Las inundaciones, que develaron la falta de planificación y gestión del Gobierno bonaerense, fueron presentadas como catástrofes naturales cuyas consecuencias son imprevisibles e inevitables. Mientras se reclamaban medidas urgentes que permitan paliar el sufrimiento de los afectados por el temporal, se comprobaba que la provincia había subejecutado en un 60 % las partidas presupuestarias destinadas a mitigar los efectos de las inundaciones. A su vez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FPV) se embarcaba rumbo a Italia junto a su mujer, la embajadora de la sonrisa. La respuesta del Gobierno nacional frente a estos hechos fue atacar a la oposición, acusándola de orquestar la difamación de Daniel Scioli a través de un “ejército de twitteros”.

El 8 de agosto, en San Pedro de Jujuy, el clima de violencia política llegó a su punto cúlmine con un militante de la Unión Cívica Radical (UCR) herido de un balazo por la espalda. La historia tuvo el peor de los desenlaces diez días después, con la muerte de Ariel Velásquez. El estupor y la bronca por el fallecimiento de un joven de 20 años se expandieron por todo el país, sumándose al reclamo del radicalismo por justicia y cese de la violencia política. El hecho se enmarca dentro de una práctica común del brazo paraestatal del FPV jujeño: la Tupac Amaru y sus grupos armados tienen una cultura política patoteril, de amenazas y hostigamiento permanentes. El balazo a Ariel tuvo antecedentes como la quema de comités, las pintadas intimidatorias, las persecuciones a militantes y las amenazas para quienes osaban desafiar el poder de los “tupaqueros”.

Ante este hecho, CFK se despachó con una cadena nacional que quedará en los anales de la historia por su cinismo: acusó al radicalismo de “utilizar políticamente” la muerte de Ariel, argumentando que él era militante de la Tupac Amaru y mostrando como evidencia una ficha de afiliación y de inscripción a un colegio administrado por la Tupac. La mentira tiene patas cortas, y la arrogancia presidencial fue desmentida categóricamente por la propia familia de Ariel Velásquez, que denunció la exigencia de una afiliación compulsiva del joven para que pueda estudiar en la escuela Germán Abdala. Así se desmontó el perverso sistema de clientelismo político utilizado por el kirchnerismo, que se aprovecha de las necesidades del pueblo utilizando los recursos del Estado de manera arbitraria y en beneficio propio. El derecho a la vivienda, a la educación y al trabajo digno deben ser garantizados universalmente y no estar supeditados a la adhesión de las personas a un proyecto político determinado.

Llegó el fin de semana y la expectativa ciudadana se centró en las elecciones a gobernador para la provincia de Tucumán. En otro episodio digno de la ciencia ficción, hubo 42 urnas prendidas fuego, actos de violencia contra periodistas y militantes, falsificación de actas y resultados de escrutinio, todos ellos combinados con un aceitado sistema de clientelismo político y prebendas para “arrastrar” ciudadanos a las urnas. El voltaje de las elecciones tucumanas llevó a buena parte del país a repudiar las acciones de corrupción y violencia, exigiendo transparencia electoral y el fin del fraude político. Pero todos los recursos del Estado nacional estaban puestos para justificar el resultado cueste lo que cueste: el candidato a presidente del oficialismo se subió al Tango 01 para llegar a festejar el triunfo de Juan Luis Manzur, los canales oficialistas lo anunciaban como ganador sin tener resultados oficiales y se menospreciaban las denuncias de fraude alegando que la oposición “no sabe perder elecciones”.

La bronca contenida de los tucumanos canalizó en una convocatoria pacífica frente a la casa de Gobierno provincial, la cual fue reprimida brutalmente con balazos y gases lacrimógenos por policías parapetados en el edificio y efectivos de la Montada que perseguían a la multitud, sin distinguir a niños y ancianos, que también sufrieron la descarga de las fuerzas policiales. Una vez más, la máscara de un kirchnerismo defensor de los derechos humanos se cayó, demostrando el fascismo y el autoritarismo a flor de piel. De nuevo, el aparato comunicacional del Estado y los socios amigos del poder preferían ocultar lo que pasaba y las declaraciones de los funcionarios -que deberían dar respuesta ante la represión- daban vergüenza ajena.

