Por eso, el Estado argentino debe darle señales urgentes y contundentes a su pueblo. Y el pueblo, debe marcarle el terreno a un Estado que ha vuelto a fallar.

El país ha adquirido en estos últimos años y a ritmo galopante, muchas deshonras propias de autoritarismos pasados. Violencia, secretismo, persecución, impunidad.

De todas ellos, la más grave y peligrosa es la impunidad, porque las democracias mueren de impunidad. Si dejamos que la impunidad haga metástasis en el país nos ahogaremos en ella.

Del Gobierno no espero gestos, espero definiciones. No lo quiero a Capitanich frente a un micrófono, quiero a los acusados por Nisman a disposición de la Justicia y demostrándonos a todos que no contaminarán el camino a la verdad.

Es una horrible señal que un fiscal muera menos de 100 horas después de denunciar a la presidenta. Especialmente, cuando durante el año pasado, el Gobierno instrumentó cuanta artimaña pudo para destituir a Campagnoli, un fiscal que lo ponía en aprietos, y en momentos en que la Procuradora General ejecuta una caza de brujas en las fiscalías.

Hoy hay tres prioridades. Una que lleva 20 años en el tintero, queremos saber qué pasó con la AMIA y queremos ver a sus culpables presos. Otra, tan importante como la primera, queremos saber quiénes y cómo permitieron por acción u omisión que durante 20 años no pudiéramos hacer Justicia, a ellos también los queremos ver presos. Finalmente, queremos saber por qué murió Nisman.

En estas tres caras del mismo caso se debate hoy qué democracia tenemos los argentinos. Me niego a convivir con la impunidad, porque ella, silenciosa, primero mata con la indiferencia e incredulidad de los ciudadanos y termina envenenando la democracia cuando destruye desde adentro las instituciones de la república.

Si esta muerte no se resuelve, si la investigación que llevaba Nisman queda en la nada, la democracia quedará tambaleando.

Los argentinos hemos recibido un golpe y tenemos que abrir los ojos.

El horror ha puesto en jaque la democracia, arroja un manto de temor sobre la Justicia y nos da un baño de realidad. Pero hemos resuelto situaciones duras y siempre lo hemos hecho frenando en seco a la impunidad.

Siempre en estos casos decimos “tenemos que esperar a la Justicia”, “tiene que hablar la Justicia”. Hoy no. Hoy tenemos que hablar todos, unidos, como Nación y como ciudadanos de bien: no vamos a parar un segundo en la búsqueda de la verdad y no vamos a tolerar un solo gesto de impunidad.

Luego, hace poco más de un mes, con el llamado a indagatoria insistimos en el pedido con un argumento más, la causa avanzaba, el vicepresidente lucía comprometido y el Gobierno hacía oídos sordos.

Hoy, no hay tiempo para dilaciones. No lo necesita el vicepresidente, lo necesita el país: Boudou debe tomar licencia y lo debe hacer de manera urgente para priorizar la salud de las instituciones de la República.

Hay una investigación firme, que tuvo un llamado a indagatoria y ahora un procesamiento. Hay hechos incomprensibles desde la ética pública y un cúmulo de situaciones confusas y poco transparentes. Que Boudou tome licencia le hará bien al país, a la Justicia en particular e incluso a su propio Gobierno. 

Vivimos en un país con estado de derecho y en nuestra sociedad rige la presunción de inocencia, para el más rico y para el más pobre, para el más poderoso y para más ignoto de los ciudadanos. Eso es igualdad ante la ley y Boudou debe ser ante la Justicia un ciudadano más. 

El vicepresidente tendrá las mismas garantías que cualquier ciudadano, pero también debe someterse a la justicia salvaguardando la integridad del Estado y permitiendo que las instituciones sigan su normal desenvolvimiento más allá de la causa judicial que lo involucra personalmente.

Siempre he evitado pedir renuncias públicas, soy respetuoso de la voluntad popular, pero también creo que debemos priorizar a una sociedad de 42 millones de personas que no merecen estar pendientes del destino de una persona; ante esta situación la licencia es el mejor camino.

En estos momentos el país se halla en situaciones importantes en dos frentes. Por un lado, ante el mundo, con la resolución de la deuda con acreedores que no ingresaron al canje. Por otro, para con nuestra propia sociedad. Los argentinos tenemos claro que un futuro de progreso requiere transparencia pública, funcionarios creíbles y un Estado que cree confianza.

Este caso no es un caso más, no es una investigación más que afecta al poder. Es la oportunidad para demostrar que en Argentina hay una reserva moral y ética, hay límites y hay valores vigentes. Debemos mostrarle al mundo, pero principalmente a nosotros mismos, que cuidamos a la República por sobre las individualidades, que protegemos al país por sobre los gobiernos y que priorizamos la reputación de Argentina por sobre la de un funcionario.

Argentina tiene enormes desafíos por delante, hay materias pendientes, una educación deteriorada, una economía golpeada y una sociedad defraudada, no podemos permitir que esta situación desacredite aún más a la República, y nos quite de la vista lo único que debe ocuparnos, el progreso del país.

Por eso, poniendo al país por delante de las personas y a la transparencia pública por encima de cualquier sospecha, el vicepresidente debe pedir licencia y dejar que la Justicia, sin presiones, cuestionamientos innecesarios y condicionamientos ilegítimos, haga lo que todos deseamos, Justicia.