Dichas iniciativas, que han sido presentadas por legisladores de todas las bancadas, e incluso por el propio Poder Ejecutivo, plantean la necesidad de generar empleo registrado y facilitar la transición de los jóvenes hacia el mundo del trabajo.

Seguramente motiva estos debates la preocupación por el alto nivel de informalidad que presenta el mercado laboral en nuestro país y la especial exclusión que viven las personas entre 18 y 29 años, con particular atención en algunas realidades regionales, donde el desempleo, el subempleo y el trabajo no registrado se expresan con mayor crudeza.

Sin embargo, esta preocupación, compartida y comprensible, oculta otro debate también urgente que ha recobrado impulso en los últimos meses a partir de la aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales específicas: la inserción laboral del colectivo trans.

Si bien es cierto que en los últimos años el colectivo trans ha avanzado sustancialmente en materia de derechos formales —la aprobación de la ley de identidad de género en 2012 es prueba de ello—, las situaciones de discriminación, vulneración de derechos y exclusión siguen impactando de lleno en travestis, transexuales y transgéneros en toda la Argentina.

Tanto impactan estas formas de la violencia que en la actualidad el colectivo trans, como ningún otro colectivo social, presenta una expectativa de vida de tan sólo 42 años. Y gran parte de las 12 mil personas trans que se estima que viven en nuestro país están en situación de pobreza y pobreza extrema.

Asimismo, la tardía reglamentación del acceso a la salud integral del colectivo trans, que se produjo en mayo de 2015, ha demorado la implementación de los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de travestis, transexuales y transgéneros en nuestro país.

Salvo contadas excepciones, entre las que se encuentra la provincia de Santa Fe, que por impulso de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (Attta) cuenta con servicios hormonales y quirúrgicos desde 2007, el acceso a un proceso saludable de construcción de la identidad de género es una realidad lejana para la mayor parte del colectivo trans.

En relación con el mundo del trabajo, diversos estudios realizados por entes públicos y organizaciones sociales han determinado que alrededor del 90% de la población trans no accede al mercado formal de empleo. Y dentro del segmento de las mujeres trans, una proporción similar ha encontrado en el trabajo sexual la única vía de subsistencia.

Claramente, la discriminación social hacia las personas trans sigue expresándose en la negativa de los empleadores a tomar empleados de este colectivo, negativa basada en prejuicios discriminatorios muy arraigados que aún no hemos revertido. Es por ello que se deben tomar urgentes medidas afirmativas que nos permitan superar las barreras que aún hoy existen para la inclusión real.

En este sentido, la aprobación de la ley de cupo trans en provincia de Buenos Aires, en 2015 (pendiente aún de implementación), la de una ordenanza similar en la ciudad de Rosario (la semana pasada) y la media sanción que obtuvo esta iniciativa en la provincia de Salta (el pasado 17 de mayo), han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en esta materia.

Pero el cupo trans por sí solo no resuelve el problema de la discriminación hacia este colectivo. El cupo debe ser una herramienta más en la cual el Estado demuestra claramente su voluntad de avanzar hacia la inserción laboral plena de travestis, transexuales y transgéneros, y debe servir como incentivo para que el sector privado también asuma un claro compromiso y haga su parte. Sólo de ese modo podremos garantizar que todas las personas desarrollen su propio proyecto de vida autónoma en condiciones de igualdad.

La inserción social y laboral del colectivo trans es una tarea de todos. El empleo en el Estado (a través del cupo), en el sector privado (a través de los programas de responsabilidad social empresaria e incentivos) y la posibilidad del autoempleo deben estar disponibles para todas las personas, pero especialmente para aquellos sectores de mayor exclusión, entre los cuales, sin dudas, el de las personas trans se están llevando la peor parte.

