Transitamos de esta forma el camino de la democratización del acceso a la Educación Superior: a la par que los trabajadores vieron incrementar su poder adquisitivo y se intensificó el proceso de inclusión social, una fuerte iniciativa del Estado Nacional con políticas claras permitió acercar a más argentinos a los estudios superiores. Si bien es preciso seguir profundizando este camino, tenemos que emprender ahora también el sendero de la democratización del funcionamiento institucional de nuestras universidades. Así como vamos abriendo sus puertas de entrada, también tenemos que asumir el desafío de democratizar sus órganos de gobierno, sus planes de estudio, su articulación territorial, su organización del trabajo administrativo, su presupuesto y el sentido de sus proyectos de investigación. Debemos poder aprovechar el escenario que se nos presenta, para poner en discusión algunos aspectos de una casa de estudios cuyo estatuto, salvo por algunas leves modificaciones, data de 1958 bajo el influjo de la Revolución Fusiladora que vio a grandes célebres de nuestro pensamiento nacional como Mariano Grondona festejarla desde los claustros estudiantiles. Es objeto de esta nota poder delinear algunos ejes disparadores de discusiones que el conjunto de la comunidad académica de esta universidad se debe y necesita poder dar.

Elección de autoridades

Actualmente los decanos, el rector y sus vices son elegidos de manera colegiada-indirecta por un cuerpo de representantes de cada claustro. La elección simultánea, ponderada y directa permitirá aumentar la representación de la comunidad académica. Así, se mitigarían los privilegios que hoy detenta un sector de docentes concursados a la hora de elegir autoridades, y se ampliaría la discusión al conjunto de la comunidad académica. En la facultad de Ciencias Económicas –y conforme a las prerrogativas del actual estatuto y Ley de Educación Superior- 538 docentes eligieron a 8 de los 16 miembros de su Consejo Directivo, lo que les permite elegir casi automáticamente un decano de entre sus pares, con los que controlar políticamente cualquier decisión de la facultad, entre ellas, cómo disponer de un presupuesto de más de 750 millones de pesos.

Política de concursos y carrera docente

La UBA necesita asumir un fuerte compromiso de la mano de sus facultades, para avanzar en la realización de concursos docentes que permitan regularizar la situación de docentes interinos, y ad-honorem. La estructuración de una carrera docente universitaria no sólo significa derechos laborales, sino también el reconocimiento de derechos políticos para nuestros docentes, que hoy sólo pueden ejercerlos como graduados.

Equidad en la representación por claustros

El actual sistema impulsado por la Ley de Educación Superior prevé la mayoría automática del claustro docente sobre las decisiones fundamentales de nuestras casas de estudio. La consolidación de una democracia que lleva 30 años ininterrumpida, y los crecientes niveles de participación política en los jóvenes, dan cuenta de una Argentina que se refunda sobre la base del protagonismo popular. El voto a los 16 años y el fomento a la formación de centros de estudiantes dan cuenta de ello y nos permiten pensar en la posibilidad de un nuevo reparto del poder político en las universidades, donde ningún claustro por sí sólo pueda imponer su agenda a los demás.

Consejo Social Consultivo y Audiencias públicas

Si bien creemos que es indispensable continuar con el proceso de reforma de la Ley de Educación Superior (algunos de cuyos aspectos ya han sido objeto de discusión en la Cámara de Diputados), sin duda que uno de sus puntos más positivos -pero con menor implementación- es la posibilidad de constituir consejos sociales junto a organizaciones sociales, asociaciones civiles, mutuales, sindicatos, directores de las escuelas secundarias, etcétera. Éstos debieran de poder expedirse, a modo de dictamen obligatorio pero no vinculante, sobre cada proyecto de investigación o de extensión que quisiera realizarse. Dar participación a la comunidad en el manejo de fondos que son públicos pareciera ser algo inobjetable, pero difícil de lograr. Otra herramienta muy en boga y que detenta un lugar de privilegio en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es la audiencia pública. De esta forma se generarían mecanismos de control social sobre la universidad, con los que velar por el cumplimiento de sus fines en consonancia con la realidad social y política del país.

