Como el derecho no es algo inmutable, sino que va evolucionando en el tiempo, y debido a que paralelamente a esa evolución se van trasformando las conductas sociales que el derecho regula, lo que suscita problemas que hasta ese momento no se habían presentado y a los cuales el derecho debe dar respuestas, se genera la urgencia de adaptar los derechos humanos a las nuevas realidades sociales.

El respeto de los derechos fundamentales de las víctimas del delito constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos; por lo tanto, es vital que se establezcan las bases legales necesarias para la adecuada y oportuna atención. De igual manera, propiciar que las autoridades en el ejercicio de sus funciones se abstengan de anular o desconocer tales derechos o de utilizar mecanismos que provoquen una doble victimización institucional.

Los efectos de estos delitos no terminan con la afectación directa a la víctima, sino que además se extienden indirectamente a terceros, como la familia, los amigos, entre otros. Las víctimas, consideradas y relegadas como actores secundarios dentro de los sistemas de Justicia, quedan —como si fuera poco el sufrimiento— sujetas también al desamparo institucional, situación que en un Estado de derecho, y por humanidad, no puede tolerarse.

Tradicionalmente, las políticas públicas mundiales no han contemplado suficientemente a la víctima del delito; sin tomar en cuenta que la victimización puede provocar daños graves que en muchas ocasiones son de difícil o imposible reparación, ya que penetra el nivel más profundo de la integridad de una persona, no solamente en su aspecto físico, sino en su estado emocional. Alcanza, de esta forma, a sus relaciones sociales y familiares, su situación económica y hasta jurídica, lo que genera, en muchos de los casos, una exclusión de la sociedad.

En la Argentina, la descoordinación de instituciones de atención a la víctima, sumado a la insuficiencia y la falta de adecuación de servicios victimológicos (ya que la mayoría de los centros asistenciales proporcionan atención preferentemente a víctimas de violencia familiar y delitos sexuales, por lo que descuidan a las víctimas de tragedias y delitos violentos) ha generado que su intento por reparar los derechos de las víctimas se torne ineficaz. Por estas razones, de cara al futuro es fundamental generar mecanismos institucionales que se orienten a la búsqueda de propuestas concretas para la atención rápida y eficaz de sus derechos.

Cromañón no sólo nos mostró la evidencia más cruel de todo lo malo que hemos construido como sociedad; nos expuso también valores inquebrantables ante la adversidad, como el amor a la vida, la solidaridad, el heroísmo y la grandeza del ser humano, representados en cada persona que entraba al local bailable, arriesgando todo –inclusive hasta la propia vida- y hasta el último respiro, para rescatar al amigo o aún para salvar a un desconocido –como afortunada y agradecidamente fue mi caso.

Uno tendería a pensar que ante tan importante tragedia, la negligencia estatal y la falta de control, en diez años serían problemáticas del pasado; sin embargo, la Tragedia de Once, el derrumbe de Beara o la explosión del edificio en Rosario, por citar algunas, nos chocan fuertemente con la realidad. Lamentablemente, muchas de las causas citadas en los párrafos anteriores se han potenciado en esta década y hoy están diseminadas por todo nuestro país. Basta ver el Índice de Percepción de Corrupción que realiza Transparencia Internacional, donde Argentina viene cayendo año tras año, ocupando el puesto 107 sobre 175 países relevados y en la región sólo es superada por Venezuela, Paraguay y Ecuador. Esta década también nos deja el mal gusto de entender que para algunos los derechos humanos sólo están destinados a los perjudicados por la dictadura militar; pareciera que derechos humanos básicos como la vida, la seguridad y la recreación, de nada valen para las víctimas en democracia, silenciadas porque no le sirven al relato oficial.

Estas líneas, no pretenden ser simplemente un lamento sobre lo que pudo haber sido y no es; buscan ser un llamado a la reflexión, al trabajo creativo, a la conciencia civil y por ende al compromiso ciudadano, a la responsabilidad política y a la esperanza puesta en el futuro y no en el pasado, para poder, de una vez por todas, cambiar la realidad para que nunca más suceda algo similar. Esta situación genera por un lado un gran desafío, por la abrumadora tarea que significa, pero a la vez, una gran oportunidad que tenemos los argentinos de construir un Estado de Derecho moderno que, verdaderamente, pertenezca al siglo XXI y no al siglo pasado.

