Si bien la conceptualización de guerra a las drogas desde lo actitudinal debería ser innegociable para cualquier política pública que conjugue salud y seguridad, es sumamente temeraria la pretensión de readecuar la ley de seguridad interior 24059 para permitir al Ejército intervenir en la represión del narcotráfico.

Primero, porque implica un profundo desconocimiento de las dinámicas y las mutaciones propias del crimen organizado, que carcome desde la invisibilidad no sólo mediante el tráfico de drogas, sino también utilizando las rutas seguras para la logística de actividades ilegales, como la trata de blancas, el contrabando, el tráfico de armas, el lavado de activos y otras más.

Hoy la narcocriminalidad se mueve con las mismas herramientas de gestión que cualquier empresa multinacional, maximizando ganancias y atenuando pérdidas. No es a través de las armas, sino mediante mecanismos económico-financieros de ruptura de los circuitos de blanqueo de capitales que se les puede infligir mayor daño. No es a través de la fuerza militar que se resuelve un problema de índole social y exclusivamente civil.

Segundo, porque no existe un sólo país que haya salido indemne y victorioso luego de decretar la intervención de sus fuerzas armadas como estrategia de reducción de la oferta. La experiencia regional demuestra desde la evidencia empírica, no desde la ideología, que es sumamente arriesgado combatir con armas bélicas a un enemigo tan concreto como difuso.

Recapitulando, el Plan Colombia fue un acuerdo bilateral entre el Gobierno de ese país y los Estados Unidos, que fue aplicado durante el período 2000-2012. Si bien dos tercios de los 8 mil millones de dólares iban a ser destinados inicialmente a políticas de desarrollo institucional y revitalización de la economía, finalmente casi el 80% de los fondos del plan fueron destinados al Ejército, a campañas de fumigación y otros programas para combatir el cultivo, la producción y el tráfico ilícito de drogas.

Aunque la violencia en Colombia ha disminuido y se ha logrado una satisfactoria reducción de las zonas cultivadas con coca, en este resultado es necesario incluir las elevadas cifras de muertes civiles, las poblaciones desplazadas, la irrupción de fuerzas paramilitares, la violencia urbana y la destrucción de ecosistemas tan ricos como el de la Sierra Nevada (Santa Marta).

Así que como Colombia planteó en los noventa los riesgos y los desafíos de la conformación de un narco-Estado a partir de la rentabilidad del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, hoy México se sitúa en un escenario muy similar, con eje en la producción y el tráfico de drogas de síntesis, pero con niveles de violencia claramente superiores a los tiempos de Pablo Escobar.

En diciembre del 2006, el por entonces presidente de México, Felipe Calderón, destinó a más de 6.500 soldados mexicanos al estado de Michoacán para combatir a los traficantes de drogas. En las primeras semanas de esta cruzada militar murieron 62 personas. Así, el Gobierno mexicano no sólo desencadenó una guerra difusa contra el crimen organizado, sino también desató una disputa de poder territorial entre cárteles, algunos de ellos conformados por ex miembros élite del mismo Ejército.

Según Human Rights Watch, la cifra de muertes en casos de violencia relacionados con la droga entre 2006 y 2012 en México, fecha en la cual concluye la ofensiva militar, asciende a más de sesenta mil personas. Mayolo Medina Linares, ex secretario de Seguridad Pública de México, arriesga que entre el 2000 y el 2014 se registraron aproximadamente 129 mil asesinatos.

La experiencia mexicana demuestra que implicar al Ejército como eje central de una política de reducción de la oferta significa contabilizar miles de muertos en una guerra que nunca se gana. No sólo eso: en Argentina, una propuesta de este tipo sería el verdadero detonante para la denominada mexicanización que denuncia el papa Francisco. Centenares de bandas criminales desorganizadas, unidas y convertidas en organizados cárteles regionales.

Por otra parte, un aspecto nodal de estas propuestas —quizás tan o más peligrosas que la denominada guerra a las drogas— es la utilización de efectivos militares para la pacificación de las villas. Principalmente, el Frente Renovador parte de la estigmatizante premisa de responsabilizar a la villa del problema de la droga, el narcotráfico y la delincuencia. La mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico no viven en estos barrios precarios donde se corta la luz, donde las ambulancias no entran, donde rebalsan los efluentes cloacales.

¿Qué significa “pacificar” un asentamiento, cuando resulta imposible hablar de paz sin antes discutir inclusión social o la mismísima dignidad humana?

