El 22 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de reforma de la Carta Orgánica, la cual se puso en vigencia el 28 de ese mes y generó las condiciones necesarias para que la autoridad monetaria pueda llevar adelante la política ultraexpansiva que viene realizando los últimos años.

Los puntos más importantes de la reforma fueron el cambio del objetivo primario y fundamental del ente emisor, que era preservar el valor de la moneda, por uno que indicó que debe promover la estabilidad monetaria, financiera y el desarrollo económico con equidad social, en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, lo cual es más cercano al concepto de un banco de desarrollo que de un banco central. Para llevar a cabo ese nuevo mandato, se ampliaron las posibilidades que el BCRA tiene de financiar al Tesoro, ya sea mediante adelantos transitorios (emisión monetaria), ya sea con reservas internacionales.

De esta forma, se convalidó la existencia de un esquema de dominancia fiscal en el que se perdió una herramienta de política económica: la monetaria. El BCRA ya no determina la cantidad de dinero en circulación (o la tasa de interés) de acuerdo con las necesidades de mantener estable el valor de la moneda, sino que se encuentra “atado” a las necesidades de financiamiento del Tesoro.

El esquema convalidado con la reforma permitió que el Gobierno incremente el gasto público por encima de sus recursos, lo que llevó a la economía a un déficit fiscal que este año cerrará en torno al 6,3% del PBI.

La emisión monetaria, al crecer por encima del 30% interanual, no ha hecho más que alentar las presiones inflacionarias, las cuales no son mayores porque la economía se encuentra estancada y el tipo de cambio atrasado —debido a que incrementa su valor por debajo de la tasa de la suba del nivel general de precios— actúa parcialmente como ancla antiinflacionaria.

Por otra parte, la discrecionalidad otorgada a la autoridad monetaria para el manejo de las reservas internacionales ha llevado a la actual situación de una economía que opera con una creciente escasez de divisas, profundizada por el atraso cambiario y la falta de confianza, lo que genera un constante drenaje de reservas. Nadie quiere quedarse con pesos que cada vez valen menos.

Por lo tanto, si bien existen numerosos desequilibrios que deben corregirse, una de las prioridades es modificar nuevamente la Carta Orgánica del BCRA para volver a generar confianza y fortalecer el valor de la moneda doméstica, acompañando una política fiscal y monetaria consistente con la reactivación económica y la desaceleración de la inflación.  Adicionalmente, la autonomía de la autoridad monetaria generará cambios en las expectativas inflacionarias y cambiarias.

Sin embargo, el BCRA no podrá romper el esquema de dominancia fiscal hasta que Alejandro Vanoli abandone la Presidencia del ente emisor y, según sus últimas declaraciones (y a pesar de estar imputado por la causa que investiga la venta de dólares a futuro), se resiste a abandonar su sillón, aun si el vencedor de la segunda vuelta resulta ser Mauricio Macri.

De cara a un nuevo ciclo, es necesario un Banco Central que actúe como tal y que se convierta en un elemento central de una política antiinflacionaria integral. Por lo tanto, es imperioso que recupere su herramienta de política económica y opere en pos de mantener la estabilidad de precios en lugar de ser sólo una maquina de imprimir billetes para financiar el creciente derroche del Estado.

Con el gasto público creciendo por encima de los recursos tributarios, el déficit fiscal no tardó en aparecer (a pesar del maquillaje contable). Una vez que se terminó la “caja”, hubo que salir a buscar quién “pague la fiesta”. El elegido fue el Banco Central (BCRA).

Como es sabido, aunque desde el kirchnerismo sigan negándolo, la emisión monetaria, cuyo objetivo es monetizar el “rojo” fiscal, genera inflación: aumenta la oferta monetaria por encima del incremento de la demanda de dinero. Ya nadie quiere papelitos de colores que cada vez tienen menor valor. Por lo tanto, cada vez se necesitan más pesos para comprar todo tipo de bienes, entre ellos, divisas.

El mercado de divisas no es muy distinto del resto de los mercados. La diferencia es el bien que se comercializa: la economía no produce divisas (no puede emitir moneda extranjera), sino que estas deben ingresar a través de operaciones con el sector externo.

