Por su alcance, penetración, fácil acceso y capilaridad, las campañas preventivas a través de los medios masivos de comunicación siempre han sido herramientas predilectas para los técnicos y los tomadores de decisión. Pero, ¿son los spots, los mensajes audiovisuales y los afiches callejeros verdaderamente efectivos al momento de prevenir? ¿Puede un posicionamiento público de un Estado frente al uso indebido de drogas definirse en términos de mayor o menor cantidad de campañas preventivas mediáticas?

Lo que antes parecía una verdad incuestionable sobre la efectividad de estas intervenciones, hoy presenta ciertas debilidades. La principal de ellas es la imposibilidad de determinar fehacientemente la rentabilidad de una campaña de prevención pública masiva en términos de costo-beneficio. Porque al momento de saber si todo el gasto estatal ha servido de algo, las mediciones de los efectos concretos no abundan. Y una política pública no medible no puede ser considerada política pública.

Sin embargo, el principal reclamo ciudadano ante acontecimientos públicos en los que el consumo de drogas es común denominador es que no existen campañas preventivas en los medios de comunicación. En momentos en los que Fleco y Male reaparecen como estandarte de la supuesta inacción del Estado en este campo, adhiero a lo expresado días atrás por Alberto Andalor, secretario de Prevención de Adicciones del Gobierno de la provincia de La Rioja: “La prevención es un proceso, no es un impacto. Y no se puede estar viviendo de impactos, porque la sociedad llega un momento en que no quiere saber más del tema”.

Queda claro que si es por hablar de campañas oficiales en medios masivos y vía pública, durante los últimos años podríamos enumerar diversas acciones que desmitifican la idea de la ausencia de acciones. Por ejemplo, campañas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) como “En esto no queremos ser campeones” (2006), “El bicho te quema” (2008), “Hablemos” (2009), “Responsabilidad compartida” (2012) o “El Paco te mata” (2014) se suman al recorrido iniciado en el verano de 1990 con “Sol sin drogas” (repetida en 1995 con Diego Armando Maradona), “Fleco y Male” (1997) y “Maldita cocaína” (2000), entre otras.

La debilidad, en todos estos casos, fue la falta de articulación de esos esfuerzos en un plan de prevención estratégico a mediano y largo plazo, y una acción segmentada con mirada federal como fruto de un amplio consenso entre actores. Sin decisión política, resulta inviable el sostenimiento en el tiempo de estas iniciativas. Y si lo que se buscó fue el efecto por sobre la campaña en sí, las acciones inevitablemente quedan diluidas en la historia como repercusión mediática. Posiblemente “Maldita cocaína” sea el mejor ejemplo de lo que implica apuntar a un efecto y no a un proceso.

Sobre el fracaso general de las campañas de prevención del consumo, cabe citar al reconocido especialista Hugo Míguez: “No había que hacer campañas, como si los caminos a recorrer desde la prevención en salud fueran los mismos que los de la mercadotecnia. Es mucho más complejo: el objetivo debería haber sido devolver el sentido de las cosas, y eso era territorio de la educación y no del marketing preventivo”. Para Míguez, el problema es haber estereotipado la adicción desde los mensajes publicitarios, sin haber reprochado la normalización del consumo y la tolerancia social a estas prácticas.

En tiempos en los que existe sobreabundancia de información sobre las drogas y sus efectos, quizás lo más inteligente sería abandonar de una buena vez el concepto de riesgo disuasorio para pasar a un activismo social que retome la idea de responsabilidad compartida, eje de aquella efímera campaña de Sedronar en la que los protagonistas no eran actores de casting, sino verdaderos ejemplos de cambio social frente a la problemática.

Dice José Larralde que el perdón se inventó para aliviar la conciencia y seguir bufando honestidad. En perspectiva, las campañas de prevención de drogas en medios masivos de comunicación estarían ocupando un papel similar en nuestro imaginario colectivo. Frente a una ciudadanía que suele reaccionar, iracunda, ante los embates del marketing noticioso, pero que ante la dilución del tema drogas y adicciones de la agenda informativa vuelve al blindaje, a su apatía y su hermetismo, debemos apelar a estrategias de sensibilización con mirada de largo plazo.

La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente para la Victoria (FPV) Mauricio Gómez Bull, apunta a la reforma de los estatutos de las asociaciones deportivas para democratizar la toma de decisiones, la descentralización del deporte de alto rendimiento mediante la creación de direcciones regionales, la modernización de las estructuras deportivas del Estado con sentido federal y la creación de la denominada asignación universal por deporte (AUD).

Este nuevo subsidio, que se asociaría a la asignación universal por hijo (AUH), apunta a cubrir las cuotas sociales de clubes, escuelas deportivas o polideportivos, con el fin de garantizar el acceso de aquellos con menos posibilidades de hacerlo.

El proyecto original del oficialismo también establecía la creación de un ente nacional de desarrollo deportivo (Enaded), financiado con base en la afectación impositiva de productos de consumo masivo que interfieren con la salud de la población. Puntualmente, los autores del proyecto preveían incorporar una carga fiscal al tabaco (1,5 % de la venta de cigarrillos), al alcohol y a las bebidas gaseosas (0,45 centavos sobre el precio total de venta al público).

La propuesta incluso había recibido el beneplácito del titular de la Comisión Nacional de Drogadependencia de la Comisión Episcopal Argentina, el padre José María “Pepe” Di Paola: “Que millones de chicos puedan practicar deportes en el país tres veces por semana en un club o en una parroquia es la mejor prevención para todas las adicciones en los jóvenes que estamos sufriendo”.

Sin embargo, debido a la férrea negativa de algunos diputados del FPV y de la oposición (en su mayoría, representantes de provincias vitivinícolas o tabacaleras), el oficialismo decidió eliminar el pretendido financiamiento para no frenar el espíritu del proyecto y debatir este apartado por separado. De este modo, además de recortar prematuramente los fondos del Enaded, también quedó trunca la posibilidad de aplicar una valiosa herramienta preventiva a la cual me he referido en columnas anteriores: la utilización de la fiscalidad correctiva como forma de limitar y desalentar el acceso a ciertas sustancias nocivas.

Hace años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene instando a la adopción de estrategias para combatir el uso excesivo de alcohol y del tabaco mediante el incremento impositivo y la regulación publicitaria. Más si se tiene en cuenta que este tipo de impuestos, que algunos pretenden interpretar como una estrategia meramente recaudatoria, apunta a desincentivar el consumo de ciertas sustancias por el daño que causan a la salud y el consecuente impacto sobre el sistema público-privado de atención médica.

Resulta sumamente extraña la posición de los diputados que rechazaron el financiamiento del Enaded bajo el argumento del impacto fiscal sobre las economías provinciales. Porque si de tributos se trata, Argentina es uno de los países con la carga impositiva sobre bebidas alcohólicas más baja a nivel mundial. Por ejemplo, el vino tiene un tipo cero en el gravamen sobre bebidas alcohólicas (algo que no sucede en otros países viticultores). Las cervezas tributan en concepto de impuesto interno una tasa del 8 % sobre la base imponible respectiva, muy lejos del promedio mundial de 42,6 %. Con respecto a los destilados y los licores, la carga impositiva también es relativamente baja en comparación con otros países: 20 % contra 73,9 % de media.