Publicidad actualizada de las actas, resoluciones y dictámenes de auditoría

La última auditoría que encontramos realizada a la Facultad de Ciencias Económicas (de donde proviene el actual candidato “favorito” del UNEN, Franja Morada y el PRO), data de 2009. Resulta escalofriante leerla sabiendo que se trata de fondos y bienes públicos. Al cierre de esta nota, la página del Consejo Superior de la UBA no dispone de información sobre los recursos propios generados por cada unidad académica. Además, también se encuentra vacío el apartado “actas”, no sin antes dedicarnos una tomada de pelo: “se pone a disposición del público en general las actas de las distintas sesiones que se llevaron a cabo en el salón del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Los interesados pueden bajar el archivo pdf”. La información es un recurso imprescindible a la hora de poder tomar decisiones. La falta de publicación de las actas de sesiones o resoluciones y la falta de realización sistemática de dictámenes o informes de auditoría permite esconder la recaudación de recursos (playas de estacionamiento, pasantías, convenios de asistencia técnica, etcétera) y determinar su asignación discrecional (cajas chicas, asignaciones estímulos, contrataciones directas, etcétera) Así, el silencio y el oscurantismo sellan a fuego los negociados que sustentan el lucro en universidades públicas, que cada vez demandan mayor presupuesto al Tesoro Nacional pero se arrogan las prerrogativas de disponer de los propios, prácticamente sin regulación alguna.

Derechos políticos para el personal administrativo y de servicios

La Ley de Educación Superior prevé que la universidad dará reconocimiento en los órganos de cogobierno al personal administrativo y de servicios “con los alcances” que éstas definan. Esto significa -en los hechos- su contemplación como meros espectadores pasivos, sin la posibilidad de expedirse con su voto. Revertir esta injusticia implica tomar partida por la incorporación con voz y con voto de los mal llamados trabajadores “no-docentes”, al gobierno de la universidad y sus facultades.

Coparticipación presupuestaria y violencia institucional

Los desequilibrios presupuestarios entre las distintas facultades se asientan no sólo en la distribución que se haga de los fondos que ingresan provenientes del Tesoro Nacional, sino -y por sobre todo- de las facilidades que cada una de ellas tenga a la hora de vincularse con el entramado económico-productivo que cada una de ellas pueda obtener. Sin dudas que facultades como Económicas, Medicina, Derecho y Arquitectura son privilegiadas frente a otras como Sociales, Filosofía o Psicología. Sin embargo, es necesario dejar de pensar a la UBA como una federación de 13 facultades, y repensarla desde una visión más solidaria e integrada. Mientras algunos estudiantes pueden disfrutar de una pileta de natación en sus instalaciones, otros soportan la lluvia que se filtra por los techos de sus aulas.

Este proceso de discusión llegó para quedarse. Esta opinión y tantas otras más podrán sintetizarse en el recientemente lanzado Foro Abierto por la Democratización de la UBA que impulsa la Secretaría General de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y que cuenta con el apoyo de los decanos de las facultades de Sociales, Exactas y Filosofía, además del beneplácito del candidato a rector Federico Schuster –ex decano y docente de la facultad de Ciencias Sociales-, quien se propone enfrentar en la próxima Asamblea Universitaria a la trama corporativa que sostiene el modelo de universidad privatista.

Aventurar una primera lectura de sus resultados puede permitirnos sostener la máxima: “Dime qué te ha dejado de preocupar, y me dirás cómo has estado trabajando para resolverlo”. Dejando de lado datos sumamente relevantes como la aceptación de alrededor del 70% respecto del proceso de integración latinoamericana, podemos adentrarnos directamente  “a los bifes”: empleo, educación, y ciudadanía. ¿De qué vivo? ¿Cómo consigo un mejor empleo? ¿Cómo hago valer mis derechos?