Y el problema aparece cuando el Estado interviene en el mercado cambiario, ya que toda intromisión gubernamental genera distorsiones. No obstante, si bien ningún tipo de intervención genera resultados óptimos, serán menos nocivos (y están aceptados a nivel global) aquellos en los que el tipo de cambio de la economía sea único.

Con un tipo de cambio oficial anclado a un valor artificialmente bajo en términos reales (erosionado por la inflación acumulada durante los últimos años) y un cepo que además limita la adquisición de moneda, el mercado funciona con un precio máximo, lo que genera —a pesar de las numerosas restricciones— un exceso de demanda: a precios bajos, mucha demanda (de importadores, ahorristas, turistas) y poca oferta (de exportadores e ingreso de capitales).

De esta forma, la falta de dólares presiona sobre las —cada vez menores— reservas internacionales del BCRA, que en lugar de dejar que la oferta y la demanda de divisas fijen el precio de equilibrio y crear condiciones para que estas ingresen a la economía, se concentra en administrar la escasez a través de restricciones cuantitativas.

Por lo tanto, si bien es necesario llevar adelante un plan integral para eliminar los desequilibrios macroeconómicos, el problema cambiario no es el mayor escollo al que se enfrenta la próxima administración, debido a que la unificación del tipo de cambio, aunque generará una suba del valor de la divisa oficial, no se trasladará en gran proporción a precios, porque el valor informal ya está internalizado, lo que permite una corrección nominal con escasos efectos sobre la inflación.

El desafío está en generar la confianza necesaria para “mover” hacia adelante la oferta, es decir, que las divisas comiencen a ingresar, tanto a través del canal comercial como por el financiero. Una vez logrado esto, el tipo de cambio tenderá a estabilizarse en un valor entre el oficial y el informal, ya que dejará de ser sólo un desplazamiento de demanda.

Hay que tener en cuenta que hay que darle un tiempo a las políticas económicas que apunten a corregir desequilibrios para que tengan efectos. Por lo tanto, se estima que 2016 no será un año de crecimiento a “tasas chinas”, sino de construir cimientos sólidos sobre los que la economía pueda retomar su tendencia de crecimiento sostenido de largo plazo. Esperemos que el ganador del ballotage del 22 de noviembre esté a la altura de las circunstancias.

Una de las principales tendencias, que durante los últimos años parece haberse convertido en una normalidad, es el déficit fiscal. Debe distinguirse que si bien el resultado es el mismo, el tesoro puede verificar un rojo financiero por insuficiencia de ingresos o por exceso de gasto público.

En lo que va del año se expandió por encima del 42 %, mientras los ingresos tributarios crecieron “sólo” un 33 %. Basta con ver un poco los números para que no queden dudas: No es un problema de ingresos, sino de gasto.

Atrás quedaron los “superávit gemelos” (fiscal y comercial), pilar del modelo económico kirchnerista. Según estimaciones propias, 2015 cerrará con un rojo fiscal por encima de los 220 mil millones de pesos (3,9 % del PBI). Sin contabilizar las rentas de Anses y Banco Central, superará los 350 mil millones de pesos (6,3 % del PBI), aunque podría profundizarse aún más si desde el Ejecutivo deciden continuar ampliando las partidas destinadas a gasto público.

La insuficiencia de ingresos tributarios y las limitaciones para endeudarse han llevado al Gobierno a utilizar la fuente de financiamiento más nociva para la economía: la emisión monetaria, la cual ha crecido por encima del 34 % en lo que va de 2015.

No es nueva la existencia de cierto consenso entre los economistas de que una de las causas de la inflación es el financiamiento monetario del déficit fiscal. Es en este contexto en el que resulta interesante estimar la magnitud del impuesto inflacionario como fuente adicional de financiamiento.

Si bien no es técnica y legalmente un impuesto, como cualquier tributo el monto recaudado, surge de multiplicar una base imponible, en este caso las tenencias monetarias, por su respectiva alícuota impositiva, la tasa de inflación.

Con base en estimaciones propias, el impuesto inflacionario ha pasado de tener un papel casi marginal (0,6 % del PBI en 2004) a tener un peso relevante durante el transcurso de la década (2,5 % del PBI estimado para 2015).

