En una pregunta, miles de preguntas similares. Una madre que simboliza el sentir de cientos de otras madres que ven cómo la vida de sus hijos se les fuga ante los ojos sin poder hacer nada. La incertidumbre de una madre que representa el relato de tantas otras acredita situaciones de violencia vividas, o intervenciones policiales por agresiones, o delitos cometidos como consecuencia de intoxicaciones, o disturbios causados en estado de intoxicación o incluso de abstinencia, o detenciones.

A menudo, el mismo desconocimiento de las autoridades públicas que intervienen ante denuncias desesperadas se constituye en una barrera enorme para brindar contención o ayuda a tiempo. Respuestas tales como: “Es mayor de edad, no podés obligarlo”, o soluciones paliativas de: “Lo detenemos unas horas en la comisaría hasta que se le pase”, o consejos tales como: “Tenés que solicitar al juez una orden de exclusión del hogar”, demuestran que lo que faltan no son recursos, sino herramientas y capacitación de cómo enfrentar la problemática.

Por otra parte, retomando la pregunta inicial, hace tiempo que existe total consenso en que las internaciones involuntarias deben concebirse como un recurso terapéutico excepcional, en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, o bien se hayan agotado todos los recursos previos. Sabemos que el tratamiento de rehabilitación más efectivo siempre será el que se inicie por voluntad propia. Así lo aconsejamos.

El problema actual gira en torno a la consideración o al criterio que ciertos equipos interdisciplinarios aplican al momento de determinar si una situación de consumo problemático conlleva “riesgo cierto e inminente” para el individuo o para terceros, y al excesivo énfasis puesto sobre el concepto de libertad a expensas del concepto de salud.

Porque la ley de salud mental, vista como instrumento de resguardo de garantías de los pacientes desde la perspectiva de derechos, es sumamente válida. Pero, a la vez, es restrictiva en cuanto a los tiempos, el tipo de tratamiento y los procedimientos para llegar a una internación. Incluso algunos militantes de la norma ven como un atentado a los derechos de las personas la internación forzada, y se olvidan del paciente, de su necesaria recuperación, y de sus familias. La perspectiva de derechos no debería anteponerse a la perspectiva de salud, especialmente en situaciones de riesgo efectivo. Sin embargo, sucede.

No obstante, y a pesar de las innumerables trabas y dificultades, la posibilidad de un tratamiento compulsivo de personas con dependencia síquica o física a las drogas queda contemplada claramente en el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en rigor el primer día de agosto.

En la sección correspondiente a las limitaciones a la capacidad jurídica, el artículo 32 del nuevo código indica: “Un juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes”.

Están legitimados para solicitar la declaración de capacidad restringida el propio interesado, el cónyuge y el conviviente, los parientes dentro del cuarto grado y el Ministerio Público Fiscal. La sentencia queda sujeta a determinadas restricciones previstas en el artículo 31, entre las cuales sobresalen su carácter excepcional, la necesaria intervención interdisciplinaria, y la priorización de alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y las libertades.

Asimismo, a lo largo de todo el articulado vuelve a surgir como condición fundamental la garantía de los derechos del interesado, la supervisión y el seguimiento permanente del caso y la menor afectación posible de la autonomía personal de la persona bajo restricción.

Nadie puede discutir el espíritu de todo el marco procesal previsto en la sección tercera del nuevo Código Civil y Comercial, que exige agotar todas las instancias previas antes de proceder a una internación compulsiva.

Sin embargo, la protección de persona (anteriormente regulada en el artículo 482 del viejo código) es una medida cautelar que pretende velar por la salud y la integridad de las personas con consumo problemático o adicción a sustancias psicoactivas, proteger a su entorno familiar y salvaguardar, por razones de interés general, la seguridad y el orden público de la población. Se trata de una valiosa herramienta jurídica a disposición de todas las personas que hoy se preguntan: “¿Cómo hago para lograr la internación compulsiva de mi hijo?”.

El tratamiento forzado es una medida ciertamente impopular dentro de un vasto sector del pensamiento progresista, que coloca al uso de sustancias en la esfera de los derechos privados, alejado de cualquier posible intervención estatal. Frente a la posible reideologización del nuevo conjunto normativo, se vuelve necesario evidenciar que la autonomía de las personas en situación de consumo problemático de sustancias ya se encuentra invalidada, y que el eje de la protección de persona invocada en una medida cautelar de este tipo es, justamente, la restitución de su salud y el derecho a gozar nuevamente del libre albedrío.

Hace tiempo que en materia de información sobre el fenómeno algo pasa entre el emisor y el receptor. El que emite no emite con sustento. El que recibe lo hace escuchando sólo una parte y descartando el resto. Un error en la elección del qué y el cómo, un filtro periodístico subjetivo y una interpretación final por parte del escucha que luego la transforma en feedback a través de las redes sociales. A esto se le suman multiplicidad de interferencias, gritos, lobbies, ideologías, intereses contrapuestos. Y la bola de inconsistencias comienza a crecer de manera exponencial, retroalimentando al show mediático, el fulbito tribunero, la milimétrica fracción de rating.

El debate público sobre drogas en Argentina es como la lata de sopa Campbell inmortalizada por Andy Warhol.

