Esta escalada en los niveles de violencia fue acompañada por nuevas acciones de censura a la prensa por parte del presidente Nicolás Maduro. El mismo día 12 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones solicitó a todos los canales y radios del país que no transmitieran en vivo las protestas en las calles, y se dio la orden para que el canal de noticias colombiano NTN24, que se encontraba reportando la situación, fuese removido del aire. Al mismo tiempo, muchos sitios de internet fueron bloqueados por los operadores, e incluso, desde Venezuela, se cerró el acceso a fotos que usuarios de Twitter se encontraban publicando. El 19 de febrero, Maduro ordenó expulsar del país a corresponsales del canal CNN.

El gobierno de los Estados Unidos ha actuado de forma consistente, pero no suficiente. Tanto el presidente Barack Obama, como el Departamento de Estado han condenado lo que está ocurriendo, y han instado al gobierno venezolano a liberar a los estudiantes detenidos y frenar la ola de represión y violencia. Si bien estas declaraciones dejan en claro de qué lado está Estados Unidos, no necesariamente contribuyen a la solución del problema, y dejan en evidencia la necesidad de nuevas herramientas legales para que aquellos funcionarios públicos que en Venezuela han sido partícipes de violaciones a los derechos humanos sean efectivamente condenados en la esfera internacional.

Para ello, existe otra vía de acción, que podría ser tomada por el gobierno americano, y que consistiría en acciones políticas focalizadas sobre aquellos individuos dentro del gobierno que han sido responsables tanto de los asesinatos como de la censura en los medios, la represión y el abuso de poder. El precedente para este tipo de acción ya existe bajo el nombre de “Ley Magnitsky”.

Sergei Magnitsky fue un abogado ruso, detenido por las autoridades de su país en 2008 mientras se encontraba investigando un caso de corrupción. Magnitsky murió en la cárcel, luego de 358 días durante los cuales fue víctima de incontables torturas. Pero su muerte no quedó impune. En diciembre de 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que se conoce como la “Ley Magnitsky”, que obliga al Poder Ejecutivo a revocar las visas y congelar los activos de aquellos funcionarios involucrados en su muerte. La ley parte de la premisa de que muchas de las violaciones a los derechos humanos en el mundo ocurren por dinero, y que dicho dinero suele terminar en cuentas bancarias, propiedades y empresas en los Estados Unidos.

Una nueva Ley Magnitsky de alcance global podría aislar la capacidad de funcionarios corruptos de acumular, proteger y disponer de sus recursos, contrarrestando de manera efectiva lo que ocurre en Venezuela y cambiando la política externa de Estados Unidos hacia una política basada en principios.

Durante los años de Hugo Chávez, y ahora con Nicolás Maduro, los altísimos precios del petróleo y la falta de institucionalidad en el país han dado lugar a asfixiantes niveles de corrupción. Muchas de las personas que hoy disfrutan de ese dinero lo hacen en Estados Unidos. Una investigación en profundidad de los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos de las últimas semanas podría mostrar que aquellas personas directamente responsables por lo ocurrido probablemente viajen de manera regular a Estados Unidos y posean propiedades y cuentas bancarias aquí.

A través de la revocación de visas y el congelamiento de activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para luchar contra estas violaciones a los derechos humanos e incluso contribuir a que acaben los acontecimientos de violencia en los que se encuentra sumergido el país. Los derechos humanos son universales, y no deben estar limitados a los asuntos internos de un país. Si Estados Unidos puede hacer algo para prevenir estas violaciones, debe hacerlo. Una Ley Magnitsky Global podría ser el camino adecuado.

Semanas atrás, diversos medios de comunicación dentro y fuera de Ecuador reportaron la existencia de un elaborado mecanismo de lavado de dinero a través del cual empresas ecuatorianas exportaban contenedores vacíos a Venezuela utilizando el Sucre como medio de pago. El mecanismo funciona de la siguiente manera:

(1) Una empresa ecuatoriana declara exportaciones a Venezuela por un valor muy superior al real. En otras palabras, estas exportaciones son ficticias. (2) El importador venezolano deposita en el Banco Central de Venezuela -o el órgano correspondiente-, bolívares al valor en Sucres de esa exportación. (3) El Banco Central de Venezuela registra luego un balance en Sucres a favor del Banco Central de Ecuador. El Banco Central de Ecuador considera este balance como parte de sus reservas de libre disponibilidad. (4) El Banco Central de Ecuador paga al exportador en dólares. (5) En muchos casos el exportador gira dichos dólares a paraísos fiscales tales como Suiza, Panamá o Hong Kong. (6) Unos 6 meses más tarde, el Banco Central de Venezuela paga al Banco Central del Ecuador los dólares correspondientes a la deuda en Sucres.

Tomando en consideración que Ecuador tiene como moneda de curso legal el dólar americano y por tanto su estabilidad monetaria depende fundamentalmente de suficiente provisión de dólares a sus reservas, el hecho de que el Banco Central de Ecuador registre como parte de sus reservas de libre disponibilidad los dólares producto de “exportaciones ficticias” a Venezuela, es decir, alrededor de mil millones de dólares anuales, o entre un 25-30 % de las reservas del Banco Central, tiene serias implicaciones para la estabilidad monetaria, financiera, comercial y macroeconómica del país.

El problema es que existen razones por las cuales Venezuela puede en cualquier momento dejar de pagar los saldos adeudos al Banco Central del Ecuador: después de 14 años de control de cambios y corrupción, el país se encuentra vacío de dólares. Segundo, ¿por qué habría Venezuela de cancelar lo adeudado proveniente de importaciones ficticias, en este escenario de escasez de divisas?

Además, otro de los mecanismos a través del cual Ecuador debería asegurarse la provisión de dólares indispensables para su estabilidad monetaria, es asegurar un flujo de creciente de exportaciones en general, y principalmente con Estados Unidos, su principal socio comercial. Sin embargo, Rafael Correa no tuvo mejor idea que anunciar unilateralmente el fin del ATPDEA (sistema de preferencias que facilitaba las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos). Esto significa que Ecuador pondrá en riesgo el comercio con su principal socio comercial, perjudicando la entrada de divisas que como ya dijimos son fundamentales para el mantenimiento de la estabilidad financiera del país.

Correa puede insistir que este otro hueco en la entrada de divisas será cubierto gracias al incremento de las operaciones comerciales con Venezuela y otros países vecinos. Lamentablemente, como ya explicamos, la falta de transparencia en estas exportaciones representa un riesgo inmensurable.

Mientras todo esto ocurre, el pasado 21 de Junio el GAFI (Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero) anunció que Ecuador no ha hecho suficiente progreso en la lucha contra el lavado de dinero. Ecuador comparte la lista del GAFI con países tales como Siria, Pakistan, Myanmar, etcétera. Así mismo, el GAFI anunció que de continuar haciendo caso omiso a las recomendaciones emitidas, Ecuador se vera sometido a represalias acordes con la gravedad de esta situación. En otras palabras, Correa podría estar llevando a su país a la peor lista del GAFI, en la cual sólo se encuentran Irán y Corea del Norte.

¿Hasta que punto puede una economía ser sostenida por flujos de divisas que no son transparentes? En el caso de Ecuador, debido a la dolarización, las reservas de libre disponibilidad no son ni más ni menos que los depósitos que todas las instituciones del sector público y las instituciones del sector bancario realizan en el Banco Central. Esto significa que la estabilidad monetaria, financiera, comercial y macroeconómica del Ecuador, depende en buena medida de capitales provenientes principalmente de exportaciones ficticias.