La estrategia de pacificación del massismo toma como modelo la experiencia brasileña de las Unidades de Pacificación Policial (UPP) en favelas, lanzadas en 2008 por el gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, e implementadas por su secretario de Seguridad, José Mariano Benincá Beltrame.

Desde hace un par de años, el principal propulsor de importar desde Brasil esta modalidad represiva es el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Desde la Fundación Concordia, think tank del Frente Renovador, De la Torre se ha ocupado de difundir el modelo de Río de Janeiro, ha organizado charlas académicas con Beltrame como principal orador, ha enviado a sus funcionarios cercanos a conocer el programa de ocupación militarizada del territorio y a formarse en este cuestionado abordaje.

Aunque algunos resultados son presentados como panaceas, es necesario mostrar la integralidad de la fotografía de un programa cuya raíz es netamente violenta. Las UPP sólo pueden establecerse en las favelas luego de la irrupción en combate de las tropas de elite del Batallón de la Policía Militar (BOPE), quienes durante las primeras 72 horas de accionar barren y limpian la zona. Dicha militarización de la comunidad se prolongará durante uno o dos meses, hasta la llegada de los “pacificadores”.

Desde la ONG brasileña Justicia Global definen a las UPP como “una tecnología gubernamental de control poblacional y territorial de las favelas, bajo el argumento de una guerra contra el narcotráfico, marcada por una sistemática violación a los derechos humanos, entre las que se destacan ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias”.

Las estadísticas no son demasiado alentadoras y se prestan a poner en tela de juicio la efectividad de esta política defendida por Fundación Concordia. Luego de los tres primeros años, en los que bajó la tasa de criminalidad en las favelas afectadas por el programa, en 2013 el Instituto de Seguridad Pública reveló que los homicidios aumentaron casi un 17% en comparación con 2012. Ya para 2014 se comenzó a producir una reorganización de las dinámicas del narcotráfico en Río de Janeiro, que provocó los primeros ataques comando a las UPP y un nuevo desafío frontal de parte de los grupos terroristas contra el Estado.

Ante la sistemática irrupción de propuestas electoralistas que impulsan un modelo de probada ineficiencia resulta necesario comprender que la guerra, en cualquiera de sus facetas, admite una zona gris de excesos. Disparar en medio de un pasillo o una calle de una villa, entre niños con guardapolvos, amas de casa que hacen sus compras o personas que se ganan el pan en forma honrada, invocando la guerra al narcotráfico, es parte del tenebroso lema de justificar el fin con cualquier medio.

Existe un mecanismo sociológico por el cual las definiciones de los medios de comunicación y la ausencia de apoyo manifiesto de las propias opiniones en la comunicación interpersonal originan una suerte de “espiral de silencio”. El término, acuñado por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann, identifica de qué manera la percepción de la opinión pública puede influir en el comportamiento de un individuo. Si son los medios masivos de comunicación los que generan opiniones, posturas y marcas ideológicas, controlar el contenido de su masividad implicaría regular la voz de las masas.

Hace cuatro años, un informe de la Fundación MEPI aseguraba que el silencio impuesto por los carteles de droga en México había creado una suerte de vacíos informativos.  La llamada narcoviolencia impactó de lleno en las páginas de los periódicos y portales: la prensa  daba cuenta de menos del  5 por ciento de los crímenes y violencia relacionados con el crimen organizado.  “No es que las secciones policiales estén vacías, sino que los periódicos se enfocan en delitos menores o hechos que no tienen que ver con el mundo de la droga”, sostenía el reporte.

Al extorsionar y obligar al silencio periodístico, el narcotráfico fue creando agujeros negros de información en todo el territorio. Esos grandes apagones mediáticos fueron los que impidieron a la sociedad mexicana ver las señales de alerta que marcaron el avance de la espiral de muerte y de violencia que hoy sacude al país del norte.

Ante los recientes acontecimientos en Rosario resulta sumamente preocupante la apatía y la ausencia social frente al problema. Una ruleta rusa colectiva, una macabra indiferencia, un riesgoso mutismo que sólo nos conduce al suicido. Ocurre que la victoria de una cultura se torna más potente en la medida en el que el proceso de imposición logra pasar desapercibido. Y lo que abunda deja de ser noticia, y se incorpora invisible a nuestros hábitos y prácticas cotidianas, siempre es mucho más difícil de percibir. Indiferencia, tolerancia y aceptación son los primeros síntomas.

