En el prefacio del informe se explica: “La contribución de una inflación baja y estable a estos objetivos nunca se hace tan evidente como cuando no existe: la huida de la moneda local puede desestabilizar al sistema financiero y desembocar en crisis, la destrucción del sistema de precios complica la productividad y la generación de empleo genuino, el impuesto inflacionario golpea a las familias más vulnerables y propicia redistribuciones de riqueza en favor de las más pudientes. Una inflación baja y estable previene todo esto”. Para lograr que esta inflación baje y se mantenga estable, y evitar así una mayor redistribución de la riqueza en favor de las familias más pudientes, el BCRA comenzará a utilizar un régimen de metas de inflación.

El año 2016 será un período de transición hacia el comienzo de las metas de inflación, durante 2017 (ver imagen). El BCRA va tratar,  el resto del 2016, de que la inflación se sitúe debajo del 25% (i.a.) en diciembre. La evaluación y las perspectivas que realizó la autoridad monetaria explican que el aumento de la inflación respondió a una “fuerte corrección de precios relativos operada como consecuencia de la expectativa y posterior materialización del incremento en el tipo de cambio oficial y las alzas en las tarifas de varios servicios públicos que se encontraban muy rezagadas, especialmente en el área metropolitana”.

En síntesis, la devaluación generó el aumento de precios y fue acompañada de una mayor presión, al alza, por el aumento de la tarifa en los servicios públicos. Para contener esta dinámica de cambio en los precios relativos, el BCRA decidió optar por una “política monetaria de sesgo contractivo”. El informe continúa afirmando que esta política logró contener la inflación en el primer trimestre. ¿Fue así?

Por otro lado, en el primer trimestre no hay signos de recuperación del nivel de actividad. El consumo sigue sin dar muestras de recuperación, a contramano de lo que evidencia el comercio exterior. Como la sociedad civil sigue escuchando desde el Gobierno nacional, el informe también, que la recuperación comenzará en el segundo semestre, esta recuperación será posible por basarse: “en la eliminación de distorsiones que pesaban sobre diferentes actividades, la recuperación del acceso a los mercados internacionales de crédito voluntario a partir del acuerdo alcanzado con los tenedores de deuda pública en litigio y el ordenamiento macroeconómico en curso”.

No obstante, los datos que provee el informe no son muy alentadores: las ventas en supermercados y en centros de compras, medidas en términos reales (utilizando el Índice de Precios al Consumidor Buenos Aires y el Índice de Precios al Consumidor San Luis), cayeron un 4,8% sin estacionalidad (s.e.) y 6,4% s.e., respectivamente, en relación con el trimestre anterior.

Otro indicador de la situación es la recaudación tributaria ligada al consumo (IVA-IVA bruto), que se redujo 2,2% (s.e.). Esta caída del consumo privado se explica por el aumento de la inflación. Siguiendo en esta línea, el consumo público, por cambio de gobierno y retraso en la ejecución de las partidas, acompañó al gasto primario del sector público nacional no financiero, que disminuyó en términos reales un 5% i.a.

Por lo tanto, los datos y las perspectivas que emanan del informe de política monetaria muestran un panorama complejo para el resto del 2016. El informe de precios de la ciudad de Buenos Aires arrojó un cambio en los precios relativos en el mes de abril del 6,5% y una inflación interanual del 40%, lo que supera los picos de 2014 y 2015 (ver imagen). La devaluación de enero de 2014 se realizó y alcanzó el 20%, sin mover las tarifas; eso permitió amortiguar el impacto que tuvo dicha política y que fue acompañada de una expansión del gasto primario. En este caso, la devaluación del actual Gobierno alcanzó el 40%, devaluación que, confirma el informe, impactó en los niveles de precios y fue acompañada por una suba en las tarifas y una contracción del gasto primario.

En abril de 2014 la inflación (i.a.) alcanzó un pico del 38% —medida por el IPCBA—, pero en abril de 2015 estuvo en 27% y para el mes de noviembre fue del 24 por ciento. Los números de los precios relativos hasta ahora, entre diciembre de 2015 y abril de 2016, muestran un acumulado del 21,8% y, si sacamos el mes de diciembre de 2015, el primer cuatrimestre de 2016 acumula una variación de precios del 17,9%, según el IPCBA. Si proyectamos este acumulado del primer cuatrimestre, el nivel de precios podría superar el 50% (ver imagen).

El BCRA deberá pensar en algo más que una política monetaria contractiva para contener la variación de los precios relativos y la inflación.

