Así fue que dispuesto a honrar a quienes lo ungieron en el cargo, el nuevo secretario ya nos ha comunicado su primera gestión en procura de poner en jaque a la mismísima corona Británica, anunciando urbi et orbi que “serán sancionados civil y penalmente quienes realicen tareas de pesca en las adyacencias de nuestras islas sin el correspondiente permiso de pesca emitido por nuestro país”. Ya alguna vez le he comentado -amigo lector- que la porción sumergida de la patria se divide en tres partes: mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Esta última es la porción que se extiende desde la línea de más bajas mareas hasta las 200 millas mar adentro y en la cual, como estado ribereño, Argentina ejerce plenos derechos de explotación de sus recursos pesqueros y riquezas provenientes del lecho y subsuelo marinos.

Brevemente acotemos que a efectos de organizar la explotación racional de la pesca, nuestro país cuenta con un Régimen Federal de Pesca establecido por ley, que dispone el funcionamiento de un Consejo Federal Pesquero en el que representantes de todas las provincias con litoral marítimo y la Nación fijan los cupos de extracción de cada especie, las zonas de pesca y de veda, y el otorgamiento de permisos de pesca a buques tanto argentinos como extranjeros (que abonan el respectivo canon). Las decisiones de este consejo tienen en cuenta los dictámenes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que es el organismo independiente que realiza el estudio del la población ictícola en las distintas pesquerías del país.

En este contexto, todas las embarcaciones pesqueras que operan en la zona económica exclusiva circundante a Malvinas con permisos entregados por las autoridades kelper, lo están haciendo en realidad en aguas argentinas, lo que ha merituado la severa advertencia de nuestro flamante secretario de estado. Obviamente, la amenaza deviene abstracta en tanto y en cuanto esa porción de nuestro territorio no está bajo nuestro control tal como lo reconoce la propia AFIP cuando nos cobra el 35% de recargo para viajar a Puerto Argentino y cuando incluye a Malvinas como “territorios vinculados al Reino Unido”.

Anticipándose a nuestra sana crítica, la resolución indica que las sanciones apuntan a aquellas empresas pesqueras que operen en ambos mares (el usurpado por Inglaterra y el sujeto a nuestra soberanía efectiva), para lo cual se iniciarán “investigaciones” para ver cuáles son esas empresas y aplicar sobre ellas “todo el rigor de la ley”. A todo esto, claro está, primero habrá que modificar la ley, ya que la actual nada indica de aplicar ninguna sanción o prohibición a quienes operen en Malvinas y en el litoral marítimo continental en forma simultánea. Una vez que hagamos nuestros propios deberes, las empresas pesqueras internacionales harán los suyos, creando empresas paralelas sobre las que no ejerceremos el menor control y que serán las que operen en Malvinas, con alegres tripulantes saludando a nuestros buques de patrulla desde sus popas cargadas de pescado argentino.

Hablando de patrullas, la advertencia generalizada se complementa con la indicación expresa de un aumento sustancial de las actividades de patrullaje en nuestra zona económica exclusiva, algo sin lugar a dudas muy plausible, pero ya no para los ilegales pescadores malvinenses, sino para los cientos de buques que pescan en forma ilegal en nuestro propio mar soberano y que son muchísimos más que los que preocupan al secretario Filmus. Claro que habría que avisarle al funcionario que hace años que venimos descuidando por falta de medios (lease, barcos y aviones) nuestros 2.800.000 km2 de mar continental.

Con todo, justo es reconocer que todo lo que se haga (aun a título declamativo) para reafirmar nuestros derechos sobre Malvinas es bueno. El mundo debe recordar cada mañana que aquí en el lejano sur hay un pueblo dispuesto a no resignar lo que por derecho le corresponde. Si alguien pesca, extrae petróleo o explota de modo alguno nuestro mar hoy en poder del usurpador, que sepa al menos que está cometiendo un delito.

Ahora, sería mucho más auspicioso que el Estado argentino (algo más perenne que un determinado gobierno) ofrezca un discurso sin dobleces a la hora de pergeñar una estrategia sobre el tema Malvinas. La ya comentada torpeza de considerarlas fiscalmente extranjeras, so pretexto que no existe modo de implementar una excepción para los pocos argentinos que una vez al año viajan a honrar a sus muertos, es un despropósito mayúsculo.

