La indignación de una parte de la sociedad no es fruto de la sorpresa, sino de la obscenidad. Se sabe que existen manejos turbios, pero ahora parece que estamos frente a la gota que rebalsó el vaso de la tolerancia en estas cuestiones.

Sin embargo, un gran fraude necesita de una cultura que tolere pequeños fraudes cotidianos para concebirse. Es imposible pensar que bajo un marco de reglas precisas y justas de competencia política y en una sociedad implacable con la manipulación pueda gestarse un fraude de relevancia.

Antes del hecho electoral, en nuestro país la sociedad no castiga de manera contundente la mentira como arma política. Fraude en estado puro. Un candidato puede proponer medidas inconstitucionales, ofrecer datos errados para sostener su visión o cualquier otro dislate sin correr riesgos exagerados.

Para no hablar del uso de recursos públicos en la propaganda de los variados oficialismos, que asimilando su color partidario al de la gestión de Gobierno, rompen todo juego limpio electoral en detrimento de sus competidores. En esa misma línea, el uso sesgado del aparato de medios públicos y la ausencia de una adecuada legislación de pauta publicitaria transforma a muchos medios (sobre todo a los provinciales) en apéndices de los oficialismos de turno.

Una forma patológica de fraude es el manejo arbitrario de las estadísticas, que impide toda evaluación razonable de las políticas. Además, permite darle a las mentiras un barniz para hacerlas aceptables.

No deja de ser un fraude que las transferencias a las provincias por parte del Estado federal estén condicionadas a su alineamiento político, o que se presione a beneficiarios de programas públicos para votar por cual o tal candidato.

Con todo, tal vez el fraude en su máxima expresión es reivindicar como hecho lo que no ha sido hecho; la proliferación de anuncios, carteles, y spots de obras inconclusas, políticas a medio andar o directamente situaciones inexistentes.

Solo en ese contexto cultural es comprensible que se carguen con votos las urnas antes de un comicio o que se adulteren telegramas masivamente y una larga lista de otras aberraciones.

Es probable que lo pornográfico de lo ocurrido en Tucumán pueda ayudarnos a constituir mejores leyes electorales, pero lo que es imprescindible para no vaciar de legitimidad nuestra democracia es luchar contra las bases de nuestra cultura fraudulenta. Solo podremos hacerlo bajo presión de la sociedad civil movilizada. Tucumán debe ser el primer capítulo de una democracia mejor.

Sin embargo, hay otra evaluación que excede a la actual gestión, y que el Área Metropolitana de Buenos Aires y dentro de ella especialmente la Ciudad debe hacerse.

Casi sin darnos cuenta, hemos contraído deudas urbanas de larga data y ahora debemos saldarlas, en primer lugar identificándolas y enfrentándolas. Todos los días signan nuestra vida cotidiana, y sin embargo pareciera que hemos decidido no darle el marco institucional que nos permita resolverlas.

He seleccionado 7 problemas urbanos, que requerirán nuestra atención, nuestro compromiso y recursos para darles una respuesta inteligente.

1.- El problema de la gobernabilidad. Ningún área metropolitana del país ha construido adecuadas instancias de gestión, por lo que cada problema de alguna magnitud se transforma en un trapicheo inconducente o en el mejor de los casos en soluciones de compromiso, sin visión inteligente de las dinámicas territoriales.

2.- Un problema asociado a éste, es la baja tasa de profesionalización de los gobiernos locales, que al constituirse con burocracias débiles añaden a la escasa vocación política por coordinar tareas, restricciones de tipo administrativo. Ningún Municipio del GBA, ni la Provincia de Buenos Aires muestra iniciativas consistentes en este sentido; la Ciudad ha hecho esfuerzos que deben ser valorados, solo si se toman como los pasos iniciales de una tarea aún muy dilatada.

3.-  Las “zonas económicas especiales”. A la inversa que el proceso chino, en el que el Estado organizó para áreas especiales claramente delimitadas un régimen jurídico y económico especial para promover el desarrollo (según su visión), en Argentina la pérdida de control territorial por parte del Estado, en vastas zonas de nuestras metrópolis, genera “zonas económicas especiales” de promoción del subdesarrollo.

