Esta situación se ve agravada por el hecho de que la producción se transporta en su mayor parte en el modo más caro, el camión. Mientras que en naciones como Canadá (64%), EEUU (53%) y Australia (53%) más de la mitad de la carga general se traslada por ferrocarril, en Argentina ese porcentaje resulta del 5%. En la última década la carga por tren oscila alrededor de las 24 millones de toneladas anuales (22 millones para 2012) cuando nuestra producción agrícola creció un 25% desde 84 millones de Tn en 2005 a 105 millones estimadas para 2013. Es decir que usamos en una porción ínfima el modo más barato, el tren. Como los costos fijos del tren son elevados, para distancias menores de 300 kilómetros el camión puede resultar atractivo por su flexibilidad, pero para distancias mayores los ahorros del tren son más evidentes y se acrecientan progresivamente. Por ejemplo, en 2012 para una distancia de 500 km el costo de transportar una tonelada a lo largo de un kilómetro ($/Tn/Km) era de $ 0,47 para el camión versus $ 0,18 del tren, es decir una diferencia del 62%. Para un recorrido de 1.000 kilómetros el tren es un 80% más barato que el camión, siendo 85% menos costoso para 1.500 kilómetros.

El tren es muy eficiente para distancias largas y para bienes de mucho volumen y bajo precio unitario como granos y minerales. Si bien el 40% de la carga de nuestros ferrocarriles corresponde a los granos, sólo se traslada por este medio el 10% de nuestra producción de granos total (cosecha fina y gruesa). Es decir que el market share del tren es solamente del 10% para un producto tan “ferroviario” como los granos. Es interesante entonces plantearse que pasaría si lográramos duplicar la participación del ferrocarril en el traslado de nuestros granos, pasando del 10% actual al 20%. En 2012 la tarifa ponderada del total del sistema con 10% de tren y 90% de camión (no se consideran las hidrovías por participar muy marginalmente) era de US$ 50 por tonelada. Duplicando el uso del ferrocarril esa tarifa promedio se hubiera reducido en 3,3 US$/Tn y nuestros productores agrícolas se hubieran ahorrado casi US$ 300 millones en flete, reduciendo el costo en un 7%. Casi el 60% de esta ganancia sería para los productores del norte que enfrentan una distancia promedio de 1.000 km, con lo que el impacto de una política firme de reactivación del ferrocarril tiene un significado económico y social importante. Con la misma hipótesis, para este año 2013 la estimación de NOAnomics es que el mayor uso del tren hubiera reducido los costos de transporte de granos en US$ 360 millones, de los que US$ 212 millones corresponderían a las economías regionales del norte argentino.

En resumen, incrementar la participación del tren en la matriz de transporte genera aumentos genuinos en la competitividad de las economías regionales. Más ferrocarril puede ayudarnos a mejorar nuestro tipo de cambio real, sin devaluar. Según el Banco Mundial, con una inversión eficiente de US$ 615 millones, el Belgrano Cargas (atraviesa 14 provincias) podría pasar de las 800 mil Tn actualmente transportadas (sólo el 3% del total trasladado por tren) a las 5 millones de Tn anuales y recuperar su participación histórica del 25%.

En realidad ha prevalecido la visión más dirigista e intervencionista, la que llama a profundizar el lado más discutible del modelo y supone la existencia de súper funcionarios planificadores que son capaces de conocer y escrutar a fondo el funcionamiento de cada eslabón de la cadena de valor de cualquier producto, sus costos y estimar la “rentabilidad razonable” que debería tener cada productor y empresario.  Si ese cálculo incluye la inflación de dos dígitos que padecemos y el nivel de seguridad jurídica que tenemos, en realidad los empresarios no debieran preocuparse porque la rentabilidad razonable tendría que ser altísima.

Ironías aparte lo más probable, sin embargo, es que como ya sabemos y ha sido probado sobradamente, la “adecuación” a la “rentabilidad razonable” implique menor inversión, menor producción y escasez de algunos productos por ajustes en las cantidades. Suponer que el culpable de la inflación es el empresario que maquiavélicamente remarca sus precios para aprovecharse de la gente, comportamiento que salvo en una situación monopólica sería absolutamente irracional, y no consecuencia de un fenómeno monetario originado en la emisión espuria para financiar el creciente déficit público con la desconfianza en el peso que ello ha provocado, es más de lo mismo y no permite avizorar ningún cambio alentador.

Si este diagnóstico erróneo es el que se utilizará para aliviar los problemas de competitividad y cuellos de botella de las cadenas de valor de las economías regionales, acuciadas por retenciones elevadísimas, una carga tributaria nacional y provincial récord, costos salariales y de transporte crecientes con déficits de infraestructura productiva y de transporte sin resolver; entonces las perspectivas de un nuevo enfoque se reducen aún más.

