Esto es lo que plantea Eduardo Jorge: “La expansión de dichas ramas industriales quedaba basada, al igual que la de la producción primaria, en la demanda externa”, o sea, nuestras formas tradicionales de comercio exterior. Por ello es importante diferenciar dentro de la industria manufacturera el rol de cada sector y su aporte al sector económico en términos de divisas, trabajo y capital. Porque muchas de estas grandes industrias vinculadas al sector externo condicionan el desarrollo en la periferia; una frase de este sector mercado externista fue, en los treinta, “Comprar a quien nos compre”. Así se gestó una alianza entre sectores agrarios e industriales, bajo la hegemonía política de los primeros, diría Eduardo Jorge. Que luego, acumulando capital, lograron una diversificación en sus activos y sus negocios, y constituirían nuevas alianzas, influenciados por el contexto internacional. Hubo algunas experiencias en regulación del comercio exterior como el IAPI, la Junta de Granos y Carnes, así como momentos en que la regulación para una mayor distribución desató conflictos que invitaban al debate de proyectos de nación, como fue la resolución 125 (2008).

Dentro de las disputas agrarias como criadores e invernadores también existieron los enfrentamientos entre los industriales “naturales” y “artificiales”, como los denominara Jorge. Los artificiales se constituirían en la CGE y disputarían contra la alianza UIA-Agrarios (SRA, CRA, Coniagro). En la actualidad, dicho enfrentamiento se resolvió con la imposición de un proyecto de nación basado en el endeudamiento, la privatización, los bajos salarios y el alto desempleo en dos momentos: de dictadura cívico militar 1976-1983 y profundizado bajo la convertibilidad de 1991-2001.

Siguiendo con la industria de alimentos, en el plano internacional, para el caso de la ganadería los insumos están concentrados en diez corporaciones que controlan el 16 % del mercado, con Cargill como una de las principales corporaciones. En el caso de los granos Monsanto, Dupont y Syngenta dominan el 53 % del mercado mundial; y en el caso de pesticidas seis empresas dominan el 76 % del mercado, donde las tres empresas antes nombradas dominan el 37 %. En el caso de las industrias de alimentos, solo diez empresas procesan uno de cada tres productos que se consumen en el mundo, algunas de ellas son Nestlé, Pepsico, Kraft, Coca-Cola, Unilever y Cargill.

En el caso argentino, podemos notar la existencia de la concentración y de la importancia del sector alimentos y bebidas. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre grandes empresas, de las 500 empresas el 57 % está concentrado en industria manufacturera, donde el principal sector intra-industria es alimentos y bebidas, con un peso del 19 % para el año 2013 y con un aporte para el mismo año al total de la facturación del 23 %. Otro documento nos permite complementar el análisis, el informe de dinámica empresarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que indica que las grandes empresas en el sector alimentos entre 1996 y 2002 pasaron de un 2,9 % a un 3,1% en el total de empresas del sector. Entre 2002 y 2008 se pasó del 3,1 % al 3 %, para finalizar en el año 2013 con una concentración de 2,9 %. Además, este sector concentró entre 1996 y 2013 el 30 % de los créditos al sector privado.

Entre las principales empresas de alimentos encontramos a Molinos Río de la Plata, Arcor y Ledesma, que manejan distintos segmentos de ventas de aceites, flanes, gelatinas, jugos, bizcochuelos, conserva de vegetales y de frutas, polentas, mermeladas, postres, dulces, tomates y salsas, galletitas, alfajores, barra de cereales, azúcar y papel. Será por este lado la respuesta para monitorear los precios.

Las especulaciones de ciertos productores, fábricas de aceites y exportadoras de cereales y oleaginosas pone sobre la mesa la necesidad de continuar debatiendo estos temas. A ello se suma este comunicado del Banco Nación que indica que podría haber estado ocurriendo una cierta especulación de productores que utilizaron los créditos de granos para acopio de maíz y trigo para combinarlo con silobolsas (para el acopio) de granos de soja.

