A pesar de ello, muchos de estos empresarios bienintencionados participan de un sistema económico que los beneficia injustamente y que los lleva a causar daño a la sociedad. Es una encrucijada en la que se encuentran que no parece tener salida a través de la buena voluntad ni la filantropía como medio compensatorio. La realidad económica de nuestro país les concedió posiciones dominantes que derivan en una terrible desigualdad social. Las altas participaciones en los mercados, los acuerdos entre ellos, escritos o tácitos, el control sobre la red de distribución y el sometimiento de proveedores y trabajadores son algunas de las injusticias que sus empresas han construido a lo largo del tiempo.

Mientras no haya habido mala fe y se respetara la ley, no se puede responsabilizar a los empresarios, porque no es adjudicable a ellos que no haya florecido la competencia en el país. Es decir, por más que ellos sean injustamente favorecidos por esta situación, no se les puede atribuir la no aparición de otras empresas que les compitieran. Más bien fueron responsables todas aquellas condiciones que han imposibilitado la creación y la prosperidad de mercados con pymes en competencia: la inestabilidad económica, la inflación, la ausencia de moneda, la falta de crédito de largo plazo, la inacción de la Justicia, la inseguridad jurídica y física, y la ausencia de infraestructura y de educación. Son también responsables aquellos que en nombre de la redistribución atacaron a los empresarios mediante una altísima presión fiscal y regulatoria, porque en su ignorancia han retroalimentado su posición; provocaron justamente lo contrario: darles mayor dominancia. Los monopolios se favorecen de los escenarios adversos, porque su posición dominante se potencia.

En estos contextos no triunfa el mérito, sino el más grande, que tiene la capacidad de controlar, pactar y trasladar al precio de sus productos, los sobrecostos que generan las distorsiones y los altos impuestos. Con buenas o malas intenciones, el Estado fomentó las posiciones dominantes, eliminó la posibilidad de que aparezcan nuevas empresas a competir. El sistema económico concentrado es un nudo gordiano que parece fortalecerse frente a cada intento de desatarlo.

No hay nada más desafiante para un empresario ni mejor para una economía equitativa que la verdadera competencia. Frente a todo lo demás, el empresario cuenta con un abanico de soluciones alternativas que no revisten de mayores esfuerzos ni méritos. En cambio, la competencia planta al empresario cara a cara consigo mismo, sin posibilidad de pactar, sin atajos ni excusas. Debe superarse para ganar al consumidor y al trabajador. Es la mayor fuente de transferencia de poder del empresariado al ciudadano. Es la verdadera democratización de nuestros mercados.

Sin duda las posiciones dominantes de los empresarios son fuente de desigualdad social, eso los torna victimarios y la sociedad suele criticarlos por ello, ¿pero no son la mayoría de ellos también inocentes? Ojalá podamos aprender a verlos así, de manera de lograr una unión que permita enfrentar el verdadero enemigo, que es nuestro sistema económico.

Las empresas, como actores principales de la generación de empleo, juegan un rol decisivo para el desarrollo social.

Cuando intentamos medir la situación laboral en Argentina, solemos darle una importancia exagerada a los índices de ocupación. Pero lo cierto es que a un determinado nivel de condiciones salariales, se puede lograr el pleno empleo. Esto no es ninguna ciencia. Sin embargo, olvidamos ahondar en el factor más importante: la calidad de ese trabajo.

El verdadero desafío consiste en alcanzar el pleno empleo con niveles de salario y formalidad dignos. Esto significa que los trabajadores puedan lograr, por sus propios medios, condiciones que permitan sustentar un buen nivel de vida para sí mismos y para sus familias. No debe mirarse el nivel de ocupación en una economía sin prestar atención a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Hay que revindicar el aspecto cualitativo para lograr una mirada integral.