Con el éxito de estas “zonas” se consolida la debilidad estatal (por falta de recaudación), la contratación laboral en condiciones precarias, el deterioro del espacio público, la competencia desleal, la fragmentación social estigmatizante.  En estas zonas (La Salada es sólo un caso emblemático, entre cientos), de ausencia o extrema debilidad del control público, rigen otras normas, horarios, condiciones de contratación, sistemas para-fiscales y para-financieros, un régimen propios seguridad e higiene, etc.

Frente a la emergencia de estas zonas, el Estado ha pendulado entre la omisión y la espectacularidad, sin comprender las necesidades de regulación específica y adecuada del emprendedorismo en los sectores vulnerables y en general de los emprendedores de escaso capital.

4.- La privatización informal y forzada del espacio público. Aún por fuera de las “zonas de promoción del subdesarrollo”, el espacio público no solo perdió calidad, sino que se ha  transformado en un terreno disputado y por tanto crecientemente alejado de su ideal pacífico y destinado al goce igualitario de los ciudadanos. La tolerancia socio-política con la segmentación de veredas, la apropiación de bulevares y otras manifestaciones de desprecio por lo público, son modos de lesión directa de la calidad de vida y de degradación cívica.

5.- La ausencia de planes de resilencia urbana. Con excepción de la Ciudad de Santa Fe (luego de suceso luctuosos), las ciudades argentinas en general, pero el AMBA en particular carecen de planes públicos serios, coordinados y consistentes de prevención frente a catástrofes y de actuación rápida en caso de las mismas.

6.- El acceso a la vivienda. Lo que hemos visto en materia de toma de tierras es el anticipo de un proceso cada vez más conflictivo, si gobiernos provinciales y municipios metropolitanos no avanzan de lleno, en la generación de suelo urbano. Los sectores populares desean comprar legalmente su tierra (y hoy son víctimas de manejos políticos y estafas de mercado). Para eso se necesita un estado activo que intervenga en el mercado del suelo y genere infraestructura básica.

7.- El financiamiento de la política. Si a escala nacional esto es un problema, a nivel de gobiernos locales es una tragedia. Su pésima resolución altera las condiciones de competencia política, pero sobre todo produce una coptación del poder público en términos cuasi-mafiosos, en la que el presupuesto es la bolsa a conquistar, y las respuestas a las demandas públicas solo se enfrentan frente a situaciones de asedio mediático. Darle una mayor autonomía económica a los actores políticos es condición de posibilidad de gobiernos locales más planificados y menos permeables a la corrupción.

Buenos Aire,s por dimensión y necesidades propias, debe imponer estos temas en agenda, en beneficio de los ciudadanos y del debate urbano en general. Es impensable una sociedad más justa, sin ciudades razonablemente habitables.

¿Qué es lo que sucede?

Brasil es un país que ha hecho transformaciones institucionales relevantes en los últimos años y ha sido tierra de recepción de capitales a gran escala. Esos capitales, entre tantas cosas, también generaron una significativa “especulación inmobiliaria” (sin llegar –ni de lejos– a los extremos de España) con toda la saga que ello implica: valoración del suelo, endeudamiento de familias y expansión urbana.

Así las cosas, las ciudades crecen, y crecen en extensión, con servicios pobres, desalojando a los pobres a los márgenes de autopistas, a los centros degradados, a las zonas bajas.

Los gobiernos de Lula y Dilma han intentado construir herramientas de planificación contra el desmadre urbano, pero no han hecho nada ni desde lo fiscal o financiero. Hoy Brasil vive la paradoja de expulsar por razones inmobiliarias crecientemente lejos a los trabajadores que necesita funcionalmente cerca. Insostenible humana y urbanamente. Esa distancia es costo en tiempo y en dinero y deben pagar más los que menos ganan. Por lo demás, es tal el grado de desquicio que hay gente que prefiere no moverse (y no trabajar) por el esfuerzo de movilidad que ello implica.

¿Son por tanto las movilizaciones un signo de fracaso? Relativo, el problema de la desconfiguración urbana tiene casi un siglo en Brasil y el alto costo del transporte es de vieja data; quizás las movilizaciones hablen más de una consciencia cívica y de la emergencia de una sana conflictividad que de otra cosa.

¿Cómo puede resolver esto Brasil? Debería mirar a su alrededor, en Argentina fracasan los subsidios masivos e indiscriminados, en Chile el mercado puro y duro empuja a la gente al auto (y alimenta el problema), en Colombia hay una puesta interesante por el transporte público. Quizás una combinación de subsidio a la demanda e inversión pública en la generación de medios alternativos al bus puede ser una vía de corto plazo.