Por otra parte, es necesario resaltar que desde el 2005, las bebidas espumantes gozan de una importantísima exención impositiva. Esto impacta positivamente en las cifras de consumo del mercado interno y en las exportaciones. Es más: el Instituto Nacional de Vitivinicultura registró una variación positiva del 166 % en la venta de vinos espumantes entre 2002 y 2012. Entre 2014 y 2015, el crecimiento en el consumo interno fue del 7 %. A priori, el encarecimiento de 0,45 centavos sobre cada botella no parece representar una sentencia de muerte a este pujante sector.

En lo que respecta al tema de las bebidas no alcohólicas, es interesante observar lo que sucedió en otros países que avanzaron en un sentido similar. En México, como parte del paquete de medidas lanzadas desde la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes a fines de 2013, la reforma hacendaria que entró en vigor el primer día del mes de enero del 2014 incluyó un impuesto del 8 % en alimentos calóricos y un 10 % en bebidas azucaradas (gaseosas, jugos y otras).

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública mexicano, el consumo de bebidas azucaradas cayó en promedio un 6 % durante el 2014 y alcanzó su mejor resultado en diciembre, cuando el desplome fue del 12 %. Así y todo, frente al catastrófico escenario de una contracción del mercado, la principal empresa embotelladora del país aplicó una estrategia corporativa integral que le permitió reducir el impacto comercial del impuesto a menos de la mitad (3,9 %) de lo que estimaban los especialistas (8 % al 13 %).

En el caso del tabaco, y aunque desde hace algún tiempo ya se aplica el criterio de fiscalidad correctiva, lo que se recauda en función de los impuestos a la venta apenas llega a cubrir el 50% del costo sanitario asociado. En 2014, según un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), el sistema sanitario público y privado necesitaba unos 24 mil millones de pesos para atender las complicaciones causadas por el consumo o la exposición pasiva al humo de tabaco, más del doble de lo que el Estado recauda anualmente en concepto de impuestos a los cigarrillos (unos 10 mil millones de pesos).

El informe también indagaba en cómo impactaría un potencial aumento del 50 % sobre el precio de los cigarrillos. Solo en la Argentina, el consumo disminuiría un 15 % y morirían hasta 3200 personas menos por año por las enfermedades que provocan el consumo y la exposición al humo de tabaco.

Más grave aún es hacer notar que a una década del Convenio Marco para el Control del Tabaco impulsado por la OMS, considerado el primer tratado de salud pública internacional y suscrito por el 90 % de los países del mundo, Argentina aún no lo ha ratificado. Es el único en Latinoamérica en no hacerlo.

Frente a la contundencia de las cifras y los argumentos, la retórica monetarista-individualista no puede tener cabida en el marco de un Estado de bienestar, que necesita sustentar su base recaudatoria para poder ampliar políticas inclusivas y sociales fundamentales. Cuando está en juego el desarrollo de actividades físico-recreativas, la igualdad de oportunidades de acceso, el cuidado de la salud y la prevención del uso de drogas, argumentar en torno al supuesto impacto fiscal sobre las economías provinciales raya lo mezquino.

Los lobbys no entienden de vulnerables ni de postergados. Las políticas públicas, especialmente las de corte social, no pueden no hacerlo. Desmerecer el formidable rol inclusivo del deporte en defensa de intereses privados es voltear la mirada hacia las recetas de una década no tan lejana, y hacia la cual muchos argentinos ya no desean retornar.

A partir de las dinámicas propias de las políticas públicas y de los contextos en los que se fueron desarrollando, durante todos estos años de trabajo hemos podido advertir que las estrategias sobre drogas, especialmente en su aspecto sociosanitario, han puesto desde siempre un excesivo énfasis sobre la sustancia como agente corruptor. La droga, su tragedia, y la paz del entramado social puestos en peligro permanente por los adictos y los narcotraficantes.

Por estos días, reorientar esta mirada sustanciocéntrica nos lleva a discutir con claridad qué y cuál es verdaderamente el problema de fondo. A indagar en nuestras representaciones sociales acerca de lo que creemos que incluye ese difuso conjunto de componentes. Desde esta perspectiva, es necesario comprender que el problema de las drogas no es un dato natural, que no se deduce del orden de las cosas. Por el contrario, es el resultado de un proceso de producción simbólica, donde se contraponen y balancean los saberes expertos de la evidencia contra los mecanismos disciplinarios de las ideologías. Y este contrapeso permanente se va tanto hacia un lado de la balanza como hacia el otro.

Tácitamente, existe consenso entre los diversos actores que moldean las políticas públicas sobre drogas en que es necesario desplazar el énfasis excesivo puesto sobre la palabra droga hacia el concepto de individuo, y hacia la relación que cada cual establece con la sustancia.

Sin embargo, y a pesar del renovado consenso de adoptar el enfoque de derechos humanos con el sujeto como elemento central constitutivo de toda política de drogas, en la pugna por delimitar el sentido que se le da a la nueva conceptualización algunas definiciones predominan y comienzan a excluir a otras.

La primera de ellas fue la categorización del problema de las adicciones bajo el paraguas de la salud mental. La principal virtud de la Ley Nacional 26.657 es haber ampliado la base de derechos de los pacientes. Su principal falencia es confundir el derecho a la libertad con el derecho a la salud y menospreciar el acto de amor que implica una oportuna intervención terapéutica en todo caso en el que, por efecto de las drogas, el individuo paradójicamente ha perdido su autonomía y su libertad. Una ley que falló por falta de militancia previa se apropió prematuramente del diagnóstico, se enraizó institucionalmente y hoy se erige como una fuerte traba para la comprensión integral del fenómeno.

En esta renovada cruzada por re-apropiarse de la producción simbólica del concepto “problema de las drogas” y sus diversas categorizaciones, el hedonismo parece nacer como otro de estos nuevos enfoques. Exaltar el “derecho al placer y al goce individual como eje de la política”, indica Milton Romani, secretario de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay.

El mercado encuentra también voceros políticos para sembrar en terreno fértil la expansión de sus intereses. La legalización de las drogas es el punto de encuentro entre los más recalcitrante del libertarismo y los más bobos del progresismo. Unos defienden la libertad absoluta del individuo y, por carácter transitivo, la libertad del mercado y el libre juego de la oferta y la demanda. Los otros reivindican el derecho al autodaño, sin evaluar los contextos sociales ni las situaciones en los que se dan los consumos. El común denominador entre ambas corrientes es la exclusión del Estado de la tutela de la salud, especialmente de la de los más vulnerables.

Bajo el filtro de todo este incipiente discurso, la mirada centrada en la persona abriría la ventana a la interpretación de la (imposible) existencia de un yo individual alejado de un nosotros colectivo. Hace 300 años, el escritor liberal Daniel Defoe publicó una suerte de renuncia, una oda al triunfo del hombre contra sí mismo. El náufrago Crusoe ejemplifica el tan mentado derecho de acción individual y privado, en un territorio solitario sin afectación a terceros, en pleno uso de las libertades, sin intervencionismo estatal de ningún tipo. Con la irrupción en escena de Viernes, la utopía se vuelve tan irrealizable como la ficcionada isla de Libertaria.

A un año de la Cumbre Mundial de Drogas, que para muchos representará una oportunidad sin precedentes para reorientar el marco internacional de control de estupefacientes, el mayor riesgo de no poner en evidencia los entramados ideológicos que confluyen bajo esta nueva discusión es que, una vez institucionalizado, el discurso hegemónico cristalizará culturas políticas, privilegiará ciertos intereses y definirá criterios institucionales que luego serán sumamente difíciles de torcer.