Es menester comprender que los medios de comunicación son artífices de los imaginarios y representaciones sociales. Son la memoria colectiva de una sociedad, nuestro cuaderno de bitácora. La amenaza de muerte a Germán de los Santos no puede ingresar al archivo de la indiferencia. Silenciando las voces periodísticas que dan visibilidad al problema, el crimen organizado encuentra vía libre para corromper a las instituciones, vulnerar derechos y ciudadanía, deteriorar el tejido social y proseguir su sembradío de violencia.

La espiral del silencio del narcotráfico está en marcha. Como en “El Eternauta”, minúsculas partículas han comenzado a caer sobre nosotros. Como en la historieta de Oesterheld, el único y verdadero héroe ante la tragedia en ciernes será el nosotros, el yo colectivo.

Hace tiempo que en materia de información sobre el fenómeno algo pasa entre el emisor y el receptor. El que emite no emite con sustento. El que recibe lo hace escuchando sólo una parte y descartando el resto. Un error en la elección del qué y el cómo, un filtro periodístico subjetivo y una interpretación final por parte del escucha que luego la transforma en feedback a través de las redes sociales. A esto se le suman multiplicidad de interferencias, gritos, lobbies, ideologías, intereses contrapuestos. Y la bola de inconsistencias comienza a crecer de manera exponencial, retroalimentando al show mediático, el fulbito tribunero, la milimétrica fracción de rating.

El debate público sobre drogas en Argentina es como la lata de sopa Campbell inmortalizada por Andy Warhol.

Una vez más, como siempre, la superficialidad del abordaje periodístico de un tema tan complejo, la búsqueda del titular noticioso de alto impacto y los recortes informativos contrapuestos, nos invitan a discutir desde las formas sin lograr nunca acceder al fondo del asunto. El permanente reduccionismo dicotómico al cual nos someten los medios de comunicación torna vano cualquier intento de diálogo, de consenso, de puesta en común de conceptos. En la inmediatez informativa vertical de los cuarenta caracteres, en el cambalache de la agenda-setting invertida, todo se mezcla, todo es fugaz, etéreo e inestable como un imaginario líquido. ¿Todo parece dar lo mismo?

Drogas, adicciones y narcotráfico. Lo normativo en oposición a lo positivo, o lo que verdaderamente sucede. El concepto de descriminalización, que no es despenalización ni regulación ni mucho menos legalización. Los derechos individuales frente a los derechos colectivos, y el daño a terceros. El porro en el bolsillo de un estudiante universitario de clase media, o el porro en poder de un pibe de La Cárcova. El usuario que es usuario, y no consumidor problemático o dependiente. Las sustancias legales que alimentan la torta publicitaria (de las cuales nadie habla), o la buena prensa del periodismo militonto a favor de la cultura cannábica…

La prensa condiciona día a día nuestras representaciones. Marshall McLuhan y el medio como mensaje.

Seguimos sin advertir que vivimos en un mundo que se construye y deconstruye permanentemente a partir de hechos discursivos. Que los problemas, así como las noticias, en realidad no existen: son construcciones y definiciones subjetivas de un observador, que entiende una problemática de manera diferente, y la refleja desde sus intereses y sistema de valores. Aún seguimos sin comprender que cuando nuestra percepción y el hecho discursivo entran en contradicción, siempre prevalece lo discursivo. Y la ideología, claro…

Porque este debate sobre las drogas es tan torcidamente ideológico que así como Milton Fiedman fue musa inspiradora para la marihuana legal del progresismo uruguayo, no resultó extraño que desde algunos atriles del ultra-liberalismo argentino se alzaran aplausos y vítores a la hipotética flexibilización en el consumo de todas las drogas y la regulación invisible del libre mercado.

Existe mucha hipocresía, también. Porque el concepto de no criminalizar y no estigmatizar al adicto resulta a esta altura una muletilla vacía de contenido. Porque el alcohol sigue siendo la droga más dañina, no tanto por su composición química sino por su alcance y masividad social al amparo de su legalidad. Porque no es precisamente la ley 23.737 la que impide luchar contra el narcotraficante, sino la justicia garantista que ampara a los mercaderes de la muerte con su puerta giratoria. Porque para enfrentar al narcomenudeo no es necesario modificar la ley o detener perejiles, sino avanzar en la desfederalización de los delitos de microtráfico según lo previsto en la ley 26.052.  Porque hace falta menos escritorio y más territorio para conocer frente a frente de qué hablamos cuando hablamos de carencias y penurias, y entender por qué es necesario adaptar las políticas públicas sobre drogas a las necesidades de intervención (y no a la inversa). Porque lo que diferencia al consumidor de paco o pegamento, cubierto de cartones junto a un contenedor de basura, del consumidor de éxtasis en una fiesta electrónica, no es tanto la sustancia si no su condición y estatus social, los estereotipos e imaginarios que se construyen (y deconstruyen) alrededor de estas prácticas, y principalmente las perspectivas de desarrollo personal que determinan el concepto de estar incluido o estar fuera del sistema.

