La OEA necesita un nuevo secretario general sin ambiciones políticas y con el coraje suficiente para promover la democracia

Corría Febrero del año 2011. Un grupo de estudiantes en Venezuela había decidido iniciar una huelga de hambre en protesta contra el gobierno de Hugo Chávez. En Washington, junto con un grupo de estudiantes venezolanos, decidimos apoyar la protesta pidiendo un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo hicimos a través de decenas de cartas dirigidas a cada uno de los embajadores, notas de prensa, y una protesta frente al Edificio principal del organismo, previo a una sesión de su consejo Perrmanente.

Terminada esta sesión, el secretario general José Miguel Insulza nos otorgó una audiencia privada, en la que nos dijo: “Me compadezco con ustedes, yo también sufrí una dictadura en carne propia y tuve que refugiarme en el exterior. Pero tienen que entender, a Chávez no lo van a vencer con cartas, Chávez es un dictador, y en Venezuela hay una dictadura militar”.

Esta anécdota sirve para describir el actuar político del secretario. Mientras que en privado aseguraba su oposición a la dictadura en Venezuela y recibía a víctimas de familiares de presos políticos, en público nunca ejerció sus funciones para avanzar efectivamente la democracia en la región y condenar a aquellos países que abiertamente violan los principios democráticos cada día.

Pero la gestión de Insulza se vio no solo rodeada de conflictos políticos. Desde el punto de vista laboral administrativo, la OEA enfrenta una gran serie de problemas. El quiebre moral de la organización se ve no sólo en sus actuaciones políticas externas si no también en el actuar interno con su propio personal. Por ejemplo, el ex embajador de Panamá ante la organización, Guillermo Cochez,denunció en reiteradas ocasiones la diferenciación que la oficina del secretario general suele hacer entre empleados allegados a él, y el resto de los funcionarios. Ha dicho también que muchas de estas personas, en su gran mayoría de origen chileno, se encuentran trabajando en la organización no por sus competencias personales, si no por la amistad personal con Insulza.

Por otra parte, existen en este momento al menos cinco casos por acoso laboral de diferente índole, los cuales están siendo investigados internamente por diferentes comisiones. Personal de la organización ha manifestado la preocupación que existe debido a la falta de transparencia interna en torno al manejo de estas investigaciones y la falta de conocimiento sobre canales institucionales para presentar denuncias. Todo esto, se traduce en un descontento y malestar generalizado, dentro de una organización carente de liderazgo.

A comienzos del próximo año la institución deberá elegir un nuevo secretario general. La OEA es una organización clave para América Latina. El sistema interamericano cuya protección y promoción tiene a su cargo ha sido pionero en la promoción de la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y el desarrollo de la región. Pero la gestión de Insulza y su falta de liderazgo externo e interno, no solo ha dejado de lado estas iniciativas, si no que ha dejado a la organización en la peor situación financiera de su historia. Todo esto, en el medio de ataques tanto de los países del ALBA, como del propio congreso de Estados Unidos que en reiteradas ocasiones ha amenazado con cortar su financiamiento. El resultado, una perdida generalizada de confianza en la institución.

Si pensamos en los principales problemas que América Latina como región deberá confrontar en los próximos años, estos son la seguridad, el narcotráfico y la inmigración; y el principal desafío, el fortalecimiento de la democracia y sobre todo las instituciones que la acompañan, tal como la independencia judicial. Todos estos temas deberían ser centrales en la agenda de la OEA de cara al futuro.

Analizando la rotación normal de la organización, vemos que los últimos secretarios provinieron de Sudamérica, de los Andes, de Centroamérica y de Sudamérica nuevamente. Del mismo modo, en la organización existe una regla no escrita que establece que la Secretaría General Adjunta siempre corresponde a un país caribeño. Siguiendo esta lógica, el próximo secretario debería venir de México, país en el que además, los temas de seguridad, narcotráfico e inmigración son fundamentales.

Es por ello que entre los posibles candidatos no oficiales se mencionan nombres como el de el ex Presidente Felipe Calderón, el actual Representante de México ante la Organización Emilio Rabasa, y la titular de la CEPAL Alicia Bárcena.