Este incremento en la participación del impuesto en el producto se explica tanto por el aumento de la base monetaria (base imponible), la cual creció por encima de la tasa de crecimiento del PBI nominal, como por el fuerte avance de la inflación (alícuota). En tanto, en términos monetarios, pasó de 3200 millones de pesos en 2004 a 140.200 millones de pesos para la estimación de 2015 (+4281 %). No hay mucho que agregar, las cifras hablan por sí solas.

Y como en economía, al igual que en muchas otras disciplinas, todo gira como una rueda, analizando el impuesto inflacionario volvemos al punto de partida: el déficit fiscal, que, financiado a través de emisión monetaria, alimenta la dinámica inflacionaria.

Por otra parte, es necesario destacar que el Gobierno no sólo se beneficia con el aumento del impuesto inflacionario debido al incremento de la emisión y la inflación, sino que esta última hace crecer la base imposible de los tributos. De esta forma, el alza del nivel de precios es lo que permite romper récord de recaudación mes a mes. Una vez más, el problema no sería tan grave si los gastos del sector público crecieran en línea con los ingresos, pero en Argentina 2015 el gasto vuela.

De esta forma, con el paso de los años, el manejo fiscal de la gestión kirchnerista ha ido mutando (al igual que el resto de las variables), aunque en el relato se refieran a “El modelo”. Este pasó de basarse en la solvencia fiscal a financiarse a través del impuesto inflacionario.

Quien asuma el 10 de diciembre tendrá por delante la complicada tarea de comenzar a recomponer el equilibrio macroeconómico. No será fácil, ya que las interrelaciones existentes hacen difícil decidir por dónde empezar y a quién cargar el costo.

Sin lugar a dudas, la recomposición del frente fiscal es una de las claves. La presión tributaria se duplicó durante la década, por lo tanto, no puede hacerse por el lado de los impuestos. No hay más opciones que rever el gasto público. Y aunque nadie quiere ser el “presidente del ajuste”, para volver a poner a la economía en la senda del crecimiento será necesario llevar a cabo un reordenamiento macroeconómico de carácter integral.

Según información del Ministerio de Hacienda, y descontando los aportes realizados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y el BCRA, las cuentas públicas acumularon hasta marzo un déficit primario en torno a los 32.000 millones de pesos, 25 veces el presentado durante el primer trimestre de 2014. En tanto, el déficit fiscal rondó los 58.000 millones (+280% interanual).

No es ninguna novedad que el creciente déficit tanto primario como fiscal se debe a la ampliación de la brecha entre el crecimiento del gasto y los ingresos. Mientras el primero creció alrededor del 40% interanual entre los meses de enero y marzo, los ingresos tributarios se expandieron un 25%, 15 puntos de diferencia.

Lo preocupante es que durante marzo, último mes con información disponible, la diferencia entre entradas y salidas de recursos se amplió a 17 puntos debido al crecimiento del 44% del gasto público y el 27% de los recursos del Tesoro.

De esta forma, manteniéndose estas tasas de expansión del gasto y los ingresos, el déficit primario (excluyendo aportes de BCRA) cerraría el año por encima del 6,1% del PBI y el fiscal alcanzaría el 7% del PBI, sólo comparable con el registrado en 1989.

Este nivel de desajuste por parte del Tesoro no es neutral para el resto de la economía, sobre todo para la inflación. Y si bien el gobierno ha sustituido parte de la emisión monetaria con deuda para financiar el “rojo” fiscal, el peso final de cubrir la brecha entre ingresos y gastos recaerá una vez más sobre el BCRA, generando fuertes presiones sobre el nivel general de precios y la tasa de interés.

El aumento de la tasa de interés encarecerá aún más el crédito, impactando negativamente sobre el consumo y, sobre todo, la alicaída inversión; mientras que la inflación, no sólo afectará el frente interno por reducir el poder de compra de los salarios – los cuales con subas promedio del 27% no podrán recomponer la pérdida del año pasado, en el que la inflación anual “cerró” en el 38% – sino que también atrasará más el tipo de cambio real (con el adicional fortalecimiento del dólar a nivel mundial), perjudicando el frente externo.