El problema de las drogas no puede ser reducido a la perspectiva de lo personal e individual, pues se trata de un fenómeno que, más a menudo de lo que se piensa, tiene proyección colectiva y adquiere connotaciones sociales de impacto mayúsculo. Frente a la dialéctica que nos impone catalogar el uso de drogas (legales e ilegales) como un derecho privado e individual a proteger, debemos defender la representación del bienestar colectivo y la tutela del bien común como límite a esta extrapolación en permanente avance.

Un exceso de mirada sobre el individuo nos lleva a perder de vista el conjunto, a ese yo que solo puede existir en el nosotros. Debemos llevar el plano de la discusión hacia el concepto de redes.

Por eso, el abordaje de los diversos problemas de consumos y otras situaciones de sufrimiento social implica que la atención debería ubicarse ya no en la sustancia, ni tampoco tanto en el sujeto, sino en las conexiones que se producen dentro del tejido social de cada comunidad. En esta premisa tampoco pueden estar ausentes estrategias públicas de contextualización que contemplen los diferentes niveles de vulnerabilidad, factores endógenos y exógenos, y toda la multiplicidad de condiciones sociales en las que se dan los consumos de drogas.

Debemos dejar de ver al adicto como un sujeto pasivo, mero beneficiario de las políticas parche de asistencia, un frío número dentro de las estadísticas, un paria caído del sistema, e incorporarlo como protagonista de los procesos de cambio social que se implementen a nivel comunitario.

Creo que como nunca esta nueva conmemoración internacional del 26 de junio nos invita a interpelar nuestras más profundas certezas. Hemos aprendido que no todo consumo es adicción, pero que todo consumo representa un riesgo. Hemos aprendido que el individuo está por encima de la sustancia, pero que el yo no debe estar por sobre el nosotros. Hemos aprendido la necesidad de ampliar las miradas, apartarnos de la criminalización de los usuarios, pero alertar también sobre el peligro de caer en ciertas miradas superfluas que solamente contribuyen a reducir la percepción de riesgo y aumentar así la tolerancia social. Hemos aprendido.

Abrirnos al debate y a la respetuosa interpelación permitiría discutir las convicciones y las dudas, a la luz de lo que ya desandamos y, por ende, conocemos. Es hora de atrevernos a la duda como método, a razonar desde otros ángulos, a intentar comprender las motivaciones que otros sectores de pensamiento encuentran para fundamentar sus posicionamientos favorables a la regulación o la legalización de ciertas drogas, posturas que van más allá de la dicotomía prohibir o permitir.

De ninguna manera esto implicará claudicar en nuestras convicciones. Lo peor que nos puede pasar es seguir cayendo en el riesgo de suponer que todo lo demás que no concuerda con nuestra perspectiva es ideología, y que solo en nuestro estandarte flamea, altiva e inmaculada, la única verdad absoluta.

El eje de la fundamentación está puesto siempre sobre aquellas causas iniciadas por tenencia de drogas para consumo personal. Pero si uno se sumerge en el desglose e interpretación de lo que se estudia, surgen datos sumamente interesantes que aportan al debate y permiten una mejor comprensión de este fenómeno tan pero tan complejo.

A simple vista, y desde una simplificación porcentual, el planteo abolicionista siempre encuentra mucho de asidero. Porque al margen de que la 23.737 – que penaliza cualquier tipo de tenencia de drogas- sigue en plena vigencia, existe de por medio el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia, que en 2009 sentó las bases para que toda persona que tenga en su poder alguna sustancia para estricto uso personal no sea detenida ni procesada, en resguardo de la autonomía personal y el derecho a la intimidad. Pero esto en la práctica no sucede.

De acuerdo con el nuevo informe elaborado por la Fiscalía Federal N°6 de la Capital Federal, durante la última quincena de diciembre de 2014, uno de cada tres expedientes iniciados a través del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº9 correspondieron a tenencia de drogas para consumo personal, marihuana en la amplia mayoría de los casos.

No es la primera vez que el fiscal Federico Delgado realiza este ejercicio de análisis estadístico. En junio de 2014, de las 277 investigaciones iniciadas durante su turno en la fiscalía federal de Comodoro Py, la mitad de las causas tramitadas (53% del total) fueron por tenencia para consumo. Y durante el último turno del 2013, en el 44% del total se repitió la tendencia. Además, en ambos relevamientos, el fiscal buscó también reflejar los argumentos y el denominado “olfato” que las fuerzas de seguridad tienen en consideración a la hora de dar inicio a una causa por tenencia de sustancias para consumo. Llamativamente, en la mitad de esos casos, la persona se encontraba consumiendo drogas en la vía pública.

El primer dato interesante que surge del relevamiento efectuado por la Fiscalía Federal N°6 tiene que ver con la aplicabilidad (o no) de la ley 23.737, o del criterio Arriola, para esa mitad de causas que se iniciaron por consumo de drogas en la vía pública. La mirada de los jueces muchas veces pareciera apoyarse en referencias subjetivas o experiencias personales para dictaminar la nulidad de este tipo de infracciones, y no en las leyes. La normativa en vigencia reprime a aquel que “usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público”. Por su parte, y en igual sentido, del fallo de la Corte Suprema se desprende que la nueva jurisprudencia no es aplicable en situaciones de consumo en la vía pública.

Segundo dato oficial a tener presente: ningún consumidor va a la cárcel. Según Delgado, los expedientes contra usuarios de drogas quedan archivados en el 100% de los casos, previo sobreseimiento de los imputados, en virtud de la aplicación de la citada jurisprudencia que emana del fallo del 2009.

Hasta aquí, la fría certeza de los números y las estadísticas referidas a la aplicación de la ley 23.737 y su relación con la doctrina Arriola. Pero esta mirada estrictamente jurídica está vaciada del sentido socio-sanitario que los legisladores incluyeron en la ley de estupefacientes que aún rige en nuestro país, pero que no es aplicada en todo su espíritu.

En el 2010 la SEDRONAR, junto con el Observatorio de Drogas de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un minucioso estudio que analizó 8.752 causas ingresadas entre 2007 y 2009 en los tribunales federales de la Capital. Este desglose cuali-cuantitativo, que analizó un período de tiempo previo al fallo Arriola, demostró que apenas el 1,3% de las causas por tenencia de drogas (115) tuvieron una sentencia que obligó a los consumidores a realizar cursos de educación preventiva o tratamientos de recuperación (según artículos 16 al 22 de la ley 23.737).

Este informe vino a demostrar hace 5 años lo que el fiscal Delgado sostiene actualmente. En los juzgados federales, los casos contra consumidores de drogas se cierran casi al mismo tiempo en que comienzan a ser investigados, que nadie va preso por consumir drogas, y que no existe una evaluación interdisciplinaria para determinar si la persona está afectada por un consumo problemático que requiera una intervención terapéutica.

Es interesante analizar la particular decodificación que la ciudadanía parece haber efectuado del fallo Arriola, la representación social dominante, y los permisos y licencias que surgen de dicho imaginario para transgredir la norma. Pero también es necesario debatir acerca de la selectividad que utiliza la justicia para los casos de tenencia de drogas.

Es sugestivo que incluso antes de Arriola – y hasta la actualidad-, las sentencias judiciales parten de la aplicación de criterios tan subjetivos como “es exagerado abrir un proceso por un cigarrillo de marihuana” o “el consumo se termina en la salida de la adolescencia”.

