En primer lugar, observamos que la urgencia política es la que arrastró al Gobierno a tomar esta medida. La carga tributaria mal distribuida y desactualizada se transformó en un factor de malestar profundo para la ciudadanía. Echegaray castigó a los monotributistas, dejando que la inflación desvirtúe el sistema durante estos casi tres años de congelamiento de las categorías.

La segunda está relacionada con el sentido que el gobierno otorga al pago y cobro de impuestos. El jefe de la AFIP reiteró en varias ocasiones que el monotributo no se actualizaba porque dentro del régimen existían “enanos fiscales” –contribuyentes que subestiman sus ingresos para acogerse a categorías o regímenes impositivos más beneficiosos-. Escudado en este argumento, el Gobierno perjudicó a miles de jóvenes, profesionales independientes, cuentapropistas y Pyme que tuvieron que pagar más impuestos durante todo este tiempo, por una causa totalmente ajena al incremento de su capacidad contributiva. Lo cierto es que la actualización del monotributo se hizo de forma rápida con miras al 27 de octubre y no porque se acabó con la evasión fiscal.

La última de las enseñanzas está en relación a la toma de decisiones sobre los impuestos. La Constitución establece que es una facultad indelegable del Congreso fijar los tributos, es decir, la decisión sobre cómo se extraen los recursos de la sociedad. Excepcionalmente, el Legislativo puede delegar al Ejecutivo algunos atributos, por ejemplo la actualización de parámetros monetarios, lo que resulta lógico teniendo en cuenta las altas tasas de inflación que condicionan nuestra economía.

El problema es que en 2009, cuando se modificó la ley de monotributo actual, se delegó en la AFIP la facultad para que actualice los parámetros, pero no se la obligó a actualizar todos los años. Simplemente se delegó la facultad, puesto que el objetivo no era mejorar la eficiencia del sistema, sino dejar a discreción del titular de la AFIP esa parte de la política impositiva. Mecanismo que no cambió, dejando en la incertidumbre a los contribuyentes.

La política tributaria es de las principales herramientas de un Estado para lograr cambios sostenibles en la distribución del ingreso y la riqueza. Argentina continúa teniendo casi la misma estructura tributaria que en los años 90, un sistema forjado por una acumulación de parches con una lógica meramente recaudatoria, que no persigue ningún fin de equidad, sino por el contrario, es claramente regresivo, o sea, que hace pagar más al que menos tiene. Si a esta situación injusta le sumamos la inflación sin actualizaciones automáticas, lo que tenemos es un sistema que día a día se va haciendo más perverso.

Desde 2003 a la fecha, el país de los “activos” casi duplicó su producto bruto y los recursos públicos se multiplicaron por diez. La realidad de los “pasivos” parece haberse quedado a mitad de camino, en el limbo de la supuesta “década ganada”. Los jubilados tienen que conformarse con algo injusto, con el argumento de que antes estaban peor. La relación de la jubilación mínima con el salario mínimo vital y móvil se mantiene fija oscilando entre el 60 y 70%. El haber medio, descontando la inflación, sigue en los mismos niveles de 2002. Tres de cada cuatro jubilados cobran la jubilación mínima de $2165 y a nueve de cada diez jubilados no le alcanza para cubrir sus gastos básicos, que la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad ha estimado en $4.298,39. Los tribunales de la seguridad social están colapsados por jubilados que reclaman la actualización que les corresponde, mientras Anses especula condenando a esperas interminables a quienes ya no tienen tiempo para esperar. Este gobierno convirtió las jubilaciones en un subsidio a la vejez; nunca entendió que una jubilación digna es un derecho adquirido por años de aporte y esfuerzo.

El Gobierno Nacional utilizó las más creativas excusas para usufructuar la caja de Anses. Hace décadas que los jubilados son la variable de ajuste de la economía y en su nombre se ha modificado el sistema previsional, escondiendo la intención de usar los recursos previsionales con otros fines. Más del 60% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses está compuesto por deudas del Estado Nacional, de las cuales un tercio se licúa día a día, dado que se ajustan por la inflación subestimada del Indec. Los recursos del FGS son utilizados por el gobierno nacional para financiarse de modo absolutamente discrecional e improvisado. Esto lo denunciamos recurrentemente mientras formé parte como diputada de la Comisión Bicameral a cargo del control de los fondos del FGS. Por manejos de este tipo es que Diego Bossio está siendo investigado. De esto también hablamos cuando hablamos de corrupción.

La discusión sobre los mayores nos lleva a plantearnos qué modelo de sociedad queremos construir. Nuestros jubilados deben ser una prioridad, y por eso hay que elevar la jubilación mínima al 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, y recomponer las jubilaciones conforme los fallos Sánchez, Badaro y Elliff. Esto no significa, como pretende el kirchnerismo, atrasar la actualización del salario mínimo y así alcanzar un 82% móvil sin valor real. Buscamos una jubilación digna para nuestros abuelos, no engañarnos con los números.

Los jubilados siguen esperando el reconocimiento de una deuda histórica, que como sociedad aceptamos y naturalizamos de forma desvergonzada. Ya no hay margen moral para sostener que quienes trabajaron toda su vida sigan en semejante indignidad y desprotección. Tenemos el deber de cuidar a nuestros mayores, y eso no se logra con excusas, sino con actos. Los fondos públicos para lograrlo están, sólo falta la voluntad para hacer de este tema una prioridad.