La cita con la que comienza este artículo la introdujo Velez Sarsfield como nota al artículo 2513 del Código Civil y su autor es el pensador francés Guillaume Thomas François Raynal. El texto alerta sobre el riesgo que corren la propiedad y la libertad cuando el Estado pretende regular el uso que hacen de estos derechos los ciudadanos, bajo el pretexto de proteger a la sociedad de un supuesto abuso. Esto es lo que hará el Gobierno con este nuevo y brutal ataque al derecho de propiedad bajo el disfraz de una reforma a la ley de abastecimiento. Si los diputados ­-como se espera-­ aprueban el proyecto que ya tiene media sanción del Senado, esta norma no resistiría el más mínimo control de constitucionalidad.

Desde distintos sectores productivos se ha cuestionado esta iniciativa que traerá más problemas que los pretende venir a solucionar. Repasemos algunos puntos del proyecto que aprobó la Cámara Alta. Con la nueva ley de abastecimiento el Estado podrá:
-Intervenir en cualquier compraventa, permuta y locación de servicios relacionados con la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y todo aquello que considere esencial para el bienestar general de la población.
-Establecer en cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, precios máximos y mínimos.
-Decidir si se puede seguir produciendo o vendiendo un producto.
-Secuestrar por 30 días sin autorización judicial: libros, correspondencia y cualquier otra documentación de la empresa.
-Secuestrar mercadería, sin juicio de expropiación, a los infractores a la ley y venderla si considera que hay desabastecimiento.

En tanto, los gobernadores y el Jefe de gobierno porteño podrán fijar precios máximos; serán pasibles de multas de hasta diez millones de pesos, clausuras de hasta 90 días e inhabilitación de hasta cinco años para ejercer el comercio quienes, a criterio del Gobierno, aumenten injustificadamente los precios, obtengan una ganancia abusiva o acaparen materias primas o productos. Además, los funcionarios no necesitarán autorización judicial para ingresar con la fuerza pública a una empresa o comercio durante horas hábiles y días en los que esté funcionando el establecimiento.

No son los únicos aspectos polémicos de la ley de abastecimiento pero para muestra basta un botón. Leyes como esta y otras medidas implementadas por el Poder Ejecutivo (cepo cambiario, intervención de empresas, intervención y distorsión de los mercados de granos y de la carne, etc.) ahuyentan las tan necesarias inversiones que ­entre otros beneficios­ favorecen la creación de nuevos puestos de trabajo. ¿A alguien con un poco de sentido común se le ocurriría colocar su dinero en un país donde la administración de turno no le permite repatriar sus utilidades o cambia la legislación a su antojo según le convenga para no pagar a los acreedores? Por supuesto que no. Empresarios, economistas y abogados sabemos que uno de los factores más importantes a la hora de decidir una inversión es la seguridad jurídica, una virtud escasa en la Argentina. Esta carencia ha hecho, por ejemplo, que nuestro país caiga 5 casilleros en el último año y se ubique entre los últimos lugares del índice “Doing Business” que elabora el Banco Mundial. Este indicador, que muestra la facilidad o no para hacer negocios en un país, nos coloca muy lejos de vecinos como Uruguay o Perú.

Como en aquella noche del 14 de abril de 1912, cuando el RMS Titanic se encaminaba a un choque seguro sin que el capitán advirtiera este peligro, el estado de derecho y la institucionalidad en la Argentina están a punto de recibir un durísimo golpe bajo su línea de flotación. Vamos directo al iceberg y todo parece indicar que la Casa Rosada no va a hacer nada para evitar el impacto. Ojalá el próximo Gobierno traiga suficientes botes salvavidas.