La OEA necesita un nuevo secretario general sin ambiciones políticas y con el coraje suficiente para promover la democracia

Corría Febrero del año 2011. Un grupo de estudiantes en Venezuela había decidido iniciar una huelga de hambre en protesta contra el gobierno de Hugo Chávez. En Washington, junto con un grupo de estudiantes venezolanos, decidimos apoyar la protesta pidiendo un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo hicimos a través de decenas de cartas dirigidas a cada uno de los embajadores, notas de prensa, y una protesta frente al Edificio principal del organismo, previo a una sesión de su consejo Perrmanente.

Terminada esta sesión, el secretario general José Miguel Insulza nos otorgó una audiencia privada, en la que nos dijo: “Me compadezco con ustedes, yo también sufrí una dictadura en carne propia y tuve que refugiarme en el exterior. Pero tienen que entender, a Chávez no lo van a vencer con cartas, Chávez es un dictador, y en Venezuela hay una dictadura militar”.

Esta anécdota sirve para describir el actuar político del secretario. Mientras que en privado aseguraba su oposición a la dictadura en Venezuela y recibía a víctimas de familiares de presos políticos, en público nunca ejerció sus funciones para avanzar efectivamente la democracia en la región y condenar a aquellos países que abiertamente violan los principios democráticos cada día.

Pero la gestión de Insulza se vio no solo rodeada de conflictos políticos. Desde el punto de vista laboral administrativo, la OEA enfrenta una gran serie de problemas. El quiebre moral de la organización se ve no sólo en sus actuaciones políticas externas si no también en el actuar interno con su propio personal. Por ejemplo, el ex embajador de Panamá ante la organización, Guillermo Cochez,denunció en reiteradas ocasiones la diferenciación que la oficina del secretario general suele hacer entre empleados allegados a él, y el resto de los funcionarios. Ha dicho también que muchas de estas personas, en su gran mayoría de origen chileno, se encuentran trabajando en la organización no por sus competencias personales, si no por la amistad personal con Insulza.

Por otra parte, existen en este momento al menos cinco casos por acoso laboral de diferente índole, los cuales están siendo investigados internamente por diferentes comisiones. Personal de la organización ha manifestado la preocupación que existe debido a la falta de transparencia interna en torno al manejo de estas investigaciones y la falta de conocimiento sobre canales institucionales para presentar denuncias. Todo esto, se traduce en un descontento y malestar generalizado, dentro de una organización carente de liderazgo.

A comienzos del próximo año la institución deberá elegir un nuevo secretario general. La OEA es una organización clave para América Latina. El sistema interamericano cuya protección y promoción tiene a su cargo ha sido pionero en la promoción de la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y el desarrollo de la región. Pero la gestión de Insulza y su falta de liderazgo externo e interno, no solo ha dejado de lado estas iniciativas, si no que ha dejado a la organización en la peor situación financiera de su historia. Todo esto, en el medio de ataques tanto de los países del ALBA, como del propio congreso de Estados Unidos que en reiteradas ocasiones ha amenazado con cortar su financiamiento. El resultado, una perdida generalizada de confianza en la institución.

Si pensamos en los principales problemas que América Latina como región deberá confrontar en los próximos años, estos son la seguridad, el narcotráfico y la inmigración; y el principal desafío, el fortalecimiento de la democracia y sobre todo las instituciones que la acompañan, tal como la independencia judicial. Todos estos temas deberían ser centrales en la agenda de la OEA de cara al futuro.

Analizando la rotación normal de la organización, vemos que los últimos secretarios provinieron de Sudamérica, de los Andes, de Centroamérica y de Sudamérica nuevamente. Del mismo modo, en la organización existe una regla no escrita que establece que la Secretaría General Adjunta siempre corresponde a un país caribeño. Siguiendo esta lógica, el próximo secretario debería venir de México, país en el que además, los temas de seguridad, narcotráfico e inmigración son fundamentales.

Es por ello que entre los posibles candidatos no oficiales se mencionan nombres como el de el ex Presidente Felipe Calderón, el actual Representante de México ante la Organización Emilio Rabasa, y la titular de la CEPAL Alicia Bárcena.

Entre los personas que ya han oficializado su candidatura, se encuentran el canciller Uruguayo Luis Almagro -favorito de los países del ALBA- y el ex Vicepresidente y ex Canciller de Guatemala Eduardo Stein. Otros nombres no oficiales que también se mencionan son los el boliviano y Presidente de la CAF Enrique García, y el ex Embajador de Panamá ante la organización, Guillermo Cochez.

