Esto es lo que plantea Eduardo Jorge: “La expansión de dichas ramas industriales quedaba basada, al igual que la de la producción primaria, en la demanda externa”, o sea, nuestras formas tradicionales de comercio exterior. Por ello es importante diferenciar dentro de la industria manufacturera el rol de cada sector y su aporte al sector económico en términos de divisas, trabajo y capital. Porque muchas de estas grandes industrias vinculadas al sector externo condicionan el desarrollo en la periferia; una frase de este sector mercado externista fue, en los treinta, “Comprar a quien nos compre”. Así se gestó una alianza entre sectores agrarios e industriales, bajo la hegemonía política de los primeros, diría Eduardo Jorge. Que luego, acumulando capital, lograron una diversificación en sus activos y sus negocios, y constituirían nuevas alianzas, influenciados por el contexto internacional. Hubo algunas experiencias en regulación del comercio exterior como el IAPI, la Junta de Granos y Carnes, así como momentos en que la regulación para una mayor distribución desató conflictos que invitaban al debate de proyectos de nación, como fue la resolución 125 (2008).

Dentro de las disputas agrarias como criadores e invernadores también existieron los enfrentamientos entre los industriales “naturales” y “artificiales”, como los denominara Jorge. Los artificiales se constituirían en la CGE y disputarían contra la alianza UIA-Agrarios (SRA, CRA, Coniagro). En la actualidad, dicho enfrentamiento se resolvió con la imposición de un proyecto de nación basado en el endeudamiento, la privatización, los bajos salarios y el alto desempleo en dos momentos: de dictadura cívico militar 1976-1983 y profundizado bajo la convertibilidad de 1991-2001.

Siguiendo con la industria de alimentos, en el plano internacional, para el caso de la ganadería los insumos están concentrados en diez corporaciones que controlan el 16 % del mercado, con Cargill como una de las principales corporaciones. En el caso de los granos Monsanto, Dupont y Syngenta dominan el 53 % del mercado mundial; y en el caso de pesticidas seis empresas dominan el 76 % del mercado, donde las tres empresas antes nombradas dominan el 37 %. En el caso de las industrias de alimentos, solo diez empresas procesan uno de cada tres productos que se consumen en el mundo, algunas de ellas son Nestlé, Pepsico, Kraft, Coca-Cola, Unilever y Cargill.

En el caso argentino, podemos notar la existencia de la concentración y de la importancia del sector alimentos y bebidas. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre grandes empresas, de las 500 empresas el 57 % está concentrado en industria manufacturera, donde el principal sector intra-industria es alimentos y bebidas, con un peso del 19 % para el año 2013 y con un aporte para el mismo año al total de la facturación del 23 %. Otro documento nos permite complementar el análisis, el informe de dinámica empresarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que indica que las grandes empresas en el sector alimentos entre 1996 y 2002 pasaron de un 2,9 % a un 3,1% en el total de empresas del sector. Entre 2002 y 2008 se pasó del 3,1 % al 3 %, para finalizar en el año 2013 con una concentración de 2,9 %. Además, este sector concentró entre 1996 y 2013 el 30 % de los créditos al sector privado.

Entre las principales empresas de alimentos encontramos a Molinos Río de la Plata, Arcor y Ledesma, que manejan distintos segmentos de ventas de aceites, flanes, gelatinas, jugos, bizcochuelos, conserva de vegetales y de frutas, polentas, mermeladas, postres, dulces, tomates y salsas, galletitas, alfajores, barra de cereales, azúcar y papel. Será por este lado la respuesta para monitorear los precios.

Tras el discurso de la Presidenta de esta semana, apareció nuevamente la preocupación respecto del acopio de parte de la cosecha de soja realizada por los grandes productores. Esta nueva escalada especulativa en particular se genera en un contexto de fuerte baja en los precios internacionales del cultivo. Por ello, las razones de la reticencia a la venta solo podrían explicarse por la estrategia de hacer caer la oferta de dólares, generar un salto devaluatorio y obtener una renta extraordinaria que compensen la caída de precios.

Según puede estimarse por datos oficiales de exportaciones en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES de exportación, todavía restaría por comercializar entre un 42% y un 52%, lo que representa entre u$s 7.000 y u$s 11.000 millones, de la cosecha 2013/14.

Las consecuencias del acopio no solamente afectan al mercado cambiario, sino también el resultado fiscal. Porque al evitar comercializar la cosecha y con ello liquidar las divisas de magnitud entre u$s 7.000 a u$s 11.000 millones se habrían podido cancelar las obligaciones (capital más intereses) de 2014 y 2015 que serán de u$s 7.091 y u$s 12.430 millones[1], respectivamente. Lo que evidencia que la voluntad individual de un sector económico está poniendo en peligro a la voluntad general.

El último informe (oct14) de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura muestra que la producción de soja para la campaña 2013/14 ha sido record. Con un crecimiento del 9,5% con respecto a la campaña anterior. En términos de toneladas es una campaña muy superior a las últimas dos, alcanzando los 53 millones, cuando en la campaña 2011/12 fue de 40 millones. La industrialización creció de 33 a 43 millones de toneladas. La exportación pasó de 6 a 10 millones de toneladas.

En relación a ello según datos del Fondo Federal Solidario (fondo donde se coparticipan las retenciones a la soja) para septiembre de 2014 la recaudación fue un 1,4% menor que el mismo periodo de 2013. Lo que significó que el acumulado para los primeros 9 meses de 2014 fue de u$s1524 millones mientras que para el mismo periodo de 2013 fue de u$s 1.546 millones (Gráfico 1).

No obstante durante el 2013 el promedio del tipo de cambio fue de 5,43 pesos por dólar mientras que para los primeros 9 meses de 2014, promedio, el tipo de cambio alcanzó 7,99 pesos por dólar. Con una moneda 45% depreciada en comparación al año anterior, la decisión fue acopiar en momentos de caída de precios internacionales. En este sentido, la pérdida por no vender en el momento adecuado rondaría los u$s 2.000 millones y no solo afectaría a los productores sino también al Estado (principalmente las provincias) en concepto de derechos de exportación. Solo si comparamos septiembre de 2014 contra 2013 nos da que cayo la liquidación de divisas en u$s 589 millones (Gráfico 2).

Por ello, resulta interesante preguntarse por las herramientas que tiene el Estado para poder coordinar las presiones cruzadas que se reciben desde el sector e intervenir, a favor del equilibrio macroeconómico por un lado, y en beneficio de los pequeños productores que no tienen espalda financiera para realizar estas maniobras, por el otro. La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo. Una alternativa podría ser una empresa estatal de comercio de granos, dependiente del Poder Ejecutivo o un área dentro de otra empresa de capitales públicos, que tenga como objetivo proteger el ingreso de los productores y resguardar la soberanía alimentaria nacional.