En la mesa coordinada por Agustina Gallardo (CCC), “La comercialización de granos en Argentina”, Carlos León (Cátedra Giberti, IADE), Juan Ferrero (Secretario de Producción, Rufino, Santa Fe), Pedro Peretti (FAA/Grito de Alcorta) y quien escribe esta síntesis el debate fue en torno a la estructura productiva. Si la medimos según los datos de Estructura Sectorial Cambiaria muestra que la Industria Manufacturera generó un déficit de u$s 30.127 millones mientras que el sector agropecuario tuvo un superávit de u$s 214.147 millones entre 2003-2013. El sector Cerealero y Oleaginoso es responsable en un 90% (Informe Comercio Exterior y EPD, CCC).

Lo que evidencia que la idea de estructura productiva desequilibrada sigue vigente. Por otro lado, y ante estos obstáculos del comercio exterior se propuso crear una “Agencia de Granos Pública” bajo “control social” de consumidores, pequeños y medianos productores, cooperativas y otras instituciones vinculadas al sector. No obstante, si este fuese el fin, se quedaría corto, también se presento la necesidad de regular las semillas (no ceder ante la presión de las multinacionales como Monsanto) y el transporte carga, en ello también es relevante, la reactivación de la industria naval, como se viene haciendo con los ferrocarriles; Arturo Jauretche decía que en comercio exterior vender a precio FOB es de una estructura productiva colonial, y en cambio vender a CIF significaba tener una industria naval que transporte las mercancías en ultramar. Esto significa no sólo regular el comercio exterior sino regular y recuperar el Río Paraná, nuestra segunda Vuelta de Obligado ya que las empresas trasnacionales exportadoras de cereales y oleaginosas (Bunge, Cargill, Dreyfus, Nidera) dominan los puertos y terminales en Rosario, San Lorenzo, San Martin, Quequen y Bahia Blanca.

Entre las propuestas se planteo, además del impuesto inmobiliario rural, avanzar en un impuesto al latifundio, por ejemplo, en Santa Fe hay propietarios con 126.000 hectáreas o en Entre Ríos donde Pedro Pou (Universidad de Chicago / CEMA / Presidente el BCRA 1996-2001) tiene unas 50.000 hectáreas.

El expositor de Rufino ante la problemática de sojización que “genera desigualdad”, describió una herramienta denominada “valor en origen” junto a la idea de que los intendentes son los que  representan la “cercanía de la política”: si 10.000 toneladas (básica siembra) se genera 15 puestos de trabajo y la industrialización (galletitas o pastas) genera el doble de puestos de trabajo. El Molino que permite esta industrialización está en manos de una cooperativa ya que había quebrado luego del periodo 1991-2001.

Este ejemplo vino en sintonía de tener chacras mixtas pero junto a la necesidad de un “Instituto de Colonización” que permita distribuir la tierra para la producción agroalimentaria de consumo interno. Para lograr esto último también es necesario tener una política agraria diferenciada según el sujeto agrario. Si se pudo nacionalizar las AFJP, ¿por qué no se podrían recuperar estas instituciones que permitan bajar los niveles de especulación que realizan los grandes productores, acopiadores, fabricas aceiteras y empresas exportadoras de cereales y oleaginosas?

En este último concepto está la clave de la crisis actual, la ganancia. Luego de la crisis del 29′ comenzó un periodo de regulación desde, el centro económico y financiero, Estados Unidos y Europa. Esto supuso distintos instrumentos de política económica que se adoptaron para evitar las consecuencias de la desregulación financiera previa a 1929. Pero la regulación por política económica incentivó el desarrollo y la acumulación de capital, lo cual permitió un desarrollo del capital fijo, o de las máquinas que fabrican otras máquinas, a su vez posibilitó que las nuevas inversiones de las ganancias obtenidas, luego de un año contable, no fueran solo a asientos de contingencias o previsiones; la misma regulación de la economía generó la acumulación de capital que mejoró los procesos productivos y se pudo fabricar nuevos productos con más tecnología y menos mano de obra, o solamente mano de obra para la supervisión de las máquinas, lo que fue creando espacios de exclusión; en cambio, durante el periodo 1933 y 1973 hubo avances para el desarrollo económico y social, en la esfera principal,  la de producción.