Pero no es menos desafortunada (en este contexto) la decisión que hemos tomado respecto a impedir la llegada de cargas procedentes de nuestro país al puerto de Montevideo para ser luego reembarcadas con destino a otros mares, lo que ha producido un daño económico de proporciones mayúsculas a la mencionada terminal. Usted se preguntará amigo lector que tendrá que ver una cosa con la otra; mucho, muchísimo le diría. Una de las mayores dificultades que afronta cualquier estructura naviera que quiera operar en las lejanísimas islas Malvinas es el apoyo logístico. Dónde reaprovisionarse, dónde cargar combustible y fundamentalmente dónde reparar los buques. Siendo impensable hacerlo en puertos argentinos, el puerto de Montevideo aparece como la opción natural para hacerlo. ¿Cómo hará nuestro canciller para pretender lealtad charrúa a la hora de no aceptar en sus instalaciones portuarias a barcos procedentes o con destino a Malvinas, cuando le acabamos de quitar a ese mismo puerto el 50% de su operatividad? ¿Cómo declamar unidad “mercosuriana” si cuando nos conviene ignorar que somos un bloque político y comercial, lo ignoramos?

Tal vez la respuesta a este interrogante no la tenga ningún economista famoso, ningún brillante diplomático ni siquiera un estadista con mayúsculas, quizás sea más simple y se trate sencillamente de algo que por estos días parece ser uno de los bienes más escasos del mercado gubernamental. Me refiero al sentido común.

Transcurrida largamente la primera década y más allá de fastuosos mausoleos y decenas de calles con nombre propio, estamos lejos de estar en presencia de líder alguno que emule a los prohombres de antaño y la cosa no pinta mejorar en el corto plazo al menos.

Con mucho sentido común, el gobierno nacional ha determinado que este año sea declarado como Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown. Esto obedece a cumplirse en 2014 el bicentenario del llamado Combate de Montevideo, sin lugar a dudas un resonante triunfo naval de nuestras fuerzas emancipadoras, magistralmente conducido por Brown, un marino mercante irlandés que se enamoró de estas tierras y lucho por su libertad. Su ejemplo de entrega y su talento, ya que no era militar de carrera, le valieron ser considerado el padre de la Armada Argentina, si bien es cierto que recién sería Sarmiento quien crearía muchos años después la Escuela Naval Militar.

Cuestiones históricas al margen, Brown está presente en cada milímetro de nuestra marina militar, no sólo por los homenajes que se le brindan con frecuencia. Su ejemplo es inculcado en las aulas de todos los institutos de formación naval, sean estos semilleros de futuros oficiales, suboficiales, marinos mercantes (es decir colegas de Brown) y reservistas navales.

Sobre estos últimos (los reservistas), una de sus tradicionales fuentes de formación son los liceos navales militares, y obviamente el primus inter pares es el Liceo Naval Almirante Brown. Importantes hombres de la Argentina han pasado por sus aulas y hoy son excelentes profesionales civiles, deportistas, religiosos y artistas. La función principal de un liceo militar no es formar militares, sino futuros profesionales civiles con fuertes lazos con la institución que los formó y con valores y principios que los hagan líderes en su actividad, emulando en todos sus actos al legendario Guillermo Brown. En caso de necesidad, la patria cuenta en “reserva” con potenciales hombres y mujeres de mar aptos para defenderla.

Entre los “notables” egresados del Liceo Naval Almirante Brown, perteneciente a su promoción número 31, se encuentra nada más ni nada menos que una de las espadas más filosas del modelo nacional y popular. Me refiero a Don Ricardo Echegaray, co-creador de las conocidas y polémicas medidas restrictivas de las libertades económicas de los argentinos en el exterior. Además, el por entonces joven guardiamarina Echegaray prestó durante algunos años servicios militares efectivos en la Armada, alcanzando la jerarquía de teniente de corbeta, la que aún conserva, claro está.

Recordemos brevemente que nos referimos a las medidas que mientras intentan limitar con poco éxito el desplazamiento de las clases media y alta de nuestro país por el exterior, han resultado muy efectivas para complicarle la vida a miles de obreros y empleados procedentes de países limítrofes que han visto incrementados sus gastos de viaje en un 35% cuando intentan regresar a visitar a sus familias y que no podrán deducir ese recargo de ningún impuesto ya que no tributan ni ganancias ni bienes personales. También, fruto de su talento, los familiares de los camaradas caídos en Malvinas que quieran llegar a nuestras islas a colocar una flor en sus tumbas serán considerados para la autoridad tributaria nacional como viajeros al exterior. De paso, le cuento que como en la lista de destinos prefijados por la AFIP las Malvinas no aparecen, el viajero con ese destino debe elegir la opción “Territorios vinculados al Reino Unido” (nos salió patriota el tenientito). Aplausos le tributan desde el Foregin Office.