En Argentina tenemos un problema muy grave de precarización laboral. Según un informe de la OIT de 2013, la informalidad laboral afecta a 4 de cada 10 trabajadores, siendo a esta altura un fenómeno estructural, ya que se visualizan incrementos tanto en épocas de expansión como en periodos recesivos. Al nivel de sueldos y precariedad actual, en nuestro país debería haber no menos de tres empleos disponibles por cada trabajador, como seguramente habría en España o cualquier país desarrollado si se pagaran los magros sueldos de acá. El nivel de conformismo frente a la situación actual es alarmante. El empleo precario es la forma moderna de la esclavitud y para combatirlo tenemos que comprender acabadamente sus razones.

La única solución real al problema de precarización laboral se logra el impulso de la demanda laboral, a fin de generar las condiciones para que exista una puja a favor del trabajador. Sólo así será valorado y potenciado. Se debe lograr que sea el empleado quien elija la empresa y no a la inversa. Para que esta situación sea posible es necesario fomentar la competencia empresarial, en la cual un empleado capacitado y conforme sea la clave del éxito.

Existen dos factores fundamentales para impulsar la demanda laboral: la existencia de mercados en competencia y la productividad del trabajo. El primer factor está determinado por la existencia de PYMES que tengan posibilidad de penetrar mercados y subsistir y crecer en función de su mérito. El segundo factor se determina esencialmente por el nivel de capacitación, los costos asociados al empleo y la tecnología. La competencia entre empresas logra impulsar la inversión en tecnología y la formación del trabajador, mejorando así la productividad laboral. Sin embargo, existen costos asociados al empleo, principalmente impuestos y cargas, que amenazan fuertemente la productividad y requieren de una decisión del estado.

En resumen, puede concluirse que vivimos una situación de precariedad laboral debido a una combinación de una carga fiscal inadmisible sobre el trabajo, sumada al sometimiento de los trabajadores frente a los monopolios. A partir de esta situación, se torna urgente promover una explosión de la demanda laboral, poniendo el foco en las dos principales causas de su letargo.

No hay transacción en el país más gravada que la contratación de un trabajador. Entre cargas sociales e impuestos a las ganancias, una porción desmesurada del monto que paga la empresa se lo lleva el Estado en impuestos. Esta situación es incluso más grave cuando un trabajador aspira a un aumento salarial. En este caso se dan situaciones insólitas, en las que los impuestos y cargas se llevan la mayoría o hasta la totalidad del aumento.

La decisión empresaria de emplear a una persona debe ser la menos gravosa, pero ocurre exactamente a la inversa. Es inadmisible que semejante peso fiscal recaiga sobre la decisión de emplear y de darle un aumento al trabajador en función de su mérito.

Para que el trabajador no esté sometido a las grandes compañías, con posiciones dominantes en los mercados, hace falta que muchas más empresas estén pugnando por él. La sana competencia, bien entendida, implica que los mercados estén repartidos entre varios, principalmente PYMES, compitiendo en un marco de legalidad y equidad. Actualmente es muy difícil para las PYMES lograr subsistir y desarrollarse en Argentina debido a la combinación de una alta presión fiscal y regulatoria, de una competencia desleal por parte de mercados informales y de las posiciones dominantes de las grandes empresas. Estos tres factores, combinados, limitan la propagación de nuevos emprendimientos, dejando a los mercados, y en consecuencia a los trabajadores, a merced de los monopolios. Es necesario comprender la importancia que tiene la defensa de la competencia en la lucha por la soberanía del trabajador. La sana competencia implica la democratización de los mercados, en cuanto empodera al ciudadano como consumidor y como trabajador.

A través del trabajo podemos lograr una mejora sustancial en la situación social. Para ello es necesario que comprendamos la importancia de las pequeñas y medianas empresas como verdaderas impulsoras del empleo de calidad. Visto el vaso medio lleno, tenemos un enorme potencial a ser desarrollado mediante el impulso de la demanda laboral, desde las PYME y en un marco de sana competencia.