Para intentar superar la “grieta” de las mediciones oficialistas u opositoras podemos recordar lo que hizo el actual ministro de Economía frente a la intervención del Indec del 2007, a partir de cambios en su metodología de medición. Kicillof comenzó a usar un IPC compuesto por los índices de 9 provincias, para poder seguir trabajando con las series de estadísticas históricas de nuestro país. Porque acá tenemos un problema que va más allá de este gobierno.

Hoy, el Indec, incluso cuando el gobierno permitió que lo audite el FMI, sigue sin tener credibilidad o peor aún escondiendo información. Es un problema grave aunque alguno se pregunte para qué sirve el Indec.

Hay que entender que sin números las discusiones políticas se empantanan y se vuelven chicanas irracionales. El problema es que en la actualidad hay menos herramientas para juzgar las políticas económicas y sus consecuencias sociales. Se opina desde el prejuicio. Por eso muchas veces los debates se vuelven demagógicos y de opiniones irreconciliables. Voy a citar un ejemplo: se puede ser antiperonista pero eso no quita que debas reconocer la forma en que mejoraron los indicadores económicos y sociales durante el peronismo y eso es gracias a las estadísticas, no a los sentimientos. Desde que está Kicillof, en el Ministerio todo se ha vuelto más difícil para el futuro y mucho más para el presente. Porque si bien no puede negar la caída de las exportaciones e importaciones o la parálisis de la economía, esconde los indicadores sociales y eso termina transformando algunas discusiones económicas en una cuestión de fe. Guillermo Moreno dibujaba y te discutía el dibujo, pero acá directamente se niega y lo que dice él está bien y lo que dicen otros está mal. Pero Kicillof sabe que sus políticas generan ajuste y mayores índices de pobreza, entonces esconde su incapacidad y a los pobres debajo de la alfombra para evitar ponerle números y racionalidad a las comparaciones.

Por eso vuelvo sobre el indicador de inflación para sustentar el paro del próximo 9 de junio. Kicillof asumió el segundo lugar en el Ministerio y dejó de publicar el índice que él mismo usaba. Incluso los borró de la página web del Centro de Estudios que presidía. Más allá de eso el CIFRA de la CTA, uno de los centros de estudios de mayor prestigio, por su presente, su pasado y su profesionalismo, sigue basándose en ese IPC de 9 provincias para sus informes de coyuntura. Tiene una clara postura oficialista, pero intenta ser objetivo y en su último análisis arrojó que en el 2014 hubo una inflación anual del 36,8% que establece un ajuste promedio a los salarios del 5%, aún más fuerte en jubilaciones y el sector público. Es el índice de inflación que usaba antes el ministro y que hoy a la hora de la negociación paritaria se olvida. Él es consciente del ajuste que sufrieron los salarios y jubilaciones el año pasado. Él sabe que si devaluás, subís la tasa de interés y pisás salarios generas una distribución regresiva de la economía. ¿Sino cómo se entiende que hasta tenga pretensiones más bajas que algunos empresarios para las paritarias? Hasta sindicalistas oficialistas han dicho que la parte más dura en las negociaciones es el Gobierno. Es él quien está pisando las paritarias para contener la inflación con ajuste. Él no dice “hay que pasar el invierno” o que “hay que ajustarse el cinturón”; él borra los indicadores sociales y te dice que este año va haber una inflación de un 25, ocultando que el año pasado hubo una pérdida del poder de compra de los salarios. El ejemplo más claro es la paritaria bancaria que lleva casi 5 meses vencida y que para colmo es en el sector de mayor rentabilidad. Un gremio oficialista cuyo plan de lucha sigue en marcha y no se vislumbra ninguna solución y el Gobierno incluso está más empecinado que el sector empresario. Por eso la necesidad del paro que a esta altura ya se hace incluso para defender la institución Paritaria que es la principal herramienta que tienen los trabajadores de cara al próximo gobierno. A pesar que desde el 2008 y cada vez más claramente desde el 2011 las paritarias solo sirven para correr detrás a la inflación a partir del ajuste que se viene dando desde esa fecha, es imprescindible defender la Paritaria con convicciones firmes sin dejarse presionar.