Sin juzgar -por no estar capacitado para ello- los resultados de la gestión del teniente Echegaray al frente de la agencia recaudatoria nacional, ni mucho menos intentar indagar si posee los recursos económicos para realizar sus particulares festejos de fin de año rodeado de familiares y empresarios (doy por descontado que podrá justificar hasta el último centavo de sus gastos), me quiero permitir reflexionar sobre todo aquello que al parecer no aprendió del todo bien durante su formación como hombre de mar.

Un marino aprende muchas cosas que son sólo aplicables en alta mar. Pero nos enseñan muchas otras que nos marcan para siempre en cada acto de nuestra vida. Una de esas es la de predicar con el ejemplo, tratar siempre de que nuestros subordinados o conducidos nos obedezcan no por miedo sino porque nuestra actitud amerita su respeto y obediencia natural. Se nos enseña también la diferencia entre el poder y el deber. De más está decir que en la historia naval argentina muchos han sido los marinos que confundieron los términos, pero eso no está bajo análisis en esta columna.

Un marino, uno de verdad, jamás tomará la ración de agua de su compañero si es que ésta escasea a bordo. Jamás abusará del cargo para obtener una porción más grande de alimento si sabe que la comida no alcanza. Nunca abandonará la nave (al estilo Schiettino) si hay camaradas o subordinados en peligro. Nunca hará lo que quiera, ni se conformará con hacer lo que pueda, intentará hacer por todos los medios a su alcance simplemente lo que deba.

Es por ello que reconociéndole al Dr. Echegaray su derecho a viajar al exterior cuando le plazca, asumiendo que los miles de argentinos sin luz, sin agua y en riesgo cierto de vida por falta de atención básica no hubieran mejorado su situación si él permanecía en el país; suponiendo que la gran cantidad de dólares que gastó en su pequeño lujo para nada nacional y popular son fruto de ahorros producidos antes de que él mismo le prohíba ahorrar en moneda extranjera a todos sus conciudadanos. Me permito decirle de capitán a teniente: usted realmente podía hacer todo lo que hizo, el problema está en que simplemente no debía hacerlo. Un poco de recato, una pizca de vergüenza, unas gotas de sentido común y un chorrito de compasión, deberían haber sido suficiente para hacerle dar cuenta de que sus camaradas de la vida civil (es decir, el resto de sus conciudadanos) no la están pasando bien. Usted es un oficial de la plana mayor del gobierno que conduce esta nave y como marino que es debería recordar que en medio de un temporal la tripulación debe mantenerse unida y en sus puestos de guardia.

Si luego de leer esta columna, abre la puerta de su guardarropas y ve colgado su uniforme de marino, recapacite en todo lo que aprendió y tal vez olvidó, podría tener un gesto digno y renunciar si no a su cargo en el gobierno, a su condición de hombre de mar al menos, y si no lo hace, recuerde que lo que Brown nos dijo fue: “Es preferible irse a pique que rendir el pabellón”. A pique teniente, no a Río de Janeiro.

La cultura popular alteró este acontecimiento netamente religioso, transformándolo en una ocasión propicia para jugarle alguna broma a familiares o amigos, quienes al morder ingenuamente el anzuelo tendido por el bromista reciben como irrefutable testimonio de su candidez un lapidario “que la inocencia te valga”.

En este tórrido diciembre de 2013, seguramente cuestiones relacionadas con la falta de energía eléctrica, el cepo al dólar, la inflación, las increíbles excusas de nuestros ministros y hasta la inexplicable ausencia de nuestra presidente en la emergencia habrán sido material propicio para más de un bromista.

Pero este 28 de diciembre en particular, quedará en la historia también como el día del regreso de “los santos inocentes”. Obviamente me refiero a esas dos cándidas criaturas conocidas por todos y todas simplemente como Camila y Hernán. Los jóvenes (para el caso del segundo, no tanto) ambientalistas de Greenpeace, retenidos bajo las garras del yugo de la implacable Justicia rusa por haber protagonizado una “inocente y pacífica” protesta para salvar al océano Ártico de un empetrolado final.

