Luego, hace poco más de un mes, con el llamado a indagatoria insistimos en el pedido con un argumento más, la causa avanzaba, el vicepresidente lucía comprometido y el Gobierno hacía oídos sordos.

Hoy, no hay tiempo para dilaciones. No lo necesita el vicepresidente, lo necesita el país: Boudou debe tomar licencia y lo debe hacer de manera urgente para priorizar la salud de las instituciones de la República.

Hay una investigación firme, que tuvo un llamado a indagatoria y ahora un procesamiento. Hay hechos incomprensibles desde la ética pública y un cúmulo de situaciones confusas y poco transparentes. Que Boudou tome licencia le hará bien al país, a la Justicia en particular e incluso a su propio Gobierno. 

Vivimos en un país con estado de derecho y en nuestra sociedad rige la presunción de inocencia, para el más rico y para el más pobre, para el más poderoso y para más ignoto de los ciudadanos. Eso es igualdad ante la ley y Boudou debe ser ante la Justicia un ciudadano más. 

El vicepresidente tendrá las mismas garantías que cualquier ciudadano, pero también debe someterse a la justicia salvaguardando la integridad del Estado y permitiendo que las instituciones sigan su normal desenvolvimiento más allá de la causa judicial que lo involucra personalmente.

Siempre he evitado pedir renuncias públicas, soy respetuoso de la voluntad popular, pero también creo que debemos priorizar a una sociedad de 42 millones de personas que no merecen estar pendientes del destino de una persona; ante esta situación la licencia es el mejor camino.

En estos momentos el país se halla en situaciones importantes en dos frentes. Por un lado, ante el mundo, con la resolución de la deuda con acreedores que no ingresaron al canje. Por otro, para con nuestra propia sociedad. Los argentinos tenemos claro que un futuro de progreso requiere transparencia pública, funcionarios creíbles y un Estado que cree confianza.

Este caso no es un caso más, no es una investigación más que afecta al poder. Es la oportunidad para demostrar que en Argentina hay una reserva moral y ética, hay límites y hay valores vigentes. Debemos mostrarle al mundo, pero principalmente a nosotros mismos, que cuidamos a la República por sobre las individualidades, que protegemos al país por sobre los gobiernos y que priorizamos la reputación de Argentina por sobre la de un funcionario.

Argentina tiene enormes desafíos por delante, hay materias pendientes, una educación deteriorada, una economía golpeada y una sociedad defraudada, no podemos permitir que esta situación desacredite aún más a la República, y nos quite de la vista lo único que debe ocuparnos, el progreso del país.

Por eso, poniendo al país por delante de las personas y a la transparencia pública por encima de cualquier sospecha, el vicepresidente debe pedir licencia y dejar que la Justicia, sin presiones, cuestionamientos innecesarios y condicionamientos ilegítimos, haga lo que todos deseamos, Justicia.

Esta saga puede ser perfectamente el hilo de una historia que se desarrolla en un absolutismo monárquico, pero no, pasa en la Argentina del siglo XXI.

La causa contra Campagnoli pone a nuestra sociedad de espaldas a uno de sus pilares fundamentales: la organización republicana del Estado. Republicana porque ningún líder o grupo ostenta la totalidad del poder público; por el contrario, hay tres poderes con responsabilidades y facultades diferenciadas que se sopesan entre sí.

Algo está fallando. Un poder presiona a otro, aborta una investigación y manda un mensaje elocuente: conmigo no.

El futuro de Campagnoli es algo más que el futuro de una persona. En su causa se juega algo más que el futuro de un individuo. Se pone sobre la mesa la independencia de poderes para luchar contra la corrupción.

Acá no se trata de un fiscal. Se trata de la Constitución, la República, la igualdad ante la ley y la posibilidad real de que haya Justicia.

La cuestión es el mensaje: si a Campagnoli lo corren por investigar, ¿quién se va a animar a hacerlo ahora? Es una actitud que busca sembrar miedo  y crear zozobra entre quienes tienen que aplicar la ley.

Los días que estamos viviendo son fundamentales para entender dónde estamos parados como país. Una investigación firme avanza cuestionando el accionar del vicepresidente, un fallo de la Corte ordena a la ANSES a pagar fallos judiciales a favor de jubilados que sufren día a día las dilaciones y el desentendimiento de los funcionarios y un fiscal es acusado por hacer su trabajo sin reparar en los vínculos de los investigados con el poder.

Tenemos muchos desafíos como sociedad, un sistema educativo declinante, una economía deprimida y una violencia creciente en hechos de inseguridad. Ninguno de estos temas prioritarios para la Nación podrán ser afrontados sin una República fuerte e incuestionable.