En América Latina y el Caribe el 68 % de los empleos no registrados se generan en la economía informal, el 32 % restante está vinculado con empresas formales. Según el mismo trabajo de la OIT, en esta región, seis de cada diez empleos son informales.

En nuestro país, la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizada en 31 aglomerados urbanos, registró que la tasa de trabajo en negro en el primer trimestre del 2015 fue de 31,9 %, 2,4 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior. Otros estudios privados la sitúan más cerca del 34 %. Lo cierto es que la tasa de empleo informal tuvo una importante disminución con respecto a 15 años atrás, cuando se encontraba en casi un 50 % de la fuerza laboral.

La ciudad de Buenos Aires posee una mejor situación, ya que llega al 79 % de trabajadores formales en su conjunto, pero los indicadores de informalidad laboral también muestran al sur como la zona más desfavorecida.

Estos datos son solo cifras que no alcanzan a describir el drama del trabajo no registrado, que tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo, tanto para el trabajador como para el conjunto de la sociedad.

Los trabajadores no registrados cobran un menor salario que aquellos que se encuentran registrados, carecen de cobertura médica y de aseguradora de riesgos del trabajo en caso de accidente de trabajo. No cobran aguinaldo, vacaciones, días por enfermedad, salario familiar u horas extras. En caso de ser despedidos, no cobrarán indemnización, ni podrán acceder al seguro de desempleo. Tampoco se les realizan los aportes correspondientes al sistema jubilatorio, por lo que no podrán jubilarse, ni reciben los beneficios alcanzados con los convenios colectivos de trabajo. Tampoco tienen acceso al crédito y por lo tanto no pueden encarar ningún proyecto a largo plazo, como comprar una vivienda. Su situación de inestabilidad resiente sus lazos familiares y sociales. Se encuentran excluidos de la sociedad, ven afectada su propia dignidad.

Para la sociedad en su conjunto, el empleo no registrado significa, entre otras cosas, millones menos de recaudación en impuestos y competencia desleal para aquellas empresas que sí cumplen con todas las obligaciones respecto de sus trabajadores. La informalidad, además, se vincula directamente con un desarrollo económico sostenido, ya que impide cualquier tipo de planificación a largo plazo.

El concepto de trabajo decente, desarrollado por la OIT y consensuado a nivel mundial, es fundamental porque sintetiza las prioridades y los objetivos de todas las Instituciones dedicadas al mundo del trabajo. Se trata de un concepto que reconoce que el empleo formal es más que una fuente de dignidad para las personas, es también un elemento fundamental para alcanzar una globalización equitativa, la reducción de la pobreza y un desarrollo inclusivo y sostenible.

La Argentina del futuro tiene el gran desafío de continuar en su lucha contra la informalidad laboral y disminuir sustancialmente los índices de los trabajadores no registrados. Como todo problema social, no existe una receta única y para su solución se necesita la concurrencia de varios factores.

El punto de partida es volver a contar con estadísticas confiables que permitan realizar planes a corto, mediano y largo plazo acordes con la realidad. La mayor responsabilidad de esta lucha recaerá en manos de los Gobiernos (nacional, provincial y local) que controlen y sancionen, pero que a la vez estimulen el registro de los trabajadores por parte de los empleadores. Una necesaria reforma educativa aportará trabajadores aptos para los empleos del futuro en los que se requiere mayor mano de obra calificada. La difusión del concepto de la responsabilidad social entre los empleadores contribuirá a que estos dejen de lado prácticas que tienen beneficios a corto plazo, pero que a la larga terminan perjudicando al conjunto de la sociedad y, por lo tanto, a ellos mismos.

Por su lado, los sindicatos deberán hacer su aporte, entendiendo que todos los trabajadores (formales o informales) tienen el derecho de recibir protección cuando se ven afectados sus derechos básicos, y que cuantos más trabajadores formales haya, más fuerza tendrán los sindicatos. Por último, la condena social al trabajo informal, que se logró en otros temas, contribuirá a ir desterrando a este flagelo que convive hace muchos años con los argentinos.

Otros países, incluso de la región, han tenido éxito y pudieron bajar sustancialmente los índices de trabajo no registrado. Una Argentina inteligente, ordenada y previsible lo va a hacer posible.