Estos dos ejemplos de la lucha popular contra el imperio (sea cual sea éste) violaron, en el desarrollo de su protesta, una parva de leyes nacionales rusas e internacionales; vale la pena recordar que mientras Camilita es una joven idealista de 21 años (lindo término, ¿no?) preocupada por la contaminación ambiental fronteras afuera de nuestra muy contaminada patria, Hernancito es todo un señor oficial de nuestra marina que alguna, vez si mal no recuerdo, juró entre otras cosas defender la vida humana en el mar aun a costa de la propia. Obviamente esto dista mucho de andar tripulando como oficial de navegación un barco que realizó una evidente violación de, cuanto menos, elementales reglas de seguridad marítima. Vale la pena recordar también que este idealista no es un voluntario sino que percibe un interesante sueldo en euros como tripulante de un rompehielos que se desplaza por intermedio de dos potentes motores diésel que queman combustible derivado del petróleo; de ése que se extrae de las profundidades marinas o de yacimientos terrestres por parte de petroleras que son combatidas por sus empleadores.

Pero dejando de lado la aventura soviética de nuestros dos niños prodigio y considerando que en el fondo son más inconscientes que delincuentes y que tal vez el escarmiento de los dos meses tras las rejas rusas les ponga un límite, adherimos a la alegría por su regreso a casa. Además regresan a un país en el que se pasean libres por las calles todo tipo de criminales de fuste (algunos incluso con vehículo, chofer y custodia provistos por el Estado), lo que torna a su felonía en algo más parecido a una travesura que a un delito (siempre hablando de la particular vara de la justicia local, claro está).

Pero el verdadero motivo de esta columna -amigo lector- es detenerme en algo que los propios repatriados se han cansado de explicar. Me refiero al impecable, puntilloso, puntual y denodado esfuerzo puesto de manifiesto por las autoridades de la Cancillería Argentina y de las autoridades diplomáticas destinadas en Moscú para velar por los intereses de nada más y nada menos que dos ciudadanos argentinos. Me consta que hasta la propia oficina de la consejera legal del Palacio San Martín, la embajadora Susana Ruiz Cerutti, fue movilizada para garantizar el rescate de estos jóvenes de su epopeya épica, que dejó a la altura de un poroto a la estoica resistencia del capitán Salonio y sus hombres durante el embargo de la Fragata Libertad.

Y qué bien que se siente uno como argentino al ver que podemos andar por el mundo libres cual mariposas, sabiendo que si algo nos ocurre, que si alguna autoridad policial o judicial extranjera osare interrumpir nuestro vuelo, caerá sobre ellos todo el peso y el talento de nuestra diplomacia, que nuestra primera mandante (perdón mandataria) ofrecerá personalmente constituirse en garante de nuestros actos, que se habilitarán días y horas para que nuestro equipo de juristas expertos en derecho internacional se pongan literalmente a nuestro servicio. Qué bueno, que bonito, qué bárbaro. Qué bien que hace sentirse ciu-da-da-no.

No ocurre lo mismo, claro está, con otros aspirantes a la ciudadanía, a los que en los últimos días el jefe de Gabinete y el ministro de Planificación les cambiaron el nombre por el de “clientes”. Así se desprende de los reiterados mensajes que ambos jerarcas del modelo emiten cada día, en los que instan a dos empresas concesionarias de un servicio público a dar respuesta a esos clientes que se desgañitan en las calles. Los clientes son seres totalmente diferentes a los ciudadanos, uno creía que se era cliente de un súper, de una casa de modas o de una peluquería. Uno no es cliente del ferrocarril Sarmiento, ni del Hospital Fernández. Tampoco lo es de la comisaría del barrio, ni es cliente del servicio de inteligencia que le pincha el teléfono. No se es cliente de la AFIP ni de Rentas de la Ciudad. Uno es usuario, contribuyente, víctima, paciente; en suma, uno es ciudadano (bueno, yo creía que lo era).

