La economía argentina mantuvo una presencia activa en los mercados financieros internacionales en parte gracias a la re-estructuración de la deuda adquirida a fines de los ’70 y comienzos de los ’80 con el Plan Brady. Esta participación, sin embargo, fue interrumpida en forma abrupta con el default en 2001 y el posterior abandono del Plan de Convertibilidad.

Desde ese momento, el país entró en un período en el que dejó de acceder a la posibilidad de financiamiento externo. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, con la reestructuración de parte de la deuda en default y los precios internacionales de los commodities favorables a las exportaciones argentinas, esta situación no significó un problema. Por el contrario, las arcas argentinas no dejaron de disfrutar de continuos superávits. Esta dinámica siguió por algún tiempo en la primera presidencia de Cristina Fernández, aunque ya con algunos altibajos -especialmente durante la época de la crisis financiera en Estados Unidos.

Sin embargo, transcurridos los primeros meses de la segunda gestión de la Presidente, la situación económico-financiera del Estado nacional, como así también el frente externo, comenzó a deteriorarse en parte por la percepción cada vez más generalizada de problemas provocados por las variables internas de la economía, entre ellos los efectos de la inflación sobre la competitividad de los productos argentinos y el mercado cambiario, lo cual llevó a implementar el sistema monetario que todavía tiene vigencia. Esta situación parece haber llevado al Gobierno a intentar un regreso a los mercados financieros internacionales, expresado este año con el pago realizado al Club de París. Por supuesto, el objetivo era (y es) volver a tomar préstamos en los mercados financieros a través de una nueva emisión de bonos públicos.

En medio de estos intentos apareció la confirmación del fallo del juez Thomas Griesa acerca de la necesidad de pagar a los llamados holdouts (tenedores de bonos en default). El fracaso de las negociaciones con los fondos buitre afecta, primero, la posibilidad de regresar a los mercados financieros internacionales en el corto plazo. Si bien no se vería alterada una situación que se vive a nivel local desde hace más de 12 años, con las necesidades de financiamiento que tiene el Gobierno para solucionar el déficit fiscal, la continuidad de este escenario no es una buena noticia.

Esto implica una mayor presión sobre el frente interno para evitar un incremento importante en el déficit potencialmente financiado por préstamos del Banco Central que deriven en una emisión monetaria. Este riesgo está contemplado desde hace meses en la percepción de los analistas, pero el problema es que el default prolongaría una especie de “agonía” en lo económico: un estado de alta inflación y desaceleración (o recesión) en la actividad económica y el empleo, escenario en el que nos encontramos desde hace meses.

El otro gran problema aparecerá en el horizonte de quien asuma el gobierno en 2015, porque allí parece visualizarse una situación de mayor complejidad. El default implicará una baja en la reputación internacional que, con alta probabilidad, hará más dificultoso financiar actividades de desarrollo productivo de alta inversión, como la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. También la propia situación de default probablemente causará una demanda por parte de inversores internacionales hacia el nuevo gobierno sobre cómo salir de tal situación. Por eso llama la atención el silencio de la oposición acerca de estas consecuencias. Debería comenzar a trabajar muy seriamente sobre cómo, si llegan a asumir el poder en diciembre de 2015, solucionarán este problema. Sin embargo, no se observan demasiados movimientos en ese sentido. Y eso sí que es preocupante para la población en general.

Si se compara la realidad macroeconómica previa a 2011, la situación actual del país es mucho más preocupante respecto a las perspectivas futuras. Sin embargo, la historia de la Argentina y otras naciones latinoamericanas indican que tal vez la palabra crisis sea, al menos, compleja de interpretar si por ella entendemos la aceleración de ciertos problemas que ya se manifestaban desde hace tiempo, especialmente relacionados con la inflación y la rápida pérdida de las reservas.

Este tipo de dinámica no es nueva en la Argentina sino una vuelta a décadas como la del 80, en la que lo “normal” era convivir con tasas de inflación incluso mucho más altas que los que sufrimos hoy día. Esta conjetura, que no es más que eso, se basa en observaciones del pasado y también en lo que algunos de los académicos internacionales supieron estudiar en su momento para entender ese tipo de fenómenos.

