Una encuesta reciente llevada a cabo por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) muestra que desde que comenzaron las protestas a comienzos de Febrero, el oficialismo dejó de ser mayoría, con un apoyo que no supera el 36% de la población. Pero el régimen no está jugando a las encuestas. Si bien ellos saben que la represión no es bien vista, y que les ha traído consecuencias negativas en términos de popularidad, saben también que el caos social es un factor de división dentro de la propia oposición. Su estrategia es mantener la represión e intentar dividir la oposición a toda costa, a través de una vacía mesa de diálogo.

En la vereda de en frente, nos encontramos con una oposición que ha reaccionado de manera diversa ante esta situación y cuyas diferencias se hacen cada vez más notorias.

Por un lado está el establishment opositor, compuesto solo por una pequeña fracción de integrantes de la Mesa de la Unidad. Sus acciones dan a entender que están más interesados en cuidar el lugar que tienen, que en recuperar la democracia en el país. Tomando la bandera de la MUD como propia, este grupo la utiliza para adjudicarse un liderazgo que en realidad no posee. Utilizan eufemismos tales como “dialogo”, “paz” y “unidad”; palabras a las que nadie puede oponerse, pero que carecen de todo contenido en este contexto. Son estos los principales responsables del deterioro de la Unidad.

Los intereses de quienes componen este grupo no están del todo claro. Ante el público en general se presentan como opositores, pero tras bambalinas han estado “dialogando” con el gobierno hace mucho más que pocas semanas. Algunos de ellos, incluso figuran como directores en bancos que, durante los 15 años de chavismo, han hecho fortunas absurdas de manera cuestionable. La postura de este grupo ha sido la de apoyar muy tímidamente las protestas en las calles, pero participar muy activamente de una mesa de diálogo, sin preocuparse por primero lograr ciertas condiciones indispensables. No hablan de dictadura, sino de “déficit de la democracia”. Creen que el problema no es el autoritarismo del régimen, si no su ineficiencia, la cual creen que tiene solución a través de un dialogo.

El segundo grupo de la oposición esta compuesto por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma. El primero, hoy privado ilegalmente de su libertad; la segunda removida ilegalmente de su silla en la Asamblea Nacional; y el tercero despojado ilegalmente de sus recursos como Alcalde Metropolitano años atrás. Ellos se han mantenido firmes en su postura de no abandonar la calle y la protesta, alzando la voz y denunciando internacionalmente todas las violaciones a los Derechos Humanos. Poco a poco, han ido ganando el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Esto se refleja en la misma encuesta de IVAD que mencioné anteriormente, la cual pone a Leopoldo López por encima de Henrique Capriles como la figura política de mayor aceptación en el país.

En tercer lugar se encuentra Henrique Capriles y sus seguidores quien, a pesar de errores que pudo haber cometido un año atrás, luego de las elecciones de abril del 2013, posee niveles de popularidad muy altos que lo siguen posicionando como un líder natural de la oposición. El comportamiento de Capriles ha sido bastante impredecible. En un comienzo criticó la protesta, pero participó en varias de ellas. Ha exigido públicamente condiciones para el diálogo, tales como la liberación de los presos políticos, pero participó en la primera reunión del mismo con un discurso que pareció estar más enfocado en viejos rencores que en la situación actual. Capriles parece encontrarse en una encrucijada: o acaba por alinearse al establishment opositor, lo cual podría significar el principio del fin de su liderazgo, o busca la manera de reconciliarse con el segundo grupo, conformando un nuevo frente de resistencia para recuperar la Unidad en la oposición.

Finalmente, el país cuenta con un movimiento estudiantil en auge, que tiene el apoyo de enormes sectores de la sociedad. Están claros de que la calle y la protesta importan y son necesarias, y que el diálogo sin condiciones no conduce a ningún lado. Son jóvenes que no quieren vivir en dictadura y que están determinados a luchar por su futuro. A fuerza de trabajo han ganado legitimidad y podrían ser el factor determinante al momento de articular a la oposición nuevamente.

Venezuela se encuentra ante un escenario abierto. Por un lado, un régimen que reprime brutalmente y casi sin límites, pero que por supuesto, niega que esta represión exista, culpando a la oposición, y promoviendo una mesa de diálogo con la misma, sabiendo que solo elestablishment va a participar. El objetivo de ellos no es solucionar los problemas de Venezuela, si no fracturar a la oposición y a la sociedad.