Cabe preguntarse entonces qué hacer con el Indec como una forma de pensar en las próximas negociaciones. Ante todo debería empezar a publicar los indicadores sociales. Pero creo que hay que intentar auditar los índices con todos los sectores. Tanto la CTA oficialista como la CGT Azopardo utilizan los índices provinciales con distintos métodos de ponderación por centros urbanos y cantidad de población. Creo que sería correcto buscar la forma de lograr el mayor consenso a través de una comisión bicameral o un organismo parecido, consultando a universidades y especialistas, para intentar corregir la serie histórica. Esto debería ser una de las primeras medidas del gobierno que venga, sea del signo que sea. Siendo que la inflación es la forma más clara en que se manifiestan todos los problemas de nuestra economía, el primer paso es por lo menos ponernos de acuerdo en la forma de medirla. Incluso puede ser una excelente oportunidad para que el gobierno que venga demuestre su voluntad de construir consensos.

Otro problema importante es la dinámica en la que ha entrado la economía, que podemos resumir en la emisión y el endeudamiento financiando la rentabilidad bancaria. ¿Dónde los datos que esconde el Indec vuelven a salir a la luz? En una economía en recesión el sector financiero sigue arrojando ganancias. ¿De dónde surgen esas ganancias? Del ajuste de salarios y el endeudamiento en donde el Ministerio de Economía juega un rol protagónico primero a través de la emisión de pesos y luego de deuda dolarizada en Lebacs. El Tesoro emite billetes para financiar sus errores y estos a su vez son reabsorbidos por los bancos privados que con ellos compran deuda pública en dólares que emite el Central. Sé que suena rebuscado pero me parece que es importante que la gente lo entienda. En el 2014 el Estado emitió $161.500 millones más que en el 2013. Envió al mercado esos pesos y después el Central los absorbió, a través de Lebacs, que son letras en dólares por $ 94.600 millones que aumentan la deuda. Como no se puede financiar en el exterior, emite deuda con entidades financieras en el país en dólares para reabsorber los pesos que imprime y entrega en forma indiscriminada. La emisión empuja la inflación hacia arriba y las paritarias la empujan hacia abajo reduciendo salarios y jubilaciones. En el medio alimenta una bicicleta financiera que le permite a los bancos mostrar ganancias en un contexto de recesión, porque compran bonos públicos con el sobrante de pesos a una tasa alta en dólares que pagará otro gobierno.

El festival de bonos lo alimenta el Banco Central al supeditar el manejo de la política monetaria a las necesidades financieras del fisco. Para paliar déficit fiscal el BCRA emite y luego absorbe parte del mismo dinero pagando tasas de interés más altas. Por eso las ganancias de los bancos fueron un 58 % superiores a las del 2013 que ya habían sido altas. En este primer trimestre también los bancos arrojaron las ganancias más altas de la economía por la revalorización de los títulos públicos. Frente a la dificultad del endeudamiento externo, Kicillof armó una bicicleta financiera en donde entrega pesos al mercado vía subsidios a las empresas, que después les pide prestados a los bancos con una tasa más alta en Lebacs dolarizadas. Mientras el país no crece algunos pocos sectores conservan sus ganancias y otros muchos pierden.

Es claro que hubo un cambio del modelo de gobierno. Todo este esquema que viene insinuándose desde que se desplomaron las reservas con medidas como el Cepo, puede resumirse en una frase de discurso de Néstor Kirchner del 25 de mayo del 2003: “El país no puede continuar cubriendo el déficit por la vía del endeudamiento permanente ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciéndose correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos.” Siempre la inestabilidad económica empodera a los mercados y perjudica a los sectores de menores recursos.