Y mientras nos gastamos los dedos remarcando los varios números de teléfono para que se atiendan nuestros reclamos; mientras pedimos agua (no pretendemos Perrier, sólo agua); mientras los viejitos atrapados en las alturas ven peligrar su propia existencia; mientras las hogueras de los indignados y no escuchados suma calor a las tórridas noches porteñas, la presidente no sale a garantizarnos nuestros derechos. El secretario de Energía juega golf distendido, el ministro de Infraestructura se lava las manos (porque tiene con qué hacerlo, claro). Y usted, amigo lector, nuestros padres y amigos, yo, nos vamos derritiendo; no me refiero a la acción del calor en nuestros cuerpos sino a nuestra licuefacción ciudadana; no somos nada, no importamos, no existimos, no vendrán en nuestra ayuda ni con la embajador más talentosa de nuestra diplomacia, ni con un aguatero suplente que nos alcance un litro de agua fresca. Tal vez si violamos lo suficiente la ley como Camilita y Hernancito, allí sí seamos dignos de atención.

Pero quédese tranquilo, querido amigo. Hoy seguro que leerán esta columna y le juro que cuando lo hagan comprenderán; y cuando comprendan que nos estamos muriendo ante tanta indiferencia, nuestra presi nos saldrá a defender, movilizará a nuestras ahora solidarias Fuerzas Armadas con el mismísimo general Milani a la cabeza a socorrer a los más necesitados, destinará parte de los fondos que a diario se invierten en publicitar las bondades del modelo a comprar unos cuantos generadores para estar allí donde más se necesita. Por favor, querido amigo, usted me conoce, créame, créame… y una vez que me crea déjeme decirle con una ligera sonrisa: “Que la inocencia le valga”.

La creación del sistema denominado “Transparencia” al que se accede simplemente googleando “ONC” (Oficina Nacional de Contrataciones) es tan simple de entender que a poco de navegar sus páginas cualquier novel aspirante a contratista descubre cuáles son las condiciones que debe cumplir si desea vender un lápiz al Estado nacional, ofrecer un recital en una fiesta para todos y todas o reparar un rompehielos.

No es por cierto imposible trabajar legalmente para el Estado; inscribirse como proveedor, elegir el rubro o rubros en los que se ofrecen servicios, presentar balances, antecedentes y fundamentalmente demostrar cada cuatro meses mediante un certificado fiscal emitido por la AFIP que no se tiene deuda fiscal son las premisas básicas que, si no se cumplen (junto a otras ), deberían indicarle al aspirante a contratista que es mejor abstenerse.

Tan perfecto es el sistema que la propia Oficina Nacional de Contrataciones ha organizado reiterados cursos para funcionarios y contratistas, por los cuales todos los que alguna vez hemos Estado de uno u otro lado del mostrador estatal sabemos perfectamente cuáles son las reglas de juego.

Recientemente tomó estado público una millonaria contratación por parte de la Secretaría de Cultura para contar con los servicios artísticos del cantante Fito Páez; no se hizo en forma directa con el cantante sino por intermedio de la productora artística Siberia SA.

La perfección del sistema de contrataciones al que aludimos permitió que a pocos minutos de conocerse los detalles de la contratación, cualquier ciudadano desde su PC pueda comprobar que Siberia SA no posee certificado de habilitación fiscal para contratar con el Estado (lo que no implica que sea evasora o nada por el estilo, simplemente no puede contratar porque no cumplió el trámite de solicitar la constancia fiscal de libre deuda) y lo que es peor es que esa empresa jamás se inscribió como proveedora del Estado. Lo que resulta bastante difícil de explicar es cómo habrá sido el pago a esta firma, ya que el sistema sólo habilita el depósito en cuenta corriente bancaria a proveedores registrados (recordemos que el sistema es perfecto).

La noticia escaló por la fama del protagonista más que por la suma involucrada (una nimiedad en comparación al gran derroche estatal) pero se suma a otros escándalos recientes en materia de contrataciones públicas, como por ejemplo la bochornosa campaña antártica que insumió 90 millones de pesos contratados en parte con monotributistas y empresas intermediarias radicadas en el exterior con el triste agregado de que, a diferencia de Fito (que no defraudó a su público), el servicio contratado para atender a las bases antárticas fue pésimo.

Bueno es recordar que se debió licitar un servicio de transporte antártico, porque desde hace años el rompehielos Almirante Irizar intenta ser reparado con poco éxito en una dependencia estatal (Tandanor) que por más buena voluntad que detente por parte de obreros y directivos no es el lugar adecuado para una tarea de semejante envergadura si se lo compara con los también estatales Astilleros Río Santiago, ubicados -claro está- en el hostil territorio bonaerense.