Entre los personas que ya han oficializado su candidatura, se encuentran el canciller Uruguayo Luis Almagro -favorito de los países del ALBA- y el ex Vicepresidente y ex Canciller de Guatemala Eduardo Stein. Otros nombres no oficiales que también se mencionan son los el boliviano y Presidente de la CAF Enrique García, y el ex Embajador de Panamá ante la organización, Guillermo Cochez.

El continente necesita una OEA más fuerte, liderada por una persona con el coraje suficiente para defender la democracia, entendida como la define la propia Carta Democrática Interamericana. Una persona sin ambiciones políticas personales –algo que siempre constituyó un conflicto para el actual secretario, quien nunca ocultó sus ambiciones presidenciales en su país-, con amplia experiencia en gestión y modernización y sobre todo en materia de recaudación y administración de fondos. Como escribió recientemente el ex funcionario de la Organización Rubén Perina, se necesita una persona a la cual la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos no le sea ni ambigua ni indiferente, y que pueda contrarrestar los esfuerzos de países como Venezuela y Ecuador que día a día atentan contra estos principios.

El problema es que hoy por hoy, parece difícil que candidatos con este perfil puedan ser elegidos por un Consejo Permanente controlado mayoritariamente por los países del ALBA. Sin embargo, la decadencia económica de Venezuela podría abrir las puertas para que un país como México comience a ejercer un mayor liderazgo en la región y por ende, dentro de la organización.

Una encuesta reciente llevada a cabo por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) muestra que desde que comenzaron las protestas a comienzos de Febrero, el oficialismo dejó de ser mayoría, con un apoyo que no supera el 36% de la población. Pero el régimen no está jugando a las encuestas. Si bien ellos saben que la represión no es bien vista, y que les ha traído consecuencias negativas en términos de popularidad, saben también que el caos social es un factor de división dentro de la propia oposición. Su estrategia es mantener la represión e intentar dividir la oposición a toda costa, a través de una vacía mesa de diálogo.

En la vereda de en frente, nos encontramos con una oposición que ha reaccionado de manera diversa ante esta situación y cuyas diferencias se hacen cada vez más notorias.

Por un lado está el establishment opositor, compuesto solo por una pequeña fracción de integrantes de la Mesa de la Unidad. Sus acciones dan a entender que están más interesados en cuidar el lugar que tienen, que en recuperar la democracia en el país. Tomando la bandera de la MUD como propia, este grupo la utiliza para adjudicarse un liderazgo que en realidad no posee. Utilizan eufemismos tales como “dialogo”, “paz” y “unidad”; palabras a las que nadie puede oponerse, pero que carecen de todo contenido en este contexto. Son estos los principales responsables del deterioro de la Unidad.

Los intereses de quienes componen este grupo no están del todo claro. Ante el público en general se presentan como opositores, pero tras bambalinas han estado “dialogando” con el gobierno hace mucho más que pocas semanas. Algunos de ellos, incluso figuran como directores en bancos que, durante los 15 años de chavismo, han hecho fortunas absurdas de manera cuestionable. La postura de este grupo ha sido la de apoyar muy tímidamente las protestas en las calles, pero participar muy activamente de una mesa de diálogo, sin preocuparse por primero lograr ciertas condiciones indispensables. No hablan de dictadura, sino de “déficit de la democracia”. Creen que el problema no es el autoritarismo del régimen, si no su ineficiencia, la cual creen que tiene solución a través de un dialogo.

El segundo grupo de la oposición esta compuesto por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma. El primero, hoy privado ilegalmente de su libertad; la segunda removida ilegalmente de su silla en la Asamblea Nacional; y el tercero despojado ilegalmente de sus recursos como Alcalde Metropolitano años atrás. Ellos se han mantenido firmes en su postura de no abandonar la calle y la protesta, alzando la voz y denunciando internacionalmente todas las violaciones a los Derechos Humanos. Poco a poco, han ido ganando el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Esto se refleja en la misma encuesta de IVAD que mencioné anteriormente, la cual pone a Leopoldo López por encima de Henrique Capriles como la figura política de mayor aceptación en el país.