Como lo hiciera con la legalización del aborto en el recordado caso Roe v. Wade en el año 1973, y también con una votación dividida (en esta ocasión la mayoría se logró 5 a 4), el máximo tribunal norteamericano zanjó un debate que la sociedad ya había superado (en Estados Unidos en la actualidad más del 65 % de la gente está a favor del matrimonio igualitario), pero que el Congreso no puede superar (la mayoría republicana nunca hubiera aprobado esta ley, a pesar del importante apoyo social, mediático y político existente).

Semanas antes, Irlanda había hecho historia al transformarse en el primer país en legalizar el matrimonio igualitario por voto popular, y más recientemente el Tribunal Supremo mexicano había emitido un fallo muy similar al norteamericano, pero que no tuvo la repercusión mediática y social que merecía.

Todos estos hechos, tan frescos en nuestra memoria, me llevaron a aquella helada madrugada del 15 de julio de 2010 en la que miles de almas esperábamos impacientemente, pero con enorme alegría y expectativa, la votación decisiva del Senado de la Nación.

Enorme orgullo, pensar que nuestro país pudo llegar a la igualdad para todas las familias mucho antes que países que, se supone, se encuentran más avanzados en el campo social.

Incluso países como Francia, Finlandia o Noruega llegaron a la cita de la igualdad después que nosotros. E incluso hoy debaten leyes para ponerse a tono en materia de derecho a la identidad, intentando aprobar normas de identidad de género similares a la argentina.
Sin dudas es un orgullo haber llegado antes y haber contribuido a escribir la historia de la igualdad en el mundo (Argentina fue el primer país en América Latina en aprobar esta ley). Pero más orgullo nos produce el proceso por medio del cual la norma se aprobó.

Quien quiera adjudicarse esta norma a título personal, o para algún espacio político en particular, faltará a la verdad.

La ley de matrimonio igualitario, como se denominó por primera vez aquí y hoy es un sello distintivo asumido por el movimiento LGBT a nivel global, fue y es una construcción colectiva. De diversos partidos políticos, de distintos movimientos sociales, de diferentes sectores (artísticos, mediáticos, educativos, culturales e incluso religiosos).

La ley de la igualdad es una ley que nos pertenece a todos. Así fue concebida, así fue conquistada y así es sentida por la enorme mayoría de nuestra sociedad.

Es justo decir, sin embargo, que la ley no hubiera sido posible sin el apoyo de algunos actores sociales clave y bajo la conducción de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.

Esta organización, nacida en el año 2005 con un programa de acción que incluyó como reivindicaciones principales las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, le dio dimensión nacional y transversal a un reclamo que venía creciendo socialmente y que precisó de un soporte asociativo para alcanzar el objetivo trazado.

Hoy ya han pasado 5 años de la histórica madrugada de julio de 2010. Más de diez mil parejas igualitarias han podido contraer matrimonio. Muchas de ellas incluso han sido padres y madres. La igualdad legal ha sido alcanzada. Y sin embargo tenemos aún muchas materias pendientes, es verdad. Porque ninguna ley modifica automáticamente realidades naturalizadas por siglos. Ni siquiera tras cinco años de vigencia y apoyo social. Pero con la posibilidad de dar las batallas que haya que dar para transformar profundamente la cultura y la sociedad desde un pie de igualdad.

Sin lugar a dudas cada ley que amplía derechos nos mejora. Nos mejora como personas, nos mejora como colectivo, nos mejora como sociedad. Y sinceramente creo que la ley de matrimonio igualitario está entre las mejores de esas leyes. Porque amplía derechos a una parte de la población que hasta hace tan solo unos pocos momentos no los tenía, sin quitarle ningún derecho a nadie. Por eso nos hace mejores, nos llena de dignidad, nos convierte en una sociedad más decente.

En el hall de aquel hotel de Corrientes y Reconquista había varios medios de prensa, el inseparable Miguel Àngel Fernández –su estecho colaborador y compañero de infatigables luchas– referentes del PSOE en Buenos Aires (presencia obligada para un socialista internacionalista como él) y organizaciones sociales de diverso tipo. Entré, me senté entre el público –que había improvisado un pequeño auditorio– y comencé a escucharlo.

