La actitud de Bolivia está lejos de las políticas del resto del mundo, que se esfuerza por eliminar el trabajo infantil y garantizar el bienestar de los menores, e incluso de sus propios actos ya que en el año 2003 había ratificado el Convenio de la OIT Nº182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

Los niños y niñas tienen el derecho a no trabajar, a estudiar, a jugar y divertirse, a tener una infancia digna y plena donde puedan desarrollar sus potencialidades. Tienen “el derecho a ser niños”, como afirmaba la Madre Teresa de Calcuta.

El trabajo infantil es un flagelo que atenta contra cada uno de estos derechos y pone en peligro la salud, la seguridad y la educación de los más chicos, sumándoles preocupaciones de adultos que a su edad no deberían cargar.

Según Unicef, en Bolivia trabajan 850.000 niños, que es un 28% de la población de 5 a 17 años, y la pobreza extrema alcanza a un 20% de los más de 10 millones de habitantes que tiene el país. La mayoría de los niños se desempeña en trabajos rurales.  En paralelo, un elevado porcentaje de niños trabaja por cuenta propia como vendedores ambulantes o en los mercados

Que un niño trabaje en su infancia implica limitaciones para su desarrollo. Si bien en Bolivia el trabajo infantil es visto como una alternativa para erradicar la pobreza extrema y mejorar la situación económica en el corto plazo, en el largo plazo lo que hace es profundizarla y comprometer el sano crecimiento de las futuras generaciones.

Esta nueva ley de Bolivia es una clara señal de que el gobierno no impulsa políticas serias para la eliminación de la pobreza y la erradicación del flagelo del trabajo infantil. Esto compromete las posibilidades de los niños de estudiar y mejorar sus vidas, dejándolos expuestos a la explotación  y a trabajos peligrosos a temprana edad.

En la Ciudad de Buenos Aires, nuestro compromiso y esfuerzo diario es lograr que ningún niño o niña menor de 16 años se vea obligado a trabajar.