Estos cambios han afectado profundamente el mercado laboral y hoy, a diferencia de hace 30 años, están obligados a trabajar prácticamente todos los miembros de la familia, porque, en su gran mayoría, el empleo vitalicio ha desaparecido.

Existe una relación directa entre la situación de los hogares y sus ingresos con la situación del mercado laboral. Y este, a su vez, tiene estrecha vinculación con el nivel educativo de los trabajadores.

Está demostrado que quienes no tengan la preparación adecuada (basada en una educación de calidad), no estarán en condiciones de conseguir trabajo o, si logran tenerlo, será poco calificado, precario y mal remunerado. Además, serán en su mayor parte informales, por lo que el trabajador carecerá de vacaciones, aguinaldo, seguro médico y jubilación. Esta situación la vienen sufriendo miles de compatriotas que no tuvieron la suerte de recibir una educación adecuada, ni de terminar el secundario, requisito casi excluyente para conseguir un empleo decente en la Argentina de hoy.

La falta de educación formal ha generado que vastos sectores de la población se encuentren desocupados. Los que más sufren esta situación son los jóvenes de 18 a 25 años, porque, además de no tener estudios secundarios completos y manejo de herramientas informáticas, carecen de la experiencia, que muchas veces compensa la falta de un título. Como señalaba anteriormente, hoy las empresas suelen fijar un piso de exigencia que parte del secundario completo para operarios (en algunos casos títulos superiores) y universitarios para el resto. Según Alieto Guadagni (en su reciente libro La educación argentina en el siglo XXI): “La posibilidad de que una persona de bajo nivel de instrucción esté desempleada triplica a la de alguien con estudios universitarios completos”.

El nivel educativo se ha transformado en la llave de acceso al empleo calificado, estable y bien remunerado. Por eso es muy preocupante que generación tras generación se repita este vacío de preparación, porque es la mejor manera de reproducir la pobreza y la exclusión. Estas desigualdades de origen, que no solo afectan a las personas, sino a la sociedad (al tornarse menos productiva en su conjunto) terminan significando un menor desarrollo para el país.

La educación pública y gratuita instaurada a fines del siglo XIX mediante la ley 1420 permitió integrar a los ciudadanos de todo al país a la nueva nación y que esta fuera una de las primeras en América en materia de alfabetización. La Argentina fue, durante décadas, ejemplo de educación pública de calidad para el resto del mundo. Lamentablemente, en los últimos 30 años la educación, y en especial la pública, ha sufrido un deterioro tal que la brecha entre ricos (educados) y pobres (sin educación o con educación incompleta) aumentó considerablemente y tiende a profundizarse. Todos los estudios indican que la educación privada (que abarca al 30 % de la población) supera en calidad a la pública (70 % de la población). Aquellos que cursamos en establecimientos públicos somos testigos fieles de su deterioro. La Argentina pasó de ser un ejemplo a encontrarse relegada en las pruebas internacionales de aptitud en materia de calidad educativa en todos los niveles.

Producto de esta situación, Argentina fue perdiendo la tan reconocida movilidad social. Hoy el hijo de un trabajador no calificado tiene pocas chances de acceder a un mejor puesto de trabajo que el de su padre. Lo mismo le ocurrirá a la siguiente generación. Hace falta un cambio para detener esta debacle.

Ante los nuevos tiempos que se acercan, creo que es momento propicio para que la sociedad en su conjunto, y particularmente su dirigencia (que incluye no solo a políticos sino a empresarios, medios de comunicación, educadores, sindicalistas, etcétera), se comprometa en serio con la educación y la establezca como una prioridad para el futuro, le destine la atención, los incentivos y los recursos necesarios para transformarla en la herramienta principal contra la desigualdad.

Según una encuesta de la consultora global Manpower, el 37 % de los empleadores manifestó problemas para cubrir los puestos más demandados actualmente, entre los que están técnicos, ingenieros y oficios manuales calificados. Esto deja patente lo expuesto sobre la crisis educativa. Por eso creo que en la sociedad deberá darse un debate adulto sobre el perfil productivo del país. Saldado este y en consulta con el sector privado, el próximo Gobierno deberá orientar la política educativa hacia los sectores más competitivos y garantizar trabajadores calificados para los sectores que así lo requieran.