Alegre, valiente, convincente, seductor, irradiaba una energía muy especial. Escucharlo contar cómo se había aprobado la ley de Matrimonio Igualitario en España nos ayudaba a pensar que aquí también era posible. Y escucharlo relatar apasionadamente por qué el socialismo estaba llamado a impulsarlo, conmovía.

No sabía como presentarme, así que hice lo obvio. Levanté la mano con la excusa de una pregunta cualquiera y le dije “Mi nombre es Esteban Paulón, soy militante del Partido Socialista en Argentina y participo en la FALGBT”. Pedro respondió mi pregunta y siguió mostrándonos su visión sobre el futuro de igualdad que veía para toda América Latina, y cómo Argentina tenía que liderar ese proceso.

“La igualdad va a llegar de todos modos. La decisión es estar entre los primeros, o estar entre los últimos” repetía.

Cuando terminó su presentación se paró y se acercó a mi, me saludo con sus clásicos dos besos y me dijo “Oye, no sabía que en Argentina existía un Partido Socialista, siempre pensé que el socialismo aquí era el Partido Radical.”

Enorme herida narcicista la mía… ¿Cómo que no sabía que en Argentina había un Partido Socialista? Y que ese partido ya contaba con grupos para trabajar la igualdad LGBT? Y así nos conocimos.

Rápidamente lo invité a una reunión con la entonces diputada nacional Silvia Augsburger que nos recibió a los dos días en la Cámara de Diputados junto a dos entrañables compañeras socialistas Julia Martino y Clori Yelicic. También las deslumbró y sedujo. Y nos pusimos a trabajar por más igualdad.

Desde ese momento forjamos una amistad hermosa. Fue colaborador activo de la FALGBT –recuerdo una tarde lluviosa en el despacho de Augsburger con él y junto a María Rachid, Marcela Romero y Mariana Casas trabajando en el proyecto de identidad de género– y del movimiento LGBT en toda América Latina.

O su visita a Rosario, donde lo declaramos visitante distinguido en el Concejo Municipal de la ciudad en un viaje relámpago sólo posible por sus ganas de ser parte de todo cambio en favor de la diversidad sexual.Pedro y Jesus

Tengo fresca esa reunión de noviembre de 2009 cuando desde la FALGBT impulsamos el primer debate parlamentario de Comisiones por la ley de la Igualdad y Pedro nos acompañó (llegó en esa ocasión junto a su esposo y a Toni Poveda, entonces Presidente de la FELGTB). Ante un auditorio repleto de activistas anti derecho –que blandían carteles con la leyenda “los niños necesitan papá y mamá” o “no al gaymonio – se presentó, con esa calidez que siempre irradiaba, diciendo “Buenos días, me llamo Pedro Zerolo y estoy casado con Jesús”.

El estupor de la audiencia anti-derechos se fundió con nuestro aplauso que en un estallido espontáneo, inundó la sala. Pero más alla de todo, Pedro tenía razón. Al fin y al cabo estaba casado con Jesús, su esposo legal.

Siempre presente en las conquistas que protagonizamos estos años viajó desde Madrid sólo para acompañarnos esa helada madrugada porteña en que se aprobó la ley de Matrimonio Igualitario. O el viaje relámpago a Montevideo para participar en el debate en el Congreso junto al colectivo Ovejas Negras y el Tati Sabini pocos meses antes de aprobarse la ley.

Incluso en nuestro último encuentro, que fue hace pocos meses, sólo hablaba de la visita urgente que tenía que hacer a América Latina para profundizar la ola igualitaria que se esparce por nuestro continente. Su querida Venezuela y Ecuador lo desvelaban. Seguramente se habrá ido con un gran dolor de ver que la “izquierda beata latinoamericana” no comprendió aún que, como repetía vehementemente en todos sus discursos, el “socialismo y la igualdad van de la mano” y que “no se puede ser de izquierdas y homo/lesbo/transfobo”.