En este cambalache mediático-informativo, sería sano que pudiéramos encontrar espacios en dónde discutir concretamente cómo traducir en política pública el espíritu de no criminalización (más no legalización), buscando sanciones y penas alternativas, fortaleciendo los programas de prevención para bajar la tolerancia social y aumentar la percepción de riesgo, y poniendo a los más necesitados como objetivo central de cualquier abordaje. Discutir sólo declaraciones y opiniones personales contribuye a centrarnos únicamente en el problema, y seguir confundiendo a la ciudadanía en un tema ya de por sí complejo y sumamente ideologizado.

La evidencia empírica acumulada nos indica que no existen en el mundo soluciones recetadas a esta compleja situación de uso y abusos de sustancias psicoactivas. Pero sin dudas las soluciones partirán de los diversos canales sociales que faciliten la comunicación, los diálogos, los consensos, la inclusión, la participación y el compromiso de todos. En este terreno, los periodistas y los medios cumplen un rol estratégico fundamental.

Vale una anécdota personal como conclusión.

Rafael Bielsa, ex titular de la SEDRONAR e intelectual muy crítico acerca del rol del periodismo y de los medios, poseía una destreza encomiable al momento de denegar una entrevista periodística. A sabiendas de la complejidad del fenómeno de las drogas, y atento a la necesidad de no caer en reduccionismos que dificultasen aún más la comprensión del tema, solía preguntarle al periodista de turno si disponía de un mínimo de dos horas para abordar en profundidad la multiplicidad de aristas que confluyen en esta problemática.

Desde ya, las notas nunca se concretaban. El dato instantáneo para el fast-food mediático siempre puede más que el saber profundo. Ese saber que construye ciudadanía desde la información de calidad. Ese conocimiento tan necesario para el desarrollo de un pensamiento autónomo.

En tiempos en los que huelga la altura intelectual en los titulares de los diarios o en los noticieros, y en el que las redes sociales son un gran bazar de tertulia basura, es inevitable proponer un poco de sustancia informativa en el abordaje periodístico del tema drogas, un atisbo de inclinación por el pensar, algún artículo de prensa que nos invite a leerlo bien despacio y nos abstraiga de la banalización, la superficialidad y la trivialidad kitsch.

Si seguimos sosteniendo que el adicto es un enfermo y que no debe ser tratado como un delincuente, no parece del todo razonable que el delito de tener drogas para consumo personal sea castigado con pena de prisión. Mismo, si el uso se realiza en el ámbito íntimo de la persona, y sin ocasionar peligro o daño para terceros, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Nacional y toda la extensa (y zigzagueante) jurisprudencia al respecto.

Pero si es el derecho penal el que asegura al ciudadano que sólo la conducta descripta como delito será reprochable y pasible de pena, -entendiendo como delito aquel comportamiento que una sociedad considera altamente disvalioso para la convivencia-, y que si todo lo que no se encuentra prohibido está permitido, el problema de las drogas y del narcotráfico se nos presenta siempre como una verdadera disyuntiva.

¿El consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, no representa una conducta socialmente disvaliosa que debe ser reprochada, en cuanto conlleva implícita una peligrosidad sobre la salud y la seguridad pública?

Este inagotable dilema jurídico entre lo concreto y lo abstracto, cuya validez es motivo de extensa discusión por parte de los doctos constitucionalistas, nos aparta de algunas cuestiones de fondo que hacen a la multidimensionalidad que requiere el abordaje del fenómeno. Frente a los supuestos ideológicos progresistas que colocan al derecho individual por sobre el bienestar colectivo, resulta necesario simplificar la discusión desde el más llano sentido común. Cualquier política pública que no contribuya a reducir el consumo de drogas y la disponibilidad de las mismas, o bien aumente la tolerancia social y autoexcluya al Estado de tutelar la salud de sus ciudadanos, es ciertamente inaceptable. El alto rechazo a este tipo de iniciativas así lo demuestra desde siempre.