En tercer lugar se encuentra Henrique Capriles y sus seguidores quien, a pesar de errores que pudo haber cometido un año atrás, luego de las elecciones de abril del 2013, posee niveles de popularidad muy altos que lo siguen posicionando como un líder natural de la oposición. El comportamiento de Capriles ha sido bastante impredecible. En un comienzo criticó la protesta, pero participó en varias de ellas. Ha exigido públicamente condiciones para el diálogo, tales como la liberación de los presos políticos, pero participó en la primera reunión del mismo con un discurso que pareció estar más enfocado en viejos rencores que en la situación actual. Capriles parece encontrarse en una encrucijada: o acaba por alinearse al establishment opositor, lo cual podría significar el principio del fin de su liderazgo, o busca la manera de reconciliarse con el segundo grupo, conformando un nuevo frente de resistencia para recuperar la Unidad en la oposición.

Finalmente, el país cuenta con un movimiento estudiantil en auge, que tiene el apoyo de enormes sectores de la sociedad. Están claros de que la calle y la protesta importan y son necesarias, y que el diálogo sin condiciones no conduce a ningún lado. Son jóvenes que no quieren vivir en dictadura y que están determinados a luchar por su futuro. A fuerza de trabajo han ganado legitimidad y podrían ser el factor determinante al momento de articular a la oposición nuevamente.

Venezuela se encuentra ante un escenario abierto. Por un lado, un régimen que reprime brutalmente y casi sin límites, pero que por supuesto, niega que esta represión exista, culpando a la oposición, y promoviendo una mesa de diálogo con la misma, sabiendo que solo elestablishment va a participar. El objetivo de ellos no es solucionar los problemas de Venezuela, si no fracturar a la oposición y a la sociedad.

Por otro lado, una oposición dividida entre quienes no creen en la calle y buscan el diálogo, incluso sin condiciones previas; otros que no creen en el diálogo sin condiciones y buscan mantener a la gente en la calle; y un Henrique Capriles flotando en un mar de dudas, pero cuyas decisiones, de inclinarse hacia el lado correcto, podrían ser determinantes para vencer el objetivo del régimen de desarticular la oposición.

La salida aún no está clara. El régimen no tiene vuelta atrás y ya no es mayoría en el país, pero el principal enemigo de la oposición es la propia oposición. Hacia dónde va Venezuela dependerá de las decisiones que los diferentes sectores opositores tomen en las próximas semanas.

Esta escalada en los niveles de violencia fue acompañada por nuevas acciones de censura a la prensa por parte del presidente Nicolás Maduro. El mismo día 12 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones solicitó a todos los canales y radios del país que no transmitieran en vivo las protestas en las calles, y se dio la orden para que el canal de noticias colombiano NTN24, que se encontraba reportando la situación, fuese removido del aire. Al mismo tiempo, muchos sitios de internet fueron bloqueados por los operadores, e incluso, desde Venezuela, se cerró el acceso a fotos que usuarios de Twitter se encontraban publicando. El 19 de febrero, Maduro ordenó expulsar del país a corresponsales del canal CNN.

El gobierno de los Estados Unidos ha actuado de forma consistente, pero no suficiente. Tanto el presidente Barack Obama, como el Departamento de Estado han condenado lo que está ocurriendo, y han instado al gobierno venezolano a liberar a los estudiantes detenidos y frenar la ola de represión y violencia. Si bien estas declaraciones dejan en claro de qué lado está Estados Unidos, no necesariamente contribuyen a la solución del problema, y dejan en evidencia la necesidad de nuevas herramientas legales para que aquellos funcionarios públicos que en Venezuela han sido partícipes de violaciones a los derechos humanos sean efectivamente condenados en la esfera internacional.

Para ello, existe otra vía de acción, que podría ser tomada por el gobierno americano, y que consistiría en acciones políticas focalizadas sobre aquellos individuos dentro del gobierno que han sido responsables tanto de los asesinatos como de la censura en los medios, la represión y el abuso de poder. El precedente para este tipo de acción ya existe bajo el nombre de “Ley Magnitsky”.