El continente necesita una OEA más fuerte, liderada por una persona con el coraje suficiente para defender la democracia, entendida como la define la propia Carta Democrática Interamericana. Una persona sin ambiciones políticas personales –algo que siempre constituyó un conflicto para el actual secretario, quien nunca ocultó sus ambiciones presidenciales en su país-, con amplia experiencia en gestión y modernización y sobre todo en materia de recaudación y administración de fondos. Como escribió recientemente el ex funcionario de la Organización Rubén Perina, se necesita una persona a la cual la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos no le sea ni ambigua ni indiferente, y que pueda contrarrestar los esfuerzos de países como Venezuela y Ecuador que día a día atentan contra estos principios.

El problema es que hoy por hoy, parece difícil que candidatos con este perfil puedan ser elegidos por un Consejo Permanente controlado mayoritariamente por los países del ALBA. Sin embargo, la decadencia económica de Venezuela podría abrir las puertas para que un país como México comience a ejercer un mayor liderazgo en la región y por ende, dentro de la organización.

Esta escalada en los niveles de violencia fue acompañada por nuevas acciones de censura a la prensa por parte del presidente Nicolás Maduro. El mismo día 12 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones solicitó a todos los canales y radios del país que no transmitieran en vivo las protestas en las calles, y se dio la orden para que el canal de noticias colombiano NTN24, que se encontraba reportando la situación, fuese removido del aire. Al mismo tiempo, muchos sitios de internet fueron bloqueados por los operadores, e incluso, desde Venezuela, se cerró el acceso a fotos que usuarios de Twitter se encontraban publicando. El 19 de febrero, Maduro ordenó expulsar del país a corresponsales del canal CNN.

El gobierno de los Estados Unidos ha actuado de forma consistente, pero no suficiente. Tanto el presidente Barack Obama, como el Departamento de Estado han condenado lo que está ocurriendo, y han instado al gobierno venezolano a liberar a los estudiantes detenidos y frenar la ola de represión y violencia. Si bien estas declaraciones dejan en claro de qué lado está Estados Unidos, no necesariamente contribuyen a la solución del problema, y dejan en evidencia la necesidad de nuevas herramientas legales para que aquellos funcionarios públicos que en Venezuela han sido partícipes de violaciones a los derechos humanos sean efectivamente condenados en la esfera internacional.

Para ello, existe otra vía de acción, que podría ser tomada por el gobierno americano, y que consistiría en acciones políticas focalizadas sobre aquellos individuos dentro del gobierno que han sido responsables tanto de los asesinatos como de la censura en los medios, la represión y el abuso de poder. El precedente para este tipo de acción ya existe bajo el nombre de “Ley Magnitsky”.

Sergei Magnitsky fue un abogado ruso, detenido por las autoridades de su país en 2008 mientras se encontraba investigando un caso de corrupción. Magnitsky murió en la cárcel, luego de 358 días durante los cuales fue víctima de incontables torturas. Pero su muerte no quedó impune. En diciembre de 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que se conoce como la “Ley Magnitsky”, que obliga al Poder Ejecutivo a revocar las visas y congelar los activos de aquellos funcionarios involucrados en su muerte. La ley parte de la premisa de que muchas de las violaciones a los derechos humanos en el mundo ocurren por dinero, y que dicho dinero suele terminar en cuentas bancarias, propiedades y empresas en los Estados Unidos.

Una nueva Ley Magnitsky de alcance global podría aislar la capacidad de funcionarios corruptos de acumular, proteger y disponer de sus recursos, contrarrestando de manera efectiva lo que ocurre en Venezuela y cambiando la política externa de Estados Unidos hacia una política basada en principios.

Durante los años de Hugo Chávez, y ahora con Nicolás Maduro, los altísimos precios del petróleo y la falta de institucionalidad en el país han dado lugar a asfixiantes niveles de corrupción. Muchas de las personas que hoy disfrutan de ese dinero lo hacen en Estados Unidos. Una investigación en profundidad de los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos de las últimas semanas podría mostrar que aquellas personas directamente responsables por lo ocurrido probablemente viajen de manera regular a Estados Unidos y posean propiedades y cuentas bancarias aquí.

A través de la revocación de visas y el congelamiento de activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para luchar contra estas violaciones a los derechos humanos e incluso contribuir a que acaben los acontecimientos de violencia en los que se encuentra sumergido el país. Los derechos humanos son universales, y no deben estar limitados a los asuntos internos de un país. Si Estados Unidos puede hacer algo para prevenir estas violaciones, debe hacerlo. Una Ley Magnitsky Global podría ser el camino adecuado.