De acuerdo a datos del censo de 2010, son más de cuatro millones los hogares que habitan en viviendas deficitarias, viven en condiciones de hacinamiento o se encuentran en situación de tenencia irregular. Representan el 35% de todos los hogares del país. Uno de cada tres hogares necesita, aunque en distinto grado, mejorar su situación habitacional. En las principales ciudades, la cantidad de familias que viven en formas deficitarias de hábitat aumentó incluso en relación al Censo del 2001. En la Ciudad de Buenos Aires, la población de villas y asentamientos se incrementó un 52% respecto al año 2001, alcanzando un total de 163.587 habitantes.

Es paradójico que, a pesar de las mejoras en las condiciones generales de la economía y del fuerte desarrollo de la industria de la construcción en la última década, la situación habitacional en Argentina no haya mejorado de forma significativa. Sin embargo, esto se explica en gran medida por el fuerte incremento de los precios del suelo y de los inmuebles, cotizados en dólares, muy por encima de los aumentos salariales en pesos, que hicieron de la vivienda una mercancía fuera del alcance de los sectores medios y bajos.

Si bien se pusieron en marcha ambiciosos programas de crédito y de construcción de viviendas, los resultados obtenidos estuvieron muy por debajo de las metas anunciadas y no lograron contrarrestar los efectos expulsivos de un mercado inmobiliario cada vez más excluyente. Según datos oficiales de las 420.000 viviendas anunciadas en 2004 y 2005 a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas, al año 2012 se habían finalizado sólo 246.000. De los 200.000 créditos que se iban a entregar en los dos primeros años del Pro.Cre.Ar., se adjudicaron la mitad y sólo se finalizaron unos 50.000.

Para avanzar en la solución del problema habitacional es preciso abordar la cuestión desde una perspectiva integral. No basta con construir viviendas y otorgar créditos. Se debe regular el mercado inmobiliario con medidas selectivas e inteligentes que amplíen el universo de la población capaz de acceder a una casa a través del mercado formal, tanto mediante la compra o el alquiler. Se deben generar incentivos para que la construcción de vivienda se vuelque a satisfacer las necesidades de quienes más lo necesitan y no sólo a ofrecer alternativas de ahorro e inversión. Al mismo tiempo, se tienen que introducir mecanismos que contribuyan a volcar la vivienda ociosa al mercado de alquileres, como forma de ampliar la oferta y reducir los precios de las locaciones.

Es fundamental regular el mercado de suelo. En la medida en que los propietarios puedan retener sin costos la tierra a la espera de su valorización, la vivienda continuará siendo una mercancía cada vez más inaccesible para los trabajadores y el Estado va continuar teniendo dificultades para implementar políticas habitacionales. Tanto el Plan Federal de Construcción de Viviendas como el Pro.Cre.Ar., se toparon con obstáculos en su implementación como resultado de los incrementos de los precios del suelo, que hicieron difícil para las provincias y los municipios el acceso al suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas, y a los beneficiarios de los créditos hipotecarios adquirir terrenos en zonas con transportes y servicios.

La recuperación del Banco Hipotecario puede ser una herramienta con capacidad para articular políticas de crédito y de suelo, que eviten que el incremento en la demanda se traslade a un aumento de los precios de la tierra y la vivienda. Además, podría convertirse en una pieza clave de la política habitacional que contribuya a la regulación del mercado de crédito hipotecario, hoy casi inexistente a pesar de las elevadas rentabilidades que presenta el sector financiero. No sólo es fundamental contener la inflación para ampliar la oferta de financiamiento a largo plazo, sino que se necesita generar instrumentos para regular sus tasas. En el marco de una política de Estado inexistente, el mercado inmobiliario se encuentra orientado por la especulación y aún en contextos de fuerte expansión de la construcción, se condena a cada vez más familias a solucionar su necesidad de vivienda de formas precarias y caras.

La política económica del gobierno ignora de forma sistemática la agenda de reclamos de los trabajadores. Todas las centrales sindicales coinciden en la legitimidad de los reclamos y eso es un dato que no se puede soslayar. Hasta el dirigente sindical más “cercano” al gobierno suele interrumpir sus silencios, en busca de algún tipo de respuesta a los problemas que hace más de dos años vienen volcándose sobre los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores.