Así las cosas, sean un par de millones o decenas de ellos, sea un recital de un par de horas o una reparación naval de 6 años, se trate de la intención de reemplazar el tradicional desfile y las canciones patrias por cantantes de rock ataviados con bolivarianos colores o de asegurar la subsistencia de cientos de argentinos haciendo patria en el continente blanco, todas estas contrataciones públicas tienen un denominador común que excede incluso a la primaria sospecha de corrupción. Satisfacen irracionales caprichos.

Varios jefes y expertos navales recomendaron oportunamente a la entonces ministra Nilda Garré sobre la conveniencia de reparar el rompehielos en un astillero de envergadura como lo es Río Santiago (el astillero que construyó buena parte de los buques de la Armada, Fragata Libertad incluida).

Pero el capricho ministerial determinó que el destino fuera otro y el gustito ya nos va a costar casi 1000 millones de pesos (dos rompehielos y medio). La gestión Garré acertó, no obstante, con la elección del reemplazo del averiado Irizar y durante varias campañas el buque ruso Vasily Golovnin cumplió su tarea con eficiencia y a un costo razonable. Pero su sucesor al frente del ministerio de defensa, Arturo Puricelli, quiso ponerle su impronta a la gestión y contrató a un buque apto para transportar automóviles pero totalmente inadecuado para la tarea requerida. Otro caprichito… el que por mucho que sea defendido por el actual ministro Agustín Rossi, tiene a la base Marambio al borde del colapso.

Falta saber ahora cuál habrá sido el funcionario que nunca llegó a ver desde una cómoda butaca de algún teatro a Fito Páez y se dijo así mismo “ahora que tengo la manija, lo contrato y listo… total con media hora de recaudación por impuesto al cheque, retenciones al agro, ganancias a la cuarta categoría o alguna pavada de esas lo pago”.

El anterior párrafo es una mera construcción imaginaria, pero sirve para graficar y para preguntarse cuáles serán los criterios de quienes manejan desde su área de acción los dineros públicos y para reflexionar sobre si realmente no lo estarán usando como si fuera propio.

Solemos escuchar más veces de lo que quisiéramos frases tales como “yo que les pago el sueldo”, “aquí les traje ayuda”, “voy a hacer esto, aquello o lo de mas allá” como si realmente estuviéramos conducidos por un grupo de mecenas que gentilmente nos abren su billetera para satisfacer nuestras necesidades primarias, secundarias y terciarias.

Y lo grave del asunto es que cuando se echa mano a lo que es de todos en forma irresponsable o delictual pero sabiendo que no es propio, puede surgir (tal vez) el arrepentimiento, el miedo a ser descubiertos y/o el temor al castigo judicial. Pero cuando se hacen tropelías administrativas y económicas con la convicción de que encima están bien hechas, estamos en problemas ya que ninguna barrera inhibitoria aplica a quienes no llegan a percibir la diferencia entre lo que está bien o lo que está mal, entre lo legal o lo ilegal.

Hace muchísimos años un superior me reprochó severamente por haber perforado un mamparo (pared) de mi camarote para colgar un retrato familiar: “No muchacho, eso no se hace”. Aunque me costó entenderlo, tenía razón. “Mi camarote” no era mío, era el lugar que el Estado nacional me brindaba para que pueda vivir dignamente mientras cumplía mi trabajo de marino, lo que es sustancialmente diferente.

Serios problemas nos aguardan si los “timoneles de la Nación” siguen perforando los bienes y recursos del país con el mismo criterio con el que irresponsablemente perforé el mamparo de mi camarote, pero con el agravante de no contar con superior alguno que les diga “No muchachos, así no”.

Y como el todo siempre es superior a alguna de las partes, tal vez sea la ciudadanía la que deba advertir y corregir el error; en paz, en democracia, en libertad pero con absoluta severidad, antes de que por tanto perforar y perforar la Nación se vaya a pique.

Si fuera economista, también comprendería por qué, si la resolución de la AFIP extendida ahora a los paquetes turísticos dice que la percepción se aplica sobre compras efectuadas en moneda extranjera, un pasaje en micro a Paraguay, comprado a una empresa argentina y pagado en Argentina y en pesos, tiene un recargo del 20%. Pero soy un simple marinero.

También podría entender por qué una familia que hace un modesto viaje en una de esas lanchas del Tigre y viaja hasta Carmelo estaría haciendo ostentación de poder adquisitivo y merece tributar a cuenta de bienes personales que seguramente no tiene. Pero como lo dije reiteradamente lo mío es el agua y no los números.

