Como lo hiciera con la legalización del aborto en el recordado caso Roe v. Wade en el año 1973, y también con una votación dividida (en esta ocasión la mayoría se logró 5 a 4), el máximo tribunal norteamericano zanjó un debate que la sociedad ya había superado (en Estados Unidos en la actualidad más del 65 % de la gente está a favor del matrimonio igualitario), pero que el Congreso no puede superar (la mayoría republicana nunca hubiera aprobado esta ley, a pesar del importante apoyo social, mediático y político existente).

Semanas antes, Irlanda había hecho historia al transformarse en el primer país en legalizar el matrimonio igualitario por voto popular, y más recientemente el Tribunal Supremo mexicano había emitido un fallo muy similar al norteamericano, pero que no tuvo la repercusión mediática y social que merecía.

Todos estos hechos, tan frescos en nuestra memoria, me llevaron a aquella helada madrugada del 15 de julio de 2010 en la que miles de almas esperábamos impacientemente, pero con enorme alegría y expectativa, la votación decisiva del Senado de la Nación.

Enorme orgullo, pensar que nuestro país pudo llegar a la igualdad para todas las familias mucho antes que países que, se supone, se encuentran más avanzados en el campo social.

Incluso países como Francia, Finlandia o Noruega llegaron a la cita de la igualdad después que nosotros. E incluso hoy debaten leyes para ponerse a tono en materia de derecho a la identidad, intentando aprobar normas de identidad de género similares a la argentina.
Sin dudas es un orgullo haber llegado antes y haber contribuido a escribir la historia de la igualdad en el mundo (Argentina fue el primer país en América Latina en aprobar esta ley). Pero más orgullo nos produce el proceso por medio del cual la norma se aprobó.

Quien quiera adjudicarse esta norma a título personal, o para algún espacio político en particular, faltará a la verdad.

La ley de matrimonio igualitario, como se denominó por primera vez aquí y hoy es un sello distintivo asumido por el movimiento LGBT a nivel global, fue y es una construcción colectiva. De diversos partidos políticos, de distintos movimientos sociales, de diferentes sectores (artísticos, mediáticos, educativos, culturales e incluso religiosos).

La ley de la igualdad es una ley que nos pertenece a todos. Así fue concebida, así fue conquistada y así es sentida por la enorme mayoría de nuestra sociedad.

Es justo decir, sin embargo, que la ley no hubiera sido posible sin el apoyo de algunos actores sociales clave y bajo la conducción de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.

Esta organización, nacida en el año 2005 con un programa de acción que incluyó como reivindicaciones principales las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, le dio dimensión nacional y transversal a un reclamo que venía creciendo socialmente y que precisó de un soporte asociativo para alcanzar el objetivo trazado.

Hoy ya han pasado 5 años de la histórica madrugada de julio de 2010. Más de diez mil parejas igualitarias han podido contraer matrimonio. Muchas de ellas incluso han sido padres y madres. La igualdad legal ha sido alcanzada. Y sin embargo tenemos aún muchas materias pendientes, es verdad. Porque ninguna ley modifica automáticamente realidades naturalizadas por siglos. Ni siquiera tras cinco años de vigencia y apoyo social. Pero con la posibilidad de dar las batallas que haya que dar para transformar profundamente la cultura y la sociedad desde un pie de igualdad.

Sin lugar a dudas cada ley que amplía derechos nos mejora. Nos mejora como personas, nos mejora como colectivo, nos mejora como sociedad. Y sinceramente creo que la ley de matrimonio igualitario está entre las mejores de esas leyes. Porque amplía derechos a una parte de la población que hasta hace tan solo unos pocos momentos no los tenía, sin quitarle ningún derecho a nadie. Por eso nos hace mejores, nos llena de dignidad, nos convierte en una sociedad más decente.

Más allá de ese debate puntual, la polémica revela un gran desconocimiento de parte de la sociedad alrededor de las identidades trans y los alcances de la ley, pero sobre todo encubre un debate aún más importante y urgente: la grave situación de exclusión que este colectivo vive y la falta de políticas públicas de impacto que logren revertirla.

Aclarando algunos conceptos. El colectivo trans nuclea a aquellas personas que expresan, viven y sienten un género diferente al que les fuera asignado al momento del nacimiento.

En nuestro país la ley de Salud mental – previa incluso a la de Identidad de género – ha quitado del listado de de enfermedades psiquiátricas a las vivencias trans. En un mismo sentido avanza la Organización Mundial de la Salud y numerosos países como Francia y Suecia, entre otros.

La propia ley de Identidad de género, aprobada en mayo de 2012, en su artículo 1° la define como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”

Por todo esto, lejos de ser objeto de discriminación, persecución y violencia, travestis, transexuales y transgéneros deben ser objeto de protección y promoción de derechos por parte del Estado.