Vivir en la Argentina se vuelve un desafío cada vez más duro para quienes no nos conformamos con esta realidad. Las expresiones de muchos ante estos hechos fueron de dolor, impotencia y desazón. Ante este tiempo histórico vale rescatar una frase de Albert Camus que dice:”La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual. Proviene de que no se perciben más las razones para luchar e, incluso, de que no se sepa si hay que luchar”. Resignarse ante la triste realidad de los hechos sería entregarle una victoria completa a quienes buscan que el pueblo se aleje de la política. Tenemos motivos para luchar, vamos a seguir, por la democracia que tanto costó conseguir.

Lo primero que sale a la luz ante esta situación es la ausencia de debate en torno al sistema educativo. La Nación, las provincias, los partidos políticos y la sociedad civil rehuyen a la discusión sobre el estado de nuestras escuelas y universidades. Cuando surgen hechos incontrastables, como las tomas de los colegios o incluso la publicación de esta prueba PISA, el debate es pobre y generalmente apunta más a deslegitimar lo expresado por algunas voces que a entrar en el análisis profundo de lo que acontece. Discutimos nuestra Educación con anteojeras puestas.

Algunos dirigentes gremiales, como Stella Maldonado de CTERA, fueron más complacientes con el Gobierno que con sus representados, y salieron por la tangente criticando la “prueba PISA”. Los argumentos utilizados son válidos: sabemos que la OCDE coordina políticas económicas y sociales a nivel mundial, y son los países centrales los que “dirigen la batuta”. Sabemos que su interés está puesto en aspectos macroeconómicos, concibiendo a la educación en términos mercantilistas y pensando a los estudiantes como una pieza más de la maquinaria. Pero no podemos esconder bajo la alfombra la profunda crisis del sistema educativo argentino, ni responsabilizar a la OCDE por algo que debemos hacer nosotros.

La reacción del ministro de Educación ante el informe PISA 2013 fue decir que “esperábamos mejores resultados”, luego de haber construido un complejo andamiaje argumental, evadiendo sus responsabilidades como ministro y derivándolas hacia los docentes, los propios alumnos y sus familias. Nada dice Sileoni acerca de la terrible tasa de abandono y deserción escolar -medida por el propio Gobierno-, que refleja que 7 de cada 10 niños que empiezan la escuela primaria no llegan a finalizar la secundaria. Ni una palabra acerca del olvido en el que tienen a un millón de docentes, que perciben salarios indignos y poca formación. Tampoco menciona la pérdida de calidad y la falta de adaptación de los contenidos pedagógicos a los nuevos tiempos que corren. Sólo se jacta de haber repartido 3.800.000 netbooks y haber duplicado el porcentaje del PBI para Educación.

Otras voces, como la de algunos especialistas en materia educativa, hacen un esfuerzo por comprender los resultados de la prueba PISA para encontrar elementos que permitan identificar nuestros problemas y construir mejores soluciones. Desde la Federación Universitaria Argentina venimos alertando insistentemente al Ministerio y sus autoridades sobre la crisis del sistema educativo. Lamentablemente, el autismo y la sordera con que se manejan impiden encarar un diagnóstico conjunto, vedando con ello la posibilidad de forjar compromisos a mediano y largo plazo que permitan salir del laberinto.

Seguimos convencidos de que la Educación debe ser un pilar fundamental para la construcción de una democracia que elimine de una vez y para siempre el flagelo de la pobreza y la marginalidad, que forme en valores a sus ciudadanos, promoviendo su libertad e igualdad. En este fin de año convulsionado, con hechos que ponen de manifiesto una profunda fragmentación social, el Gobierno Nacional sigue cerrando las puertas del Ministerio de Educación, impidiendo a los protagonistas del sistema educativo encontrar la respuesta a un problema que no están dispuestos a ver, pero cuyas consecuencias salen a la luz con cada vez más crudeza.