Lo preocupante es que la justicia siga sin comprender el alcance social de algunos de sus fallos, que van mucho más allá de un acto teóricamente individual, autónomo y privado.

Corría el año 1994 cuando durante un show en La Plata, el músico Andrés Calamaro lanzó aquella famosa frase que derivó en una causa por “apología del delito”, con sobreseimiento en el 2005. La normativa siempre fue clara en este sentido: el artículo 12 de la ley 23.737 establece sanciones penales y económicas al que “preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos”. A veinte años de aquella frase, el imaginario social imperante en torno al consumo de marihuana ha vuelto casi ridículo establecer un castigo de este tenor. No obstante, el antecedente es válido para traer a debate los efectos nocivos que este tipo de mensajes asumen al ser canalizados por los medios masivos de comunicación, y su impacto sobre la población adolescente.

El Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR realizó hace algunos años un interesante diagnóstico sobre los índices de consumo de cannabis entre estudiantes de enseñanza media a lo largo de una década, junto con la evolución de la percepción de riesgo en dicha población. Mientras que la prevalencia en 2001 era del 3,5% y la percepción de “gran riesgo” era del 44%, la última estadística del 2011 reflejó una estrepitosa caída en la percepción de riesgo y un significativo aumento en el uso de esta droga ilícita: 10,4% de los estudiantes encuestados dijo haber probado marihuana al menos una vez en el último año, mientras que sólo el 16,6% creía que consumir cannabis implicara un “gran riesgo”.

La conclusión más contundente a la cual nos lleva el análisis comparativo realizado por la SEDRONAR es que a mayor tolerancia social y menor percepción de riesgo, mayor es el índice de consumo. En contrapartida, se entiende que es menor la probabilidad del consumo entre aquellos que consideran grave el consumo ocasional.

El dato más actual sobre uso de cannabis entre jóvenes se desprende del último relevamiento efectuado por el Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tan sólo cuatro años la prevalencia de año del consumo de marihuana entre jóvenes escolarizados pasó del 12% (2011) al 21% (2014). Un incremento del 75%, explicado en gran medida porque los estudiantes porteños consideran de bajo riesgo fumar cannabis y por ciertos mensajes públicos que han aumentado la base de tolerancia social y han bajado la edad de iniciación.

Todas las sustancias legales e ilegales son de alto riesgo en el uso frecuente. Sin embargo, desde el punto de vista de la percepción de riesgo, la juventud es una población altamente vulnerable debido al predominio de un sentimiento de invulnerabilidad conjugado con la necesidad de demostrarse a sí mismos y a su entorno, la capacidad de desafiar la norma establecida.

La evidencia científica también es determinante en este sentido. Una reciente investigación del Hospital Clínic de Barcelona sugiere, a través de imágenes obtenidas mediante resonancia magnética, que quienes empieza a consumir marihuana antes de los 16 años presentan mayores cambios en la estructura cerebral, lo que podrían explicar un menor rendimiento escolar/laboral y el déficit de atención y memoria que suele detectarse en los usuarios de esta sustancia. El trabajo, cuyos resultados son todavía preliminares, se incorpora al caudal de investigaciones que echan por tierra la falsa creencia de que la marihuana es una droga blanda.

En materia de prevención, es lamentable que la comprensión del problema de las drogas, a la luz de los denominados factores de riesgo y factores de protección para el diseño de políticas públicas, increíblemente haya caído en desuso. La percepción de riesgo es una barrera subjetiva que en sus extremos se configura como un factor de protección o un factor de riesgo. Las personas en general toman decisiones en función de las consecuencias positivas que van a obtener y evitan las consecuencias negativas en base a la concepción que se tiene sobre determinada situación. Muchos riesgos se encuentran invisibles y son manipulados por diversos intereses, mediante la ampliación o minimización de aquellas potenciales situaciones riesgosas. El riesgo es socialmente construido y el individuo es quien lo percibe y valora. El problema (o no) del consumo de drogas encaja en esta definición.

Si ampliamos ambas fotos estadísticas anteriores y le agregamos nuevas variables a la hipótesis de partida, el aumento sideral en los índices de consumo de marihuana no debería sorprendernos. El fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas puede ser comprendido desde diversas perspectivas. Pero abordarlo como un discurso social implica pensar cómo y en qué condiciones se produce el sentido que se le da al concepto, incluyendo la dimensión significante de los fenómenos sociales, las construcciones y definiciones subjetivas y los sistemas de valores presentes en una comunidad.

En la última década, la representación social predominante mutó de la criminalización a la banalización. Entendido de esta forma, es posible inferir que las ideologías y el discurso público con respecto a la marihuana tienen mucho que ver con la estadística citada previamente.

Recapitulando, en la última década tuvimos la lamentable irrupción de una revista que se comercializa en todos los puestos de diarios, con portadas de impacto en las que famosos y referentes prestan sus nombres para reforzar el concepto de “cultura cannábica”. Tuvimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sentó jurisprudencia al declarar la inconstitucionalidad del art.14 -segundo párrafo- de la ley 23.737, pero que mal comunicado a partir de la desafortunada invitación del ex juez Zaffaroni a tener “una macetita en todos los balcones”, construyó un nocivo halo de permisividad.

Tuvimos a lo largo de los últimos años masivas marchas pro-cannabis, con profusa cobertura mediática. Tenemos funcionarios, políticos y legisladores que militan abiertamente en favor de su legalización. Tenemos periodismo militante, vedetismo militante, y un rating desenfrenado que permite todo tipo de apologías en vivo y en directo, en un combo muchísimo más nocivo que la aislada frase de Calamaro en aquel recital platense de 1994.

Queda claro que en estos veinte años los tiempos han evolucionado, mucho. Con la irrupción de nuevos paradigmas, el florecimiento de cosmovisiones caducas, el cambio en las doctrinas jurídicas, la concepción ideologizada de la salud mental, las modificaciones normativas y los criterios subjetivos para interpretarlas y aplicarlas, todo en nuestra sociedad se ha vuelto más superficial, más líquido, más banal, más concesivo.

Los adalides de la marihuana han sabido leer este contexto y han sido los suficientemente astutos como para modelar cultura desde el discurso. Desactivar este andamiaje retórico llevará muchos años.

Ante un contexto que promueve la liberalización de la marihuana (y otras drogas), es necesario comprender que las sustancias legales dañan más por su estatus jurídico que por su denominación intrínseca. El alcance de la oferta, la disponibilidad, la estructura logística, el precio, los mercados cautivos y el volumen del consumo las tornan temibles. Los beneficios de la publicidad, la promoción y el marketing las convierten en pandemia.

La publicidad es una de las principales características distintivas de la sociedad industrial avanzada. Al fomentar el culto al éxito, a la juventud, a la riqueza y a la belleza mediante promesas de satisfacción, el consumismo se ha convertido en un estilo de vida que genera frustración y trastornos en aquellos que no pueden satisfacer esas necesidades creadas (o bien en aquellas que sienten que sus expectativas no son debidamente colmadas). El consumo de sustancias psicoactivas tiene mucho que ver con estas situaciones de vacío y de insatisfacción. En ambos extremos, la publicidad es un factor de poderoso condicionamiento espiritual para los millones de individuos alcanzados.