Al contexto económico que se generó con políticas económicas que favorecieron la fuga de divisas y la caída de las reservas del Banco Central, la respuesta en los primeros meses de este año ha sido la profundización de las medidas de corte ortodoxo con una devaluación de la moneda del 60% en 12 meses y la suba de la tasa de interés que le generaron a los bancos una ganancia de 10 mil millones de pesos en tan solo un mes, y otro tanto para los sectores exportadores. Esta situación provocó un cuello de botella en el sector industrial como en el caso del sector automotriz y la industria de ensamble de Tierra del Fuego. Como en toda devaluación, los únicos perjudicados son los sectores asalariados.

Resulta difícil, si no imposible, cuantificar las consecuencias de la actual situación financiera y por eso es importante comprender las distintas responsabilidades en esta situación. Medidas como el cepo cambiario que dispararon la fuga de divisas por turismo exterior y la compra de autos importados de alta gama solo se revisaron después de la elección, cuando las reservas pasaron de 52 mil millones en 2011 a 28 mil millones de dólares en la actualidad y dejaron a la política cambiaria a merced de la improvisación. En el primer semestre del 2013, según los números del BCRA, el 70% de la caída de las reservas se explicó por el déficit de la balanza del turismo, porque con la doble cotización los extranjeros dejaron de liquidar divisas en el mercado formal. Un dato preocupante es que el próximo año los argentinos tenemos vencimientos de deuda por 13.650 mil millones de dólares ya sin posibilidad de pagarlos con superávit o con las reservas.

Los jubilados ya vieron las consecuencias de esta política en el ajuste de sus haberes. No solo el gobierno nacional les negó el bono de fin de año, sino que la movilidad jubilatoria semestral dio solo un 11% de aumento, que ya se esfumó por la inflación que se desprende del IPC del Indec del primer trimestre. Este 1º de Mayo comienza el ajuste en el bolsillo de todos los jubilados de nuestro país porque hasta junio su pensión correrá por detrás de la inflación. Una pregunta que se desprende de esto y que es importante saber: si la movilidad jubilatoria es un promedio de la recaudación y las negociaciones salariales, ¿por qué ese aumento fue tan bajo? La Ley de movilidad jubilatoria aplica dos fórmulas. El promedio de las paritarias y la recaudación semestral solo se aplica cuando es inferior a la segunda fórmula que depende de la capacidad fiscal anualizada. Por lo tanto de las dos fórmulas siempre se aplica la más baja.

En el universo de trabajadores activos la caída de las reservas también tiene consecuencias, no sólo en el aumento de precios como se puede ver en el caso de la nafta, sino también en muchas de las ramas que dependen de las importaciones. La inflación sumada a las trabas del 20% que impuso el BCRA ha llevado a muchas de esas empresas a comenzar con suspensiones y ofrecer retiros voluntarios.

Es por esto que hemos presentado dos proyectos de Ley que buscan extender la protección frente a la inestabilidad laboral. Por un lado un proyecto preventivo para intentar evitar despidos a través de la doble indemnización, para que los empresarios que estén dispuestos a despedir reconsideren esa situación en función de los costos en una perspectiva menos coyuntural. En este sentido quiero recordar que hace tan solo dos meses la misma Presidenta se refería a los records de la industria automotriz. Teniendo en cuenta el período de fuerte crecimiento que experimentaron en los últimos años con records de ventas, se deben evitar los despidos por un período determinado para volver a analizar el futuro del sector a largo plazo. No es justo que frente a decisiones macroeconómicas que se encuentran por fuera del alcance de los trabajadores y sus organizaciones se opte por cortar por el hilo más delgado.