El camino para lograrlo comienza mejorando la calidad institucional, con mayores grados de libertad de prensa, permitiendo un mejor control de la corrupción y una mejor rendición de cuentas del Estado; con mayores grados de independencia judicial, para juzgar eficientemente al poder político; modernizando, optimizando y descentralizando el poder estatal, para eliminar la burocracia; dándole más atribuciones a los organismos de control, para que las recomendaciones que llevan los informes sean debidamente atendidas e implementadas, como por ejemplo que la AGN aplique sanciones y multas por desatención de sus requerimientos; sancionando una ley de acceso a la información publica, para que los poderes del Estado sean más observables; simplificando el frondoso entramado jurídico, adaptando las normas a las exigencias de la realidad y no al arbitrio del poder de turno; y fortaleciendo el sistema penal, dándole mayor protección a las víctimas.

Por sugerencia de Hugo Chávez, quién tomó una medida similar en Caracas, la presidente Cristina Kirchner decidió, hace ya un año, desmontar y trasladar el monumento de Cristóbal Colón -realizado por Arnaldo Zocchi y obsequiado por la comunidad italiana con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo- que describe el hecho histórico del descubrimiento de América.

Esta iniciativa refleja un profundo desconocimiento de la historia; ya que el descubrimiento de América constituye uno de los más importantes logros científicos de la humanidad, probando empíricamente la redondez de la tierra y dando origen al desarrollo tecnológico. Asimismo, motivó el nacimiento de una nueva identidad forjada entre americanos y europeos. Ignorar estos sucesos es pretender cambiar la historia por una visión sesgada y caprichosa del poder de turno. Además de afectar a la identidad y al patrimonio histórico porteño, esta decisión, muestra un profundo desprecio por las instituciones republicanas, por la comunidad italiana –en particular-, que colaboró con nuestro país para hacerlo grande y en general –implícitamente- hacia todas las comunidades de inmigrantes.

Por otra parte, se viola la Ley Nacional 5105 del año 1907, en la cual se aceptó la donación de los residentes italianos y se determinó que el monumento estaría erigido en la plaza de su nombre en la Ciudad de Buenos Aires. Por el decreto municipal 2981/59 el monumento pasó a formar parte del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y se lo incluyó en el inventario de bienes patrimoniales de la Dirección de Paseos. Además, actualmente integra el Registro del Departamento de Monumentos y Obras de Arte (MOA) del Ministerio del Ambiente y Espacio Público de la CABA. De este modo, se viola la autonomía de la Ciudad. No se respetó la ley porteña 2862/2008 que establece un convenio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cual expresamente se determina que el Gobierno Nacional debe comunicar al gobierno porteño la realización de actos por los cuales deben cerrar el acceso al público.

En el resto del tiempo la plaza debe permanecer abierta al público. Pero, desde ese entonces, la Plaza Colón permanece cerrada al público. Por lo tanto, siendo un espacio público de la CABA, se afecta a su autonomía. En la misma norma, se establece que, en caso de controversias, las partes se someterán a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recurso que no se ha utilizado. En la actualidad, la Constitución de la CABA en su Art. 81 inc.7, establece que es la Legislatura, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, quien tiene la potestad de disponer la ubicación de los monumentos. Norma constitucional que estaría violándose con su traslado.

Además, mediante una medida cautelar dictada el 11/12/2013, se prohibió que todo el monumento y/o sus partes sean removidos fuera de la Plaza Colón, así como el desmembramiento y desmantelamiento. A pesar de esto se continuó con las obras de remoción, atropellando una decisión judicial y despreciando a la República.

