En América Latina y el Caribe el 68 % de los empleos no registrados se generan en la economía informal, el 32 % restante está vinculado con empresas formales. Según el mismo trabajo de la OIT, en esta región, seis de cada diez empleos son informales.

En nuestro país, la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizada en 31 aglomerados urbanos, registró que la tasa de trabajo en negro en el primer trimestre del 2015 fue de 31,9 %, 2,4 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior. Otros estudios privados la sitúan más cerca del 34 %. Lo cierto es que la tasa de empleo informal tuvo una importante disminución con respecto a 15 años atrás, cuando se encontraba en casi un 50 % de la fuerza laboral.

La ciudad de Buenos Aires posee una mejor situación, ya que llega al 79 % de trabajadores formales en su conjunto, pero los indicadores de informalidad laboral también muestran al sur como la zona más desfavorecida.

Estos datos son solo cifras que no alcanzan a describir el drama del trabajo no registrado, que tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo, tanto para el trabajador como para el conjunto de la sociedad.

Los trabajadores no registrados cobran un menor salario que aquellos que se encuentran registrados, carecen de cobertura médica y de aseguradora de riesgos del trabajo en caso de accidente de trabajo. No cobran aguinaldo, vacaciones, días por enfermedad, salario familiar u horas extras. En caso de ser despedidos, no cobrarán indemnización, ni podrán acceder al seguro de desempleo. Tampoco se les realizan los aportes correspondientes al sistema jubilatorio, por lo que no podrán jubilarse, ni reciben los beneficios alcanzados con los convenios colectivos de trabajo. Tampoco tienen acceso al crédito y por lo tanto no pueden encarar ningún proyecto a largo plazo, como comprar una vivienda. Su situación de inestabilidad resiente sus lazos familiares y sociales. Se encuentran excluidos de la sociedad, ven afectada su propia dignidad.

Para la sociedad en su conjunto, el empleo no registrado significa, entre otras cosas, millones menos de recaudación en impuestos y competencia desleal para aquellas empresas que sí cumplen con todas las obligaciones respecto de sus trabajadores. La informalidad, además, se vincula directamente con un desarrollo económico sostenido, ya que impide cualquier tipo de planificación a largo plazo.

El concepto de trabajo decente, desarrollado por la OIT y consensuado a nivel mundial, es fundamental porque sintetiza las prioridades y los objetivos de todas las Instituciones dedicadas al mundo del trabajo. Se trata de un concepto que reconoce que el empleo formal es más que una fuente de dignidad para las personas, es también un elemento fundamental para alcanzar una globalización equitativa, la reducción de la pobreza y un desarrollo inclusivo y sostenible.

La Argentina del futuro tiene el gran desafío de continuar en su lucha contra la informalidad laboral y disminuir sustancialmente los índices de los trabajadores no registrados. Como todo problema social, no existe una receta única y para su solución se necesita la concurrencia de varios factores.

El punto de partida es volver a contar con estadísticas confiables que permitan realizar planes a corto, mediano y largo plazo acordes con la realidad. La mayor responsabilidad de esta lucha recaerá en manos de los Gobiernos (nacional, provincial y local) que controlen y sancionen, pero que a la vez estimulen el registro de los trabajadores por parte de los empleadores. Una necesaria reforma educativa aportará trabajadores aptos para los empleos del futuro en los que se requiere mayor mano de obra calificada. La difusión del concepto de la responsabilidad social entre los empleadores contribuirá a que estos dejen de lado prácticas que tienen beneficios a corto plazo, pero que a la larga terminan perjudicando al conjunto de la sociedad y, por lo tanto, a ellos mismos.

Por su lado, los sindicatos deberán hacer su aporte, entendiendo que todos los trabajadores (formales o informales) tienen el derecho de recibir protección cuando se ven afectados sus derechos básicos, y que cuantos más trabajadores formales haya, más fuerza tendrán los sindicatos. Por último, la condena social al trabajo informal, que se logró en otros temas, contribuirá a ir desterrando a este flagelo que convive hace muchos años con los argentinos.

Otros países, incluso de la región, han tenido éxito y pudieron bajar sustancialmente los índices de trabajo no registrado. Una Argentina inteligente, ordenada y previsible lo va a hacer posible.

Según el texto, disponible en el sitio web de la Organización, el desafío de recuperar los niveles de desempleo y subempleo anteriores a la crisis sigue siendo una ardua tarea, con los considerables riesgos sociales y económicos que entraña la situación.

En este contexto, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estamos llevando a cabo una serie de propuestas como forma de hacerle frente a los desafíos que el mundo del trabajo presenta para las economías regionales. 

El mercado laboral necesita políticas que contribuyan a su desarrollo. Desde el Gobierno de la Ciudad trabajamos para generar las alternativas necesarias que nos permitan enfrentar los retos que la economía propone.

Entre las políticas activas se encuentran la realización de talleres itinerantes de búsqueda laboral y capacitación, los convenios con los sindicatos para que los trabajadores que no han finalizado sus estudios secundarios puedan hacerlo mediante una modalidad virtual, el Programa de Empleabilidad para Pymes Sustentables, las políticas de protección y seguridad en el trabajo y la articulación entre sindicatos y empresas, entre otras.

En la ciudad de Buenos Aires venimos bajando año a año el desempleo y actualmente ronda el 6 %. En cuanto a la informalidad laboral, también la fuimos reduciendo y hoy la tasa se encuentra en el 20 %, mientras que en el resto del país es del 35%.

El informe de la OIT sostiene, en esta misma línea, que el panorama puede cambiar si se realizan una serie de medidas como el impulso de políticas laborales, el apoyo a las PYMES, la creación de alternativas para enfrentar el desempleo de jóvenes y mujeres, la promoción de la calidad del trabajo y la actualización de las calificaciones, entre otros aspectos.