¿De qué vivo?

Llamativamente, y pese a ser la problemática de la falta de empleo juvenil uno de los flagelos más extendidos mundialmente en el mercado laboral, ya no es el empleo o la situación económica de sus países la principal preocupación entre los jóvenes del cono sur. El fracaso del paradigma neoliberal, según el cual la desregulación y flexibilización del trabajo permitiría conseguir el mayor índice de ocupación en el punto equilibrado del mercado, instó a nuestro país a tomar políticas activas para incentivar la empleabilidad en el círculo virtuoso de la inversión y el consumo interno.

En la Argentina, entre 1990 y 2002 cerraron sus puertas 82.300 empresas. La apertura irrestricta a las importaciones había arrasado con el entramado productivo del país, a medida que el Estado Nacional degradaba su capacidad de intervención en la economía, y nos endeudaba para sostener una ficticia paridad cambiaria con el dólar.

Al momento de la asunción de Néstor Kirchner, en mayo del 2003, el país estaba en default, había un 24,7% de desocupación y un 52,3% de pobres. En la Argentina del 2002 la indigencia ascendía al 20,9%, es decir que había unas 7.900.000 personas por debajo de la línea de indigencia (hoy reducida al 2,8% según datos de la Cepal), pero mediante el acertado posicionamiento del empleo decente en el centro de las políticas públicas, como motor de la economía y la inclusión social, pudo revertirse esta curva empinada que había sumergido al país en el “infierno”.

En 2003 se crea en la órbita del Ministerio de Trabajo el Programa Más y Mejor Empleo, con la intención de promover la inserción laboral en empleos de calidad, brindando capacitación y asistencia para la inserción y el sostenimiento del empleo, y se comienza a trazar una red de oficinas de empleo con el objetivo de federalizar la llegada de las políticas del Estado Nacional a cada rincón del país.

Producto del éxito de esta política, y con la firme decisión de profundizar el rol activo del Estado frente a la crisis financiera global, en 2008 se crea el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, destinado específicamente a jóvenes de entre 18 y 24 años con escolaridad primaria o secundaria incompleta, que no estuvieran incorporados al mercado formal de trabajo, por el que transitaron hasta la actualidad más de 500.000 jóvenes argentinos en busca de mayor capacitación y herramientas con las que poder afrontar su primer empleo.

Así, el desplazamiento de las preocupaciones de los jóvenes que otrora reflejaban una profunda incertidumbre sobre su situación laboral, se corresponde con la fijación de una ecuación macroeconómica y políticas hacia el sector, que lograron en estos últimos diez años reducir la desocupación de un 24,7% a un 6,9% en el último cuatrimestre del 2012, a medida que se restituyeron las convenciones colectivas de trabajo, se crearon 5.000.000 de puestos de empleo, se reinstaló el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, entre otras tantas conquistas sobre la materia.

¿Cómo consigo un mejor empleo?

Vivir en una sociedad que permita potencializar las capacidades de cada uno, garantizando el acceso a la educación permite afrontar con mayor seguridad el tránsito a la adultez. En este aspecto, los resultados del estudio realizado por la OIJ remarcan la falta de preocupación de los jóvenes respecto del acceso a la educación. Seamos claros en esto para que ningún mal-intencionado se haga el pillo: esto no significa que a los jóvenes no nos preocupe estudiar, sino que mayoritariamente no identificamos el acceso a la educación pública como uno de los principales problemas de nuestras sociedades, lo cual es sideralmente distinto.

A diferencia de Chile, donde las crecientes protestas estudiantiles contra un sistema privatista y lucrativo hacen crecer este indicador, en lo referido a nuestro país la educación casi ni registra menciones.