Al comienzo de esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad se opuso. Algunos miembros de esta fuerza política se manifestaron públicamente en contra de esta medida, entre ellos, el Vicepresidente Primero de la Legislatura Porteña, Cristian Ritondo, quien aseguró que se trató “de un intento de robo”. También, el líder del espacio, Mauricio Macri, publicó el 1 de Junio del 2013 en Twitter: “Si se quieren llevar el Monumento a Colón, me pregunto cuál será el siguiente”. Reforzando esta postura, el diputado nacional por el PRO, Jorge Triaca, el 24/07/2013 presentó en el Congreso un notable proyecto de declaración en donde declara su “profundo desagrado y rechazo ante la remoción de la estatua de Cristóbal Colón ubicada en la plaza existente al este de la Casa Rosada, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que sea restituida a la brevedad y desagraviada su memoria.”

Sin embargo, lamentablemente, esta posición ha cambiado por un acuerdo hecho entre ambas administraciones. En primer lugar, el Poder Ejecutivo porteño está acusado judicialmente de haber renunciado al derecho de la ciudad a recuperar la plaza Colón, cuando tenía la potestad de someterse a la jurisdicción originaria de la CSJN y no lo hizo. También, tiene responsabilidad por su inacción como tercero obligado –el monumento es patrimonio de la CABA- ante la pretensión del gobierno nacional de apropiarse y disponer del mismo a su antojo.

En consecuencia, la Presidente de la Nación anunció ante el Congreso el aval del Poder Ejecutivo porteño para remover el monumento. La cuestión se torna muy grave, pues el Jefe de Gobierno invade la esfera del Poder Legislativo de la Ciudad; ya que la Constitución de la CABA establece que es la Legislatura, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, quien tiene la potestad de decidir la ubicación de los monumentos. Al mismo tiempo, entra en colisión con la Justicia, dado que allí se están tramitando las acciones judiciales sobre el fondo del asunto. Ningún acuerdo puede materializarse hasta que haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión.

Ante esta complicidad del gobierno porteño, que colabora para cumplir no sólo caprichos presidenciales, sino también indirectamente caprichos de Hugo Chávez, padre de la dictadura que hoy tanto sufren nuestros hermanos venezolanos; no nos queda otra alternativa para frenar los ataques institucionales que llamar a la ciudadanía a participar. De este modo, desde el Frente de Renovación Ciudadana, como adherentes al Comité Italo-Argentino: Colón en su lugar, decidimos colaborar y lanzar la campaña www.colonensulugar.com para recolectar firmas y así legitimar la realización de una consulta popular, regulada en el Art. 66 de la Constitución de la CABA, con el fin de conocer la opinión de los porteños respecto de que el monumento se reconstruya y permanezca en la plaza Colón de acuerdo a la legislación vigente. Será Justicia.

F. W. Nietszche

Uno de los grandes problemas que nos deja esta década y que tenemos el desafío de resolver como sociedad si queremos progresar es, quizá, en apariencia intangible, pero está presente diseminado en los diferentes sectores de la ciudadanía. Me refiero al resentimiento, ese estado de ánimo que surge de la interpretación de que hemos sido víctimas de una acción injusta que nos impidió obtener lo que merecíamos, negándonos determinadas posibilidades que consideramos que teníamos derecho. Y que, por supuesto, hay un responsable, que tarde o temprano pagará; en algún momento nos vengaremos por lo sucedido.

Este esquema sobre el que se sustenta el resentimiento está compuesto por promesas y expectativas esperadas que no son cumplidas y que entendemos como sociedad que nos pertenecía legítimamente el derecho a obtenerlas. Asimismo, vale agregar que no basta con el mero incumplimiento de la promesa sino también es fundamental que se obstruya, por acción u omisión, la posibilidad de manifestar nuestro reclamo.

Es allí donde nos encontramos con un gobierno nacional que fragmentó la sociedad, instalando la violencia retórica y fáctica en algunos casos, haciendo oídos sordos a diversos reclamos sociales y que no pudo materializar sus promesas iniciales, desilusionando a muchos que creyeron en él; como también, en este sistema, aparece la oposición, que por lo menos hasta ahora, no supo, no quiso o no pudo canalizar los reclamos en acciones políticas con cimientos sólidos y perdurables en el tiempo.