Con respecto a las drogas, pero específicamente de las bebidas alcohólicas, la industria ha sido lo suficientemente hábil para construir desde el marketing un imaginario de permisividad y de tolerancia social en torno a su uso. Un ligero halo de travesura adolescente. El risco de una cultura autodestructiva por la cual nuestros adolescentes caminan sin medir riesgos ni consecuencias. Todo este imaginario banal condiciona fuertemente la forma en la cual comprendemos y nos posicionamos frente al problema de las drogas legales.

Desde la sociedad, porque toleramos y permitimos pasivamente conductas socialmente disvaliosas que no debiéramos aceptar. El consumo de alcohol entre adolescentes simboliza a la figura paterna y/o materna en franca retirada, que decide auto-excluirse, que escoge no ejercer su rol tutor para no cuestionar aquello supuestamente incuestionable.
Desde los medios de comunicación, porque la publicidad brinda sustento y razón de ser a lo que Héctor D’Amico, ex secretario general de redacción del diario La Nación, definió como “la ética de la empresa periodística”: hacer dinero. Libertad de prensa o libertad de empresa, planteaba Jauretche.

Finalmente, desde la hechura de las políticas públicas, porque el fuerte lobby del empresariado torna sumamente difícil intervenir en aquello que, para funcionarios y legisladores, no es considerado un verdadero problema (a pesar de que las estadísticas y la evidencia científica demuestran fácticamente lo contrario).

Alcohol, verdadera puerta de entrada a otras drogas porque incrementa la situación de vulnerabilidad en población adolescente. Durante la adolescencia, el cerebro se encuentra en un alto proceso de desarrollo que establecerá las bases para la planificación, la integración de información, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, el discernimiento y el razonamiento, entre otras fundamentales habilidades de la persona en su vida adulta. Existen estudios que analizan los riesgos de deterioros cognitivos y otros trastornos médicos, que indudablemente pesarán sobre el futuro funcional del cerebro de tantos jóvenes sometidos a exagerados consumos de alcohol.

¿Cuántos? Según los últimos datos oficiales, alrededor del 50% de los estudiantes de 13 a 17 años de todo el país aseguran haber consumido alguna bebida alcohólica en el último mes. Si bien la foto estadística de la década no demuestra un incremento significativo en la cantidad de jóvenes que consumen alcohol, el problema es que cambió radicalmente el patrón y la modalidad de consumo: más de una cuarta parte de ese grupo reconoce haberse emborrachado en una misma salida u ocasión. Y estamos hablando de población escolarizada.

Más datos. Según un relevamiento en guardias de todo el país realizado a fines del 2012, uno de cada cuatro accidentes viales guarda relación con su consumo. Lo preocupante: el 33% de los pacientes que ingresan en las salas de emergencia por accidentes en los que el alcohol estuvo presente tienen entre 16 y 25 años. Durante el 2013, la guardia del área de Toxicología del Hospital Fernández atendió 350 casos de jóvenes menores de 20 años con intoxicación aguda por alcohol. Un 20% de ellos tenía menos de 15 años. En muchos casos, con presencia de otras sustancias.
¿Cuándo y cómo se habría producido este quiebre en las representaciones sociales?

A comienzos de la década de los ochenta, el consumo anual de cerveza en nuestro país rondaba los 7 litros por persona (décadas anteriores promediaba los 12 litros). Treinta años después, nos encontramos con un consumo de más de 50 litros per cápita. Y observando la serie INDEC 1990-2013 de ventas de cerveza en Argentina, es posible verificar un crecimiento de casi el 250% durante este período de análisis.

Indudablemente, para la industria cervecera el éxito en términos comerciales y empresariales fue haber incrementado las ganancias. Pero el “éxito” en términos publicitarios se percibe en la construcción y el modelaje de un nuevo mercado….La edad de inicio en el consumo de alcohol se ubica actualmente en torno a los 13 años de edad.

Esta misma tendencia puede empezar a vislumbrarse en el mercado de los amargos (Fernet) y los espumantes. Del 2003 al 2013, y apalancados en un efectivo trabajo promocional, el consumo de los primeros creció un 405%, y un 242% los segundos. En poco tiempo, ambas sustancias se estabilizarán en 1 litro per cápita. Las piezas publicitarias de estas bebidas tienden a replicar los recursos creativos que demostraron ser eficaces para catapultar el consumo de cerveza en la Argentina: juventud, diversión, belleza, descontrol, nocturnidad, excesos… El que avisa no traiciona.

Frente a las ideologías, las subjetividades y los intereses económicos subyacentes, los datos duros y la evidencia científica son incontrastables. En lugar de banalizar el uso de ciertas sustancias ilegales, pongamos mayor acento en cuestionar la masividad de las drogas legales, o la tenebrosa naturalización del consumo de alcohol entre nuestros jóvenes. Pongamos empeño en que por una sola vez, lo normativo sea regla y no anomalía. Seamos verdaderamente responsables.

La verdadera revolución no es legalizar lo ilegal, ni flexibilizar las prohibiciones. Lo verdaderamente innovador sería atreverse a limitar, mediante reproches sancionatorios, tolerancia cero, férreos controles, políticas preventivas inteligentes y reformas tributarias, el ventajoso estatus de legalidad que ostenta hoy el alcohol. Y mientras un litro de cerveza cueste casi lo mismo que uno de leche, no habrá revolución ni cambio de paradigma posible.

Hace tiempo que en materia de información sobre el fenómeno algo pasa entre el emisor y el receptor. El que emite no emite con sustento. El que recibe lo hace escuchando sólo una parte y descartando el resto. Un error en la elección del qué y el cómo, un filtro periodístico subjetivo y una interpretación final por parte del escucha que luego la transforma en feedback a través de las redes sociales. A esto se le suman multiplicidad de interferencias, gritos, lobbies, ideologías, intereses contrapuestos. Y la bola de inconsistencias comienza a crecer de manera exponencial, retroalimentando al show mediático, el fulbito tribunero, la milimétrica fracción de rating.

El debate público sobre drogas en Argentina es como la lata de sopa Campbell inmortalizada por Andy Warhol.

Una vez más, como siempre, la superficialidad del abordaje periodístico de un tema tan complejo, la búsqueda del titular noticioso de alto impacto y los recortes informativos contrapuestos, nos invitan a discutir desde las formas sin lograr nunca acceder al fondo del asunto. El permanente reduccionismo dicotómico al cual nos someten los medios de comunicación torna vano cualquier intento de diálogo, de consenso, de puesta en común de conceptos. En la inmediatez informativa vertical de los cuarenta caracteres, en el cambalache de la agenda-setting invertida, todo se mezcla, todo es fugaz, etéreo e inestable como un imaginario líquido. ¿Todo parece dar lo mismo?

Drogas, adicciones y narcotráfico. Lo normativo en oposición a lo positivo, o lo que verdaderamente sucede. El concepto de descriminalización, que no es despenalización ni regulación ni mucho menos legalización. Los derechos individuales frente a los derechos colectivos, y el daño a terceros. El porro en el bolsillo de un estudiante universitario de clase media, o el porro en poder de un pibe de La Cárcova. El usuario que es usuario, y no consumidor problemático o dependiente. Las sustancias legales que alimentan la torta publicitaria (de las cuales nadie habla), o la buena prensa del periodismo militonto a favor de la cultura cannábica…

La prensa condiciona día a día nuestras representaciones. Marshall McLuhan y el medio como mensaje.