En este escenario, a partir del 10 de diciembre, el sucesor de Cristina Kirchner tendrá un desafío importante, debido a que las necesidades financieras serán mayores: los ingresos casi han llegado a un techo dada la alta presión tributaria – la cual se duplicó durante la gestión del kirchnerismo – y los gastos son inflexibles a la baja. Además el BCRA tendrá menos margen de emisión y el mercado local no podrá absorber tantos bonos sin desplazar al crédito privado. Queda la opción del crédito externo, la cual también es muy costosa.

Sin embargo, a pesar del alto costo que supondrá el ajuste fiscal, cualquier plan económico que quiera implementarse para reducir la inflación y volver a poner al país en los mercados internacionales requerirá una reducción del tamaño del Estado. Es por lo dicho hasta aquí, que el “golpe de timón” que habrá que dar en diciembre ya no es una decisión, sino una necesidad.

El guarismo puede sorprender a primera vista y desde la AFIP celebraron el anuncio. Sin embargo, cuando se lo compara con la suba del nivel de precios del año pasado, los resultados no son para festejar: en términos reales, la recaudación tributaria cayó un 2%.

Por otra parte, la expansión del gasto público (+40%) se ubicó muy por encima de los ingresos dando lugar a un déficit fiscal de 4 puntos del PBI. Y como un “círculo vicioso”, este déficit fue monetizado a través de la emisión monetaria, presionando aún más la inflación, y esta – al expandir la base imponible – provocó un alza adicional en la recaudación.

Sin embargo, no sólo se incrementó la recaudación en términos nominales, sino también se verificó una fuerte suba en la presión tributaria, la cual en 2014 representó el 27% del PBI (considerando sólo recursos nacionales), casi 2 y 9 puntos por encima del resultado de los años 2013 y 2004, respectivamente.

Al analizar el desagregado, se observa que el mayor aumento de la presión tributaria se explica por el aumento del peso relativo de la seguridad social, la cual en 10 años aumentó su participación en el producto 4,5 puntos (2,4% a 6,8% del PBI). Asimismo, también se expandió el porcentaje de recursos generados por este ítem: en 2004 generaban el 12,9% de los ingresos tributarios y el año pasado alcanzaron los 25,4%. Por otra parte, los tributos al comercio exterior mantuvieron su participación en el PBI en torno al 2,5%-2,6% pero disminuyó su participación en la recaudación total en 4 puntos porcentuales.

En tanto, los impuestos, principal generador de recursos fiscales, aumentaron su peso en el producto en 4 puntos: pasaron del 13,5% al 17,4% del PBI en 10 años, mientras que la participación en el total de la recaudación se contrajo 8,5% (73,3% a 64,8%).

No obstante, IVA y Ganancias explicaron, en conjunto, más de la mitad de la recaudación total. Cada 10 pesos que recaudó el Tesoro, más de 2 provinieron de Ganancias y casi 3 de IVA. Sin embargo, los efectos sobre el ingreso de ambos impuestos son bien diferentes.

Si bien la presión tributaria como la participación en la recaudación de Ganancias se incrementaron debido tanto a la suba de la base imponible – por incremento de ingresos – como por el aumento de trabajadores que quedaron alcanzados por la “desactualización” del mínimo no imponible, este impuesto es de carácter progresivo debido que grava a los agentes según sus ingresos.

En el extremo opuesto, el IVA es el impuesto más distorsivo y regresivo de la economía, ya que independientemente del ingreso, todos los agentes tributan la misma alícuota: de esta forma, la mayor carga impositiva recae sobre los sectores de menores recursos.

Analizando las cifras precedentes, si bien los sindicatos, la oposición, y sobre todos los candidatos presidenciales, plantean la urgente necesidad de una modificación integral del impuesto a las Ganancias, es menester pensar en que la reforma impositiva que debe llevarse adelante tiene que ser más profunda, introduciendo cambios sustantivos en la recaudación de IVA y otros impuestos, con el objetivo de darle mayor progresividad al sistema y, de esta forma, mejorar la asignación del ingreso, no sólo a través de la transferencia monetaria de recursos, las cuales sólo favorecen al clientelismo político.

No obstante, este año el Presupuesto tiene varias “sorpresas”. En primer lugar, Economía proyecta un 2015 con una inflación estimada que se ubicaría en 15,6% (mientras que la inflación estimada para este año es del 21,5%) y un crecimiento económico del 2,8%, (este año espera cerrar con un crecimiento cercano al 0,5%, por debajo del 6,2% proyectado en el presupuesto previo), mientras que el déficit fiscal ascendería a 4 puntos del PBI.

