Un estudio reciente que realizamos desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación de la Nación reveló que, a pesar del contexto económico, la contratación de personal no se detuvo, pero tres de cada cuatro empresas (78,7%) tuvieron dificultades para cubrir las vacantes abiertas. Esto se debió principalmente a falta de competencias técnicas duras, falta de experiencia y de postulantes.

El impacto de esta brecha no fue neutral: 85% de las empresas advirtió que las limitaciones de mano de obra calificada de perfil técnico han incidido en su estrategia de negocios y competitividad, ya que las han forzado a operar con menores niveles de productividad y mayores costos o estándares de calidad por debajo de los requeridos por el cliente.

En términos generales, las empresas manifiestan cierta conformidad con el desempeño de los empleados en tareas técnicas y operativas. Pero también alertan sobre la dinámica declinante de la calidad de los recursos humanos y ciertas brechas de valores, habilidades y conocimientos que se están tornando crecientemente en “cuellos de botella” para la competitividad y el desarrollo.

Ante las dificultades para conseguir personal calificado, el 85,3% de las empresas optó por suplir las deficiencias capacitando a sus colaboradores, tanto a los nuevos (60,2%) como a aquellos que, ya integrados a la empresa, habían sido asignados a la nueva tarea (25,1%). Sin embargo, apenas un 12% recurrió a convenios con instituciones educativas para llevar a cabo las capacitaciones.

La falta de integración orgánica entre el mundo de la educación y el del trabajo que revelan estas cifras plantea una oportunidad, en línea con los objetivos trazados a nivel nacional de unidad y erradicación de la pobreza. Desde los diferentes ministerios se está buscando coordinar una agenda de talento donde la definición de planes de capacitación y formación incluya el entendimiento de las capacidades y las habilidades requeridas por el sector socioproductivo, de manera que no sólo generen más empleabilidad, sino también mayor movilidad social ascendente para el joven adulto.

Australia nos provee de un modelo exitoso, a través de un formato que supo integrar un rol activo del Estado con el involucramiento del sector corporativo y las escuelas, orientado a que el sistema educativo formara estudiantes capaces de contribuir al crecimiento económico y el desarrollo del país. Se trata de los Consejos de Capacidades Industriales (Industry Skills Council, en su versión original), entidades independientes dedicadas a identificar, planificar y responder a las necesidades de competencias en cada una de las industrias, y con una responsabilidad primaria en la definición de los marcos de referencia curriculares.

Dichos Consejos cuentan con financiamiento público y hay uno prácticamente por cada complejo productivo del país: agrícola, automotriz, energético, sanitario, forestal, de servicios, tecnológico, de manufacturas, gubernamental, entre otros. Se caracterizan por un importante dinamismo, ya que de manera anual deben presentar planes de mejora que reflejen las nuevas competencias requeridas por su sector.

En Argentina contamos con el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (Conetyp), un órgano consultivo creado por la ley de educación técnico-profesional n° 26058, que asiste en todos los aspectos relativos al desarrollo y al fortalecimiento de la educación técnico-profesional. El Conetyp tiene una representación tripartita que integra al sector público, al productivo y a representantes gremiales.

Entre otras atribuciones, el Consejo busca, a través de una red de consejos provinciales, que desde diciembre se han puesto en funcionamiento en doce jurisdicciones, generar un impacto sobre el desarrollo regional. Una de las herramientas con las que cuenta es la definición del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones que define la oferta formativa basándose en las diferentes funciones, posiciones y figuras laborales disponibles en el mundo productivo, lo que sirve de insumo clave para el desarrollo de políticas de empleo.

En Argentina, se espera un crecimiento en la demanda de trabajadores calificados de perfil técnico para todos los sectores de la economía, gracias al impulso del crecimiento económico y el inicio de un ciclo de inversiones, así como por los procesos de tecnificación, reingeniería e innovación, en general, en los distintos complejos productivos. Ya estamos en marcha para que la demanda encuentre la suficiente disponibilidad de perfiles entrenados para construir un futuro competitivo y de cara al mundo.