También desde el sentido común, la noción de daño social suele brillar por su ausencia en la argumentación abolicionista. La influencia de las drogas (prohibidas y permitidas) en los hechos delictivos, el agravamiento de los casos de violencia familiar y de género, los repetidos accidentes fatales producto de la conducción de vehículos bajo efectos de sustancias psicoactivas, constituyen irrefutables ejemplos de afectación a terceros. Vicios privados, daños públicos (en algunos casos, irreparables).

Existe cierto consenso entre quienes estudiamos el fenómeno de las drogas de que la ley actual parece haber depositado un énfasis excesivo en el reproche penal como único vehículo para lidiar con el fenómeno. No obstante, muchos desconocen que la imposición de una pena en suspenso como forma de forzar una medida curativa a un individuo que, producto del abuso de drogas, ha perdido su autodeterminación, es la principal herramienta socio-sanitaria presente en la actual ley 23.737 (al mismo tiempo que constituye uno de sus principales e históricos cuestionamientos).

Si bien es cierto que la mejor forma de asegurar el éxito de un tratamiento es que el mismo comience por la propia voluntad del enfermo, no menos cierto es que en determinadas situaciones no es factible lograr tal voluntariedad. En cualquier adicción ya no existe la plena libertad de la persona. El fin querido por el legislador al momento de reprochar la tenencia de drogas en la 23.737 fue justamente poder acceder al ámbito privado del adicto, para brindarle asistencia y contención, sin violentar el artículo 19 de la Constitución Nacional. Por ello, no resultaría adecuado derogar las medidas de seguridad previstas en los artículos 14 al 22 de la ley vigente (a pesar de su escasa aplicación, especialmente la educativa).

Desde una tercera posición, una propuesta superadora del actual marco jurídico debe encontrar un justo balance entre el respeto por los derechos individuales y el resguardo de lo colectivo. En este sentido, entiendo que la tenencia de drogas debe seguir siendo reprochada como conducta socialmente disvaliosa, más no criminalizada. El reproche penal puede ser reemplazado por una sanción administrativa, con diversas etapas, instancias y grados de cumplimiento, según la gravedad de la infracción cometida, según posibles reincidencias, partiendo del modelo de cantidades umbral (en oposición al sistema flexible/discrecional propiciado en el borrador de reforma del nuevo Código Penal Argentino).

También resulta de particular interés estudiar la factibilidad de los Tribunales de Tratamiento de Drogas como alternativa al encarcelamiento de infractores a las leyes penales con problemas de adicción. Este modelo fue implementado como prueba piloto en 2013 en la provincia de Salta, con apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA).

Pensemos en nuevos procesos administrativos por fuera del sistema de derecho penal. Advertencias, multas, suspensiones, imposición de servicios comunitarios, probations, medidas educativas, e incluso el tratamiento compulsivo bajo la figura prevista en el artículo 482 del Código Civil Argentino, pueden ser algunas de las medidas supletorias a la pena de prisión. Incluso, de una forma más concreta y más realista, no resulta descabellado pensar que se lograría fortalecer la actual figura disuasiva presente en la 23.737.

En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la oferta de sustancias, la reconfiguración de la proporcionalidad de las penas obliga a castigar con mayor severidad y dureza el delito de comercialización de estupefacientes, el blanqueo de divisas y el desvío de precursores químicos. Así, para el adicto, contención y tratamiento. Para el dealer y el narco, toda la dureza de la ley, con prisión de cumplimento efectivo y sin posibilidad de reducción de condena.

En estos debates tan polarizados, a menudo extraviamos el norte en medio de la discusión de qué hacer con el consumidor o el drogadependiente y su “legítimo” derecho al autodaño. Cuáles son los derechos que lo asisten como consecuencia de ese acto tan “libre” y tan “individual” que originó la adicción, pero que a la vez conlleva implícito un impacto sobre el entorno, la sociedad y lo colectivo.

En el medio de esta tensión entre el “yo” y el “nosotros”, la respuesta pública frente al problema de las drogas debe partir de una articulación inteligente entre política pública, marco legislativo, compromiso judicial, comunicación eficaz y responsabilidad social compartida.

Toda ley es perfectible. Estamos en presencia de un debate que como sociedad hace tiempo nos merecemos dar, pero que de ninguna manera puede restringirse a una mera exposición de supuestos ideológicos. Mucho menos, sucumbir a la monopolización de la verdad por parte de un reducido grupo de bien intencionados pensadores, con mucha teoría de escritorio y poco territorio a cuestas.

Sobre las bases de la evidencia científica y el saber empírico acumulado, una nueva legislación de drogas debería sustentarse en la solidaridad, la inclusión social, la conexión con el prójimo, la imposición de límites como acto de amor (no de autoritarismo), y la explícita afirmación de un militar inclaudicable por la salud y por la vida.