Entonces, más allá de la existencia geológica y concreta del recurso no convencional, que Argentina efectivamente posee, lo que sigue es preguntarse si el país cumple con este conjunto de condiciones para inmediatamente darse cuenta de que hacemos agua en varias de ellas, especialmente aquellas que son responsabilidad del gobierno. Restricciones a las importaciones que impiden la renovación de equipos e incorporación de tecnología, la dificultad de acceso al financiamiento que por los volúmenes necesarios debería ser externo, un esquema regulatorio que ha desalentado la producción al punto de llevar al país a perder el autoabastecimiento energético con precios intervenidos que no permiten recuperar las inversiones, y la imposibilidad de girar las utilidades de las mismas componen un cocktail que desalentaría no sólo la producción de hidrocarburos no convencional sino la de prácticamente cualquier bien.

¿Qué ha tenido que ofrecer el gobierno para tratar de mitigar una parte de los faltantes de este listado de condiciones necesarias? Poder exportar hasta el 20% de la producción de hidrocarburos sin retenciones a los proyectos que supongan inversiones por al menos US$ 1.000 millones, y disponer libremente de las divisas generadas. Resultaría muy ingenuo pensar que sin esta medida el acuerdo firmado con Chevron, por US$ 1.500 millones, se hubiera firmado y obviamente fue una lógica condición exigida por la empresa.

La moraleja para el gobierno debería ser que asegurando un mínimo de condiciones razonables las inversiones vienen. Pero indudablemente tendrá que profundizar los atractivos, que en realidad son tan simples como procurar parecerse más a una economía moderna de mercado, para alcanzar la inversión necesaria de US$ 25 mil millones por año durante una década y duplicar la producción de petróleo y gas argentina, tal como contemplaba el proyecto de Vaca Muerta original.

Claramente nuestra shale revolution está lejos, muy lejos.

El desenganche entre precios internos y de exportación redundó en un claro beneficio para los usuarios, sobre todo para las familias, y permitió contar con energía barata en todas sus formas (gas, combustibles y energía eléctrica). Sin duda que este factor ha sido determinante para el crecimiento argentino en los últimos años, al reducir el costo que un insumo tan fundamental tiene sobre el presupuesto de los hogares y el costo de las empresas.

Este esquema de precios diferenciados con una brecha sustancial es uno de los motivos identificados por los especialistas (además del marco regulatorio, mayor intervención estatal, inseguridad jurídica, etc.) como responsable de un impacto global negativo sobre la producción de petróleo y gas, y sus reservas. En este sentido la producción de petróleo ha descendido un 28% entre 2001 y 2012, desde 45,2 millones de m3 a 32,3 millones de m3. Sin datos de 2012, la reducción en las reservas alcanzó el 14% entre 2001 y 2011 pasando de 457,7 millones de m3 a 394 millones de m3. En el caso del gas el retroceso en la producción entre 2001 a 2012 se ubicó en un 4%, desde 45,9 a 44,1 miles de millones de m3. Sin embargo aquí la caída de reservas es sustancialmente mayor hasta 2011, con una disminución del 66% (763,5 a 332,5 miles de millones de m3).

A nivel regional el sector de hidrocarburos se encuentra concentrado en seis provincias. Entre Chubut, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego se explica el 86% de la producción de petróleo y el 84% de la de gas.

Dentro de este grupo sólo Chubut escapa de manera notable a la retracción de producción y reservas. Comenzando por el petróleo, esta provincia logró aumentar un 19% la producción y el 72% su nivel de reservas (partiendo de 2001 y llegando a 2012 para la primera variable y al 2011 para las segunda). En tanto Mendoza disminuye la producción en 22% y las reservas en 19%, Neuquén reduce un formidable 60% y 65%; y Santa Cruz 32% y 4% respectivamente. Por su parte, en gas Chubut avanza 154% en los niveles de producción y 26% en los de reservas pero Neuquén cede un 19% y 63%, Salta un 51% y 79%, Santa Cruz 27% y 53%; y Tierra del Fuego 26% y 72% respectivamente.

Por lo tanto, fuera de la excepción de Chubut que no logra torcer el resultado total nacional, el saldo de la política energética de los últimos 12 años ha sido claramente negativo para la mayoría de las provincias hidrocarburíferas en cuanto a cantidades físicas de producción y reservas de estos recursos no renovables. Pero este modelo de energía barata también ha tenido implicancias menos obvias en cuanto a la redistribución de ingresos que ha provocado. En este sentido, el costo proveniente de la diferencia entre el precio externo y doméstico de los hidrocarburos ha sido asumido en parte por las firmas dedicadas a la actividad pero también por las provincias productoras que cobran regalías por la operación de las concesiones explotadas, padeciendo una fenomenal transferencia de ingresos hacia el resto del país desde el año 2002.

El promedio de regalías cedidas desde 2002 asciende a US$ 1.450 millones anuales, aunque desde 2008 ese promedio ronda los US$ 2.620 millones y es de hasta US$ 3.200 millones para el bienio 2011-2012 (con datos a noviembre para este último año). Desde 2008 las regalías cedidas son mayores a las efectivamente percibidas. En total, realizando la suma simple a precios corrientes de cada año, las diez provincias productoras han dejado de percibir US$ 16 mil millones desde 2002 a noviembre de 2012.