Agradezco a la militancia LGBT y al socialismo haber conocido a alguien tan apasionado y valiente como Pedro Zerolo. Alguien que se le paró firme al cáncer y aguantó hasta donde dieron sus fuerzas, que eran enormes.

Para finalizar le voy a robar una frase a Claudia Castrosín, la vicepresidenta de la FALGBT, que en la mañana de ayer, impactada por la noticia, me dijo: “Supongo que hubieramos iniciado el camino hacia el matrimonio igualitario de todas maneras, pero qué lindo fue haberlo hecho con él y con la alegría que genera una persona feliz, luchadora y libre”.

¡Hasta siempre, Pedro querido! Y gracias por ayudarnos a soñar que un mundo más justo siempre es posible.

Enorme revuelo causó esta semana nuestro proyecto (presentado en el Congreso de la Nación, la Legislatura porteña y la Legislatura de la provincia de Santa Fe) para otorgar una Asignación monetaria mensual a las mujeres y hombres trans mayores de 40 años.

Desde la FALGBT le llamamos “Asignación para la Ciudadanía Trans” y se inscribe en las razonables recomendaciones de la OIT de brindar un piso de protección social a todos los sectores vulnerados en derechos.

Y sin dudas tenemos razones para plantearlo. En Argentina no hay ningún otro colectivo social que tenga una expectativa de vida de entre 37 y 42 años. Sí, leíste bien. El colectivo trans en Argentina vive en promedio 35 años menos que el resto de la población. Qué otro colectivo social en nuestro país expresa tan brutalmente con sus vidas (y sus muertes) la exclusión y discriminación?

Escuché decir por allí (entre tantos análisis superficiales que se escucharon estos días) que por qué el Estado tiene que pagar por las consecuencias de la vida que eligen llevar las personas trans. Y me parece importante aclarar este punto: la orientación sexual e identidad de género NO se eligen. Se puede elegir, en todo caso, vivirlo abiertamente, expresarlo públicamente, comprenderlo y aceptarlo en el seno de cada familia, o no. Pero “ser” quien uno o una es, no se elige.

Sí se elige, por ejemplo, una religión. Y sabías que el Estado argentino destina por año $80 millones a pagar salarios y viáticos (serán pasajes a Roma a ver al Papa?) para obispos y sacerdotes que SÍ eligieron abrazar la religión católica, apostólica, romana? Y en 2015 va a haber también $600 millones para reparar templos que las autoridades de la Iglesia Católica eligieron construir. Porque parece que mientras más grande es el templo elegido, mayor la adoración al Señor.

También escuché decir que hay otras prioridades, que el Estado no es un chicle que se estira hasta el infinito, que hay tantos grupos que atender que todo no se puede. Parece que hay vidas que valen más que otras, poblaciones por las que vale la pena montar una operación rescate, y otras a las que es mejor ni mirarlas.

Desde el miércoles presenciamos un desfile de indignados e indignados con la sola idea de otorgar un “subsidio” a gentes que no hacen nada, no quieren trabajar, no quieren estudiar. Casí una promoción de la vagancia. Y no faltaron quienes dispuestos a todo por aprovechar uno de estos planes sociales, no dudaron en ofrecer ponerse la peluca y montarse sobre los tacos, como si la identidad de género se redujera a dos o tres prendas. Lindo sería que se animen a intentar vivir sus vidas sólo una semana como la viven las mujeres y hombres trans. Pobres, no saben lo que dicen.

