En 1994, la reforma de la Constitución Nacional confirió autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, y el traspaso de la Policía Federal se enmarca en la necesidad de completar ese proceso que manda el artículo 129 de la Carta Magna: «la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción».

Esta decisión es de vital importancia para la vida de los porteños, porque es definitorio para un Estado el manejo de la fuerza pública a través de la policía y la resolución de conflictos a través de la administración de justicia. En este sentido, el traspaso de la Policía coloca las decisiones sobre la seguridad ciudadana bajo la órbita de la representación política autónoma de la Ciudad.

Avanzamos en un proceso de autonomía que progresa también en la cercanía con el vecino y fomenta la participación ciudadana, gracias a una dinámica descentralización de funciones del Gobierno y a la generación de ámbitos de representación política en los barrios y las Comunas.

Tanto el Presidente de la República como el Jefe de Gobierno han planteado históricamente esta necesidad de autonomía, por lo que más que la consecución de una promesa de campaña, hoy sobresale la decisión política, que permitirá inexorablemente una mejor coordinación de esfuerzos en pos de una estrategia de seguridad integral. La eficiencia en conseguir mayores márgenes de seguridad requiere de un liderazgo político enérgico y responsable.

Más de 20 mil hombres, 54 comisarías y dependencias de la Policía Federal responderán ahora al Gobierno de la Ciudad, que se compromete a respetar antigüedad, obra social, retribución y jerarquía de sus agentes, así como sus valores y su sentido de pertenencia. El traspaso “con recursos” es también una muestra de esfuerzo y responsabilidad: comenzamos a dejar atrás aquel federalismo “torcido” que concentraba recursos en la caja nacional, mientras se deshacía en la responsabilidad de cumplir con el vecino.

Fortalecer la autonomía de la Ciudad es, en definitiva, fortalecer el sistema federal.

Hace años que vemos cómo a la Justicia se le intenta recortar su independencia. Es una molestia para muchos funcionarios nacionales, que buscan nuevas formas de atacar a uno de los tres poderes del Estado, según nuestra Constitución Nacional.

Cuando a la Presidente y a aquellos que están en el poder junto a ella les excede el control que pueden tener sobre las investigaciones judiciales, van por quienes se interponen en sus caminos. Ejemplos lamentablemente sobran: desde el apartamiento de Claudio Bonadio por querer investigar a Máximo, el hijo presidencial y ahora candidato, hasta el caso del fiscal José María Campagnoli, que resonó en las calles de todo el país, uniendo a los argentinos en un reclamo por una Justicia independiente.

Convertido el Congreso en una escribanía, ahora van por la Justicia. Sancionaron varias leyes que apuntan a reformar el sistema judicial, pero no se pueden sacar el sabor amargo de la declaración de inconstitucionalidad de varias de ellas.

El kirchnerismo continúa planteando excusas y supuestos tecnicismos sin fundamento, pero lo que los argentinos queremos es la verdad.

La solución es fácil para los corruptos de siempre: apartan a los jueces y a los fiscales que molestan y recurren a los amigos que los protegen. ¿Por qué el kirchnerismo no deja que la Justicia actúe si no hay nada ilegal que ocultar? Si estas actuaciones son operaciones políticas, como denuncian, ¿por qué no explicar la verdad?

Pero la pregunta más importante que nos tenemos que hacer los argentinos es si queremos seguir tolerando la corrupción que tanto nos dañó, o si queremos luchar contra la impunidad y generar un cambio.

No nos resignemos con lo mismo de siempre, no le tengamos miedo al cambio. Apuntemos a construir una sociedad más justa, donde los jueces y los fiscales puedan hacer su trabajo, donde los corruptos paguen por lo que se robaron, donde la gente no tenga miedo de salir a la calle y donde nadie se muera de hambre. Todos tenemos el derecho a vivir mejor.

Estoy convencido de que la Justicia es y tiene que ser no sólo un garante de la república haciendo equilibrio con los demás poderes, sino también un servicio para todos. Y es esta última tarea la que está incumpliendo. Nuestra Justicia, a nivel nacional, parece la del 1800, es arcaica. Es, en otras palabras, el único poder público que no se reformó a lo largo de los años –y eso que tuvo oportunidades- en ninguno de los dos planos claves: en la organización interna y en la gestión de los procesos. Esto, en la era de la tecnología de la información y la comunicación, parece impensado.

Las últimas reformas judiciales a nivel nacional buscaron seguir atentando contra el rol de la Justicia como órgano de control, sin siquiera intentar inclinar la balanza a favor la gente, los usuarios cotidianos. Se centran en restringir derechos y formas de acceso, en lugar de rebatir obstáculos.

Sin embargo, en nuestro país existen modelos alternativos que empiezan a mostrar que otras direcciones son posibles, que sólo se requiere de la voluntad política y de los operadores judiciales. No es fácil avanzar contra esas resistencias, pero, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se pudo. Este modelo mejoró la relación con la comunidad por dos razones básicas: está abierto a escuchar y da soluciones. Para citar algunas medidas, se reúne con vecinos, tiene oficinas descentralizadas y amigables para estar en distintos barrios, maneja horarios flexibles, trabaja todo el año (no tiene feria judicial), ofrece procesos alternativos para resolver conflictos tempranamente, utiliza la tecnología para acercarse, hace seguimiento de las causas, tiene estadísticas públicas y además, altos niveles de resolución de conflictos, es decir, de respuesta.

En la Ciudad estamos avanzando y lejos de querer ser sólo ejemplo, queremos que la experiencia trascienda y sea tomada en otros distritos. Queremos que, como en la Ciudad, el Estado, en sus tres poderes, esté siempre orientado a servir a la gente.