Esta situación lleva a la dicotomía de oponerse ferozmente al estado actual de las cosas que nos hizo víctimas de una injusticia, pero por otro lado se interpreta que no hay nada que se pueda hacer para cambiarlas. Entonces, este terreno de impotencia, es decir de falta de poder, es ideal para que florezca silenciosamente el resentimiento en lo más profundo de las entrañas de la sociedad.

El resentimiento es extremadamente destructivo para la convivencia social, en donde hay más sufrimiento que felicidad para las personas afectadas. También, como si fuera poco, a esto se le suma la limitación en la capacidad de generar acción ya que se sumergen en una conversación que niega aceptar lo sucedido, se nutren de más hambre de justicia y acusación de culpabilidad; esperando el momento propicio para hacerlos pagar por lo sucedido. De esta manera, el pasado conquista al presente y se limita el espacio para pensar el futuro.

Nietzsche -uno de los pensadores que más desarrolló este tema- entendía que el resentimiento hiere la convivencia con los otros; pero por sobre todas las cosas, le quita la libertad al ser humano, lo transforma en esclavo de la persona que entiende como culpable. El resentimiento nos hace vivir en función de la persona con que estamos resentidos, con odio y obsesión por la venganza que algún día llegará.

En estas circunstancias, si queremos cambiar la realidad actual, es necesario entender y aceptar que hay cosas pasadas que no podemos cambiar. Es fundamental dar por cerrado el pasado. Esto no quiere decir que olvidemos lo sucedido, que absolvamos a los responsables ni que evitemos acciones legales correspondientes, sino que es una actitud que trasciende esta situación para poder aprender de los errores y liberarnos de semejante carga que nos condiciona para entrar de lleno en el camino hacia la transformación del futuro.

Debemos madurar como sociedad si anhelamos liderazgos que comprendan la complejidad de las relaciones sociales, las instituciones que las regulan, pero por sobre todo que aprovechen los ciclos de auge económico para lograr proyectos colectivos que no terminen siendo la venganza de tiempos remotos. Dejar de lado el resentimiento, abandonar las ataduras del pasado y respetar al otro, es el primer paso.

El título de este artículo hace referencia a una película que, inspirada en las palabras de Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, recoge el derecho a la búsqueda de la felicidad y lo materializa con la vida de Christopher Paul Gardner. En el film se da un movilizante diálogo, que siempre recuerdo, en el cual Chris Gardner le dice a su hijo: “Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve por ello y punto”.

Estas palabras, tan motivadoras, encarnan perfectamente el derecho a la búsqueda de la felicidad, el cual está implícito en el Art. 19 de nuestra Constitución Nacional y que, a mi juicio, está íntimamente relacionado con lo que debería ser el fin último de la política. Es decir, la política, si tuviera que definirla, es el arte de facilitar la búsqueda de la felicidad a los ciudadanos. Esto no quiere decir garantizarla, eso es demagogia pura, sólo su búsqueda, ya que cada ciudadano debe conquistarla para sí mismo.

De forma antagónica a esta visión, en los últimos tiempos el gobierno nacional ha sido el causante de la grave situación económica y social vigente, entorpeciendo millones de oportunidades de futuro, de desarrollo personal y profesional, es decir, afectando al derecho a la búsqueda de la felicidad. Un ejemplo actual de esta situación es el de Axel, quien habiendo juntado $365 mil para operarse de su esclerosis múltiple en España, no puede hacerlo por trabas de la AFIP.

Dado que no se puede garantizar la obtención de la felicidad en su faceta subjetiva, lo que sí se puede hacer es garantizar las condiciones objetivas que faciliten su búsqueda. De esta manera, sólo podremos intentar en plenitud nuestros fines laborales, intelectuales y espirituales si contamos con la libertad para hacerlo.

Para lograrlo, las políticas tendientes hacia más libertad no deben ser aplicadas de forma drástica, no se trata de pasar de un solo golpe del sistema de regulaciones existentes a una situación de libertad absoluta sino de poner en marcha un sistema institucional que tienda a eliminar esas regulaciones, con lo cual se comenzará a solucionar el problema.