La más perjudicada es Neuquén, que por sí sola da cuenta del 42% de las regalías perdidas con una cesión promedio anual de US$ 615 millones y una pérdida acumulada de US$ 6.770 millones desde 2002. Sigue Santa Cruz con una participación del 13%, regalías cedidas promedio anuales de US$ 184 millones y acumuladas por US$ 2.025 millones, Chubut concentrando el 10% al ceder una media anual de US$ 152 millones y un acumulado de US$ 1.673 millones; y Salta con un 9% del total al relegar un promedio de US$ 135 millones anuales y un total de US$ 1.487 millones desde 2002. En tanto, Mendoza y Tierra del Fuego han concedido regalías a un promedio anual de US$ 100 millones y han sumado pérdidas por US$ 1.100 millones, participando cada una con un 7% del total postergado.

Ahora bien, este cálculo del perjuicio provocado por la cuña entre valores externos e internos en realidad solamente tiene en cuenta el efecto precio. Adicionalmente el desacople acarreó, con la excepción de Chubut, el desaliento en la exploración y producción ya descripto (efecto cantidad). Es decir, sin brecha de precios muy probablemente hubieran aumentado los volúmenes de hidrocarburos de todas las jurisdicciones a lo largo de la década analizada. En el escenario más conservador, si tan sólo se hubieran mantenido los niveles de producción totales del año 2001 desde 2002 a 2011, manteniéndose constante cada año en lugar de decrecer, la pérdida por regalías cedidas hubiera sido de un 7% más acumulando casi US$ 1.200 millones adicionales en el lapso considerado.

Más allá de que esta transferencia de ingresos hubiera sido difícil de evitar por las consecuencias negativas sobre la competitividad de la economía argentina y el poder adquisitivo de los consumidores, efectivamente existió y continúa existiendo. Por ello resulta interesante cuantificar el impacto en relación a las variables fiscales de estas provincias e imaginarse qué hubiera pasado sin este esquema de precios diferenciados. Este ejercicio se realiza para las seis principales jurisdicciones productoras y en base a cinco indicadores: a) la participación de las regalías efectivas y teóricas en los Ingresos Totales, b) el incremento en la independencia financiera por regalías calculadas a precios externos, c) La estimación de la inversión real directa u obra pública adicional que se podría haber ejecutado si las regalías cedidas se hubieran aplicado a ese fin y d) el stock de deuda efectivo y teórico si las regalías cedidas se hubieran aplicado a su amortización a partir de 2002. Los resultados, en su mayoría sorprendentes, los detallé a lo largo de un documento más extenso.

Resumiendo los resultados por provincia se puede establecer un ranking en función del perjuicio de acuerdo con dos de los indicadores examinados, que son de carácter relativo y no absoluto: la participación de las regalías cedidas en los Ingresos Totales y el porcentaje de obra pública adicional posible de haber contado con esos recursos. De acuerdo al primer criterio Neuquén es la más perjudicada, representando las regalías perdidas el 37% de sus Ingresos Totales. Siguen Tierra del Fuego con un 18% y Santa Cruz con el 15%. En tanto, el ranking continúa con el cuarto lugar de Chubut (14%) y luego aparecen Salta y Mendoza con un 11% y 6% respectivamente. Si por otra parte se estudia el nivel de obra pública adicional que se podría haber ejecutado, los dos primeros lugares también son ocupados por Neuquén y Chubut con 492% y 350% respectivamente. En un escalón más abajo figuran Salta (103%), Chubut (84%), Santa Cruz (73%) y Mendoza (61%).

Detrás de la crisis energética generada por un sistema de intervención de precios que genera desincentivos a la exploración y producción, subyace un deterioro paulatino del complejo hidrocarburífero de la mayoría de las provincias productoras, que resignan formidables ingresos que son transferidos al resto del país para subsidiar el modelo de energía barata vigente desde 2002. A esta pérdida de ingresos también debe adicionarse la pérdida de capital derivada de la valorización de las reservas a precios más bajos que los externos, afectando su riqueza y capacidad de endeudamiento.

Indudablemente en algún momento el esfuerzo de estas jurisdicciones debería ser reconocido y eventualmente recompensado. Un fondo de reparación histórica por este aporte extraordinario podría ser un planteo perfectamente razonable y tenerse en cuenta cuando se retorne a un modelo energético sin tantas distorsiones y a una situación fiscal más relajada. Si bien se presenta una situación similar para las provincias que sufren retenciones a su producción agrícola (Salta se sitúa en ambas situaciones), y que también padecen una transferencia de ingresos hacia fuera de sus fronteras por el diferencial de precios resultante, en el caso de los hidrocarburos debe recordarse que se trata de recursos no renovables. También, al menos se coparticipa una pequeña parte de las retenciones a la soja a través del Fondo Federal Solidario.

Entonces, por ahora no queda más que agradecer a las provincias productoras de hidrocarburos, heroínas anónimas que ya llevan subsidiando más de una década de energía barata.