Seguimos sin advertir que vivimos en un mundo que se construye y deconstruye permanentemente a partir de hechos discursivos. Que los problemas, así como las noticias, en realidad no existen: son construcciones y definiciones subjetivas de un observador, que entiende una problemática de manera diferente, y la refleja desde sus intereses y sistema de valores. Aún seguimos sin comprender que cuando nuestra percepción y el hecho discursivo entran en contradicción, siempre prevalece lo discursivo. Y la ideología, claro…

Porque este debate sobre las drogas es tan torcidamente ideológico que así como Milton Fiedman fue musa inspiradora para la marihuana legal del progresismo uruguayo, no resultó extraño que desde algunos atriles del ultra-liberalismo argentino se alzaran aplausos y vítores a la hipotética flexibilización en el consumo de todas las drogas y la regulación invisible del libre mercado.

Existe mucha hipocresía, también. Porque el concepto de no criminalizar y no estigmatizar al adicto resulta a esta altura una muletilla vacía de contenido. Porque el alcohol sigue siendo la droga más dañina, no tanto por su composición química sino por su alcance y masividad social al amparo de su legalidad. Porque no es precisamente la ley 23.737 la que impide luchar contra el narcotraficante, sino la justicia garantista que ampara a los mercaderes de la muerte con su puerta giratoria. Porque para enfrentar al narcomenudeo no es necesario modificar la ley o detener perejiles, sino avanzar en la desfederalización de los delitos de microtráfico según lo previsto en la ley 26.052.  Porque hace falta menos escritorio y más territorio para conocer frente a frente de qué hablamos cuando hablamos de carencias y penurias, y entender por qué es necesario adaptar las políticas públicas sobre drogas a las necesidades de intervención (y no a la inversa). Porque lo que diferencia al consumidor de paco o pegamento, cubierto de cartones junto a un contenedor de basura, del consumidor de éxtasis en una fiesta electrónica, no es tanto la sustancia si no su condición y estatus social, los estereotipos e imaginarios que se construyen (y deconstruyen) alrededor de estas prácticas, y principalmente las perspectivas de desarrollo personal que determinan el concepto de estar incluido o estar fuera del sistema.

En este cambalache mediático-informativo, sería sano que pudiéramos encontrar espacios en dónde discutir concretamente cómo traducir en política pública el espíritu de no criminalización (más no legalización), buscando sanciones y penas alternativas, fortaleciendo los programas de prevención para bajar la tolerancia social y aumentar la percepción de riesgo, y poniendo a los más necesitados como objetivo central de cualquier abordaje. Discutir sólo declaraciones y opiniones personales contribuye a centrarnos únicamente en el problema, y seguir confundiendo a la ciudadanía en un tema ya de por sí complejo y sumamente ideologizado.

La evidencia empírica acumulada nos indica que no existen en el mundo soluciones recetadas a esta compleja situación de uso y abusos de sustancias psicoactivas. Pero sin dudas las soluciones partirán de los diversos canales sociales que faciliten la comunicación, los diálogos, los consensos, la inclusión, la participación y el compromiso de todos. En este terreno, los periodistas y los medios cumplen un rol estratégico fundamental.

Vale una anécdota personal como conclusión.

Rafael Bielsa, ex titular de la SEDRONAR e intelectual muy crítico acerca del rol del periodismo y de los medios, poseía una destreza encomiable al momento de denegar una entrevista periodística. A sabiendas de la complejidad del fenómeno de las drogas, y atento a la necesidad de no caer en reduccionismos que dificultasen aún más la comprensión del tema, solía preguntarle al periodista de turno si disponía de un mínimo de dos horas para abordar en profundidad la multiplicidad de aristas que confluyen en esta problemática.

Desde ya, las notas nunca se concretaban. El dato instantáneo para el fast-food mediático siempre puede más que el saber profundo. Ese saber que construye ciudadanía desde la información de calidad. Ese conocimiento tan necesario para el desarrollo de un pensamiento autónomo.

En tiempos en los que huelga la altura intelectual en los titulares de los diarios o en los noticieros, y en el que las redes sociales son un gran bazar de tertulia basura, es inevitable proponer un poco de sustancia informativa en el abordaje periodístico del tema drogas, un atisbo de inclinación por el pensar, algún artículo de prensa que nos invite a leerlo bien despacio y nos abstraiga de la banalización, la superficialidad y la trivialidad kitsch.

Mendoza. Un joven con antecedentes psicóticos, adicto y policonsumidor de sustancias, irrumpe en la sede de la municipalidad de San Carlos y asesina a puñaladas a María Paula Giglio Alvarez (33 años), quien permanecía en una fila a la espera para realizar un trámite. La noche anterior el joven había soñado con el diablo, y se había despertado con ganas de matar a alguien.

Entre Ríos. Un conductor en estado de ebriedad y bajo los efectos de la cocaína, manejando a más de 134 kilómetros por hora, viola normas de tránsito, embiste varios autos estacionados, y termina con la vida de Juan Manuel Martínez Surbano (6 años), quien llegaba a la escuela junto a su hermano.

Resultaría imprudente relativizar el impacto del uso indebido de drogas sobre la sociedad en su conjunto, sabiendo que la nómina de víctimas indirectas es sumamente extensa. Infinidad de centenares de otros tantos episodios que no cobran notoriedad pública, que no son tapa de ningún diario ni aparecen en los noticieros, pero que son tan crueles e injustos como lo sucedido en Paraná o en San Carlos.

Esta recopilación de sucesos de ningún modo pretende estigmatizar al adicto, que en definitiva es un enfermo que sufre, necesita apoyo, ayuda y contención. El debate, en todo caso, atraviesa transversalmente el cómo brindar esa asistencia, en cómo acceder a esas personas que usan drogas en pleno uso de sus propias libertades, antes de que su patrón de consumo inhabilite su libre albedrío, distorsione su poder de decidir responsablemente, y los convierta en individuos peligrosos para sí mismos o para terceros.

En este contexto, la ley Nacional Nº 26.657 de Salud Mental, norma que indudablemente vio la luz con la mejor de las buenas intenciones pero que falló en el diagnóstico por falta de militancia previa, se erige como una traba para la comprensión integral del fenómeno de las adicciones. Su principal virtud es haber ampliado la base de derechos de los pacientes. Su principal falencia es confundir el derecho a la libertad con el derecho a la salud, y menospreciar el acto de amor que implica una oportuna intervención terapéutica en todo caso que, por efecto de las drogas, el individuo paradójicamente ha perdido su autonomía y su libertad.

Este último concepto queda en evidencia al haberse suplantado el viejo criterio de internación, que obedecía a la noción de peligrosidad para sí o para terceros (o afectación de la tranquilidad pública), por la de “constatación de riesgos cierto o inminente”. ¿Cómo poder determinar la certeza de un riesgo en el marco de un fenómeno interdisciplinar tan cambiante, tan inestable, tan multifacético?

Al margen, no es mi intención apelar a moralismos para objetar el hipotético “derecho” al autodaño. Empíricamente no es posible determinar cuando comienza el efecto dominó de una causa- consecuencia. Pero desde la ciencia sí se sabe que la adicción es comparable a un mecanismo llave-cerradura, que habilita al individuo a manejar el uso de sustancias y controlar el placer del aprendizaje por recompensa hasta el punto exacto en el cual la cerradura cede, la puerta se abre, y ya no existe control posible sobre lo que antes se creía controlado.