Haciendo un poco de historia. El primer proyecto de ley de Identidad de Género fue presentado en el Congreso de la Nación por el Diputado socialista, ya fallecido, Alfredo Bravo. El proyecto de Bravo proponía el reconocimiento de la identidad de género en la documentación personal pero en términos diferentes a los que la actual ley garantiza.

El segundo proyecto, que fue la base para el texto aprobado finalmente por el Congreso en 2012, fue presentado en 2007 por la Diputada también socialista Silvia Augsburger, y elaborado conjuntamente por la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

Cinco años después de presentado, fue aprobado con el apoyo y los votos de casi todos los bloques parlamentarios, concitando un importante consenso plural.

Este proyecto contemplaba no sólo el reconocimiento pleno de la identidad de género del colectivo trans, sino un completo sistema de acceso al derecho a la salud integral para este colectivo, derecho que – a pesar de estar explicitado en la ley – no se cumple plenamente y espera inexplicablemente hace dos años la reglamentación correspondiente por parte del Ministro de Salud Juan Manzur.

En un mismo sentido, mientras la ley se debatía en el Congreso, también se desarrolló una intensa campaña en la justicia, a cargo del equipo jurídico de la FALGBT, que logró el primer fallo sobre Identidad de Género en el mundo, en los términos de la ley, sin requerir diagnóstico médico/psiquiátrico y sin ordenar operación de adecuación corporal alguna. A esa primer sentencia para el caso “Florencia Trinidad” le siguieron más de 50 en todo el país, en idénticos términos, y previo a la sanción de la ley.  

Algunos datos sociales del colectivo trans. Poco se conoce y debate públicamente sobre las condiciones de vida que enfrentan cotidianamente travestis, transexuales y transgéneros, pero algunos datos son realmente alarmantes y deben llevarnos urgentemente a trabajar aún más duro por la inclusión. Un reciente estudio realizado en todo el país por ATTTA en colaboración con Fundación Huesped determinó que la expectativa de vida de una mujer trans en nuestro país es de cerca de 40 años promedio. Este dato – que impacta – contrasta enormemente con los poco más de 76 años de expectativa de vida de la población general.

La baja expectativa de vida del colectivo trans, situación que se repite en casi todos los países, tiene diversos orígenes. Uno de ellos es la exclusión del hogar que sufren las personas trans a temprana edad, al expresar abiertamente su identidad de género. Este hecho significativo tiene directa relación con las dificultades para el acceso al sistema de salud, a la educación y al empleo registrado.

En este último campo, en el que la FALGBT trabaja fuertemente junto a la OIT, gremios y sindicatos, empresas y organismos de gobierno, son insuficientes los esfuerzos que se están realizando para promover la inclusión laboral plena del colectivo trans, y aún sigue siendo menor al 10% la proporción de este colectivo que logra insertarse en el empleo registrado. 

De la igualdad legal, a la igualdad real. En el debate público que se está dando en nuestro país en relación a la identidad de género ha puesto en evidencia varios datos interesantes. Por un lado la falta de conocimiento que hay respecdto del tema, y la liviandad con la que se opina desde diversos sectores.

Por otra parte la dificultad, incluso desde sectores auto denominados progresistas, para intentar comprender y respetar el profundo e íntimo sentir del otro, de la otra. Seguramente estos últimos días habrán sido en los que más se escuchó decir “tengo un amigo gay/una amiga lesbiana” o “yo apoyo la ley de matrimonio igualitario, pero…” y esto revela que más allá de algunos apoyos cosméticos, los prejuicios y la discriminación siguen vigentes, y en especial hacia el colectivo trans.

Y también este debate nos impone incrementar los esfuerzos en materia de campañas y políticas públicas – en especial educativas – para fomentar una cultura del respeto y la inclusión, que promueva un cambio cultural profundo, indispensable tras la aprobación de leyes tan importantes como la de Matrimonio Igualitario o Identidad de Género.

Las leyes son sólo herramientas, que garantizan derechos, pero no cambian las condiciones sociales de la noche a la mañana. Son puntos de partida, nunca puntos de llegada. Y aún nos queda mucho camino por recorrer para que la igualdad proclamada en sus textos, se transforme en igualdad de oportunidades y trato en la vida cotidiana. De nosotros y nosotras depende lograrlo.

Para finalizar, un breve ejercicio. Cuando comenzamos a armar el proyecto de Identidad de Género decidimos buscar en el diccionario el significado de la palabra “identidad”. Y según la RAE (Real Academia Española) Identidad es “ser quien uno/una es, y no otra persona”. Quién mejor que uno, que una, para saber quién realmente es. No es cierto, Jorge?