Una de las principales tendencias, que durante los últimos años parece haberse convertido en una normalidad, es el déficit fiscal. Debe distinguirse que si bien el resultado es el mismo, el tesoro puede verificar un rojo financiero por insuficiencia de ingresos o por exceso de gasto público.

En lo que va del año se expandió por encima del 42 %, mientras los ingresos tributarios crecieron “sólo” un 33 %. Basta con ver un poco los números para que no queden dudas: No es un problema de ingresos, sino de gasto.

Atrás quedaron los “superávit gemelos” (fiscal y comercial), pilar del modelo económico kirchnerista. Según estimaciones propias, 2015 cerrará con un rojo fiscal por encima de los 220 mil millones de pesos (3,9 % del PBI). Sin contabilizar las rentas de Anses y Banco Central, superará los 350 mil millones de pesos (6,3 % del PBI), aunque podría profundizarse aún más si desde el Ejecutivo deciden continuar ampliando las partidas destinadas a gasto público.

La insuficiencia de ingresos tributarios y las limitaciones para endeudarse han llevado al Gobierno a utilizar la fuente de financiamiento más nociva para la economía: la emisión monetaria, la cual ha crecido por encima del 34 % en lo que va de 2015.

No es nueva la existencia de cierto consenso entre los economistas de que una de las causas de la inflación es el financiamiento monetario del déficit fiscal. Es en este contexto en el que resulta interesante estimar la magnitud del impuesto inflacionario como fuente adicional de financiamiento.

Si bien no es técnica y legalmente un impuesto, como cualquier tributo el monto recaudado, surge de multiplicar una base imponible, en este caso las tenencias monetarias, por su respectiva alícuota impositiva, la tasa de inflación.

Con base en estimaciones propias, el impuesto inflacionario ha pasado de tener un papel casi marginal (0,6 % del PBI en 2004) a tener un peso relevante durante el transcurso de la década (2,5 % del PBI estimado para 2015).

Este incremento en la participación del impuesto en el producto se explica tanto por el aumento de la base monetaria (base imponible), la cual creció por encima de la tasa de crecimiento del PBI nominal, como por el fuerte avance de la inflación (alícuota). En tanto, en términos monetarios, pasó de 3200 millones de pesos en 2004 a 140.200 millones de pesos para la estimación de 2015 (+4281 %). No hay mucho que agregar, las cifras hablan por sí solas.

Y como en economía, al igual que en muchas otras disciplinas, todo gira como una rueda, analizando el impuesto inflacionario volvemos al punto de partida: el déficit fiscal, que, financiado a través de emisión monetaria, alimenta la dinámica inflacionaria.

Por otra parte, es necesario destacar que el Gobierno no sólo se beneficia con el aumento del impuesto inflacionario debido al incremento de la emisión y la inflación, sino que esta última hace crecer la base imposible de los tributos. De esta forma, el alza del nivel de precios es lo que permite romper récord de recaudación mes a mes. Una vez más, el problema no sería tan grave si los gastos del sector público crecieran en línea con los ingresos, pero en Argentina 2015 el gasto vuela.

De esta forma, con el paso de los años, el manejo fiscal de la gestión kirchnerista ha ido mutando (al igual que el resto de las variables), aunque en el relato se refieran a “El modelo”. Este pasó de basarse en la solvencia fiscal a financiarse a través del impuesto inflacionario.

Quien asuma el 10 de diciembre tendrá por delante la complicada tarea de comenzar a recomponer el equilibrio macroeconómico. No será fácil, ya que las interrelaciones existentes hacen difícil decidir por dónde empezar y a quién cargar el costo.

Sin lugar a dudas, la recomposición del frente fiscal es una de las claves. La presión tributaria se duplicó durante la década, por lo tanto, no puede hacerse por el lado de los impuestos. No hay más opciones que rever el gasto público. Y aunque nadie quiere ser el “presidente del ajuste”, para volver a poner a la economía en la senda del crecimiento será necesario llevar a cabo un reordenamiento macroeconómico de carácter integral.

