La posición de Chomsky no difiere demasiado del imaginario colectivo que han pretendido instalar ciertos think tanks pro-legalización locales, que afirman que la ley de estupefacientes Nº23.737 y su andamiaje punitivo opera únicamente sobre las personas más pobres, a quienes criminaliza y estigmatiza.

Hay una instancia previa de debate al criticado concepto de “guerra a las drogas” como dispositivo de segregación. No existe mayor criminalización de la pobreza que la reiterada, permanente y crónica vulneración de sus derechos más básicos y elementales como el acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna o a una buena alimentación. La desigual distribución de los ingresos y la falta de oportunidades son un mal endémico y casi crónico de nuestros tiempos. El uso de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) lo acentúa, lo acrecienta, lo intensifica.

La pobreza no es consecuencia de una conflagración mundial contra las drogas. No deriva del uso ancestral chamánico ni de la guerra del opio. Tampoco vio la luz a partir de de la Convención de Estupefacientes de Viena (1988). La única toxicidad existente en el concepto pobreza son ciertas políticas públicas y estrategias económicas que, a lo largo de tantos años, han ido deteriorando los cuerpos sociales e individuales, erosionando siempre al eslabón más débil de la cadena.

En esta población frágil, los usuarios de drogas quedan depositados en un limbo caracterizado por la pérdida de sus derechos sociales, económicos y civiles. Seres sin identidad ni dignidad, transitando una vida casi inviable, invisible a los ojos de las mayorías. ¿A qué derechos refieren los pensadores progresistas cuando promueven la liberalización de las drogas bajo el argumento de las libertades individuales y en contra del supuesto control social de los pobres? ¿Qué precio están dispuestos a pagar los que enarbolan las banderas del nuevo cambio de paradigma libertario?

A menudo, pero especialmente en este debate, la retórica progresista sufre de severas incongruencias y falencias éticas. No es el peso de la justicia el que convierte al pobre en el eslabón más débil de la cadena. El problema sigue siendo las condiciones sociales de replicabilidad, en donde el narcotráfico encuentra terreno fértil para reclutar súbditos y en donde el individuo en sufrimiento busca vías de escape por medios químicos. ¿Se puede quebrar este círculo perverso de reproducción de desigualdades, en el que la droga es una parte de la radiografía, pero no siempre es la forma dominante del sufrimiento social que padecen millones de personas?

Sin entrar en el extenso e inconducente debate sobre qué entendemos por penalización y qué entendemos por criminalización (extensamente desarrollado en columnas anteriores), a lo largo de la última década la estrategia retórica de los grupos pro-droga ha sido casi de manual. Victimizando desde los discursivo e invocando la estigmatización de los pobres como únicos sujetos sometidos al poder punitivo de las normas, se ha logrado generar un estado de debate social en el que se piensa que la única salida al “fraude de la guerra a las drogas” (palabras de Chomsky) es excluir al Estado de tutelar la salud pública y la seguridad ciudadana, privarlo de herramientas de intervención, y normalizar el estatus jurídico de cualquier sustancia psicoactiva.

De esa manera, paradójicamente, los pensadores progresistas logran la re-vulneración de los ya vulnerados, la re-marginación de los excluidos y el despojo de los ya abusados. Porque si bien esta “guerra”, comprendida desde su originario espíritu bélico, ha arrojado más fracasos que logros, lo que verdaderamente importa es la actitud social de rechazo al uso de drogas, la defensa del rol socio-sanitario de ley Nº23.737, y el acento en los más desprotegidos y en las poblaciones vulnerables (como los niños y los jóvenes).

Dejemos de hablar de “guerra a las drogas”. A esta altura resulta un anacronismo que sólo sirve para justificar a los adalides del laissez faire, laissez passer. Es tiempo de empezar a despabilar la modorra social ante un problema que crece. Evaluemos los contextos en donde se da el consumo, y las oportunidades con las que cuenta cada individuo al momento de tomar decisiones. No nos refugiemos en subterfugios políticamente correctos para decir las cosas con claridad.

Nadie quiere droga libre. Mucho menos los pobres.

Dijo Obama: “Como bien ha sido documentado, de joven fumé marihuana y lo veo como un mal hábito y un vicio no tan diferente a los cigarrillos que fumé durante gran parte de mi vida. Su uso no es algo que aliente. Dije a mis hijas que consumir marihuana es una mala idea, es perder el tiempo, no es saludable”.