Una vez más, como siempre, la superficialidad del abordaje periodístico de un tema tan complejo, la búsqueda del titular noticioso de alto impacto y los recortes informativos contrapuestos, nos invitan a discutir desde las formas sin lograr nunca acceder al fondo del asunto. El permanente reduccionismo dicotómico al cual nos someten los medios de comunicación torna vano cualquier intento de diálogo, de consenso, de puesta en común de conceptos. En la inmediatez informativa vertical de los cuarenta caracteres, en el cambalache de la agenda-setting invertida, todo se mezcla, todo es fugaz, etéreo e inestable como un imaginario líquido. ¿Todo parece dar lo mismo?

Drogas, adicciones y narcotráfico. Lo normativo en oposición a lo positivo, o lo que verdaderamente sucede. El concepto de descriminalización, que no es despenalización ni regulación ni mucho menos legalización. Los derechos individuales frente a los derechos colectivos, y el daño a terceros. El porro en el bolsillo de un estudiante universitario de clase media, o el porro en poder de un pibe de La Cárcova. El usuario que es usuario, y no consumidor problemático o dependiente. Las sustancias legales que alimentan la torta publicitaria (de las cuales nadie habla), o la buena prensa del periodismo militonto a favor de la cultura cannábica…

La prensa condiciona día a día nuestras representaciones. Marshall McLuhan y el medio como mensaje.

Seguimos sin advertir que vivimos en un mundo que se construye y deconstruye permanentemente a partir de hechos discursivos. Que los problemas, así como las noticias, en realidad no existen: son construcciones y definiciones subjetivas de un observador, que entiende una problemática de manera diferente, y la refleja desde sus intereses y sistema de valores. Aún seguimos sin comprender que cuando nuestra percepción y el hecho discursivo entran en contradicción, siempre prevalece lo discursivo. Y la ideología, claro…

Porque este debate sobre las drogas es tan torcidamente ideológico que así como Milton Fiedman fue musa inspiradora para la marihuana legal del progresismo uruguayo, no resultó extraño que desde algunos atriles del ultra-liberalismo argentino se alzaran aplausos y vítores a la hipotética flexibilización en el consumo de todas las drogas y la regulación invisible del libre mercado.

Existe mucha hipocresía, también. Porque el concepto de no criminalizar y no estigmatizar al adicto resulta a esta altura una muletilla vacía de contenido. Porque el alcohol sigue siendo la droga más dañina, no tanto por su composición química sino por su alcance y masividad social al amparo de su legalidad. Porque no es precisamente la ley 23.737 la que impide luchar contra el narcotraficante, sino la justicia garantista que ampara a los mercaderes de la muerte con su puerta giratoria. Porque para enfrentar al narcomenudeo no es necesario modificar la ley o detener perejiles, sino avanzar en la desfederalización de los delitos de microtráfico según lo previsto en la ley 26.052.  Porque hace falta menos escritorio y más territorio para conocer frente a frente de qué hablamos cuando hablamos de carencias y penurias, y entender por qué es necesario adaptar las políticas públicas sobre drogas a las necesidades de intervención (y no a la inversa). Porque lo que diferencia al consumidor de paco o pegamento, cubierto de cartones junto a un contenedor de basura, del consumidor de éxtasis en una fiesta electrónica, no es tanto la sustancia si no su condición y estatus social, los estereotipos e imaginarios que se construyen (y deconstruyen) alrededor de estas prácticas, y principalmente las perspectivas de desarrollo personal que determinan el concepto de estar incluido o estar fuera del sistema.

En este cambalache mediático-informativo, sería sano que pudiéramos encontrar espacios en dónde discutir concretamente cómo traducir en política pública el espíritu de no criminalización (más no legalización), buscando sanciones y penas alternativas, fortaleciendo los programas de prevención para bajar la tolerancia social y aumentar la percepción de riesgo, y poniendo a los más necesitados como objetivo central de cualquier abordaje. Discutir sólo declaraciones y opiniones personales contribuye a centrarnos únicamente en el problema, y seguir confundiendo a la ciudadanía en un tema ya de por sí complejo y sumamente ideologizado.

La evidencia empírica acumulada nos indica que no existen en el mundo soluciones recetadas a esta compleja situación de uso y abusos de sustancias psicoactivas. Pero sin dudas las soluciones partirán de los diversos canales sociales que faciliten la comunicación, los diálogos, los consensos, la inclusión, la participación y el compromiso de todos. En este terreno, los periodistas y los medios cumplen un rol estratégico fundamental.

Vale una anécdota personal como conclusión.

Rafael Bielsa, ex titular de la SEDRONAR e intelectual muy crítico acerca del rol del periodismo y de los medios, poseía una destreza encomiable al momento de denegar una entrevista periodística. A sabiendas de la complejidad del fenómeno de las drogas, y atento a la necesidad de no caer en reduccionismos que dificultasen aún más la comprensión del tema, solía preguntarle al periodista de turno si disponía de un mínimo de dos horas para abordar en profundidad la multiplicidad de aristas que confluyen en esta problemática.

Desde ya, las notas nunca se concretaban. El dato instantáneo para el fast-food mediático siempre puede más que el saber profundo. Ese saber que construye ciudadanía desde la información de calidad. Ese conocimiento tan necesario para el desarrollo de un pensamiento autónomo.

En tiempos en los que huelga la altura intelectual en los titulares de los diarios o en los noticieros, y en el que las redes sociales son un gran bazar de tertulia basura, es inevitable proponer un poco de sustancia informativa en el abordaje periodístico del tema drogas, un atisbo de inclinación por el pensar, algún artículo de prensa que nos invite a leerlo bien despacio y nos abstraiga de la banalización, la superficialidad y la trivialidad kitsch.