No se debe apelar a la retórica cuando, al momento de redactar esta columna, hay cinco jóvenes fallecidos y cinco internados en grave estado por presunta intoxicación debido al uso de drogas sintéticas. Pero la instancia es propicia para generar conciencia en torno a un problema del cual nadie habla demasiado. Parecería que se requiere de una desgracia para que los medios de comunicación posen la vista sobre un fenómeno preocupante, que quienes trabajamos la temática lo advertimos desde hace diez años.

El último informe con rigor metodológico sobre consumo de drogas entre estudiantes de enseñanza media, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), daba cuenta de una tendencia alarmante en la magnitud del consumo de éxtasis entre jóvenes de 14 a 17 años durante el período 2001-2011. En diez años, la prevalencia de vida pasó del 0,2% al 2,1%, un aumento de casi mil por ciento.

Los patrones de uso también cambiaron. La mayoría de los usuarios hoy combinan pastillas con otras sustancias, preferentemente alcohol, lo que constituye una práctica de alto riesgo porque profundiza los efectos nocivos para el organismo. De allí que la visión fomentada por los propulsores del libre uso de drogas, con énfasis en aplicar protocolos de reducción de daños, tiene poco sustento real frente al hecho de que facilitar agua mineral como forma de evitar la deshidratación no modifica ciertas conductas irresponsables, ni mucho menos colabora en la necesaria prevención del uso indebido de drogas.

Otro indicador a tener en cuenta es la expansión mundial en la oferta de drogas sintéticas. El último informe del Observatorio Europeo de la Droga y Toxicomanías (OEDT) y Europol alerta sobre el crecimiento y la aparición de nuevas drogas de síntesis. Ya se han relevado 560 sustancias de este tipo, cien de las cuales fueron detectadas sólo en 2015. Argentina no es ajena a esta corriente.

Por eso no sólo es fundamental la actualización permanente de las listas de sustancias ilícitas y el desarrollo de sistemas de alerta temprana sobre estas tendencias mundiales para el ámbito de la reducción de la oferta. También se requiere desarrollar mejores protocolos de intervención en las salas de urgencias toxicológicas, con la incorporación y la utilización de instrumentos que permitan determinar, con certeza, si la sustancia que generó la emergencia es realmente la que la persona creyó haber consumido, y no otra. De nada vale discutir el nombre fantasía en la jerga, cuando lo fundamental es conocer con exactitud la verdadera composición molecular de la sustancia ingerida, para un correcto abordaje clínico.

Frente a todos estos escenarios, lo determinante en materia de políticas públicas es la posición que asume un Estado como tutor de la salud y la seguridad ciudadana. Partiendo de una premisa que pretende velar por la integridad de la ciudadanía y minimizar los costos asociados al uso indebido de drogas, el debate sobre la legalidad o la ilegalidad es asunto secundario. El problema sigue siendo el elevado consumo de drogas, los factores de riesgo, los imaginarios culturales y la tolerancia general a ciertas prácticas disvaliosas y autolesivas. Porque tan riesgosa como la composición química de una sustancia o su estatus normativo es la pasividad que asumimos, como sociedad, frente a esta epidemia que no diferencia clases sociales.

No todo está perdido. Siempre es posible una mirada más cercana, más humana, más social, que ponga al sujeto por encima del objeto, que logre disminuir la tolerancia social al uso indebido de drogas, pero que a la vez no resigne la hostilidad represiva contra los delitos de narcotráfico (macro y micro).

¿Y si en lugar de Holanda, Portugal o Uruguay, las respuestas a cómo establecer un ajustado balance en las políticas públicas sobre drogas estuvieran en nuestro país? Lejos de cualquier extrapolación forzada en materia de estrategias de reducción de la oferta y de la demanda de drogas, existen algunos indicios de que el modelo a seguir podría estar dentro de nuestras fronteras, en las tierras de Martín Miguel de Güemes.

Recapitulemos.

A fines del 2009, el gobernador Juan Manuel Urtubey dispuso por decreto la creación de la Agencia Antidrogas provincial, con la misión de asistir al Poder Ejecutivo en la planificación y programación de las acciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes en todo el territorio salteño. La puesta en funcionamiento de este organismo provincial articulador, dedicado específicamente a reducir la oferta, significó un primer paso fundacional: fijar la lucha antidrogas como prioridad en la agenda política.

De esta Agencia depende también el Consejo Consultivo Provincial sobre Drogas, órgano integrado por todas las dependencias oficiales con incumbencia en la materia, tanto en el ámbito provincial como municipal, junto con la Iglesia y diversos representantes de la sociedad civil. Un logro importante fue ampliar la base de participación en el diseño de políticas públicas en este campo.

Otro avance en la participación ciudadana y el empoderamiento de la comunidad lo constituyó el lanzamiento de los Consejos Barriales, que se comenzaron a implementar a principios del 2012 como un canal para incentivar la resolución vecinal de conflictos. Similares en su espíritu y en su mecanismo al sistema norteamericano de coalitions (coaliciones), la herramienta permite involucrar a los vecinos en pequeñas acciones preventivas que ayudan a mejorar cada barrio. Actualmente hay más de 800 Consejos funcionando en toda la provincia de Salta. Y en este escenario de participación vecinal, los programas de prevención comunitaria de drogas como el Multiplicar (2013, Consejo Consultivo Provincial sobre Drogas), encuentran terreno fértil.