Emprendedores e innovadores insisten en que estas transformaciones marcarán el fin de la monotonía en el trabajo, pero las consecuencias podrían ir más allá. Según pronósticos de la consultora McKinsey, para 2025 la automatización podría reemplazar a unos 250 millones de trabajadores en todo el mundo. Esto podría significar una reducción de tareas repetitivas y tediosas, pero también implicaría que, sin una formación complementaria, muchos trabajadores quedarían despojados de los medios para desarrollar nuevas habilidades o bien comenzar su propio negocio. La mayoría de los análisis pone foco en los sectores obvios: trabajos de línea, ensamble u otros rutinarios, pero también impactará sobre otros trabajos basados en la interpretación de datos predecibles, fácilmente reemplazables con inteligencia artificial. La tercerización sentirá los efectos, gracias a que los costos de tecnologías de la información (IT, por sus siglas en inglés) se recortarán en un 60% hacia 2017 a partir de estas nuevas herramientas, según estimaciones de la firma Gartner, por lo que menos empresas trasladarán estos costos fuera de sus países.

Esto ha motorizado una enérgica conversación en los Estados Unidos. El libro Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future del emprendedor Martin Ford ha llamado la atención de todo el espectro político. Algunas publicaciones de referencia como The Atlantic y Foreign Affairs han puesto el tema en sus portadas más recientes.

Para Ford, un futuro definido por la inteligencia artificial es inevitable. “Cambiará definitivamente una de nuestras presunciones básicas sobre la tecnología: que las máquinas son herramientas que incrementan la productividad de los trabajadores”, escribe en su libro. “Sin embargo, son las máquinas las que están convirtiéndose en trabajadores, mientras la línea divisoria entre capital y trabajo se desdibuja como nunca antes”.

Pero aun quienes se encuentran a la vanguardia de esta revolución tecnológica advierten sobre los potenciales riesgos. “Pienso que tenemos que ser muy cuidadosos sobre la inteligencia artificial”, dijo el cofundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk. “Si tuviera que adivinar cuál es nuestra mayor amenaza existencial, posiblemente diría que es esta. Con la inteligencia artificial estamos convocando al demonio”. Estos comentarios hacen eco de las advertencias de Stephen Hawking y otros científicos e inventores.

Del otro lado del debate, los defensores de la inteligencia artificial dudan que los robots sean alguna vez capaces de sustituir a los seres humanos, por la creatividad, el liderazgo y la resolución de conflictos que solamente nosotros pueden proveer. Otros señalan que las disrupciones que ya ocurrieron por efecto de este tipo de tecnologías no son nada comparadas con la invención de la electricidad, la luz o el teléfono. Más del 80% de los estadounidenses solía ser granjero, por ejemplo, pero la tecnología les ha permitido dejar los campos e invertir su tiempo en otras cuestiones.

Esta conversación no ha tenido mucha cabida en América Latina, a pesar de que la inteligencia artificial podría tener un efecto negativo para la región. Mientras el comercio se expandió en los noventa, gran parte de la industria textil latinoamericana viró hacia Asia. Este patrón podría repetirse con la automatización si los call centers, los consultores en sistemas y el resto de la industria regional de tercerización de procesos (BPO, por sus siglas en inglés) deciden que es más barato “volver a casa”, a los Estados Unidos.

Es por eso que es tiempo de que los líderes de América Latina presten atención al potencial impacto de estas tecnologías, especialmente los funcionarios educativos y sanitarios, dos de los principales generadores de empleo en la región. Luciano Tourn, un director ejecutivo del proveedor argentino de servicios Grupo Gamma, señala que los sistemas de salud necesitan una gran cantidad de capital humano altamente calificado. Para el sector, el desafío no es la falta de trabajos, sino la escasez de trabajadores calificados. “En los próximos años, será cada vez más importante para los proveedores de salud poder atraer y retener a los principales talentos”, dice Tourn.