Las ganancias de la esfera de circulación tuvieron como correlato salarios acordes. Esto posibilitó la acumulación de capital, pero hacia los años 70′ comenzó a tomar mayor relevancia otro fenómeno: la transición de un capitalismo industrial a uno financiero, este último sostenido en el primero. Esto tuvo como necesidad la liberalización de la mayor cantidad de economías caracterizadas por la regulación estatal durante el periodo de oro del capitalismo. Especialmente en América Latina donde la regulación económica había generado empresas estatales o mixtas que a su vez eran competidoras de las empresas de las economías centrales. Por ello fueron necesarias dictaduras cívico-militares y desapariciones, en el caso de Latinoamérica, para implementar el sueño de “libre comercio” que proponían desde los centros económicos como EEUU y Europa.

Entre los años 70′y 80′ se montó una nueva ingeniería financiera que permitió evitar las crisis de la deuda en América Latina en los ochenta, el plan Volcker y el Brady lograron convertir los préstamos bancarios en títulos que comenzaron a pasar de mano en mano, esto fue posible por la necesidad de los EEUU de salvar,  una vez más, al sistema financiero. Es el principio de compra de títulos baratos y demandas por sumas irrisorias. El capitalismo posterior a los ochenta tienen las siguientes características: fondos de especulación y trasnacionales con un poder económico que a veces es superior al de un Estado Nación.

En el caso argentino, la dictadura cívico-militar en 1982 modifica y cede el espacio para resolver los diferendos entre Estados o privados, o sea nos pueden enjuiciar en un tribunal extranjero. De allí en adelante surge, acorde a las trasnacionales, el CIADI (Banco Mundial) y los tribunales de NY donde los “fondos buitres” tuvieron el apoyo de la corte suprema de EEUU en el fallo contra la Argentina, que la obliga a pagar unos u$s 1500 millones. Esta nueva ingeniería financiera internacional y nacional tiene como pecado original las modificaciones, en el caso argentino del periodo 1976-2001.

Lo que buscan imponer desde este fondos buitres y empresas trasnacional es que se les  aseguren  la igualdad de tratamiento de las empresas extranjeras y nacionales; seguridad de la inversión; y libertad, para la empresa, de transferir su capital. Esto fue otorgado durante el periodo de 1976 a 2001.

Estamos ante el poder financiero que acumularon los sectores de la economía real basados en la especulación desde mediados de los años setenta. Este poder económico ha posibilitado que la regulación de 1933 conocida como acta de bancos que separaba los fondos de inversión y ahorro en los bancos para 1999 durante el gobierno de Clinton fuera derogada y posibilitara la fusión del conocido City Group. Este poder financiero en el que 15 empresas trasnacionales concentran el 50% de la producción a nivel mundial ha generado estos distintos mecanismos que permiten a una empresas o fondo de inversión litigar contra un Estado Nación y ganarle o llevarlo a la bancarrota sin medir las consecuencias. Con la complicidad de las 10 economías que concentran el 50% de la riqueza del mundo.

Del poder y concentración económica tenemos algunos casos: en 2004, el grupo estadounidense CARGILL, por ejemplo, hizo pagar 90,7 millones de dólares a México, que fue declarado culpable por la creación de un nuevo impuesto sobre las gaseosas. En 2010, la Tampa Electric Company gano 25 millones  de dólares a Guatemala, cuando la emprendió contra una ley que establece un techo para las tarifas eléctricas. En 2009, el grupo público sueco Vattenfall denuncia a Berlín, reclamándole 1.400 millones de euros, con motivo de que las nuevas exigencias ambientales de las autoridades de Hamburgo vuelven “antieconómico” (sic) su proyecto de central de carbón (Le Monde Diplomatique jun-14).

No es sólo el fallo de la Corte Suprema o el fondo de inversión de Singer; es la nueva ingeniería financiera que busca reducir los tiempos de las ganancias a través de la especulación financiera a cualquier precio, aunque eso signifique dejar un Estado en la ruina, la pobreza y la exclusión social. Cuando la Argentina ha impulsado un modelo de desarrollo nacional (ver imagen) que hace ruido en el capitalismo actual.