En el plano normativo-legal, la reciente sanción por parte del Congreso provincial de la ley de “Tolerancia Cero” (instrumentada originariamente en la Ciudad de Salta como ordenanza) prohíbe conducir habiendo consumido estupefacientes, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que disminuya las aptitudes. La nueva ley apela al reproche administrativo o pecuniario como forma de reducir los accidentes, las muertes al volante, y los daños a terceros fruto de la irresponsabilidad de quienes conducen bajo los efectos de cualquier droga. 

En lo que respecta al ámbito de la seguridad, tradicionalmente se ha establecido una relación directa entre droga, adicción y delincuencia. Por un lado, el consumidor problemático o adicto que infringe la ley para poder conseguir sustancias, o que incurre en conductas delictivas bajo los efectos de una droga, y que luego de cumplir su condena se reinserta en la sociedad sin haber sido asistido en su dependencia. Por el otro, los dealers, transas y microtraficantes que, al amparo de una maleable jurisprudencia, se aprovechan de los resquicios legales de la tenencia para consumo, sin llegar nunca a juicio por cuestiones fácticas. Y entre medio, una confusa frontera imaginaria que ubica al eslabón más débil (los supuestos “perejiles”) como eje de las políticas represivas, en desmedro del gran narcotraficante.

La mejor forma que encontró el gobierno provincial salteño para quebrar este círculo vicioso fue mediante la implementación, como prueba piloto, de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), y la adhesión a la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. Cabe destacar que Salta es la tercera provincia en asumir esta competencia, además de Buenos Aires y de Córdoba.

Con relación a este último punto, los datos reflejan que a nueve meses de la entrada en rigor a nivel provincial de la ley 26.052, se produjeron 401 detenciones, 281 con requisitoria de elevación a juicio, y 76 personas con condena efectiva por vender drogas al menudeo. A la luz de los resultados, el nuevo proceso alentó a los vecinos a incrementar las denuncias por la confianza que depositan en el sistema. A la par, al Código Procesal Penal de Salta se le realizaron algunas modificaciones para mejorar la efectividad del trabajo policial en la materia. En el juicio, la figura de flagrancia permite utilizar plazos sumamente breves, y alcanzar una sentencia en 90 días para “perejiles”, dealers y micro-narcos.

Lo de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) merece un desarrollo aparte. No sólo por constituir una alternativa al encarcelamiento para personas con una dependencia, sino también por la mirada socio-sanitaria que aporta al ámbito de la seguridad. El proceso se inició en 2011 en cooperación directa con la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD).

Luego de una acordada reglamentaria de la Suprema Corte provincial, la prueba piloto se inició en octubre de 2013 para infractores bajo supervisión judicial mediante la figura de la probation. Dos equipos, 15 casos voluntarios cada uno, seleccionados previo examen médico para determinar que los participantes (tal es el término oficial y no estigmatizante utilizado para las personas que acceden al TTD) sufrían de dependencia a las drogas, más no otros trastornos mentales. Disminuir la reincidencia delictiva, aumentar la rehabilitación en situaciones de consumo problemático de drogas, y optimizar los costos y mecanismos judiciales, son algunos de los principales desafíos en proceso de evaluación.

Indudablemente, el último hito en materia de políticas públicas provinciales sobre drogas lo constituye el desdoblamiento de funciones de la secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones, que funcionaba hasta este año en el ámbito del ministerio de Salud. Entendiendo que el problema de las drogas requiere una mirada multidimensional que va más allá del erróneo encorsetamiento del fenómeno, la creación de la secretaría para el Abordaje Integral de las Adicciones bajo la órbita del ministerio de Derechos Humanos redefine una nueva mirada social, integral e inclusiva, con eje en el individuo.

De esta manera, Salta estableció tres claros pilares de abordaje: el control de la oferta a cargo de la Agencia Antidrogas, el tratamiento a cargo de la secretaría de Salud Mental (Salud), y la prevención multidisciplinaria como competencia de la nueva secretaría para el Abordaje Integral de las Adicciones (DD.HH).

A esto se le agrega la primera Unidad Coordinadora de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico, creada a comienzos del 2014. La misma está integrada por los ministerios de Justicia, Seguridad y Gobierno; la secretaría general de la Gobernación; la Agencia Antidrogas; la Procuración General; la Corte de Justicia y la Cámara Federal de Apelaciones, y articula el trabajo que llevan adelante los diferentes poderes del Estado.

Con una modelística propia, la provincia de Salta ha recorrido un interesante camino digno de ser explorado y replicado.
Voluntad y decisión política. Mirada transversal del fenómeno. Comprensión multidimensional. Articulación y sinergia entre los tres poderes. Cooperación y asistencia internacional. Políticas de seguridad con mirada socio-sanitaria. Alternativas al encarcelamiento. Empoderamiento comunitario. Normativas que reprochan el uso indebido de drogas y jerarquizan el concepto de daño a terceros. Abordaje desde la premisa de los derechos humanos. Participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas.

Quizás el norte este en nuestro norte.