Justamente la regulación del dólar dio inicio a la desaceleración económica que coincidió con la profundización de la crisis internacional. La baja de las tasas de interés a nivel internacional, la contracción del comercio y la falta de recuperación de las principales economías puso sobre el escenario el rol de China para traccionar al resto de las economías.

En este contexto, la economía nacional comenzó 2014 con una devaluación del 24% -pasó de $6,5 a $8,1 por dólar- , la cual se estabilizó con un tipo de cambio que está cerrando este año alrededor de 8,5 mientras que el dólar “ilegal” se desplomó .

Pero volviendo a principios de mes, cuando las industrias comenzaban a especular con la posibilidad de una devaluación brusca que nos llevaría al punto de quiebre del gobierno, también se sumó la especulación de las transnacionales. Los distintos acuerdos económicos con los sectores permitieron calmar las aguas internamente luego de una disputa fuerte en tiempos de paritarias. Los niveles de precios marcaban ahora un piso de 29% (variación de precios interanual). Este piso que medido por otras consultaron arrojaba un 40%, pero hay que ser prudentes, ninguno de los detractores del IPC-Oposición va ajustar su actualización de salarios por ese índice, caso el Jefe de la Municipalidad de Buenos Aires y los trabajadores estatales. Aunque no nos olvidemos que el gabinete de la CABA actualizó su salario en un 40% en 2013[1] contra 2012.

En la mitad del año, cuando se estuvo por lograr cerrar el frente externo (Club de Paris, REPSOL), ante una falta de divisas que fue la causante de la devaluación de enero, situación que posibilitaría acceder o no a los mercados externos se profundiza la crisis con los fondos buitres. No es que el gobierno precisara cerrar el frente externo para acceder a los mercados externos; eso fue una zoncera, primero porque la Argentina estaba en default desde que decreto la cesación de pagos el ex presidente puntano en 2002. Segundo, entre 2003 y 2013 la Argentina estuvo en el 4to lugar de receptora de IED, o sea, la clave del crecimiento, inclusión social y empleo estuvo en la planificación del Estado y no tanto en la llegada de IED, aunque llegaron inversiones y fueron en su mayoría sectores manufactureros, construcción y servicios. Entonces, la necesidad de cerrar el frente externo se hizo para lograr que las transnacionales pudieran continuar acompañando las inversiones que vino haciendo el Estado.

Los fondos buitres pusieron de nuevo en conflicto a sector políticos internos que se alinearon bajo la consigna “pagarles” y los que querían respetar lo acordado con el 92,4% de los acreedores que habían ingresado al canje 2005 y 2010. Mientras la situación de la economía real argentina no despegaba de su desaceleración producto de la regulación de los dólares, se suma la estrategia de la industria automotriz que en el año 2013 vendieron 5 autos por minuto y no pudieron preveer situaciones de retroceso en la economía y por eso en el primer semestre, ante un impuesto a los autos de alta gama, decidieron aumentar los precios de autos de consumo masivo y expulsar-suspender trabajadores.

El frente externo, para el segundo semestre, siguió protagonizado por los fondos buitres y su necesidad de imponer a la Argentina un pago por u$s 1600 millones que llevaría a la inevitable deuda jurídica de u$s 500.000 millones si no se respetaba los acuerdo con el 92,4%. Esta “inestabilidad financiera” producto de las desregulaciones financieras en el corazón de la economía norteamericana fue discutida hasta en la ONU ante la imposibilidad de que los Estados puedan no reestructura sus deudas soberanas. El resultado fue que el Consejo de la ONU propuso buscar los mecanismos para regular este tipo de actividad que atentan contra los Estados y sus ciudadanos. Sin embargo, la situación no queda ahí, la llegada del ex secretario de comercio para América Latina Gutiérrez (sep-14) que le propuso al gobierno acordar con los fondos buitres, de lo contrario habría 5 momentos de desestabilización[2] y uno tiene que ver con acelerar la cotización del dólar “ilegal” (ver imagen). Primero, la devaluación del 24% y la posterior liquidación de activos en dólares de los bancos los hizo ganar millones de pesos en un día al sector financiero acosta de bajar las presiones cambiarias en aquel momento pero aún así la problemática estuvo en la mediatización del dólar ilegal. Con la nueva conducción del central en octubre del corriente se logro apaciguar y calmar las operaciones en el mercado ilegal de divisas. El cierre del año, aunque el conflicto de los buitres sigue, muestra que la economía argentina lograría estabilizar las presiones cambiarias debido a los aportes de los swaps de China por u$s 2.314 millones, las exportadoras cerealeras aportarán unos 4.000 millones más si adelantan exportaciones por el “dollar linked” en unos u$s 1.700 millones, y por último el reciente aporte de las telefónicas por u$s 765 millones por inversiones en 3G y 4G.

