensa de una “corpo” judicial integrada por una casta de jueces inamovibles, que elijen a sus propios sucesores y aseguran el dominio de los grandes estudios jurídicos que responden a las corporaciones capitalistas.

El fallo de la Corte Suprema privó al país de un hecho que iba a ser clarificador: la lista única de Macri y Binner, pasando por Pino Solanas y cía. De todas formas nada nos privará, realizada ya esa presentación, de acusar a la centroizquierda de frente con Macri en grado de tentativa. Además no podemos descartar que mas temprano que tarde ese delito se consume hasta el final.

Con esta derrota no terminan los problemas del gobierno. Hace días llegó a la Corte Suprema la causa de la “ley de medios” y todo hace pensar que en lo esencial los “supremos” fallarán en defensa de Clarín. Una Corte llamada a defender la propiedad privada no es muy amiga de las “desinversiones” y maniobras patrimoniales que, aunque no cuestionen la esencia de la propiedad privada, afectan puntualmente a determinados capitalistas.

El gobierno entra al proceso electoral golpeado por esta derrota estratégica y por una creciente crisis financiera. Las maniobras para superar la crisis se le han vuelto en contra. El agotamiento del kirchnerismo, como resultado inexorable de sus propias limitaciones, se acelera. El Frente de Izquierda llama a sacar las conclusiones de este fracaso y reforzar la construcción de una alternativa obrero y socialista.