Y hablando de subsidios… creo que las mayores voces de indignación vinieron de sectores que, gracias a los subsidios, calefaccionaron sus piletas todo el año a precios muy convenientes, o cambiaron sus coches 0km, o viajan por el mundo con pasajes subsidiados, sin preguntar – en ese caso – cuántos bancos en escuelas o platos de comida se dejaron de financiar para que una pequeña porción de la sociedad disfrute de las miles de la buena vida.

Incluso sacando cuentas más finas, el costo total de la Asignación para la Ciudadanía Trans llega por poco a la mitad de los subsidios para salarios de la Iglesia Católica (de esos que hablamos unas líneas más arriba).

Y como para muestra basta un botón, les cuento que en mi provincia, Santa Fe, la asignación le costaría al Estado provincial menos de un tercio del dinero que por año reciben los Senadores provinciales para subsidios (que son 19 y disponen de poco más de $1 millón para otorgar sin explicaciones). Parece que hay subsidios “buenos” y subsidios “malos”.

Pero lo que sin dudas más me impactó, y es lo que ocurre en ocasiones en que se dan debates como este, fue poder constatar con qué apoyos contamos de verdad. La cantidad de referentes escondidos detrás de cortinados para no quedar “pegados” con este tema – que parece se reveló inconveniente – da pavor. 

Por suerte nosotros y nosotras no especulamos políticamente. No podemos permitirnos especular políticamente con la expectativa de vida de las personas. No podemos permitirnos especular políticamente con la posibilidad de brindar mayores oportunidades y una vida mejor a quienes más lo necesitan.

Aunque “suene” inconveniente, aunque tenga “costos políticos”, aunque en apariencia no despierte por ahora apoyos mayoritarios, vamos a seguir animándonos. Como también nos animamos a soñar un día con el Matrimonio Igualitario y la ley de Identidad de Género. Nos llamaron locos y locas. Eso era imposible, y nunca lo íbamos a lograr.

Basados en esa experiencia, seguramente muy pronto, les daremos la bienvenida a todos los apoyos que cosecharán estas iniciativas, cuando se acerque el momento de aprobarlas. Así se construyen los derechos, dando debates, poniendo la cara y construyendo consensos.

Más allá de ese debate puntual, la polémica revela un gran desconocimiento de parte de la sociedad alrededor de las identidades trans y los alcances de la ley, pero sobre todo encubre un debate aún más importante y urgente: la grave situación de exclusión que este colectivo vive y la falta de políticas públicas de impacto que logren revertirla.

Aclarando algunos conceptos. El colectivo trans nuclea a aquellas personas que expresan, viven y sienten un género diferente al que les fuera asignado al momento del nacimiento.

En nuestro país la ley de Salud mental – previa incluso a la de Identidad de género – ha quitado del listado de de enfermedades psiquiátricas a las vivencias trans. En un mismo sentido avanza la Organización Mundial de la Salud y numerosos países como Francia y Suecia, entre otros.

La propia ley de Identidad de género, aprobada en mayo de 2012, en su artículo 1° la define como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”

Por todo esto, lejos de ser objeto de discriminación, persecución y violencia, travestis, transexuales y transgéneros deben ser objeto de protección y promoción de derechos por parte del Estado.

Haciendo un poco de historia. El primer proyecto de ley de Identidad de Género fue presentado en el Congreso de la Nación por el Diputado socialista, ya fallecido, Alfredo Bravo. El proyecto de Bravo proponía el reconocimiento de la identidad de género en la documentación personal pero en términos diferentes a los que la actual ley garantiza.

El segundo proyecto, que fue la base para el texto aprobado finalmente por el Congreso en 2012, fue presentado en 2007 por la Diputada también socialista Silvia Augsburger, y elaborado conjuntamente por la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

Cinco años después de presentado, fue aprobado con el apoyo y los votos de casi todos los bloques parlamentarios, concitando un importante consenso plural.