Teniendo en cuenta que, lo ideal es enemigo de lo posible y que las formas puras rara se vez se dan en la naturaleza, debemos ser cautos y aprehender a manejarnos con las condiciones reales que en ella se manifiestan. Esa tendencia significa que la acción política debe estar enfocada hacia la eliminación progresiva en el tiempo de todas las trabas y obstáculos que limitan las fuerzas productivas, los estímulos y las iniciativas de los ciudadanos.

Por tanto, las nuevas generaciones de políticos tenemos el gran desafío de revalorizar y resignificar la política, y abandonar las políticas actuales para avanzar firmemente, como resulte posible, hacia más libertad; proporcionando en cada acción una orientación hacia este norte y un camino a seguir. Fundamentalmente, teniendo en cuenta la importancia del movimiento en sí mismo y el sentido en que se produce.

La economía estaba en ruinas, producto de la planificación estatal, del trabajo obligatorio y de las entregas forzadas de ganado y cereales. Para tomar conciencia, la producción de cereales disminuyó a la mitad respecto de 1913 y la producción industrial bajó un 80%. Esta situación llevó a que los trabajadores realicen matanzas suicidas del ganado en forma de protesta contra la colectivización y se manifiesten en huelgas cada vez más numerosas, en donde La Checa -policía política soviética para combatir la contrarrevolución y el sabotaje- tenía dificultades para hacer frente a ellas.

Estos sucesos encarnados legítimamente por los trabajadores que luchaban por sus derechos y que no querían ser esclavizados, fue la única razón del primer cambio de rumbo en la historia del régimen soviético, denominado NEP o nueva política económica, dejando atrás el nefasto “comunismo de guerra”.

La NEP, que perduró hasta 1928, consistía en restablecer una economía de mercado limitada, donde coexistían los sectores públicos y privados. Es necesario aclarar, que implícitamente en el cambio radical del rumbo, se vislumbra que el trabajo servil es improductivo y eso llevó al fracaso, aunque los socialistas lo disfracen con excusas.

Traigo a colación este hecho histórico porque creo que la ciudadanía ni los dirigentes han tomado la suficiente conciencia de la delicada situación que está atravesando, en general, la economía y en particular, el campo y el agravamiento progresivo que se va a acelerar mientras más se insista con las intervenciones estatales en la economía perpetradas por un gobierno autoritario que cree tener derecho a digitar la vida de los ciudadanos.

Salvando las distancias con lo relatado anteriormente, podemos encontrar puntos en común en la grotesca planificación estatal económica y en sus consecuencias. A raíz de la fijación de precios máximos, de la emisión descontrolada de moneda generadora de inflación, de la exorbitante presión impositiva, de las trabas a las importaciones, estamos sufriendo la peor cosecha de trigo y de maíz de la historia. Como si fuera poco, los cínicos gubernamentales quieren aplicar extendidamente la inconstitucional Ley de Abastecimiento.

En este contexto, el sector agropecuario ha dicho basta, se ha terminado el periodo de pedido de dialogo al gobierno, no quieren ser trabajadores serviles, están decididos a tomar medidas de fuerza legítimas para defender sus derechos, como no comercializar soja por tiempo indeterminado, manifestarse a lo largo y ancho del país ante nuevas retenciones y hasta destruir su cosecha, siguiendo el ejemplo ruso, en vez de que se la decomise una banda de mafiosos que se quieren apropiar del fruto del trabajo ajeno.

Se han visto ciertos dirigentes políticos apoyar a los sectores agropecuarios; sin embargo, es imprescindible llevar este debate necesario a fondo en la contienda electoral y trascender éste, con apoyo irrestricto y explícito, si se toman medidas de fuerzas legítimas por parte del campo para frenar el autoritarismo central reinante, porque somos todos iguales ante la ley y ellos están defendiendo sus derechos, los daños económicos nos afectan a todos. Si dejamos que violenten sus libertades marcamos un precedente para que luego vengan por nosotros y, por último, quizá logremos un cambio de rumbo como se dio en 1921, con más libertad y menos intervención, pero esta vez, de forma definitiva. Afortunadamente, estamos a tiempo.

