Dante Caputo, canciller del gobierno radical, y Vicente Saadi, senador justicialista, debatieron durante más de dos horas‎ frente a una teleaudiencia que días después participaría del referendo por el SÍ o NO frente al acuerdo.

Esa noche la televisión volvió a evidenciar, como lo había hecho un año atrás, en el cierre de campaña de Herminio Iglesias, la coexistencia de lo moderno con lo tradicional en la democracia recuperada. El‎ debate será recordado, entre otras cuestiones, por ciertos modismos y expresiones coloquiales de Saadi frente a la argumentación cartesiana de Caputo. ‎Eran los extremos de dos historias y cosmovisiones políticas que convivían en la primavera democrática.

Más allá de las diferencias de estilo y del resultado del debate, Caputo y Saadi pusieron a la democracia argentina en un mejor equilibrio‎. Una decisión tan trascendente como el destino del territorio fue mejor informada y deliberada ante la ciudadanía. La asistencia de Saadi al debate, quizás desconociendo la dinámica propia de la televisión y las implicancias que esto tendría en su caracterización pública, tuvo el valor de exponer un pensamiento divergente. A pesar de tener un amplio favoritismo la opción del SI, Caputo entendió que el debate era una oportunidad de comunicar al gran público las razones políticas para aceptar el acuerdo. 

Pensemos en otras cuestiones trascendentes de los últimos años, como las privatizaciones de empresas públicas, la creación de los fondos de pensión o la posterior reestatización, el matrimonio igualitario, el Código Civil o la Ley de Hidrocarburos. Todos estos temas tienen un gran elemento intergeneracional y medular en la organización social y económica de la Argentina. En todos estos casos, quienes lideran las opciones presidenciales en una u‎ otra época harían una enorme contribución debatiendo los temas como lo hicieron Caputo y Saadi.

Pero Caputo y Saadi fueron la excepción. Desde 1983, empezando por Luder y Alfonsín -que no se pusieron de acuerdo en los periodistas que harían las preguntas-, ‎nunca tuvimos un debate presidencial. En 1987, los debates entre Casella y Cafiero, entonces candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y entre Bordón y Baglini, entonces candidatos a gobernador de Mendoza, auguraban que íbamos camino al primer debate presidencial en 1989. Pero “la silla vacía” de Menem lo frustró. Tampoco hubo debate en las elecciones subsiguientes, bajo el argumento de escaso volumen cívico que esgrime que “el que gana no debate”. 

En 2015 hay una oportunidad única para poner a la democracia argentina en un nuevo y mejor equilibrio cívico. El año próximo, los candidatos que eventualmente participen del primer debate presidencial de la historia argentina evidenciarán su compromiso con el electorado y con una nueva forma de hacer política. Una nueva forma en la que los líderes políticos se comprometen, cada cuatro años, a argumentar y exponer sus diagnósticos y propuestas frente a los temas que interesan a los votantes. Un compromiso que definitivamente pone al debate público por sobre la táctica electoral.

La medida es positiva porque en el país existe una escasa disposición del sistema político a organizar debates electorales. La Argentina no tiene una ley específica que inste a los candidatos a participar en debates electorales, y la figura también está ausente del Código Nacional Electoral. De hecho, nunca hubo un debate presidencial en toda la historia argentina.

Por más especificidades que establezca una ley con respecto a la obligatoriedad, organización y condiciones del debate, está comprobado que la única forma de institucionalizar esta práctica es ejerciéndola en forma sostenida, generando las condiciones para el diálogo entre los partidos políticos, y permitiendo que éstos se apropien del proceso de organización de los debates. Un desafío adicional es que el debate se centre en una mirada prospectiva, más allá de la tendencia natural a juzgar o justificar el pasado que caracteriza a la política vernácula.

Las elecciones constituyen un ritual único en la vida democrática de un país porque en ellas los electores legitiman el vínculo con sus gobernantes. Los ciudadanos tienen derecho a votar informados pero para hacerlo necesitan conocer con antelación las propuestas y planes de gobierno de los candidatos.

El período previo a las elecciones es un momento clave para promover espacios de diálogo que permitan pensar el desarrollo a mediano y largo plazo, como también para debatir programas legislativos o planes de gobierno. Por la coyuntura electoral, la sociedad se encuentra particularmente receptiva a participar en este tipo de espacios y eso contribuye a incrementar la calidad e intensidad del debate público.

Sin embargo, para que el debate tenga sentido, los ciudadanos deben estar dispuestos a premiar a quien debate y a castigar al que no lo hace. Por eso, la existencia de una ciudadanía responsable y capaz de exigir a sus candidatos transparencia en sus programas de gobierno, coherencia en sus ideas y consecuencia en sus actos una vez que llegan el poder aparece como la condición indispensable para cambiar la despreocupación actual de la clase política por el debate de ideas.

De cara a 2015, el ejemplo de Chaco es alentador. Esta ley puede convertirse en un antecedente importante para que otras provincias que están llevando adelante reformas políticas y otros niveles de gobierno impulsen sus propias leyes. También es un paso más en el objetivo de institucionalizar un debate entre candidatos presidenciales. Otros países de la región, como Perú, Brasil, Chile y Colombia, ya han avanzado hace varios años en esta materia.