Este proyecto contemplaba no sólo el reconocimiento pleno de la identidad de género del colectivo trans, sino un completo sistema de acceso al derecho a la salud integral para este colectivo, derecho que – a pesar de estar explicitado en la ley – no se cumple plenamente y espera inexplicablemente hace dos años la reglamentación correspondiente por parte del Ministro de Salud Juan Manzur.

En un mismo sentido, mientras la ley se debatía en el Congreso, también se desarrolló una intensa campaña en la justicia, a cargo del equipo jurídico de la FALGBT, que logró el primer fallo sobre Identidad de Género en el mundo, en los términos de la ley, sin requerir diagnóstico médico/psiquiátrico y sin ordenar operación de adecuación corporal alguna. A esa primer sentencia para el caso “Florencia Trinidad” le siguieron más de 50 en todo el país, en idénticos términos, y previo a la sanción de la ley.  

Algunos datos sociales del colectivo trans. Poco se conoce y debate públicamente sobre las condiciones de vida que enfrentan cotidianamente travestis, transexuales y transgéneros, pero algunos datos son realmente alarmantes y deben llevarnos urgentemente a trabajar aún más duro por la inclusión. Un reciente estudio realizado en todo el país por ATTTA en colaboración con Fundación Huesped determinó que la expectativa de vida de una mujer trans en nuestro país es de cerca de 40 años promedio. Este dato – que impacta – contrasta enormemente con los poco más de 76 años de expectativa de vida de la población general.

La baja expectativa de vida del colectivo trans, situación que se repite en casi todos los países, tiene diversos orígenes. Uno de ellos es la exclusión del hogar que sufren las personas trans a temprana edad, al expresar abiertamente su identidad de género. Este hecho significativo tiene directa relación con las dificultades para el acceso al sistema de salud, a la educación y al empleo registrado.

En este último campo, en el que la FALGBT trabaja fuertemente junto a la OIT, gremios y sindicatos, empresas y organismos de gobierno, son insuficientes los esfuerzos que se están realizando para promover la inclusión laboral plena del colectivo trans, y aún sigue siendo menor al 10% la proporción de este colectivo que logra insertarse en el empleo registrado. 

De la igualdad legal, a la igualdad real. En el debate público que se está dando en nuestro país en relación a la identidad de género ha puesto en evidencia varios datos interesantes. Por un lado la falta de conocimiento que hay respecdto del tema, y la liviandad con la que se opina desde diversos sectores.

Por otra parte la dificultad, incluso desde sectores auto denominados progresistas, para intentar comprender y respetar el profundo e íntimo sentir del otro, de la otra. Seguramente estos últimos días habrán sido en los que más se escuchó decir “tengo un amigo gay/una amiga lesbiana” o “yo apoyo la ley de matrimonio igualitario, pero…” y esto revela que más allá de algunos apoyos cosméticos, los prejuicios y la discriminación siguen vigentes, y en especial hacia el colectivo trans.

Y también este debate nos impone incrementar los esfuerzos en materia de campañas y políticas públicas – en especial educativas – para fomentar una cultura del respeto y la inclusión, que promueva un cambio cultural profundo, indispensable tras la aprobación de leyes tan importantes como la de Matrimonio Igualitario o Identidad de Género.

Las leyes son sólo herramientas, que garantizan derechos, pero no cambian las condiciones sociales de la noche a la mañana. Son puntos de partida, nunca puntos de llegada. Y aún nos queda mucho camino por recorrer para que la igualdad proclamada en sus textos, se transforme en igualdad de oportunidades y trato en la vida cotidiana. De nosotros y nosotras depende lograrlo.

Para finalizar, un breve ejercicio. Cuando comenzamos a armar el proyecto de Identidad de Género decidimos buscar en el diccionario el significado de la palabra “identidad”. Y según la RAE (Real Academia Española) Identidad es “ser quien uno/una es, y no otra persona”. Quién mejor que uno, que una, para saber quién realmente es. No es cierto, Jorge?