Ante estas afirmaciones sumamente reveladoras para la teoría económica mundial, me surgen algunos interrogantes: ¿Cómo pudieron hacer la mayoría los países de la región para crecer a altas tasas y con baja inflación? ¿Sólo en nuestro país hay empresarios demasiados vivos? ¿Cómo puede ser que al comienzo del ciclo K no generaban inflación y ahora sí? ¿La viveza criolla ha sido más fuerte que ellos y se han convertido en “inescrupulosos” que quieren ganar más? ¿No es raro que todos los mercados de bienes y servicios aumenten sus precios y la responsabilidad sea de un grupo económico?

En la semana del aniversario del natalicio de Frédéric Bastiat, vale la pena recordar sus palabras para abordar este tema: “En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, el primero es sólo el más inmediato; se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros aparecen sucesivamente, no se ven; bastante es si los prevemos”. Y además agrega: “Toda la diferencia entre un mal y un buen economista es ésta: uno se limita al efecto visible; el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever”.

Lo que hoy se ve es que existe un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios, por lo tanto el camino fácil es creer que los empresarios malignos aumentan los precios. Por ende se controlan los precios. Para sostener este argumento habría que afirmar que toda la economía está dominada por un monopolio o un oligopolio, para poder aumentar absolutamente TODOS los precios. Esto no sucede en la realidad.

Entonces, para poder entender cómo todos los mercados aumentan sus precios, hay que cuestionarse qué es lo que todos ellos tienen en común. La respuesta es la moneda, en nuestro caso, el peso. De esta manera podemos entender que la causa de la inflación es un problema monetario producido por el Gobierno. Su responsabilidad recae en emitir más moneda que la que se demanda, produciendo una pérdida de valor en el peso y, como consecuencia, el aumento generalizado de precios. El congelamiento de precios de nada sirve, porque la causa es otra. Sólo traerá desabastecimiento y mercados paralelos. Esto es lo que no se ve.

Desde comienzos del kirchnerismo, el Banco Central llevó adelante una política de expansión monetaria acompañada con gasto público, con el fin de impulsar la demanda para que luego la oferta aumente y se estimule la producción. Esto es lo que se ve. Esta política se pudo mantener sin generar presión inflacionaria mientras se incrementó en similar medida la demanda de dinero. A mediados de 2004, la gente empezó a sentirse que ya consumió lo necesario y quería ahorrar, entonces el exceso de dinero comenzó a empujar el crecimiento de los precios. A medida que fueron avanzando los años, el gasto público se fue aumentando a niveles exorbitantes y para financiarlo se optó, en cierta medida, con la emisión cada vez mayor de moneda. Esto trajo como consecuencia los altos niveles inflacionarios que sufrimos en la actualidad. Lamentablemente esto que lo no se ve o no se quiere ver.

Si queremos un país con crecimiento sostenible en el tiempo debemos rechazar a los malos economistas y dirigentes populistas que persiguen beneficios inmediatos seguidos de consecuencias negativas en el futuro y elegir a los economistas y dirigentes idóneos que buscan un gran bien para el futuro, aun a riesgo de un pequeño mal presente. Como también, como ciudadanos, acostumbrarnos a no juzgar las cosas solamente por lo que se ve, sino también por lo que no se ve y cuestionarnos: ¿Quiénes son los tontos que no entienden las leyes económicas y quiénes son los vivos que se benefician de ellas?

El proceso de competencia que se desarrolla en el mercado permite que se revelen las preferencias de los consumidores y los productores compitan por satisfacerlas. Esto produce información, que es transmitida a través del sistema de precios, generando una eficiente asignación de recursos, en la cual son los consumidores quienes van guiando las decisiones de los productores.

En el sistema de precios intervendrán los efectos de la información particular y circunstancial que posee cada uno de los participantes que interactúan en el mercado, una suma de conocimientos mayor a la que pueda poseer cualquier planificador central.

