Transitamos de esta forma el camino de la democratización del acceso a la Educación Superior: a la par que los trabajadores vieron incrementar su poder adquisitivo y se intensificó el proceso de inclusión social, una fuerte iniciativa del Estado Nacional con políticas claras permitió acercar a más argentinos a los estudios superiores. Si bien es preciso seguir profundizando este camino, tenemos que emprender ahora también el sendero de la democratización del funcionamiento institucional de nuestras universidades. Así como vamos abriendo sus puertas de entrada, también tenemos que asumir el desafío de democratizar sus órganos de gobierno, sus planes de estudio, su articulación territorial, su organización del trabajo administrativo, su presupuesto y el sentido de sus proyectos de investigación. Debemos poder aprovechar el escenario que se nos presenta, para poner en discusión algunos aspectos de una casa de estudios cuyo estatuto, salvo por algunas leves modificaciones, data de 1958 bajo el influjo de la Revolución Fusiladora que vio a grandes célebres de nuestro pensamiento nacional como Mariano Grondona festejarla desde los claustros estudiantiles. Es objeto de esta nota poder delinear algunos ejes disparadores de discusiones que el conjunto de la comunidad académica de esta universidad se debe y necesita poder dar.

Elección de autoridades

Actualmente los decanos, el rector y sus vices son elegidos de manera colegiada-indirecta por un cuerpo de representantes de cada claustro. La elección simultánea, ponderada y directa permitirá aumentar la representación de la comunidad académica. Así, se mitigarían los privilegios que hoy detenta un sector de docentes concursados a la hora de elegir autoridades, y se ampliaría la discusión al conjunto de la comunidad académica. En la facultad de Ciencias Económicas –y conforme a las prerrogativas del actual estatuto y Ley de Educación Superior- 538 docentes eligieron a 8 de los 16 miembros de su Consejo Directivo, lo que les permite elegir casi automáticamente un decano de entre sus pares, con los que controlar políticamente cualquier decisión de la facultad, entre ellas, cómo disponer de un presupuesto de más de 750 millones de pesos.

Política de concursos y carrera docente

La UBA necesita asumir un fuerte compromiso de la mano de sus facultades, para avanzar en la realización de concursos docentes que permitan regularizar la situación de docentes interinos, y ad-honorem. La estructuración de una carrera docente universitaria no sólo significa derechos laborales, sino también el reconocimiento de derechos políticos para nuestros docentes, que hoy sólo pueden ejercerlos como graduados.

Equidad en la representación por claustros

El actual sistema impulsado por la Ley de Educación Superior prevé la mayoría automática del claustro docente sobre las decisiones fundamentales de nuestras casas de estudio. La consolidación de una democracia que lleva 30 años ininterrumpida, y los crecientes niveles de participación política en los jóvenes, dan cuenta de una Argentina que se refunda sobre la base del protagonismo popular. El voto a los 16 años y el fomento a la formación de centros de estudiantes dan cuenta de ello y nos permiten pensar en la posibilidad de un nuevo reparto del poder político en las universidades, donde ningún claustro por sí sólo pueda imponer su agenda a los demás.

Consejo Social Consultivo y Audiencias públicas

Si bien creemos que es indispensable continuar con el proceso de reforma de la Ley de Educación Superior (algunos de cuyos aspectos ya han sido objeto de discusión en la Cámara de Diputados), sin duda que uno de sus puntos más positivos -pero con menor implementación- es la posibilidad de constituir consejos sociales junto a organizaciones sociales, asociaciones civiles, mutuales, sindicatos, directores de las escuelas secundarias, etcétera. Éstos debieran de poder expedirse, a modo de dictamen obligatorio pero no vinculante, sobre cada proyecto de investigación o de extensión que quisiera realizarse. Dar participación a la comunidad en el manejo de fondos que son públicos pareciera ser algo inobjetable, pero difícil de lograr. Otra herramienta muy en boga y que detenta un lugar de privilegio en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es la audiencia pública. De esta forma se generarían mecanismos de control social sobre la universidad, con los que velar por el cumplimiento de sus fines en consonancia con la realidad social y política del país.

Publicidad actualizada de las actas, resoluciones y dictámenes de auditoría

La última auditoría que encontramos realizada a la Facultad de Ciencias Económicas (de donde proviene el actual candidato “favorito” del UNEN, Franja Morada y el PRO), data de 2009. Resulta escalofriante leerla sabiendo que se trata de fondos y bienes públicos. Al cierre de esta nota, la página del Consejo Superior de la UBA no dispone de información sobre los recursos propios generados por cada unidad académica. Además, también se encuentra vacío el apartado “actas”, no sin antes dedicarnos una tomada de pelo: “se pone a disposición del público en general las actas de las distintas sesiones que se llevaron a cabo en el salón del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Los interesados pueden bajar el archivo pdf”. La información es un recurso imprescindible a la hora de poder tomar decisiones. La falta de publicación de las actas de sesiones o resoluciones y la falta de realización sistemática de dictámenes o informes de auditoría permite esconder la recaudación de recursos (playas de estacionamiento, pasantías, convenios de asistencia técnica, etcétera) y determinar su asignación discrecional (cajas chicas, asignaciones estímulos, contrataciones directas, etcétera) Así, el silencio y el oscurantismo sellan a fuego los negociados que sustentan el lucro en universidades públicas, que cada vez demandan mayor presupuesto al Tesoro Nacional pero se arrogan las prerrogativas de disponer de los propios, prácticamente sin regulación alguna.

Derechos políticos para el personal administrativo y de servicios

La Ley de Educación Superior prevé que la universidad dará reconocimiento en los órganos de cogobierno al personal administrativo y de servicios “con los alcances” que éstas definan. Esto significa -en los hechos- su contemplación como meros espectadores pasivos, sin la posibilidad de expedirse con su voto. Revertir esta injusticia implica tomar partida por la incorporación con voz y con voto de los mal llamados trabajadores “no-docentes”, al gobierno de la universidad y sus facultades.

Coparticipación presupuestaria y violencia institucional

Los desequilibrios presupuestarios entre las distintas facultades se asientan no sólo en la distribución que se haga de los fondos que ingresan provenientes del Tesoro Nacional, sino -y por sobre todo- de las facilidades que cada una de ellas tenga a la hora de vincularse con el entramado económico-productivo que cada una de ellas pueda obtener. Sin dudas que facultades como Económicas, Medicina, Derecho y Arquitectura son privilegiadas frente a otras como Sociales, Filosofía o Psicología. Sin embargo, es necesario dejar de pensar a la UBA como una federación de 13 facultades, y repensarla desde una visión más solidaria e integrada. Mientras algunos estudiantes pueden disfrutar de una pileta de natación en sus instalaciones, otros soportan la lluvia que se filtra por los techos de sus aulas.

Este proceso de discusión llegó para quedarse. Esta opinión y tantas otras más podrán sintetizarse en el recientemente lanzado Foro Abierto por la Democratización de la UBA que impulsa la Secretaría General de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y que cuenta con el apoyo de los decanos de las facultades de Sociales, Exactas y Filosofía, además del beneplácito del candidato a rector Federico Schuster –ex decano y docente de la facultad de Ciencias Sociales-, quien se propone enfrentar en la próxima Asamblea Universitaria a la trama corporativa que sostiene el modelo de universidad privatista.