La otra iniciativa, que es para un segundo momento, consiste en ampliar el seguro de desempleo y llevarlo también a los trabajadores del sector público, agrario y a quienes se desempeñan en servicio de casas particulares que hoy no poseen legislación apropiada. Este proyecto prevé la creación del Instituto Nacional para la Reinserción Laboral y Productiva (INRLP) bajo competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para promover y auxiliar la formación de trabajadores en situación de desempleo y lograr su reinserción en el ámbito laboral. De esta forma buscamos que el subsidio de desempleo tenga como contraprestación una mayor capacitación que pueda ser acreditada en función de mejorar su reinserción laboral.

Por último quiero saludar a todos los trabajadores en este día y en particular a aquellos que se encuentran suspendidos y con la incertidumbre instalada en sus hogares. Los que llegamos a la política desde la militancia gremial, tenemos el compromiso de pelear por el salario y los derechos laborales de todos los argentinos para que no nos quiten lo que hemos conseguido con esfuerzo.

En ese sentido he presentado varios proyectos, entre los que se incluyen una reforma integral del mismo. Pero también en función de que en los últimos días han aparecido muchas voces que parecen remarcar su carácter “progresivo”, he presentado una sencilla modificación de la que dudo que alguien pueda estar en contra. Se trata de incorporar los alquileres de vivienda única a las deducciones. Mientras que pueden deducirse el “servicio doméstico”, los “intereses de un crédito hipotecario” o la “rentabilidad de un plazo fijo”, la cuarta categoría castiga a quien debe alquilar una vivienda, sin contemplar a este gasto como necesario en un contexto donde el acceso a la vivienda es un problema que tiene gran parte de los trabajadores asalariados que habitan en los grandes centros urbanos.

Aporto al debate una propuesta que presenté en el parlamento y que atañe a un universo concreto de trabajadores. Se trata de la modificación del artículo 81, “sobre deducción por alquiler de inmueble destinado a casa-habitación”, de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias.

La vivienda es una necesidad humana universal, que constituye un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. Esta letra pesa especialmente sobre las espaldas del Estado, quien tiene la obligación de reconocer en la vivienda un derecho humano y asegurar que no se adopten medidas que puedan menoscabar su condición jurídica.

¿Cuál es la realidad? Una enorme porción de nuestra población no posee vivienda propia y alquila. El alquiler es un gasto vital que hace al mantenimiento de niveles de vida dignos. En tanto, debido al carácter constitucional del derecho y a la vulnerabilidad de muchos compatriotas que viven sin el acceso por diversas razones es que creemos que el alquiler de la vivienda única familiar y de ocupación permanente debe incorporarse al conjunto de deducciones reconocidas al impuesto a las ganancias, del mismo modo que las cargas familiares y la cobertura médica. Construir justicia social es contribuir a que más familias y personas sean dueñas de sus casas.

Hoy, quienes alquilan y quienes son propietarios reciben el mismo tratamiento impositivo. Y sabemos que para cualquier familia el sueño de la casa propia guía sus recursos, sus estrategias, su “economía familiar”, y que la frustración de no acceder y tener que alquilar (por años) es un déficit de políticas públicas de vivienda tanto como de la ausencia de líneas de crédito accesibles. Los alquileres llegan a significar el 40% del salario. ¿No manifiesta esta omisión otro carácter regresivo del impuesto a las ganancias en su actual reglamentación?

De esta forma, creemos en la posibilidad de deducir el alquiler hasta montos máximos variables de manera que impida la deducción de alquileres de viviendas suntuosas. No se trata de generar nuevos privilegios sino de reducir injusticias. También esta medida estimulará la regularización de contratos de locación informales, reparando la situación legal de los inquilinos. El ahorro que esto puede generar o irá al consumo o al ahorro, dándole mayor volumen al mercado interno.

A su vez, la regularización de los alquileres incrementará la recaudación en la primera categoría, reduciendo los efectos que esta ley podría tener en términos de recaudación fiscal y contribuyendo a recuperar la progresividad que el impuesto a las ganancias fue perdiendo desde mediados de la década de 1970, que se ha profundizado con la desactualización del Mínimo No Imponible en estos años.