El proceso dinámico de producción y transmisión de información se transforma en un sistema comunicacional, al cual denominamos mercado y que resulta ser mucho más eficiente, en la tarea de procesar información dispersa, que cualquier otro sistema creado voluntariamente por el ser humano. 

Este mecanismo de comunicación es realmente fabuloso, ya que logra economizar los conocimientos con que operan cada uno de los participantes para poder elegir la decisión más adecuada. En pocas palabras, mediante un mero símbolo, se logra comunicar sólo la información más esencial y sólo a quienes les concierne.

Un pilar esencial de la libertad de expresión son los medios, a través de los cuales esa libertad se manifiesta. Esto significa que la protección de la libertad de expresión es un derecho que no sólo comprende el contenido sino también los medios de expresión utilizados.

Así lo expresa el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” También el art. 13 inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reafirma: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.”

Sin dudas, el sistema de precios es un medio comunicacional, a través del cual se produce, se recibe y se transmite información. Cada individuo que participa en el mercado, emite y recibe opiniones, quizá no conscientes del proceso de alta complejidad que se transforma con la interrelación de consumidores y productores, pero opiniones legítimas al fin y sumamente beneficiosas para la sociedad.

Por lo tanto, cuando vemos que el sistema de precios es suprimido por los poderes del gobierno, además de producir escasez, pérdida en la calidad de productos, generar mercados paralelos y destruir el cálculo económico, tengamos la firme convicción que el congelamiento de precios que está en vigencia también afecta a la libertad de expresión.

Se ha generado una creencia en la mayoría de los ciudadanos de que toda ley es justa porque tiene apariencia legal. Por eso, es necesario hacer una distinción entre las normas de fondo y las de forma.

Es difícil de imaginar que la norma de eliminar sistemáticamente a una etnia o a un grupo social sea formalizada sin una justificación; siempre se buscará demostrar que está sustentada por un fin superior. Ninguna disposición de Hitler o de Mussolini hizo tal  cosa, eternamente tuvieron la excusa de la paz social y el bienestar de la Nación.

Es que el derecho de fondo está siempre expresado en encantadoras palabras; sin embargo, la realidad es bien distinta. Porque el derecho encuentra su realización fáctica por medio de las normas formales, que lamentablemente muchas veces no coinciden con el contenido de las de fondo que tienen como fin regular.

¿Qué sucede, entonces, cuando una norma formal impide que la de fondo se traslade a los hechos? Ante este conflicto, tenemos el recurso de reclamar ante los tribunales. ¿Y cuándo la mayor parte de éstos obedecen al poder de turno en contraposición de los principios constitucionales, qué nos queda?

Debemos recordar quién tiene el poder real que le da sustento al poder político. Según Thoreau, gran promotor de la desobediencia civil, “el gobierno por sí mismo no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad”; por lo tanto, cuando éste deja de representar la voluntad del pueblo y su ineficiencia es insoportable, da lugar al derecho a negarse a la obediencia y poner resistencia al gobierno.

Siguiendo estas ideas, Rawls define a la desobediencia civil como un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo se apela al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad, y se declara que los principios de la cooperación social entre personas libres e iguales no están siendo respetados.

Este método de resistencia pacífica fue llevado a cabo por Mahatma Gandhi en Sudáfrica e India, por Martin Luther King y Henry David Thoreau en Estados Unidos y por Nelson Mandela en Sudáfrica, logrando cambios extraordinarios en el orden social y político a favor de los derechos de la ciudadanía.

Prima facie, pareciera que este método atenta contra la democracia. Pues no, ya que no apunta a la concepción puramente formal de enfocarlo a la validez del procedimiento democrático, sino a una noción de fondo superior que se enfoca a que los resultados del proceso democrático sean coherentes con los principios constitucionales y republicanos.

La decadencia económica, política, social y moral que está sufriendo nuestro país es sustento suficiente para justificar el desarrollo de un contrapoder que nazca de la desobediencia civil, como resistencia al autoritarismo del gobierno, en repudio a la corrupción y la impunidad arraigada en nuestra sociedad.