Estadísticas reales para poder planificar políticas de Estado a largo plazo y educación pública de calidad son las condiciones necesarias para lograr una sociedad verdaderamente más justa e integrada, que permita un desarrollo de todas las capacidades que tiene nuestro país.

Ante un panorama que aparece tan desolador, quiero destacar que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene trabajando en el sentido correcto y ha desarrollado el programa Terminá la Secundaria, que permite completar los estudios secundarios a quienes no lo han concluido. El programa abarca a todo el país y en estos últimos meses hemos estado firmando numerosos convenios con los sindicatos para que colaboren en la difusión entre sus afiliados. Trabajadores mejor preparados significa trabajadores con más posibilidades de crecimiento. Hasta el momento hemos tenido muy buena respuesta. Continuaremos por esta senda.

Según el texto, disponible en el sitio web de la Organización, el desafío de recuperar los niveles de desempleo y subempleo anteriores a la crisis sigue siendo una ardua tarea, con los considerables riesgos sociales y económicos que entraña la situación.

En este contexto, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estamos llevando a cabo una serie de propuestas como forma de hacerle frente a los desafíos que el mundo del trabajo presenta para las economías regionales. 

El mercado laboral necesita políticas que contribuyan a su desarrollo. Desde el Gobierno de la Ciudad trabajamos para generar las alternativas necesarias que nos permitan enfrentar los retos que la economía propone.

Entre las políticas activas se encuentran la realización de talleres itinerantes de búsqueda laboral y capacitación, los convenios con los sindicatos para que los trabajadores que no han finalizado sus estudios secundarios puedan hacerlo mediante una modalidad virtual, el Programa de Empleabilidad para Pymes Sustentables, las políticas de protección y seguridad en el trabajo y la articulación entre sindicatos y empresas, entre otras.

En la ciudad de Buenos Aires venimos bajando año a año el desempleo y actualmente ronda el 6 %. En cuanto a la informalidad laboral, también la fuimos reduciendo y hoy la tasa se encuentra en el 20 %, mientras que en el resto del país es del 35%.

El informe de la OIT sostiene, en esta misma línea, que el panorama puede cambiar si se realizan una serie de medidas como el impulso de políticas laborales, el apoyo a las PYMES, la creación de alternativas para enfrentar el desempleo de jóvenes y mujeres, la promoción de la calidad del trabajo y la actualización de las calificaciones, entre otros aspectos.

La actitud de Bolivia está lejos de las políticas del resto del mundo, que se esfuerza por eliminar el trabajo infantil y garantizar el bienestar de los menores, e incluso de sus propios actos ya que en el año 2003 había ratificado el Convenio de la OIT Nº182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

Los niños y niñas tienen el derecho a no trabajar, a estudiar, a jugar y divertirse, a tener una infancia digna y plena donde puedan desarrollar sus potencialidades. Tienen “el derecho a ser niños”, como afirmaba la Madre Teresa de Calcuta.

El trabajo infantil es un flagelo que atenta contra cada uno de estos derechos y pone en peligro la salud, la seguridad y la educación de los más chicos, sumándoles preocupaciones de adultos que a su edad no deberían cargar.

Según Unicef, en Bolivia trabajan 850.000 niños, que es un 28% de la población de 5 a 17 años, y la pobreza extrema alcanza a un 20% de los más de 10 millones de habitantes que tiene el país. La mayoría de los niños se desempeña en trabajos rurales.  En paralelo, un elevado porcentaje de niños trabaja por cuenta propia como vendedores ambulantes o en los mercados

Que un niño trabaje en su infancia implica limitaciones para su desarrollo. Si bien en Bolivia el trabajo infantil es visto como una alternativa para erradicar la pobreza extrema y mejorar la situación económica en el corto plazo, en el largo plazo lo que hace es profundizarla y comprometer el sano crecimiento de las futuras generaciones.

Esta nueva ley de Bolivia es una clara señal de que el gobierno no impulsa políticas serias para la eliminación de la pobreza y la erradicación del flagelo del trabajo infantil. Esto compromete las posibilidades de los niños de estudiar y mejorar sus vidas, dejándolos expuestos a la explotación  y a trabajos peligrosos a temprana edad.

En la Ciudad de Buenos Aires, nuestro compromiso y esfuerzo diario es lograr que ningún niño o niña menor de 16 años se vea obligado a trabajar.