Así, el verdadero miedo no sería una supuesta vuelta a la década de los noventa, una ola privatizadora o la pérdida de derechos, lo que intenta diseminar absurdamente el kirchnerismo. La amenaza real para quienes dejen de ocupar posiciones privilegiadas en el Estado es que, finalmente, aterrice una Justicia independiente, profesional e imparcial. Una república. Para todos.

El cambio que se viene, por el que apostó más del 60% de los argentinos, es un país en el que los funcionarios ya no cuenten con la protección de jueces o fiscales, en donde se termine la designación a dedo de los responsables de investigar causas sensibles. En el que se instituya un Consejo de la Magistratura fuerte e independiente, en el que los magistrados no puedan ser presionados con denuncias infundadas, ni queden impunes cuando no desempeñen bien su función. Un país en el que se acaben los nombramientos, los ascensos o las remociones motivados exclusivamente por la simpatía política, a través de un nuevo sistema de subrogancias.

En esta república en puerta la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y el narcotráfico serán los principales objetivos de la investigación judicial y contarán con equipos especializados para perseguirlos, sin favoritismos.

En definitiva, el único miedo real no es por lo viejo, sino por lo nuevo. Ese miedo lo tiene el Gobierno, no la gente. La mayoría de la población votó sin temor y con convicción para tener una Argentina mejor, con una Justicia más justa, donde todos seamos iguales ante la ley. Por más que a algunos les asuste, ese es el cambio que piden los argentinos.

Hace años que vemos cómo a la Justicia se le intenta recortar su independencia. Es una molestia para muchos funcionarios nacionales, que buscan nuevas formas de atacar a uno de los tres poderes del Estado, según nuestra Constitución Nacional.

Cuando a la Presidente y a aquellos que están en el poder junto a ella les excede el control que pueden tener sobre las investigaciones judiciales, van por quienes se interponen en sus caminos. Ejemplos lamentablemente sobran: desde el apartamiento de Claudio Bonadio por querer investigar a Máximo, el hijo presidencial y ahora candidato, hasta el caso del fiscal José María Campagnoli, que resonó en las calles de todo el país, uniendo a los argentinos en un reclamo por una Justicia independiente.

Convertido el Congreso en una escribanía, ahora van por la Justicia. Sancionaron varias leyes que apuntan a reformar el sistema judicial, pero no se pueden sacar el sabor amargo de la declaración de inconstitucionalidad de varias de ellas.

El kirchnerismo continúa planteando excusas y supuestos tecnicismos sin fundamento, pero lo que los argentinos queremos es la verdad.

La solución es fácil para los corruptos de siempre: apartan a los jueces y a los fiscales que molestan y recurren a los amigos que los protegen. ¿Por qué el kirchnerismo no deja que la Justicia actúe si no hay nada ilegal que ocultar? Si estas actuaciones son operaciones políticas, como denuncian, ¿por qué no explicar la verdad?

Pero la pregunta más importante que nos tenemos que hacer los argentinos es si queremos seguir tolerando la corrupción que tanto nos dañó, o si queremos luchar contra la impunidad y generar un cambio.

No nos resignemos con lo mismo de siempre, no le tengamos miedo al cambio. Apuntemos a construir una sociedad más justa, donde los jueces y los fiscales puedan hacer su trabajo, donde los corruptos paguen por lo que se robaron, donde la gente no tenga miedo de salir a la calle y donde nadie se muera de hambre. Todos tenemos el derecho a vivir mejor.

Ejemplos sobran. Con la Ley de Medios presentaron como objetivo ampliar la difusión de ideas, pero ver al Jefe de Gabinete en una conferencia de prensa romper un artículo de un diario o mirar 678 en la Televisión Pública, financiado con el dinero de todos, hace ruido.

Idéntico modus operandi con la reforma de la Justicia, con la que prometían acabar con “las corporaciones” para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Sin embargo, ya se entreveía por la hendidura que esas reformas sólo llevarían a que garantizarles a los funcionarios del gobierno más poder e impunidad. Una agenda oculta.