La prevención como primera herramienta, un refuerzo de la perspectiva socio-sanitaria, la incorporación de la seguridad pública como bien a tutelar y el compromiso político de librar una cruzada implacable contra el narcotráfico y sus delitos conexos, son un par de ideas fuerza que, frente a los mismos anacronismos de siempre, alentarían a refrescar nuestra mirada.

No criminalizar. No banalizar. No legalizar. Punto (de partida).

Según la teoría neoclásica, existen factores capaces de modificar el crecimiento endógeno de una economía, entendido esto como el cambio en el producto de un país en el tiempo. Para Adam Smith, padre del liberalismo económico, el progreso guarda relación con determinadas mejoras en el ambiente que rodea a la sociedad. La extensión de los cultivos y el aumento no artificial de los precios, los adelantos científicos y el incremento de la mano de obra empleada se refleja en alzas de las rentas. Diversos trabajos posteriores avalan la hipótesis de que en el largo plazo, y según las teorías neoclásicas, el crecimiento económico se debe a cambios de factores propios.

En los últimos años, se ha establecido un nuevo cuerpo de indicadores, que tienen implicaciones sobre el crecimiento económico, y que clasifica a las variables políticas entre las que tienen un efecto negativo y las que tienen un impacto positivo. Las drogas ilegales se categorizarían dentro de este segundo grupo. Los nuevos modelos económicos neoliberales adhieren a la hipótesis de que la marihuana, la cocaína y otras sustancias ilícitas incidirían positivamente en el crecimiento del PBI, aunque bajo una revisión histórica se asuma la contradicción de que éstas pueden afectar negativamente a otras variables, también relacionadas con el crecimiento, como lo son la inversión, las muertes violentas, la estabilidad social o los costos asociados.

No sorprende el reciente informe realizado por la London School of Economics (LSE), al que suscriben cuatro Premios Nobel de Economía (Kenneth Arrow , Christopher Pissarides, Thomas Schelling y Vernon Smith), y que da cuenta del fracaso de las políticas antidrogas desde un riguroso análisis financiero de costo/beneficio. Su sustento radica en que la prohibición sólo torna al mercado más atractivo para que ingresen nuevos actores, ansiosos por participar de las extraordinarias ganancias que el marco ilegal les ofrece. Y asegura que la oferta y la demanda de drogas es algo que no se puede erradicar, y que sólo puede ser manejado (mejor o peor) mediante la legalización.

Disiento. A priori, la eliminación de las barreras legales y la liberación de la oferta generaría la disminución del costo de las sustancias estupefacientes, lo cual no representaría necesariamente una pérdida de rentabilidad del negocio. El único cambio sobre una industria que genera más de 300 mil millones de dólares cada año se operaría en quién la controla, pues pasaría de manos de los narcotraficantes a las de los gerentes de empresas multinacionales.

Este nuevo escenario, controlado por la mano invisible de la oferta y la demanda, replicaría la brecha que se abre entre lo que hoy se paga a un productor campesino de coca del Chapare y el precio final de un producto refinado de altísimo valor agregado, colocado en alguna de las principales plazas de consumo. Incluso la aparición de intermediarios seducidos por semejante amplitud en los márgenes de ganancia, actuando bajo el parámetro de la maximización de beneficios, extendería rápidamente los comportamientos irracionales tanto a nivel de producción como a nivel de consumo. No obstante, la variación en el precio final de la droga no alteraría la demanda cautiva. En este contexto de centro/periferia, en el cual la curva de oferta agregada se desplazaría hacia la derecha (más oferta y más demanda), las penas seguirán siendo nuestras y las vaquitas ajenas.

Los especialistas también omiten señalar la relación directamente proporcional que existe entre el estatus jurídico de una sustancia y el alcance de la oferta, la facilidad para adquirirla, el precio y, en definitiva, el volumen de compra. En los circuitos productivos/comerciales del alcohol y del tabaco, drogas legales, no intervienen narcotraficantes ni distribuidores clandestinos. Sólo hay industria, comercio, publicidad y consumo. Mucho.

El alcohol, además de ser la droga más perjudicial no sólo en el individuo, sino para su entorno y para la sociedad, es casi tres veces más dañina que la cocaína y el tabaco. Se estima que por el alcohol muere 1 persona cada 10 segundos (unas 3,3 millones por año en el mundo), y que el tabaquismo mata 5 millones de personas más. En Argentina, como en otros países, lo que el Estado recauda mediante impuestos al cigarrillo sólo cubre el 50% de los costos anuales de atención médica atribuibles al consumo activo de tabaco. Vicios privados, salud pública. 