En síntesis, lo que está latente y en una disputa en la estructura productiva argentina y condiciona parte de su desarrollo es el control por la divisa. Algunos sectores lo utilizan para ahorro, por AFIP salieron unos u$s 2.869 millones, las transnacionales y grandes contribuyentes para girarlos al exterior en sus diversas formas (elusión y evasión) y el gobierno que precisa la divisa para continuar el procesos de desarrollo que viene sosteniendo en un mundo en crisis. Lo pendiente para el 2015 es el agujero de los dólares que salieron por AFIP, lo que marca la necesidad de pesificar la economía y la recuperación de los sectores económicos que dinamizan el empleo y reflexionar sobre la “estabilidad financiera” que aportó China en un contexto de acuerdos de libre comercio con EEUU que está negociando en el Pacifico. En qué nos puede afectar.

Tras el discurso de la Presidenta de esta semana, apareció nuevamente la preocupación respecto del acopio de parte de la cosecha de soja realizada por los grandes productores. Esta nueva escalada especulativa en particular se genera en un contexto de fuerte baja en los precios internacionales del cultivo. Por ello, las razones de la reticencia a la venta solo podrían explicarse por la estrategia de hacer caer la oferta de dólares, generar un salto devaluatorio y obtener una renta extraordinaria que compensen la caída de precios.

Según puede estimarse por datos oficiales de exportaciones en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES de exportación, todavía restaría por comercializar entre un 42% y un 52%, lo que representa entre u$s 7.000 y u$s 11.000 millones, de la cosecha 2013/14.

Las consecuencias del acopio no solamente afectan al mercado cambiario, sino también el resultado fiscal. Porque al evitar comercializar la cosecha y con ello liquidar las divisas de magnitud entre u$s 7.000 a u$s 11.000 millones se habrían podido cancelar las obligaciones (capital más intereses) de 2014 y 2015 que serán de u$s 7.091 y u$s 12.430 millones[1], respectivamente. Lo que evidencia que la voluntad individual de un sector económico está poniendo en peligro a la voluntad general.

El último informe (oct14) de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura muestra que la producción de soja para la campaña 2013/14 ha sido record. Con un crecimiento del 9,5% con respecto a la campaña anterior. En términos de toneladas es una campaña muy superior a las últimas dos, alcanzando los 53 millones, cuando en la campaña 2011/12 fue de 40 millones. La industrialización creció de 33 a 43 millones de toneladas. La exportación pasó de 6 a 10 millones de toneladas.

En relación a ello según datos del Fondo Federal Solidario (fondo donde se coparticipan las retenciones a la soja) para septiembre de 2014 la recaudación fue un 1,4% menor que el mismo periodo de 2013. Lo que significó que el acumulado para los primeros 9 meses de 2014 fue de u$s1524 millones mientras que para el mismo periodo de 2013 fue de u$s 1.546 millones (Gráfico 1).

No obstante durante el 2013 el promedio del tipo de cambio fue de 5,43 pesos por dólar mientras que para los primeros 9 meses de 2014, promedio, el tipo de cambio alcanzó 7,99 pesos por dólar. Con una moneda 45% depreciada en comparación al año anterior, la decisión fue acopiar en momentos de caída de precios internacionales. En este sentido, la pérdida por no vender en el momento adecuado rondaría los u$s 2.000 millones y no solo afectaría a los productores sino también al Estado (principalmente las provincias) en concepto de derechos de exportación. Solo si comparamos septiembre de 2014 contra 2013 nos da que cayo la liquidación de divisas en u$s 589 millones (Gráfico 2).

Por ello, resulta interesante preguntarse por las herramientas que tiene el Estado para poder coordinar las presiones cruzadas que se reciben desde el sector e intervenir, a favor del equilibrio macroeconómico por un lado, y en beneficio de los pequeños productores que no tienen espalda financiera para realizar estas maniobras, por el otro. La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo. Una alternativa podría ser una empresa estatal de comercio de granos, dependiente del Poder Ejecutivo o un área dentro de otra empresa de capitales públicos, que tenga como objetivo proteger el ingreso de los productores y resguardar la soberanía alimentaria nacional.