Aún no podemos saber si la inteligencia artificial exaltará los desafíos de la humanidad, como aventuran algunos, o si será capaz de solucionar algunos de sus problemas más acuciantes, como los tecnooptimistas argumentan. Lo que está claro es que estas tecnologías traccionarán cambios transformadores de uno u otro tipo en todo el mundo, especialmente en América Latina. Los líderes de la región deben empezar a prepararse.

El fenómeno se repite en la educación superior. Los rankings se enfocan en el tamaño de los campus, la cantidad de publicaciones del cuerpo docente y la evolución del financiamiento, en lugar de la escala salarial y las oportunidades de carrera de los alumnos. Sin importar si se elige una licenciatura tradicional de 4 años o algún curso técnico vocacional, prácticamente no hay buena información sobre el destino de los graduados.

No está claro por qué no existe una demanda mayor de este tipo de información, o por qué las instituciones de alta calidad -que deberían enorgullecerse del éxito de sus alumnos- son reticentes a brindarla. Lo que salta a la vista es que esta opacidad acarrea un costo social. “Los estudiantes no tradicionales tienen particulares dificultades para culminar [sus estudios]”, concluye un reporte del Comité para el Desarrollo Económico de la Fundación Lumina, por “la incertidumbre relacionada con las opciones educativas y con los eventuales beneficios de continuar con el proceso de formación”.

Contar con información robusta sobre estos beneficios es crítico para los estudiantes, pero también es importante para mantener la transparencia de las instituciones con financiamiento público. En Estados Unidos, como en América Latina, el actual sistema de acreditación suele ser privado, a pesar de los más de 75 mil millones de dólares que se destinan anualmente en fondos federales al sector universitario. En 2013, la administración Obama impulso un necesario debate sobre la rendición de cuentas con un llamado a establecer pautas sobre accesibilidad y resultados educativos como criterios para recibir subsidios estatales.

¿De dónde saldrán estas pautas? Ya existen algunos emprendimientos orientados a cerrar las brechas. Payscale.com y Collegemeasures.org son dos que ofrecen información de rendimiento educativo de universidades en todo el país, mientras que Beyondeducation.org trabaja con el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida para brindar información estandarizada sobre el estado de empleo e ingresos de los graduados. En América Latina, Qfuturo.com está trabajando para asociar los perfiles de talento con estudios, carreras y niveles de ingreso.

En América Latina, también existen programas ministeriales con financiamiento público. “Chile Califica y el Observatorio Laboral para la Educación en Colombia son dos buenos ejemplos de cómo los Gobiernos están contribuyendo a proveer más información sobre la inserción laboral y la perspectiva salarial de la educación postsecundaria,” afirma Francisco Marmolejo, un especialista en educación superior del Banco Mundial.

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por ejemplo, analiza el sector en su reporte “Educación Técnica y Desarrollo Profesional en América Latina”. “El acceso simplificado a información útil sobre la oferta y demanda de cursos puede contribuir a superar las asimetrías y a lidiar con las fallas del mercado que ocurren cuando las empresas no pueden o simplemente fallan en invertir en formación laboral”, concluye el documento.

Las nuevas tecnologías tienen un gran potencial para contribuir a lidiar con estas asimetrías y conectar mejor a los estudiantes con el desarrollo de carrera más adecuado a sus intereses y sus talentos. La información colaborativa provista por millones de graduados puede ser una fuerza disruptiva, que empuje a las instituciones educativas a enfocarse en los que realmente importa y provea una orientación personalizada a los estudiantes más jóvenes que están decidiendo sobre su futuro.

En palabras de David Wessel, de Brookings, “los futuros alumnos merecen contar con buena información y fácilmente digerible sobre las tasas de inserción laboral y la escala salarial de los programas que están considerando.” Los estudiantes latinoamericanos están pidiendo sistemas educativos más receptivos a las demandas, como evidencian los movimientos de protesta en Chile, Brasil y Colombia. El progreso está en camino, pero, como concluye Wessel, “aun no hemos llegado todo lo lejos que podemos llegar”.