El pueblo es el soberano, cualquier norma que sea contraria a él aunque tenga ropaje de legalidad, es ilegitima; por eso mismo, la desobediencia civil no es antidemocrática, es un derecho inalienable al ser humano.

Situándonos en el proceso que llevó al fin de la administración de la monarquía española y a las guerras de la independencia que se libraron en nuestro territorio, ¿qué dio a ese número tan pequeño de hombres el coraje para soportar la fuerza de la corona española y para vencer a esa potencia? En esos sucesos gloriosos y heroicos lo que estaba en juego no era sólo la independencia y la creación de un nuevo Estado, sino, aunque muchos hoy no lo recuerden, lo que verdaderamente se jugaba era la victoria de la libertad sobre la dominación, de la liberación sobre la servidumbre.

No se trataba solamente de constituir un país independiente, se buscaba un país de hombres libres, donde no haya subordinación ni al rey de España ni a un tirano criollo.

La Argentina, ese sueño de país soberano y libre que anhelaron los hombres de Mayo, pareciera desvanecerse con las últimas violaciones constitucionales perpetradas por el régimen autoritario del kirchnerismo.

Son oportunas las palabras de Etienne de la Boétie cuando dice que  “Cómo puede ser que tantos hombres, ciudades y naciones soporten a veces a un único tirano que no tiene más poder que el que ellos le dan, que sólo puede perjudicarles porque ellos lo aguantan, que no podría hacerles ningún mal si no prefiriesen sufrirle a contradecirle”.

Siguiendo estas ideas, podemos comprender que el poder es una interpretación subjetiva sobre la capacidad de generar acción sobre el tirano. La sociedad toda es soberana, los ciudadanos le damos legitimidad para que actúe el gobierno. Por lo tanto, al tirano único que tiene la suma del poder público no es necesario combatirlo. Se desmorona por sí mismo, si la ciudadanía elige no servirlo.

La responsabilidad cae sobre nosotros, los ciudadanos, pues somos los que nos dejamos atropellar nuestros derechos, ya que para liberarnos de ello bastaría con que dejemos de ser súbditos.

Si Mariano Moreno, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano nos preguntarán “¿qué hicieron con la libertad que les hemos legado?”, ¿qué le responderíamos? ¿Que fuimos tan débiles y cobardes que hemos decidido perderla en manos de unos ladrones, corruptos e infames traidores a la patria?

Tengo la firme convicción que la respuesta sería otra, si entendemos que el futuro no está escrito y que nosotros tenemos el poder de escribirlo como lo han hecho nuestros próceres fundadores.

Hoy, la construcción de un poder opositor con posibilidades de torcer el proyecto hegemónico kirchnerista debería proponerse como un verdadero movimiento de reconstrucción institucional de la Nación; donde se privilegie la participación ciudadana y se facilite su acceso al poder. No basta con organizar una alianza de fuerzas políticas opositoras con objetivos electorales. Es tiempo que los opositores comprendan el sentido estratégico de toda acción política que se implemente en el 2013.

Por tanto, es tiempo de traducir a acciones políticas las notables manifestaciones de la sociedad civil del 13S, 8N y 18A y su riqueza de consignas, y convertir la creatividad ciudadana y su vocación democrática y republicana en un programa de transición del postkirchnerismo.

La sociedad civil argentina ya se ha planteado estas preguntas: ¿hasta cuándo seremos un pueblo de corderos que se esclaviza a sí mismo; quien, pudiendo elegir entre estar sometido o ser libre, rechaza la libertad y acepta la sumisión? ¿Hasta cuándo toleraremos que se nos viole nuestros derechos y libertades? ¿Hasta cuando preferiremos ser siervos de un tirano?

Del mismo modo que en las gloriosas jornadas de Mayo de 1810, ahora la pelota está del lado de la dirigencia política opositora. Llegó la hora de demostrar si está a la altura de ejercer el poder delegado, con la convicción de que no es una elección más, sino que es la batalla por la libertad contra la servidumbre.