Esta epidemia mundial coloca a las políticas sanitarias frente a la encrucijada de dar respuestas a una enfermedad que evoluciona silentemente, motorizada por un mercado de demanda constante y en permanente crecimiento.
Frente a la recomendación a favor de la legalización que suena claramente en beneficio del libre funcionamiento de los mercados y contra toda intervención estatal, entiendo que el debate respecto a cómo regular la oferta y la demanda de drogas no es tan relevante como la necesidad de plasmar una propuesta de alcance universal para todos los individuos afectados por un consumo abusivo.

Comprender el rol que cierto sector del pensamiento económico mundial sigue desempeñando en la redefinición de las políticas mundiales sobre drogas es de suma utilidad para desenmascarar la ideología de los sospechosos de siempre. Legalizar las drogas no es progresista. No existe lógica social alguna en un proceso que sólo pretende favorecer la expansión de una demanda cautiva. Por el contrario, resulta perverso, siniestro e individualista.

“No esperamos nuestra cena de la benevolencia del panadero o del carnicero. No apelamos a su misericordia, sino a su interés”. (Adam Smith)

Hay voces que desde la otra orilla se alzan en favor del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar). Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, afirma que su país “no pretende exportar esta propuesta, sino que los dejen intentar este nuevo camino”. Nadie discute el derecho soberano de toda nación a definir sus políticas internas, ni tampoco a plantear en un ámbito de multilateralidad la orientación de sus estrategias internacionales. El tema es que en un mundo de fronteras difuminadas, inmediato, pequeño y global, es imposible evitar el impacto transnacional de ciertas medidas sobre la salud y el bienestar de la población. Si no fuera así, nadie debería discutir sobre Botnia.

La nueva ley, transformada en improvisado experimento, plantea inconsistencias, vulnerabilidades, y demasiados lugares grises en manos del flamante organismo de aplicación: el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). ¿Cuál será el destino previsto para los excedentes de cannabis no consumidos, que queden en poder de aquellos usuarios que acepten incorporarse al registro, o en almacenaje en las dependencias que se habiliten a tal efecto, o en los clubes de cannabicultores? ¿Cómo se controlará que en un domicilio particular se cumpla con el requerimiento de sólo seis plantas de cannabis, y que la plantación no supere los 480 gramos anuales, sin corromper el ámbito privado del ciudadano? ¿De qué manera el sistema de trazabilidad podrá detectar desvíos y adulteraciones en los casos de pequeñas cantidades, sabiendo que la tenencia de marihuana para consumo no está penalizada en Uruguay y que cualquiera puede portar libremente esta droga? ¿Por qué un usuario de cannabis, acostumbrado a consumir aquellas especies cuya concentración de tetrahidrocannabinol (THC) sea superior al 15% establecido por ley, abandonaría esa práctica? ¿A quién recurrirá si agota rápidamente los 40 gr mensuales al aumentar la dosis para lograr el mismo efecto? ¿Desde qué fundamento científico se espera que un adicto a la pasta base o la cocaína opte por consumir marihuana, sabiendo empíricamente que el camino hacia una adicción se traduce en forma inversa? ¿Qué sucederá con los menores de 18 años, que seguirán recurriendo a la clandestinidad para acceder a la sustancia, con el agravante de una mayor circulación de la misma debido al nuevo estatus legal? ¿Qué exigencias de seguridad se impondrán a las farmacias y locales habilitados para el expendio de cannabis, para evitar que la sustancia sea robada de los depósitos? ¿La prohibición de reventa de la marihuana legal será tan categórica como lo que sucede con la reventa de entradas de futbol o con el expendio de alcohol a menores, o sólo será el camino para el desarrollo de una nueva actividad ilegal que simplemente cambiará de manos? ¿De qué forma se disuadirá el turismo cannábico, sabiendo que no bastará con restringir la venta de marihuana sólo a uruguayos para evitar que la droga se comparta en las calles como el mate? ¿Cómo se pretende financiar el IRCCA o aumentar el presupuesto para fortalecer los programas de prevención y rehabilitación de adicciones, si como punto de partida la marihuana legal ha sido beneficiada con un régimen tributario mínimo? ¿Existen previsiones para limitar las licencias a farmacias, o la radicación de los denominados “clubes de membresía”, en zonas aledañas a establecimientos educativos o similares? ¿Se endurecerán las penas por conducir bajo los efectos de la marihuana?