En otro momento, llegó el caso del fiscal Campagnoli y para dibujar su persecución para echarlo por la investigación sobre el patrimonio presidencial, crearon un tribunal de enjuiciamiento digno de una parodia. Afortunadamente la alerta social pudo desarmar a tiempo ese dispositivo para evitarlo.

Y un día, apareció muerto un fiscal federal, poco tiempo después de presentar una denuncia gravísima contra la Presidenta de la Nación y el Canciller en la justicia; y a pocas horas de ampliarla ante el Congreso.

Ahí sí, ya las palabras dejaron de alcanzar. Intentaron descontroladamente imponer otra agenda: una reforma al servicio de inteligencia del que se sirvieron durante más de 10 años, la presentación de un candidato pobre en antecedentes para ocupar el cargo de juez en la Corte, un viaje a China, una torcedura de tobillo como cuestión de Estado. Lamentable. Doloroso.

La muerte de Nisman cambió las reglas de lo posible. De pronto, ya las palabras no calmaron, porque no podemos ni queremos creer más en ellas. Las palabras desfasadas de su contenido nos abrumaron. Es el límite. El fin de este juego macabro. Por eso, la marcha del 18 de febrero es tan significativa, porque es alzar la voz, en el silencio más absoluto. No más palabras. Cambios.

En estos tiempos y con mayor frecuencia, la realidad nos abre los ojos sobre el impacto de la corrupción en la vida cotidiana: el déficit energético y la crisis del sistema de transporte por la falta de control son algunos ejemplos. Pero, también ver parte del entramado de negocios con dinero que debería destinarse a servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la gente, hacen que siga subiendo la temperatura social y bajando la confianza en el país.

Esta realidad, lamentablemente, nos recuerda al final de la época menemista y el kirchnerismo logró reeditar ese escenario, pero con un ingrediente adicional: se habían podido crear mecanismos de control para prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción, que este gobierno se encargó de desmantelar. Lentamente el kirchnerismo fue tomando los distintos organismos de control, modificando las normas y aprovechando los baches preexistentes para armar una suerte de red de salvataje personal. Lograron no ser iguales ante la ley y tener privilegios especiales para no responder por sus acciones.

De esta forma, los funcionarios tienen influencia directa o indirecta sobre los organismos que deben controlarlos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas vacante hace cinco años; el Consejo de la Magistratura ocupado en disciplinar a los jueces y la Procuración General que hace lo propio con los fiscales “díscolos”, como Campagnoli y su equipo, por citar algunos casos.

Este esquema se repite a nivel normativo, pues sigue sin sancionarse una Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Ética Pública se convirtió en un compendio de buenas intenciones, al modificarse los requisitos de las declaraciones juradas y quitarse a la autoridad encargada de recibir denuncias, prevenir y controlar conductas antiéticas, nunca conformada por problemas políticos, pero que podría haberse mejorado y no amputado. Entonces, tenemos sospechas, podemos hacer denuncias, pero no hay ente que investigue y sancione. No hay canales institucionales que den garantía de control real.

Esto sucede a contramano de lo que ocurre a nivel internacional pues mientras que la Argentina sigue en los peores puestos del Índice de Percepción de la Corrupción ocupando el peldaño 106 de un total de 177 países, Uruguay se queda con el lugar 19. Pero también el Gobierno Nacional queda mal parado en la comparación respecto del nivel subnacional, que tiene un catálogo de provincias con leyes de acceso a la información pública y de ética pública, como por ejemplo, la Ley N°4895, promulgada recientemente por el Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

Este escenario es el indicio de que la etapa kirchnerista está llegando a su fin y que se abre la oportunidad de buscar alternativas nuevas, alejadas de las tradicionales que siguen haciendo mella en la confianza y en los recursos de los argentinos, tirando por la borda nuestra potencialidad. Es hora de animarnos a apostar por un nuevo modelo de país.