Sufre mucho el que consume. Sufre el núcleo cercano del adicto. Entre tanto dolor y sufrimiento, entre los cantos de sirenas de la banalización legalizadora y el conservadurismo prohibicionista que sólo exige pena y prisión, es imperativo construir un consenso acerca de que todo uso de drogas (legales e ilegales) conlleva un riesgo, y que representa una conducta socialmente disvaliosa que debe seguir siendo reprochada severamente, más no desproporcionadamente.

¿Cómo? En virtud de constituir un delito de peligro abstracto, manteniendo una sanción que objete la tenencia de drogas ilegales acorde a la conducta que la motiva, y que permita contar con herramientas que faciliten un abordaje socio-sanitario. Por el otro, aumentando los impuestos a las drogas legales para elevar significativamente su precio de venta, complementado con un férreo control y fuertes multas al expendio a menores de 18 años, y modificando el criterio de punibilidad de las acciones que se cometen bajo los efectos del alcohol.

Predominan las opiniones de quiénes defenestran la denominada “guerra a las drogas” debido a los costos y daños colaterales que ha generado su aplicación a lo largo del tiempo. En una contienda similar, pero cuyo escenario es el difuso límite entre lo privado y lo público, el daño colateral del uso y abuso de drogas también se cobra víctimas inocentes.

En el terreno de las adicciones debemos dejar de guiarnos por objetivos vagos e imprecisos, y comenzar a operar con genuinos conceptos que no se vean entorpecidos por eslóganes, ideologías y escondidos intereses. La tensión entre el derecho individual y el derecho colectivo es evidente, desde siempre. El fallo Arriola de la Corte Suprema de 2009 y el marco normativo aún vigente así lo evidencian.

La cuestión radica entonces en cómo abordar de forma equilibrada un fenómeno que nace como acto privado, íntimo y personal, pero cuyas consecuencias son indiscutiblemente públicas, sociales y comunes a todos. Si la patria es el otro, el concepto de responsabilidad compartida y el amor por el prójimo deben surgir como puntos de inicio para la búsqueda de consensos.

Según la teoría neoclásica, existen factores capaces de modificar el crecimiento endógeno de una economía, entendido esto como el cambio en el producto de un país en el tiempo. Para Adam Smith, padre del liberalismo económico, el progreso guarda relación con determinadas mejoras en el ambiente que rodea a la sociedad. La extensión de los cultivos y el aumento no artificial de los precios, los adelantos científicos y el incremento de la mano de obra empleada se refleja en alzas de las rentas. Diversos trabajos posteriores avalan la hipótesis de que en el largo plazo, y según las teorías neoclásicas, el crecimiento económico se debe a cambios de factores propios.

En los últimos años, se ha establecido un nuevo cuerpo de indicadores, que tienen implicaciones sobre el crecimiento económico, y que clasifica a las variables políticas entre las que tienen un efecto negativo y las que tienen un impacto positivo. Las drogas ilegales se categorizarían dentro de este segundo grupo. Los nuevos modelos económicos neoliberales adhieren a la hipótesis de que la marihuana, la cocaína y otras sustancias ilícitas incidirían positivamente en el crecimiento del PBI, aunque bajo una revisión histórica se asuma la contradicción de que éstas pueden afectar negativamente a otras variables, también relacionadas con el crecimiento, como lo son la inversión, las muertes violentas, la estabilidad social o los costos asociados.

No sorprende el reciente informe realizado por la London School of Economics (LSE), al que suscriben cuatro Premios Nobel de Economía (Kenneth Arrow , Christopher Pissarides, Thomas Schelling y Vernon Smith), y que da cuenta del fracaso de las políticas antidrogas desde un riguroso análisis financiero de costo/beneficio. Su sustento radica en que la prohibición sólo torna al mercado más atractivo para que ingresen nuevos actores, ansiosos por participar de las extraordinarias ganancias que el marco ilegal les ofrece. Y asegura que la oferta y la demanda de drogas es algo que no se puede erradicar, y que sólo puede ser manejado (mejor o peor) mediante la legalización.

Disiento. A priori, la eliminación de las barreras legales y la liberación de la oferta generaría la disminución del costo de las sustancias estupefacientes, lo cual no representaría necesariamente una pérdida de rentabilidad del negocio. El único cambio sobre una industria que genera más de 300 mil millones de dólares cada año se operaría en quién la controla, pues pasaría de manos de los narcotraficantes a las de los gerentes de empresas multinacionales.

Este nuevo escenario, controlado por la mano invisible de la oferta y la demanda, replicaría la brecha que se abre entre lo que hoy se paga a un productor campesino de coca del Chapare y el precio final de un producto refinado de altísimo valor agregado, colocado en alguna de las principales plazas de consumo. Incluso la aparición de intermediarios seducidos por semejante amplitud en los márgenes de ganancia, actuando bajo el parámetro de la maximización de beneficios, extendería rápidamente los comportamientos irracionales tanto a nivel de producción como a nivel de consumo. No obstante, la variación en el precio final de la droga no alteraría la demanda cautiva. En este contexto de centro/periferia, en el cual la curva de oferta agregada se desplazaría hacia la derecha (más oferta y más demanda), las penas seguirán siendo nuestras y las vaquitas ajenas.

Los especialistas también omiten señalar la relación directamente proporcional que existe entre el estatus jurídico de una sustancia y el alcance de la oferta, la facilidad para adquirirla, el precio y, en definitiva, el volumen de compra. En los circuitos productivos/comerciales del alcohol y del tabaco, drogas legales, no intervienen narcotraficantes ni distribuidores clandestinos. Sólo hay industria, comercio, publicidad y consumo. Mucho.

El alcohol, además de ser la droga más perjudicial no sólo en el individuo, sino para su entorno y para la sociedad, es casi tres veces más dañina que la cocaína y el tabaco. Se estima que por el alcohol muere 1 persona cada 10 segundos (unas 3,3 millones por año en el mundo), y que el tabaquismo mata 5 millones de personas más. En Argentina, como en otros países, lo que el Estado recauda mediante impuestos al cigarrillo sólo cubre el 50% de los costos anuales de atención médica atribuibles al consumo activo de tabaco. Vicios privados, salud pública. 

Esta epidemia mundial coloca a las políticas sanitarias frente a la encrucijada de dar respuestas a una enfermedad que evoluciona silentemente, motorizada por un mercado de demanda constante y en permanente crecimiento.
Frente a la recomendación a favor de la legalización que suena claramente en beneficio del libre funcionamiento de los mercados y contra toda intervención estatal, entiendo que el debate respecto a cómo regular la oferta y la demanda de drogas no es tan relevante como la necesidad de plasmar una propuesta de alcance universal para todos los individuos afectados por un consumo abusivo.

Comprender el rol que cierto sector del pensamiento económico mundial sigue desempeñando en la redefinición de las políticas mundiales sobre drogas es de suma utilidad para desenmascarar la ideología de los sospechosos de siempre. Legalizar las drogas no es progresista. No existe lógica social alguna en un proceso que sólo pretende favorecer la expansión de una demanda cautiva. Por el contrario, resulta perverso, siniestro e individualista.

“No esperamos nuestra cena de la benevolencia del panadero o del carnicero. No apelamos a su misericordia, sino a su interés”. (Adam Smith)

Hay voces que desde la otra orilla se alzan en favor del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar). Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, afirma que su país “no pretende exportar esta propuesta, sino que los dejen intentar este nuevo camino”. Nadie discute el derecho soberano de toda nación a definir sus políticas internas, ni tampoco a plantear en un ámbito de multilateralidad la orientación de sus estrategias internacionales. El tema es que en un mundo de fronteras difuminadas, inmediato, pequeño y global, es imposible evitar el impacto transnacional de ciertas medidas sobre la salud y el bienestar de la población. Si no fuera así, nadie debería discutir sobre Botnia.