Los economistas Homi Kharas y Brian Pinto publicaron en 1989 un estudio teórico-empírico para entender el comportamiento de la inflación, el tipo de cambio paralelo y el déficit fiscal en el caso de Bolivia. El trabajo incluía cocteles no muy diferentes a los que se observa en Argentina: un control de cambios, déficit fiscal y tasas de inflación que saltaron de un promedio de 1,8% a 14% en 1982, para luego volver a los niveles de su hiperinflación de 1984-1985, con un promedio de 44% mensual. La investigación destacaba que en un contexto de déficit fiscal permanente estos saltos inflacionarios podrían haberse ocasionado como consecuencia de intentar reducir la brecha entre el mercado monetario oficial y el paralelo, aunque siempre dependiendo del comportamiento de la demanda de dinero.

Claramente no podemos concluir algo terminante a partir de un sólo trabajo de investigación que contiene limitaciones y simplificaciones que difícilmente lo hagan aplicable al actual caso argentino. Sin embargo, desde una perspectiva menos pretenciosa, tal vez sean estos trabajos, que fueron publicados a fines de los 80 y principios de los 90, los que nos puedan ayudar a comprender un poco mejor algunos detalles de lo que está sucediendo con la economía argentina y así evitar problemas todavía más graves, más allá de las obvias diferencias de contexto y de épocas. Así podríamos dilucidar si estamos transitando un camino hacia una muerte súbita de la política económica, con características temibles, o un sendero que implique una transición a un escenario con mayor inflación y devaluación, es decir afrontar un especie de estado de enfermedad crónica.

Es verdad que Lorenzino estará a cargo de la llamada Unidad Ejecutora de Reestructuración de la Deuda Pública, lo cual, en la interpretación de parte de la prensa, implica que su rol seguirá siendo el mismo. Sin embargo, la pregunta clave es si Lorenzino tendrá suficiente poder en las negociaciones que deba llevar a cabo de forma mínimamente autónoma respecto de la nueva conducción del Ministerio de Economía, a cargo Axel Kicillof.

Por su parte, la salida del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, significa que el nuevo titular del Palacio de Hacienda tendrá una capacidad de decisión propia que sus antecesores en la administración de Cristina Fernández de Kirchner no habían podido mostrar. Más allá de compartir ciertas visiones acerca del rol del Estado, ciertamente Moreno y Kicillof no eran dos decisores compatibles a largo plazo.

Una de las preguntas que surgen ahora tiene relación con qué actitud tomará el nuevo ministro respecto de los problemas que el secretario de Comercio Interior había generado en su gestión, especialmente, con respecto del INDEC.

Si bien en los años previos a su acercamiento al Gobierno los informes elaborados por Kicillof como director del Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo (CEPLAD) fueron críticos con la situación del instituto, la duda que aparece es si buscará cambiar el modo de trabajo del organismo o si quienes ingresaron en la gestión de Ana María Edwin y Norberto Itzcovich tendrán alguna capacidad de resistirse a posibles modificaciones.

Restan por definirse algunos temas importantes de corto plazo como la “reforma” del régimen cambiario y la posibilidad de un desdoblamiento oficial del mercado de divisas extranjeras. Desde el punto de vista de los antecedentes académicos de Kicillof no parece sencillo encontrar demasiados puntos de contacto sobre la cuestión y sus investigaciones más reconocidas producidas en años anteriores.

Sin embargo, no sería descabellado pensar en la posibilidad de que se intensifique la influencia de funcionarios gubernamentales en las decisiones de grandes empresas en la medida que Kicillof o su equipo económico considere pertinente una acción concreta con vistas a reducir la chance de una recesión a corto plazo. En tanto, en el caso de las compañías energéticas el objetivo sería reducir el gap de importaciones.

Otra incógnita final se relaciona con el nombramiento de un nuevo presidente del Banco Central (BCRA), Juan Carlos Fábrega. Quienes más lo conocen coinciden en afirmar sus disonancias de opinión de política respecto de los pensamientos del flamante ministro o, en su momento, de Guillermo Moreno. De ser ciertas esas sospechas no es improbable un potencial conflicto entre la entidad monetaria y Kicillof.