También recuerdo el intenso debate que precedió a la ley. Desde que éramos parte de un plan del demonio hasta que íbamos a ser los responsables de la destrucción de la familia, los sectores que se opusieron a la ley argumentaron de todo. Que las lesbianas eran violentas con sus hijos, que los gays lo éramos, por ser víctimas de abuso sexual, que no estábamos capacitados para la crianza, que nuestras relaciones no eran duraderas. Un sinfín de falacias que intentaban instalar el temor en la sociedad y, montadas sobre la falta de conocimiento de mucha gente de buena fe, impedir la aprobación de esta trascendente ley. Cuántas cosas han pasado desde aquellos días.

A cuatro años de su aprobación, podemos decir con enorme orgullo y alegría que el propio matrimonio igualitario se encargó de echar por tierra todos y cada uno de ellos. Ninguna de las catástrofes sucedió. La sociedad no se desintegró ni la familia se debilitó. Muy por el contrario, las familias fueron las grandes favorecidas tras la aprobación de esta ley de igualdad, porque hoy son más y más diversas aquellas familias que pueden gozar de los mismos derechos.

Haciendo un poco de historia, la ley de matrimonio igualitario fue presentada por primera vez en el Parlamento en diciembre de 2005 por la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (que recién se conformaba) y el diputado socialista Eduardo Di Pollina. En esa ocasión, casi nadie, fuera de nosotros, creyó que fuera posible. Ya en febrero de 2007 la presentación del primer amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que pedía declarar inconstitucional -por discriminatorio- al Código Civil, dio cuerpo y volumen a la campaña nacional “Los mismos derechos, con los mismos nombres” que desde la FALGBT habíamos puesto en marcha. A finales de ese año el proyecto volvió a ser presentado con un importante apoyo parlamentario y de la mano de las dos diputadas que finalmente nos acompañarían hasta el debate y posterior aprobación de la ley de Igualdad: Silvia Augsburger y Vilma Ibarra. Una opositora (Augsburger era presidenta del bloque de diputados socialistas) y una afín al oficialismo (Ibarra integraba Nuevo Encuentro). Así se construyó la ley. Transversalmente, con apoyo del oficialismo y la oposición. 

Cuando en noviembre de 2009 la FALGBT logró generar el primer debate parlamentario por el matrimonio igualitario, también se había logrado la adhesión de buena parte de la sociedad. El tema se debatía intensamente en escuelas, universidades, clubes, espacios de trabajo y medios de comunicación. Y también en el seno de las familias, dentro de las cuales muchas veces este debate era la ocasión perfecta para salir del armario ante padres y hermanos, defendiendo la ley en primera persona, con su propio cuerpo.

Tanto había avanzado el debate social sobre el matrimonio igualitario que aquel primer amparo ante la Justicia -el de febrero de 2007- se multiplicó por 100 y el equipo jurídico de la FALGBT los patrocinó en todo el país. Hasta tuvimos que mandar a una pareja a Tierra del Fuego para concretar el primer casamiento gay de América Latina en diciembre de 2009. Esa lucha también dio sus frutos. En Argentina, se casaron diez parejas de personas del mismo sexo previo a aquel 14 de julio. La justicia también le decía sí a la igualdad.  

Y luego vendrían los debates, las horas de televisión, las votaciones en Diputados y Senado, las marchas a favor y en contra. Hasta un oficio interreligioso frente al Congreso para “evitar” la catástrofe que traería esta norma, reuniendo a una importante cantidad de personas blandiendo carteles naranjas que decían “Papá y Mamá”, como si nosotros y nosotras no lo fuéramos. Eso también está en nuestra memoria.

Han pasado 4 años y miles de parejas han podido contraer matrimonio. Sin embargo, quedan aún materias pendientes, porque ninguna ley modifica automáticamente realidades naturalizadas por siglos. Pero con la posibilidad de dar las batallas que haya que dar, para transformar profundamente la cultura y la sociedad, desde un pie de igualdad.