Laissez faire, laissez passer… Aún sabiendo que la ley es cuestionable desde la perspectiva liberal porque implica la intervención máxima del Estado en la vida privada de las personas, los albañiles de la retórica liberalizadora de las drogas están dispuestos a incorporar el concepto “regulación” a la terminología que utilizan para defender su posición abolicionista. Aseguran que a diferencia de la legalización, la acción de regular lleva implícita la intencionalidad de un Estado presente, activo, eficiente, dispuesto a controlar la dinámica de la oferta y la demanda del uso de drogas. Así lo cree también Mujica, que abrazado a las teorías de Milton Friedman insiste en tildar de dogmáticos y sectarios a los que “están en contra de la honradez de la palabra experimento”. Así pretenden también que lo crea la opinión pública mundial.

Atemoriza que en Argentina se sigan alzando voces a favor de este tipo de medidas, que perciben en el modelo uruguayo una salida facilista al problema del narcotráfico. Algunos sectores de opinión aún parecen no advertir la relación directamente proporcional que existe entre la legalidad (o la percepción de legalidad, que es aún más grave) de las sustancias y el consumo masivo. Muchos siguen pensando que el fuego se puede apagar con nafta.

Desde 1931(Ley Nº 8764) y hasta 1996 (Ley Nº 16753), Uruguay tuvo el monopolio de la droga alcohol con la destilación y fabricación de bebidas alcohólicas. Con este antecedente, la paulatina eliminación de las barreras legales vigentes generaría, como único resultado, una baja en el precio de la marihuana y un simple cambio en la rentabilidad del negocio. El control, antes en manos de los traficantes, luego bajo regulación estatal, pasaría finalmente a las empresas multinacionales que lo operarían bajo los criterios del esquema de libre mercado. De todas formas, a priori no será sencillo controlar un mercado de demanda constante, que a mayor disponibilidad de marihuana crecerá aún más, sin que en paralelo surjan articulaciones que sigan aprovechándose de los grises e inconsistencias de la regulación.

La legalización de la marihuana no puede ser presentada ante la opinión pública como una solución simplista ni efectiva para reducir los problemas judiciales, de seguridad o de violencia pública. Las organizaciones criminales cuentan con una alta capacidad para transformarse y ajustarse a las nuevas condiciones del negocio. Con el ánimo de conservar los niveles de rentabilidad, diversificarían el mercado, abriéndolo para quienes se sostenga la prohibición (los menores de edad, las personas no registradas o quienes busquen niveles más altos de THC), o bien creando uno paralelo, por contrabando, similar al que existe en el caso del tabaco.

Decir que la legalización de la marihuana desfinanciaría el 50 por ciento del negocio del narcotráfico es mentirle burdamente a la gente. Detrás del crimen organizado también están el tráfico de armas, la trata de personas, el terrorismo, el contrabando y el lavado de activos. ¿Deben legalizarse también?

Es indudable que estamos en presencia de un debate que como sociedad se debe dar, pero que no puede restringirse a un mero enfoque de supuestos ideológicos individualistas y egoístas, que limitan a un análisis económico lo que en esencia es un problema socio-sanitario. Las políticas públicas sobre drogas deben basarse en evidencias científicas y empíricas. Así lo afirma la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD – OEA).

Frente a la errónea categorización de la marihuana como droga blanda, cada vez más y más investigaciones científicas demuestran con datos duros los daños a la salud ocasionados por su consumo. Se trata de una sustancia con principios psicoactivas muy potentes, que impactan sobre el sistema nervioso central, el cerebro y el aparato cardiovascular. Se ha comprobado que produce cambios significativos en los procesos cerebrales responsables de las habilidades y comportamientos que implican el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva y la corrección de errores. Cerebros jóvenes en pleno desarrollo, vulnerables a la experimentación con el tetrahidrocannabinol.

Un Estado debe velar por la realización efectiva de los derechos de las minorías. Pero bajo ningún aspecto puede legislar de espaldas al bien común y el bienestar de una manifiesta mayoría que desea vivir en una sociedad saludable. Bien dijo Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay: “Bajar los brazos de este modo, proclamar la incapacidad de la sociedad para evitar la difusión de drogas y darle a los jóvenes la señal de que es algo permitido no nos conducirá a buen puerto. La cuestión es demasiado seria y compleja para reducirla a mágicas medidas de ingeniería social.”

¿A qué costo se pretende entonces avanzar en el camino de la experimentación? Laissez faire, laissez passer…