Desde un análisis discursivo, es posible interpretar que al mencionar el consejo para sus hijas, Obama elige amplificar un mensaje preventivo “paternalista” hacia una franja etaria que hoy está en el centro de preocupación. El National Institute on Drug Abuse (NIDA) dio a conocer los resultados del estudio “Monitoreando el futuro 2013” entre adolescentes de Estados Unidos. Los indicadores muestran una disminución alentadora en el consumo de drogas legales como el tabaco y el alcohol, pero a la vez reflejan la baja percepción de riesgo con respecto al uso de cannabis y otras drogas de prescripción médica, que se traduce en el aumento en su consumo. Y para quienes argumentan que la cultura de los sesentas y setentas tenía mucho de cool y libertaria, la ciencia (no la ideología) ha comprobado que la marihuana es ahora mucho más perjudicial que hace 30 años en tanto se ha reducido la proporción de cannabidiol (efecto protector) y aumentado la del tetrahidrocannabinol (principio psicoactivo).

Dijo Obama: “No creo que la marihuana sea más peligrosa que el alcohol en términos de impacto sobre el consumidor individual”.

En 2010, la revista médica The Lancet publicó una interesante investigación que evaluó los efectos perjudiciales que tienen las drogas no sólo en el consumidor, sino en su entorno y en la sociedad. Valiéndose de nueve categorías de daño para el individuo y de siete categorías de perjuicios colectivos, los autores del estudio subrayaron que el alcohol, además de ser la droga más perjudicial en términos generales, es casi tres veces más dañina que la cocaína y el tabaco. Otra lectura posible a los dichos de Obama sugiere un cuestionamiento al doble estatus moral de una cultura que mientras condena y prohíbe a ciertas sustancias que proscribe, sí tolera e incluso fomenta el consumo de otras que admite socialmente.

Dijo Obama: “Los chicos de clase media no van a la cárcel por fumar marihuana, los pobres sí. Y generalmente los chicos afroamericanos/latinos suelen ser los pobres, y los que tienen menos recursos y apoyo para evitar las penas más duras”.

En abril del 2013, la Casa Blanca lanzó una ambiciosa estrategia que convocó a reformar las políticas de drogas sobre la base de la evidencia científica en el campo de las neurociencias, la evidencia empírica de los programas preventivos, una mayor posibilidad de acceso a los programas de rehabilitación, un histórico énfasis en la recuperación del adicto y una reforma de la justicia penal. También ha venido desarrollando una interesante experiencia con relación a las denominadas Cortes de Drogas (Drug Courts), una suerte de modelo jurídico-terapéutico que surge como alternativa no punitiva para el tratamiento del dependiente de drogas. Pero si bien la administración Obama ha comenzado a trabajar en este nuevo paradigma, subsisten ciertas desigualdades que sirven de sustento para que pensadores como Noam Chomsky refieran a la resignificación de las drogas como arma de discriminación: “Estados Unidos criminaliza a los pobres con las drogas”.

Dijo Obama: “Exageran quienes argumentan que la legalización es la panacea que resuelve todos los problemas”.

Ruth Marcus, columnista del Washington Post, interpretó el sentir de muchas personas (entre los cuales me cuento) cuando escribió que “ni la sociedad ni nuestros chicos serán mejores con otra nueva sustancia psicoactiva legal en circulación”. La condición legal o ilegal de una droga no determina su capacidad intrínseca de daño, pero sí condiciona el alcance de la oferta, la facilidad para adquirirla, el precio y, en definitiva, el volumen del consumo, que la venta legal abarata y la publicidad apuntala. Otro dato no menor es el impacto de los costos asociados a las drogas. En Estados Unidos, según estadísticas del 2007, las drogas ilícitas impactaron en más de 193 billones de dólares por improductividad, atención a la salud y costos del sistema de justicia. En nuestro país, un estudio del 2008 del Observatorio Argentino de Drogas dio cuenta de similar situación: el costo total atribuible al abuso de drogas (legales/ilegales) fue estimado en 14.149 millones de pesos, un 3,69% del PBI.

Dijo Obama: “Cuando hablamos de drogas más duras, el daño al consumidor es profundo y el costo social es profundo. ¿Estamos abiertos a que alguien venga con la propuesta de autorizar una dosis calibrada de cocaína o metanfetamina, con la promesa de que será menos nociva que el vodka o que no te pudrirá los dientes?”.

Quienes propician la legalización de las sustancias actualmente prohibidas (y todas las nuevas drogas de diseño por surgir) y/o la despenalización de las actividades relacionadas con ellas sostienen que la esencia invasiva de la individualidad, promovida por las políticas prohibicionistas, entraña en sí misma un conflicto frente a los presupuestos básicos del Estado de Derecho. Como en el modelo uruguayo, también asocian el concepto de legalización al de regulación, en el cual el Estado debe velar por un mínimo de condiciones de calidad en las sustancias. Si lo que impera en torno al debate parece avenirse con la filosofía liberal y con la moral individualista que animan al sistema de libre mercado y libre comercio, la inquietud de Obama es tan válida como lo sería en nuestro país si algún bien intencionado pensador promoviera el libre consumo de “paco” o de cualquier otra basura destructiva, bajo la concepción de los derechos y garantías individuales contempladas en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional.