Hoy tenemos más claro el motivo. Carlos y Alejandro Bulgheroni, el primero de ellos literalmente echado por Elisa Carrió de su casa en 2001 por lobbysta, acaban de anunciar que adquirirán U$S 500 millones en bonos creado en la Ley de Blanqueo de Capitales para inversiones energéticas, con destino a una inversión en el yacimiento de Vaca Muerta. Una clara maniobra para que el grupo Bridas ingrese a negocios compartidos con YPF con dinero que no tenía radicado en nuestro país.

El acuerdo sería el siguiente: Bulgheroni entrega una cifra millonaria equivalente al 142% del dinero que ingresó por blanqueo en tres meses y “salva” la medida impulsada por el Gobierno. Como contrapartida el Gobierno reflota un acuerdo suscripto entre Bridas e YPF para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Bajada de Añelo y Bandurria del yacimiento de Vaca Muerta. Esto no es ninguna hipótesis, sino que se trata de un acuerdo que se hizo público en diciembre de 2012, y que comprometía una inversión de alrededor de U$S 1.500.000 para la explotación de 663km2 del yacimiento.

La única novedad es que parte del pago de ese dinero está siendo realizada a través del BAADE, el bono para el desarrollo energético creado en el marco de la Ley de Blanqueo de Capitales, y que por ello el dinero de Bulgheroni no será investigado por la AFIP.

En su momento lo denunciamos y lo adelantamos: tras haber consentido el vaciamiento de YPF-Repsol, el kirchnerismo entregaría la explotación de una importante área en Vaca Muerta a Bulgheroni en asociación con YPF. Están decididos a vender las joyas de la abuela entregando las reservas de petróleo no convencional con altísimos costos ambientales.

Lo más preocupante de todo es que, pese a que el Estado abrió la puerta al lavado de dinero con la Ley de Blanqueo de Capitales, el problema de la falta de dólares no será resuelto. El blanqueo es una medida improvisada y carente de efectos concretos, ya que muy difícilmente se pueda recaudar dinero suficiente para saldar el déficit de la balanza energética, y en cualquier caso no dejar de ser una toma de deuda con particulares a los que no se les pregunta de dónde sacaron la plata que prestan.

Se trata de un nuevo manotazo de ahogado, mediante el cual este Gobierno continúa diciéndole a los ciudadanos que es mejor no pagar impuestos, y que conviene mantenerse en la informalidad. Se premia a los evasores y se castiga a los ciudadanos que cumplen, ya que éstos son los principales afectados por la inflación y un sistema tributario injusto. No obstante, aún tras 10 años en los que el kirchnerismo nos hizo perder la oportunidad histórica de generar desarrollo real en la Argentina y de incluir en la clase media a muchos sectores pobres, todavía podemos construir un país distinto, ese que muchos argentinos deseamos.

Se nos presenta hoy en la Argentina un punto de inflexión histórica, y como pueblo nos toca decidir qué país queremos. Todos los ciudadanos tienen el poder de decidir si vamos a permanecer con gobiernos cómplices, o construir una alternativa sin pactos de impunidad, que garantice prosperidad económica y social. Se trata de una decisión clara y sencilla. Debemos elegir si vamos a repetir el pasado, o si de una buena vez vamos a ir hacia el futuro.

En primer lugar, observamos que la urgencia política es la que arrastró al Gobierno a tomar esta medida. La carga tributaria mal distribuida y desactualizada se transformó en un factor de malestar profundo para la ciudadanía. Echegaray castigó a los monotributistas, dejando que la inflación desvirtúe el sistema durante estos casi tres años de congelamiento de las categorías.

La segunda está relacionada con el sentido que el gobierno otorga al pago y cobro de impuestos. El jefe de la AFIP reiteró en varias ocasiones que el monotributo no se actualizaba porque dentro del régimen existían “enanos fiscales” –contribuyentes que subestiman sus ingresos para acogerse a categorías o regímenes impositivos más beneficiosos-. Escudado en este argumento, el Gobierno perjudicó a miles de jóvenes, profesionales independientes, cuentapropistas y Pyme que tuvieron que pagar más impuestos durante todo este tiempo, por una causa totalmente ajena al incremento de su capacidad contributiva. Lo cierto es que la actualización del monotributo se hizo de forma rápida con miras al 27 de octubre y no porque se acabó con la evasión fiscal.

La última de las enseñanzas está en relación a la toma de decisiones sobre los impuestos. La Constitución establece que es una facultad indelegable del Congreso fijar los tributos, es decir, la decisión sobre cómo se extraen los recursos de la sociedad. Excepcionalmente, el Legislativo puede delegar al Ejecutivo algunos atributos, por ejemplo la actualización de parámetros monetarios, lo que resulta lógico teniendo en cuenta las altas tasas de inflación que condicionan nuestra economía.

El problema es que en 2009, cuando se modificó la ley de monotributo actual, se delegó en la AFIP la facultad para que actualice los parámetros, pero no se la obligó a actualizar todos los años. Simplemente se delegó la facultad, puesto que el objetivo no era mejorar la eficiencia del sistema, sino dejar a discreción del titular de la AFIP esa parte de la política impositiva. Mecanismo que no cambió, dejando en la incertidumbre a los contribuyentes.

La política tributaria es de las principales herramientas de un Estado para lograr cambios sostenibles en la distribución del ingreso y la riqueza. Argentina continúa teniendo casi la misma estructura tributaria que en los años 90, un sistema forjado por una acumulación de parches con una lógica meramente recaudatoria, que no persigue ningún fin de equidad, sino por el contrario, es claramente regresivo, o sea, que hace pagar más al que menos tiene. Si a esta situación injusta le sumamos la inflación sin actualizaciones automáticas, lo que tenemos es un sistema que día a día se va haciendo más perverso.