Por otro lado, una oposición dividida entre quienes no creen en la calle y buscan el diálogo, incluso sin condiciones previas; otros que no creen en el diálogo sin condiciones y buscan mantener a la gente en la calle; y un Henrique Capriles flotando en un mar de dudas, pero cuyas decisiones, de inclinarse hacia el lado correcto, podrían ser determinantes para vencer el objetivo del régimen de desarticular la oposición.

La salida aún no está clara. El régimen no tiene vuelta atrás y ya no es mayoría en el país, pero el principal enemigo de la oposición es la propia oposición. Hacia dónde va Venezuela dependerá de las decisiones que los diferentes sectores opositores tomen en las próximas semanas.

Esta escalada en los niveles de violencia fue acompañada por nuevas acciones de censura a la prensa por parte del presidente Nicolás Maduro. El mismo día 12 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones solicitó a todos los canales y radios del país que no transmitieran en vivo las protestas en las calles, y se dio la orden para que el canal de noticias colombiano NTN24, que se encontraba reportando la situación, fuese removido del aire. Al mismo tiempo, muchos sitios de internet fueron bloqueados por los operadores, e incluso, desde Venezuela, se cerró el acceso a fotos que usuarios de Twitter se encontraban publicando. El 19 de febrero, Maduro ordenó expulsar del país a corresponsales del canal CNN.

El gobierno de los Estados Unidos ha actuado de forma consistente, pero no suficiente. Tanto el presidente Barack Obama, como el Departamento de Estado han condenado lo que está ocurriendo, y han instado al gobierno venezolano a liberar a los estudiantes detenidos y frenar la ola de represión y violencia. Si bien estas declaraciones dejan en claro de qué lado está Estados Unidos, no necesariamente contribuyen a la solución del problema, y dejan en evidencia la necesidad de nuevas herramientas legales para que aquellos funcionarios públicos que en Venezuela han sido partícipes de violaciones a los derechos humanos sean efectivamente condenados en la esfera internacional.

Para ello, existe otra vía de acción, que podría ser tomada por el gobierno americano, y que consistiría en acciones políticas focalizadas sobre aquellos individuos dentro del gobierno que han sido responsables tanto de los asesinatos como de la censura en los medios, la represión y el abuso de poder. El precedente para este tipo de acción ya existe bajo el nombre de “Ley Magnitsky”.

Sergei Magnitsky fue un abogado ruso, detenido por las autoridades de su país en 2008 mientras se encontraba investigando un caso de corrupción. Magnitsky murió en la cárcel, luego de 358 días durante los cuales fue víctima de incontables torturas. Pero su muerte no quedó impune. En diciembre de 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que se conoce como la “Ley Magnitsky”, que obliga al Poder Ejecutivo a revocar las visas y congelar los activos de aquellos funcionarios involucrados en su muerte. La ley parte de la premisa de que muchas de las violaciones a los derechos humanos en el mundo ocurren por dinero, y que dicho dinero suele terminar en cuentas bancarias, propiedades y empresas en los Estados Unidos.

Una nueva Ley Magnitsky de alcance global podría aislar la capacidad de funcionarios corruptos de acumular, proteger y disponer de sus recursos, contrarrestando de manera efectiva lo que ocurre en Venezuela y cambiando la política externa de Estados Unidos hacia una política basada en principios.

Durante los años de Hugo Chávez, y ahora con Nicolás Maduro, los altísimos precios del petróleo y la falta de institucionalidad en el país han dado lugar a asfixiantes niveles de corrupción. Muchas de las personas que hoy disfrutan de ese dinero lo hacen en Estados Unidos. Una investigación en profundidad de los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos de las últimas semanas podría mostrar que aquellas personas directamente responsables por lo ocurrido probablemente viajen de manera regular a Estados Unidos y posean propiedades y cuentas bancarias aquí.

A través de la revocación de visas y el congelamiento de activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para luchar contra estas violaciones a los derechos humanos e incluso contribuir a que acaben los acontecimientos de violencia en los que se encuentra sumergido el país. Los derechos humanos son universales, y no deben estar limitados a los asuntos internos de un país. Si Estados Unidos puede hacer algo para prevenir estas violaciones, debe hacerlo. Una Ley Magnitsky Global podría ser el camino adecuado.