La nueva ley, transformada en improvisado experimento, plantea inconsistencias, vulnerabilidades, y demasiados lugares grises en manos del flamante organismo de aplicación: el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). ¿Cuál será el destino previsto para los excedentes de cannabis no consumidos, que queden en poder de aquellos usuarios que acepten incorporarse al registro, o en almacenaje en las dependencias que se habiliten a tal efecto, o en los clubes de cannabicultores? ¿Cómo se controlará que en un domicilio particular se cumpla con el requerimiento de sólo seis plantas de cannabis, y que la plantación no supere los 480 gramos anuales, sin corromper el ámbito privado del ciudadano? ¿De qué manera el sistema de trazabilidad podrá detectar desvíos y adulteraciones en los casos de pequeñas cantidades, sabiendo que la tenencia de marihuana para consumo no está penalizada en Uruguay y que cualquiera puede portar libremente esta droga? ¿Por qué un usuario de cannabis, acostumbrado a consumir aquellas especies cuya concentración de tetrahidrocannabinol (THC) sea superior al 15% establecido por ley, abandonaría esa práctica? ¿A quién recurrirá si agota rápidamente los 40 gr mensuales al aumentar la dosis para lograr el mismo efecto? ¿Desde qué fundamento científico se espera que un adicto a la pasta base o la cocaína opte por consumir marihuana, sabiendo empíricamente que el camino hacia una adicción se traduce en forma inversa? ¿Qué sucederá con los menores de 18 años, que seguirán recurriendo a la clandestinidad para acceder a la sustancia, con el agravante de una mayor circulación de la misma debido al nuevo estatus legal? ¿Qué exigencias de seguridad se impondrán a las farmacias y locales habilitados para el expendio de cannabis, para evitar que la sustancia sea robada de los depósitos? ¿La prohibición de reventa de la marihuana legal será tan categórica como lo que sucede con la reventa de entradas de futbol o con el expendio de alcohol a menores, o sólo será el camino para el desarrollo de una nueva actividad ilegal que simplemente cambiará de manos? ¿De qué forma se disuadirá el turismo cannábico, sabiendo que no bastará con restringir la venta de marihuana sólo a uruguayos para evitar que la droga se comparta en las calles como el mate? ¿Cómo se pretende financiar el IRCCA o aumentar el presupuesto para fortalecer los programas de prevención y rehabilitación de adicciones, si como punto de partida la marihuana legal ha sido beneficiada con un régimen tributario mínimo? ¿Existen previsiones para limitar las licencias a farmacias, o la radicación de los denominados “clubes de membresía”, en zonas aledañas a establecimientos educativos o similares? ¿Se endurecerán las penas por conducir bajo los efectos de la marihuana?

Laissez faire, laissez passer… Aún sabiendo que la ley es cuestionable desde la perspectiva liberal porque implica la intervención máxima del Estado en la vida privada de las personas, los albañiles de la retórica liberalizadora de las drogas están dispuestos a incorporar el concepto “regulación” a la terminología que utilizan para defender su posición abolicionista. Aseguran que a diferencia de la legalización, la acción de regular lleva implícita la intencionalidad de un Estado presente, activo, eficiente, dispuesto a controlar la dinámica de la oferta y la demanda del uso de drogas. Así lo cree también Mujica, que abrazado a las teorías de Milton Friedman insiste en tildar de dogmáticos y sectarios a los que “están en contra de la honradez de la palabra experimento”. Así pretenden también que lo crea la opinión pública mundial.

Atemoriza que en Argentina se sigan alzando voces a favor de este tipo de medidas, que perciben en el modelo uruguayo una salida facilista al problema del narcotráfico. Algunos sectores de opinión aún parecen no advertir la relación directamente proporcional que existe entre la legalidad (o la percepción de legalidad, que es aún más grave) de las sustancias y el consumo masivo. Muchos siguen pensando que el fuego se puede apagar con nafta.

Desde 1931(Ley Nº 8764) y hasta 1996 (Ley Nº 16753), Uruguay tuvo el monopolio de la droga alcohol con la destilación y fabricación de bebidas alcohólicas. Con este antecedente, la paulatina eliminación de las barreras legales vigentes generaría, como único resultado, una baja en el precio de la marihuana y un simple cambio en la rentabilidad del negocio. El control, antes en manos de los traficantes, luego bajo regulación estatal, pasaría finalmente a las empresas multinacionales que lo operarían bajo los criterios del esquema de libre mercado. De todas formas, a priori no será sencillo controlar un mercado de demanda constante, que a mayor disponibilidad de marihuana crecerá aún más, sin que en paralelo surjan articulaciones que sigan aprovechándose de los grises e inconsistencias de la regulación.

La legalización de la marihuana no puede ser presentada ante la opinión pública como una solución simplista ni efectiva para reducir los problemas judiciales, de seguridad o de violencia pública. Las organizaciones criminales cuentan con una alta capacidad para transformarse y ajustarse a las nuevas condiciones del negocio. Con el ánimo de conservar los niveles de rentabilidad, diversificarían el mercado, abriéndolo para quienes se sostenga la prohibición (los menores de edad, las personas no registradas o quienes busquen niveles más altos de THC), o bien creando uno paralelo, por contrabando, similar al que existe en el caso del tabaco.

Decir que la legalización de la marihuana desfinanciaría el 50 por ciento del negocio del narcotráfico es mentirle burdamente a la gente. Detrás del crimen organizado también están el tráfico de armas, la trata de personas, el terrorismo, el contrabando y el lavado de activos. ¿Deben legalizarse también?

Es indudable que estamos en presencia de un debate que como sociedad se debe dar, pero que no puede restringirse a un mero enfoque de supuestos ideológicos individualistas y egoístas, que limitan a un análisis económico lo que en esencia es un problema socio-sanitario. Las políticas públicas sobre drogas deben basarse en evidencias científicas y empíricas. Así lo afirma la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD – OEA).

Frente a la errónea categorización de la marihuana como droga blanda, cada vez más y más investigaciones científicas demuestran con datos duros los daños a la salud ocasionados por su consumo. Se trata de una sustancia con principios psicoactivas muy potentes, que impactan sobre el sistema nervioso central, el cerebro y el aparato cardiovascular. Se ha comprobado que produce cambios significativos en los procesos cerebrales responsables de las habilidades y comportamientos que implican el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva y la corrección de errores. Cerebros jóvenes en pleno desarrollo, vulnerables a la experimentación con el tetrahidrocannabinol.

Un Estado debe velar por la realización efectiva de los derechos de las minorías. Pero bajo ningún aspecto puede legislar de espaldas al bien común y el bienestar de una manifiesta mayoría que desea vivir en una sociedad saludable. Bien dijo Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay: “Bajar los brazos de este modo, proclamar la incapacidad de la sociedad para evitar la difusión de drogas y darle a los jóvenes la señal de que es algo permitido no nos conducirá a buen puerto. La cuestión es demasiado seria y compleja para reducirla a mágicas medidas de ingeniería social.”

¿A qué costo se pretende entonces avanzar en el camino de la experimentación? Laissez faire, laissez passer…