Sergei Magnitsky fue un abogado ruso, detenido por las autoridades de su país en 2008 mientras se encontraba investigando un caso de corrupción. Magnitsky murió en la cárcel, luego de 358 días durante los cuales fue víctima de incontables torturas. Pero su muerte no quedó impune. En diciembre de 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que se conoce como la “Ley Magnitsky”, que obliga al Poder Ejecutivo a revocar las visas y congelar los activos de aquellos funcionarios involucrados en su muerte. La ley parte de la premisa de que muchas de las violaciones a los derechos humanos en el mundo ocurren por dinero, y que dicho dinero suele terminar en cuentas bancarias, propiedades y empresas en los Estados Unidos.

Una nueva Ley Magnitsky de alcance global podría aislar la capacidad de funcionarios corruptos de acumular, proteger y disponer de sus recursos, contrarrestando de manera efectiva lo que ocurre en Venezuela y cambiando la política externa de Estados Unidos hacia una política basada en principios.

Durante los años de Hugo Chávez, y ahora con Nicolás Maduro, los altísimos precios del petróleo y la falta de institucionalidad en el país han dado lugar a asfixiantes niveles de corrupción. Muchas de las personas que hoy disfrutan de ese dinero lo hacen en Estados Unidos. Una investigación en profundidad de los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos de las últimas semanas podría mostrar que aquellas personas directamente responsables por lo ocurrido probablemente viajen de manera regular a Estados Unidos y posean propiedades y cuentas bancarias aquí.

A través de la revocación de visas y el congelamiento de activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para luchar contra estas violaciones a los derechos humanos e incluso contribuir a que acaben los acontecimientos de violencia en los que se encuentra sumergido el país. Los derechos humanos son universales, y no deben estar limitados a los asuntos internos de un país. Si Estados Unidos puede hacer algo para prevenir estas violaciones, debe hacerlo. Una Ley Magnitsky Global podría ser el camino adecuado.

Grupo 1: el chavismo retrogrado de Maduro que lejos de tener algún tipo de intención de abrirse al diálogo continuará hundiendo al país. Este grupo no requiere mayor análisis.

Grupo 2: el establishment opositor, cuyo único objetivo parece ser seguir siendo oposición. Este grupo incluye a algunos (no todos) miembros de la Mesa de la Unidad. Ven el resultado electoral como algo totalmente positivo. Creen que el hecho que el chavismo ya no tenga el 50% es motivo suficiente para festejar. Para ellos la MUD es la única plataforma capaz de liderar la oposición, y creen que la “participación” o “el voto” es el único camino legítimo para salir del chavismo. Por supuesto, el líder único y supremo es Henrique Capriles, y cualquier persona que se atreva a criticar a él o a la propia MUD, es un opositor radical.

Sostienen que la única forma de combatir al gobierno es “manteniéndonos unidos”, “construyendo el dialogo” o “promoviendo la convivencia y unidad superior del país”. Muchas palabras bonitas a las cuales nadie se puede oponer -todos queremos un país que dialogue-, pero al fin y al cabo solo palabras, totalmente alejadas de la realidad sin ningún significado real detrás.

Este grupo no tiene convicción. No se guían por principios si no por encuestas. No denuncian el ventajismo electoral porque creen que entonces la gente no va a votar; no llaman a la gente a protestar en la calle y defender el voto, porque entonces alguien va a decir que están buscando violencia; critican los saqueos, pero no defienden la propiedad privada, no vaya a ser que los tilden de capitalistas.

En este grupo existen muchos cómplices: personas que “lideran” la oposición, al mismo tiempo que figuran como directores en bancos que durante los 15 años de chavismo han hecho fortunas absurdas de maneras no muy decentes; personas que denuncian la corrupción, pero no con nombre y apellido, porque son financiados por los mismos boliburgueses que se enriquecen con el gobierno.

No quieren cambiar nada. Están muy cómodos siendo la oposición. Son minoría, pero son el establishment, y hablar mal de ellos es políticamente incorrecto, es ser radical.