Sin embargo hay un aspecto que, al margen de no entenderlo, me hace ruido en la cabeza desde hace varios días. La AFIP resolvió grabar con el 20% los pasajes, paquetes y gastos de argentinos en las Islas Malvinas, según informaron los medios de comunicación.

La resolución expresa que no se puede exceptuar a esta porción de suelo patrio (porque es suelo patrio, ¿no?) porque los gastos que allí se realizan se hacen en moneda extranjera y que la norma no puede atender cuestiones geopolíticas o estratégicas.

Dejando de lado que -como creo entender- ir a Colonia en un barco de bandera argentina y no mediando pago en divisa alguno hoy tributa un recargo (a cuenta), hasta qué punto una autoridad fiscal puede atentar contra 180 años de reclamos en defensa de nuestra soberanía y cómo haremos para explicarle a un veterano o al familiar de un caído que para el fisco las Malvinas no son Argentinas.

Es entendible que a la hora de tomar una medida de alta incidencia en el bolsillo de los consumidores y en medio de un clima de desbande cambiario no se haya tenido tiempo de separar la salida de divisas para atender los gastos originados en crucero de lujo en el Mediterráneo de una excursión de fin de semana a Colonia (ROU), y que tampoco se haya podido discernir entre un pasaje en avión al Caribe de uno en micro a Asunción contratado por un obrero de la construcción que tiene a su madre enferma del otro lado de la frontera.

Pero Malvinas…, Malvinas es otra cosa.

Malvinas aún tiene la sangre de nuestros muertos fresca, y los que volvimos ilesos (como en mi caso), heridos o mutilados pero vivos, aún mantenemos muy firme el consuelo que implica haber arriesgado la vida por defender un pedazo de la Patria.

No es sensiblería barata, es una cuestión de pura lógica. ¿Cuál puede ser el movimiento de pasajeros a Malvinas ? ¿Cuál el nivel de gastos en las Islas (no hay shopping , ni grandes cadenas de electrodomésticos , ni concesionarias de autos de alta gama, sólo ovejas , viento, frío y algún que otro recuerdo típico. ¿Creen realmente nuestras autoridades impositivas que Malvinas como destino turístico puede acrecentar la imparable fuga de divisas?

Si la preocupación fuera por las eventuales compras hechas en Puerto Argentino (¿me permite el fisco llamarlo así?), la solución es simple: basta con aplicar el mismo régimen que se utiliza cuando uno hace un gasto en Ushuaia y que tributa impuesto al ingresar al territorio continental por tener la ciudad austral un tratamiento impositivo diferencial. Para el resto de los gastos en los que un eventual turista pueda hacer en las Islas el Estado argentino tendrá que evaluar qué es más conveniente; si resignar una ínfima porción del nuevo régimen de percepción impositiva o crear un peligroso antecedente que sin lugar a dudas será usado por el gobierno inglés a la hora de intentar demostrar que la propia Argentina le da a las Islas el trato equivalente al que le da a cualquier otro país.

Si de por sí la medida adoptada es poco feliz, también lo es el momento elegido: la época del año en que muchos familiares de caídos organizan la visita a las tumbas de sus seres queridos, que no murieron esquiando en la cordillera ni practicando turismo aventura en el lejano sur, murieron en una guerra cruel, desigual y tremenda por la defensa de nuestra soberanía precisamente sobre esta tierra fiscalmente extranjera.

¿Cuanto esfuerzo les costará a los hoy ya ancianos padres de cualquier soldado conscripto, cabo o marinero de 1982, juntar peso por peso el importe equivalente al pasaje para ir a llevar un rosario, rezar una plegaria o simplemente llorar frente a una tumba que suponen es la de su hijo?

No llegaran en jets privados, ni se alojarán en un hotel cinco estrellas ni comerán caviar… Van a exteriorizar angustia, pena, tristeza, no riqueza.

Está dicho y está claro: “nunca es triste la verdad; lo que no tiene es remedio”. A nuestras autoridades les pido, demostremos que tal vez esta triste realidad aún se puede remediar.

“TRAS UN MANTO DE NEBLINA NO LAS HEMOS DE OLVIDAR,

LAS MALVINAS ARGENTINAS CLAMA EL VIENTO Y RUGE EL MAR”