Sin embargo, lo más llamativo fueron las estimaciones correspondientes al desempeño fiscal. Según el proyecto oficial, los ingresos públicos crecerán un 28,1% anual, mientras que el gasto sólo lo hará un 13,2%. ¿Será realmente esto posible? Claramente creemos que no.

Analizando cada ítem en detalle, se estima que los recursos tributarios pasarán de 28% del PBI a 30%, alcanzando los 1.489.900 millones de pesos e incrementando la presión tributaria. De este total, poco menos de un tercio (412.563 millones, 8,3% del PBI o 28% de la recaudación) estará explicado por uno de los impuestos más regresivos del sistema tributario: el IVA, el cual se estima que se incrementará un 28,8%. Este sería el “piso” de la inflación que el gobierno tiene en mente para 2015, ya que este tributo de alícuota fija, se recauda por incremento de base imponible, la cual depende casi exclusivamente del mayor nivel de precios, en un contexto de estancamiento del consumo.

En tanto, Ganancias se proyecta que ascenderá también un 28,8% a 333.498 millones de pesos (casi 7 puntos del PBI y 22% de la recaudación). Por último, otro recurso tributario de alto peso en la recaudación son los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social (que representaran más de un cuarto de los recursos), los cuales estarán cerca de los 8 puntos del PBI. Como se observa, tres fuentes de recursos con fuerte incidencia sobre los sectores de menores recursos y los trabajadores.

Desde el punto de vista del gasto público, el panorama es más llamativo. Según los datos presentados, el gasto corriente se estima que ascienda a 1.089.381 millones de pesos, un 18,5% más que este año, mientras que los gastos de capital se contraerán un 12,7%, para cerrar 2015 con un crecimiento del gasto público del 13,2%.

Desagregando gasto corriente, las remuneraciones que representan el 11% del gasto total en Nación, se incrementarán un 18,3%: esto implica que una vez más, el costo del ajuste lo terminarán pagando los trabajadores. En tanto, los intereses de la deuda pública aumentaran un 14,9%.

Por otra parte, se estima que las prestaciones de la Seguridad Social aumenten un 29%, ascendiendo a 444.090 millones de pesos, mientras que las transferencias al sector privado (asignaciones familiares) que representan casi el 30% del gasto, se expandirán un 9%.

De cara a un año electoral, estas cifras, aunque agregadas, resultan bastante llamativas. En primer lugar, el gasto público creciendo por debajo de los ingresos constituyen un claro “ajuste fiscal”. En estos últimos años de crecimiento se despilfarraron recursos y ahora en un contexto de desaceleración, cuando la expansión fiscal se encuentra más justificada, no hay como hacer frente a las mayores erogaciones.

Por otra parte, los ingresos de los hogares (exceptuando jubilaciones) crecerían por debajo de la inflación, la cual se estima que estará en torno al 40%, muy lejos del 15,6% proyectado por el oficialismo. Sin embargo, si el ajuste fiscal fuera tan brutal que permitiera bajar la inflación a la cifra del gobierno, los beneficiarios de los planes sociales igualmente perderían una parte importante del poder de compra, ya que el aumento de los recursos destinados a ellos se encuentra por debajo del avance de precios oficial.

Asimismo, si bien no se especifica el monto del gasto en concepto de subsidios a los servicios públicos, para alcanzar las cifras defendidas por el Ministro Axel Kicillof frente a los diputados, habría que eliminar los subsidios, lo que profundizaría aun más la escalada inflacionaria y la recesión.

El proyecto de Ley de Presupuesto defendido por Kicillof y Capitanich en el Congreso, la ley de leyes, si bien debería generar previsibilidad a los diferentes actores económicos, durante los últimos años sólo logra generar más dudas sobre la conducción fiscal dada la inconsistencia de los números presentados, los cuales para 2015 se vuelven aun mas inconsistentes de cara a las elecciones presidenciales. Es sabido que durante años electorales, el gasto público crece mucho más que el resto de los años, de aquí lo paradójico de la estimación para el año próximo, teniendo en cuenta que en la actualidad el mismo se incrementa por encima del 40%.