Grupo 3: el tercer grupo son aquellos que se animan a pensar un poco más. Son personas que no les interesa ser parte del status quo, ni hacer lo que una encuesta les diga, si no lo que esta bien. Participan en las elecciones, por supuesto, pero entienden que en Venezuela no hay democracia y que la salida no es el voto si no la calle. No se resignan a perder la calle, es solo que todavía no tienen del todo claro como recuperarla.

Son la mayoría. Respetan a Capriles por el trabajo monumental que hizo durante todo este tiempo, pero también lo critican constructivamente, y esperan una autocrítica de su parte. No hablan con palabras bonitas sin contenido: dicen las cosas como son, sin filtro y sin autocensura.

A Venezuela le esperan meses de más inflación, más apagones, más inseguridad y más violencia. Hablar de dialogo y unidad no es suficiente para combatir estos problemas. Es hora de que aquellas personas que se sienten parte del tercer grupo “se bajen del carrusel y empiecen a caminar”.

¿Qué es lo que hace falta? Que los venezolanos que están desesperados con esta situación, cansados de vivir este martirio, dejen de esperar el llamado de un mesías que los guíe a su salvación y decidan por sí mismos autoconvocarse, salir a las calles a protestar y exigir la renuncia del presidente.

Meses atrás el secretario general de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, dijo en una reunión a puertas cerradas en Washington DC que “la unidad no sabe ser oposición sin elecciones”, refiriéndose a que el único mecanismo de resistencia que conocen es la movilización a través del voto. Estas palabras de Aveledo demuestran la desconexión que hoy por hoy existe entre la mesa de la unidad y la realidad del país. No me malentiendan. Con esto no quiero desmerecer todo el enorme trabajo y los avances que se hicieron durante los últimos años. Aveledo fue un titán que logró construir una alternativa política al chavismo que le abrió los ojos a millones de personas.

Pero una oposición que no sabe leer la realidad no puede liderar al país en este momento. El 16 de abril, luego de las últimas elecciones presidenciales, Capriles tomó la decisión de entregarle la calle al chavismo pidiendo a la gente que no se movilice para protestar contra el robo electoral que había ocurrido. Si lo hizo por convicción, por miedo, o por conveniencia, no lo sé. Pero la realidad es que se enterró a sí mismo y dejó pasar la oportunidad de responder al llamado de la gente que masivamente había votado por él.

Desde abril hasta hoy la oposición política en Venezuela comenzó a perder los espacios que había conseguido. Se olvidó que Maduro se robó las elecciones y en lugar de trabajar para conseguir más espacios y recuperar lo que les robaron, pareciera que lo único que les importa es seguir siendo oposición y mantener este status quo que poseen. Capriles ya no marca ninguna agenda, si no que sigue la agenda que el propio gobierno le impone. Y mientras tanto el país se prende fuego.

Con la excusa de “el gobierno no nos da espacio en la radio o la televisión”, dicen que los únicos medios de comunicación son las redes sociales. Sin embargo, lo único que hacen es llamar a la gente a votar en diciembre, como si está vez fuese a ser diferente de las últimas diez que el gobierno se robó. Aveledo pasa más tiempo denunciando que el “decreto del día de la lealtad a Chávez viola ley electoral” y otras irregularidades, pero no se da cuenta que el problema no son las irregularidades, si no que todo el sistema está corrupto.

Existe sólo una manera de acabar con este régimen bruto, incompetente, corrupto, autoritario y retrógrado: recuperando la calle. Los venezolanos que están hartos de esta situación tienen que dejar de esperar que un líder los llame a protestar. Tienen que dejar de maldecir por Twitter y dar un paso más. Tienen que autoconvocarse y salir a la calle pacíficamente a exigirle la renuncia a Nicolás Maduro. Si el pueblo no lo pide, nadie lo va a hacer. No esperen que salgan todos para también salir. El momento es ahora.

Si bien el GAFI dijo en un comunicado que el Gobierno de Rafael Correa ha tomado algunas medidas para cambiar la situación, como por ejemplo la adopción de ciertas modificaciones al código penal que criminalizarían los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el informe deja a las claras que existen grandes deficiencias en la aplicación estratégica de este tipo de medidas, y que de no llevar a la práctica las recomendaciones antes de febrero del próximo año, el país será objeto de sanciones acordes a la situación.