En el 2002, Argentina destinaba el 5% de su PBI al pago de la deuda externa y el 2% a la educación. Hoy es al revés: se destina el 6,50 % del PBI a la educación y la cultura. Se construyeron desde el 2003 a la fecha más de 1.500 escuelas, número imposible de comparar con décadas pasadas, puesto que por ejemplo entre 1989 y 2002 se habían construido únicamente 7.

Mientras tanto, con el Programa “Conectar Igualdad”, se entregaron más de 3.000.000 netbooks para alumnos y docentes de escuelas medias, previendo llegar a las 3.500.000 al finalizar este año, y de este modo garantizar el acceso de los secundarios a las nuevas tecnologías, complemento fundamental de su educación formal en los tiempos que corren.

Más de 150.000 niños y jóvenes volvieron a la escuela a través de las becas “Todos a Estudiar” dirigida a jóvenes de entre 11 y 18 años; “Volver a la Escuela”: dirigida a niños y jóvenes entre 6 y 14 años de todo el país; y a prestación de “Terminalidad Educativa” del PJMyMT para jóvenes de entre 18 y 24 años.

La Universidad, por su parte, es de las instituciones públicas que goza de mejor apreciación entre los encuestados. ¿Cómo podría ser de otra manera en una Argentina donde los egresos aumentaron más del 65%? Con la creación de 9 universidades públicas y gratuitas, se extendió el Sistema Universitario Argentino de modo tal de garantizar la presencia de al menos una universidad por provincia, pudiendo dar cobertura a un conjunto de jóvenes de familias que nunca habían podido acceder a la educación superior, y que de otra forma no hubiesen podido hacerlo. En el conurbano bonaerense, para graficar, la media de esta movilidad socio-educativa es del 75% del total de los cursantes.

El presupuesto universitario aumentó de 0,5% a 1,02% del PBI, pudiéndose así realizar obras de infraestructura pendientes y programas de promoción al acceso que permitieron que la matrícula universitaria crezca un 28% ascendiendo a un total de 1.808.000 estudiantes.

Nuevamente, y sí bien queda mucho por seguir haciendo, nuestro país se ubica a la vanguardia en la región en materia de educación y particularmente en el tramo superior. Fortalecer la permanencia de los estudiantes, a medida que se siguen incorporando los sectores más postergados y castigados por décadas de abandono, consolidarán el perfil inclusivo y estratégico que se le ha dado a nuestro sistema educativo en estos últimos diez años.

¿Cómo hago valer mis derechos?

Por último, la pregunta por el ejercicio de la ciudadanía, es también la pregunta por la madurez institucional, por la valoración de lo público, y por la participación popular en la construcción de una democracia protagónica.

Es destacable señalar la disímil valoración que los jóvenes encuestados hicieron de la categoría “clase política” bastante bastardeada, con la categoría “el gobierno”, mucho mejor ponderada. Es sobre esta brecha: la recuperación de la estima sobre “la política” como herramienta de transformación, pero no sobre quienes ejercen la dirigencia en los diferentes partidos políticos; que los jóvenes argentinos han despertado masivamente a la militancia y la participación.

Muchos han sido los partidos políticos que han afianzado su proceso de recambio generacional, y otros tantos los que insisten vanamente en fórmulas obsoletas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha definido a su gobierno como “puente” entre generaciones que se incorporan a la política y ven en las filas de las distintas organizaciones que integran el Frente Para la Victoria un lugar desde el que poder participar.

Esta década ganada, fundante de una nueva Argentina, no sólo nos encuentra parados sobre un nuevo piso de derechos naturalizado por las nuevas generaciones, sino que también tiene su correlato en una resignificación del sentido de Patria, de la política como herramienta de transformación, del pueblo como sujeto y no como objeto del proceso histórico.

Interpelados por un proyecto político que nos propone ya no “organizarnos para resistir” como en otra etapa de la argentina, sino organizarnos y unirnos para avanzar con mayor firmeza sobre lo que falta y para que jamás puedan arrebatarnos lo conquistado, es que los jóvenes argentinos festejamos una década ganada y nos preparamos para otra por ganar.