Si bien desde el oficialismo el discurso es que “la patria está siendo atacada por un golpe de mercado”, basta observar los últimos eventos que dieron lugar a la suba de la divisa en el mercado paralelo, que tienen en común la continuidad de las restricciones cuantitativas, en algunos casos llevadas hasta el extremo de la prohibición de operatoria con activos financieros.
Sumado a la volatilidad cambiaria de los períodos preelectorales, los controles ordenados por Axel Kicillof sobre la city no hicieron más que presionar sobre la cotización: es muy sabido que cuando algo se prohíbe, automáticamente se transforma en más deseado, y el dólar no es la excepción a la regla.

Analizando otros eventos puntuales, el anuncio de que Daniel Scioli compartiría la fórmula presidencial del Frente para la Victoria con el ultrakirchnerista Carlos Zannini envió al mercado el mensaje de “Scioli al gobierno, Zannini al poder”. De esta forma, se percibe que los cambios y los ajustes pretendidos por el mercado no solo deberán esperar, sino que hasta existe el temor de que los controles se profundicen.

Esta noticia provocó una suba de la cotización en el mercado informal, y también en otras, como el “contado con liqui”, una operatoria formal que consiste en intercambio de activos financieros entre dos privados (se compran con pesos bonos nominados en dólares o acciones que también cotizan en el exterior, y se venden en Wall Street en moneda estadounidense), la cual el Gobierno desea penalizar.

A mediados de este mes, la presión del Gobierno al dólar llegó a la Corte Suprema, luego de que la cotización del “contado con liqui” superara los $/US$ 13. En su ofensiva sobre el mercado financiero, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que declare la ilegalidad de la operatoria.

El embate del Gobierno al “contado con liqui” se debe a que mueve mucho mayor volumen de dinero que el blue, ya que es la operatoria (hasta ahora) legal de obtener dólares, no solo para los grandes inversores, sino también para los importadores que deben saldar sus deudas. Además, es la señal de aceleración de dolarización de carteras del mercado, por lo que también es referencia para la fijación de la cotización de la divisa en el mercado informal.

No obstante, si bien la suba del dólar tiene un fuerte componente de expectativas, estas se originan en los desequilibrios macroeconómicos que se han ido profundizando durante los últimos meses.

Con la emisión monetaria aumentando por encima del 30 % para financiar el creciente déficit fiscal que presiona sobre los precios, el tipo de cambio se atrasa cada vez más en términos reales, ubicándose en niveles similares a la salida de la convertibilidad, lo que alimenta las expectativas de devaluación luego de las elecciones.

Asimismo, el 3 de octubre vence el Boden 2015. Su cancelación por poco más de 6000 millones de dólares presionará sobre las reservas internacionales a la baja, las cuales podrían disminuir entre 3000 y 4000 millones de dólares. De esta forma, el tipo de cambio de “cobertura”, que se ubicó a fines de junio en $/US$ 14,40 (y a mediados de julio por encima de los $/US$ 15), incrementará su valor debido tanto a la fuerte aumento del dinero emitido como a la reducción del stock de reservas.

Y si bien durante la última jornada el dólar blue se ubicaba en los $/US$ 14,70, abandonando la escalada de los últimos días, el retroceso se explicó por nuevas intervenciones estatales: luego de que el dólar paralelo alcanzara su máximo, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) salió a vender bonos en dólares (Bonar 17 y Bonar 24) para bajar el precio del “contado con liqui” (y por lo tanto, del blue) e intensificó los controles sobre las cuevas.

Si bien esta intervención pudo aquietar un poco al mercado, la volatilidad del mercado cambiario seguirá incrementándose a medida que nos acerquemos más a las elecciones.

Los desequilibrios macroeconómicos acumulados, en general, y la desmedida impresión de dinero sin respaldo (con una notable caída de la demanda monetaria), en particular, han destruido el valor de la moneda doméstica. En este escenario, no es extraño que los agentes busquen refugiarse a cualquier precio en una moneda fuerte, ante una muy probable continuidad.