La historia sobre como Ecuador llegó a ser parte de esta lista comienza en el año 2010, cuando tras una serie de alertas por parte del GAFI, el procurador general del Ecuador, Diego García Carrión, propuso a dicha institución un plan de acción el cual incluía una serie de reformas al código penal. Esta aparente buena voluntad del gobierno ecuatoriano le valió una mejora en el “ranking” del GAFI, pero no por mucho tiempo.

En febrero del 2012, Ecuador volvió a caer lugares en dichas listas y más tarde, en junio de este año, el GAFI emitió un ultimátum, diciendo que de no cumplir con los lineamientos propuestos y las recomendaciones emitidas, el organismo se vería obligado a accionar consecuentemente.

Entre junio y octubre de este año, el gobierno de Rafael Correa intentó montar un show mediático para mostrar su supuesta disposición política a promover dichas reformas. Lo hizo intentando aprobar en tiempo record en la Asamblea Nacional la reforma del código penal, la cual en teoría incluirá algunas de las recomendaciones del GAFI. Sin embargo, el verdadero objetivo de Correa no era hacer caso a dichas recomendaciones, si no más bien aprovechar la “presión” del GAFI para aprobar rápidamente y casi sin debate una nueva ley que se ajuste a su propia agenda y avance su plan autoritario.

De esta manera, y utilizando el pedido del GAFI como excusa, Correa está logrando en tiempo record y casi sin debate que la Asamblea Nacional apruebe un nuevo código penal el cual criminaliza la injuria, censura la opinión diferente y facilita los mecanismos de persecución política a través de la vía judicial. Un paso más hacia el control de la justicia. Como era de esperar, Ecuador no cumplió con el plan propuesto ni con las recomendaciones del GAFI, las cuales iban mucho más allá que la simple inclusión de algunos nuevos artículos en el código penal. Es por eso que el GAFI decidió extender el ultimátum hasta el próximo febrero. Hoy por hoy, Ecuador no ofrece ni las garantías necesarias, ni la institucionalidad suficiente, ni la disposición a trabajar coordinadamente con la comunidad internacional para combatir el lavado de dinero, y sobre todo, existe una enorme brecha entre lo que el gobierno dice y lo que efectivamente hace.

El ejemplo más claro de esta situación es el caso de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Cuando el tema salió a la luz pocos meses atrás, el fiscal general Galo Chiriboga anunció que se abriría una investigación al respecto. Sin embargo, al día de hoy, la Fiscalía General del Ecuador ha detenido la investigación sobre la empresa Fondo Global de Construcciones. Esta empresa, supuestamente proveedora de material de construcción para el “plan vivienda” en Venezuela, registró exportaciones a Venezuela por más de 135 millones de dólares, pero no ha registrado ningún tipo de operaciones de producción en Ecuador. Fuentes me indican que los propietarios de esta compañía estarían vinculados directamente a los más altos funcionarios de ambos gobiernos, y que incluso existirían lazos con grupos irregulares colombianos.

Esta grave circunstancia no debería sorprender a muchos. Rafael Correa ha dejado en claro durante los años que lleva en el poder que no le interesan en absoluto los estándares internacionales y que él hace todo mejor que el resto del mundo. A Rafael Correa le gusta ir en contra de los estándares internacionales. Esto esta claro en materia de derechos humanos, donde él mismo ha promovido la persecución a periodistas y opositores, y ha amenazado con abandonar el sistema interamericano de derechos humanos. En materia comercial, Correa ya ha actuado caprichosamente en reiteradas ocasiones, como por ejemplo cuando tomo la decisión unilateral de abandonar el Sistema Andino de Preferencias Comerciales con Estados Unidos.  Lo ocurrido con el GAFI es ejemplo de lo que sucede en materia financiera internacional, donde Correa, yendo en contra de todos los consensos y recomendaciones del exterior, elige obviarlas, ya sea por rebelde o por cómplice, poniendo en juego la estabilidad de su país.