Ahora, la acusación y las pruebas del Fiscal Nisman agregan a lo que en él se decía una dimensión de amoralidad que intuíamos pero que no imaginábamos tan profunda. Porque no existió nunca en esa negociación la intención de abrir un nuevo camino al juicio -como se dijo en público-, para abrir luego el camino al petróleo -lo que no se dijo-. Lo peor de las escuchas que revela la justicia es que muestran una puesta en escena donde todo estaba decidido de antemano. Estaba decidida la impunidad mientras se lloraba en el palco de la AMIA cada 18 de Julio. Estaba decidida la impunidad mientras se participaba de la Comisión de DDHH de la ONU. Estaba decidida la impunidad mientras se recordaba que Nestor Kirchner había dicho que no dejaría sus principios en la puerta de la Rosada. Estaba decidida la impunidad.

A continuación, reproduzco lo que escribí hace dos años en Infobae, y dije en el Congreso:

El 12 de noviembre de 2010, Ahmad Rezaee, un ciudadano iraní, fue encontrado muerto en el piso 18 de un hotel en Dubai. Rezaee era el hijo de Mohseen Rezaee, ex comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Iraní. Ahmad había huido de Irán en 1998 y denunció que su padre había participado directamente en el atentado a la AMIA, y que había entrenado a los responsables en Líbano. La larga mano de la venganza del régimen iraní lo encontró y le hizo pagar su defección.

Este antecedente sirve para calificar la propuesta del gobierno que supone que los imputados van a autoinculparse ante la Justicia argentina sólo para respetar el espíritu del tratado que seguramente se aprobará. ¿Quién va a jugar su vida para defender los intereses políticos de Cristina Fernández de Kirchner?

Además de los otros baches jurídicos que tiene el procedimiento que propone el Gobierno, esa seguridad de que el viaje a Irán-cuando suceda- será un fracaso absoluto, vuelve a traer la pregunta del porqué. ¿Por qué el kirchnerismo entrega la Justicia y el caso AMIA a un país que es el paria del mundo, un peligro para la paz universal? ¿Por qué el kirchnerismo se aísla de esta manera y genera semejante costo para nuestro país? Más aún, ¿por qué paga este costo ante la sociedad?

Y todavía hay más: ¿por qué Cristina Fernández cambió la estrategia que había seguido su marido, quien se opuso tenazmente a que se levantara la “alerta roja” que pesa sobre los imputados y a abrir la negociación que hoy su esposa va a concretar?

La respuesta no es lineal. No parece haber una sola razón; hay muchas razones que se entremezclan. No puede entenderse este tratado si no es en el marco del realineamiento exterior que implementa la Presidenta, y que lleva a la Argentina a embarcarse en el eje Irán-Venezuela como su nueva opción de política exterior. Es esa alianza la que explica -entre otras cosas- por qué Argentina guarda silencio cómplice frente al genocidio de Siria; o por qué sigue mansamente a Venezuela en la destrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; o por qué Argentina se ha convertido en espectador pasivo de las aventuras nucleares de Venezuela, incluyendo la venta de uranio venezolano a Irán.

Basta ver la cantidad de sanciones, bloqueos y acciones que los países del mundo occidental han impuesto a Irán por causa de su plan nuclear para dimensional el enorme costo que va a pagar Argentina por este nuevo alineamiento. ¿Cómo puede alguien suponer que nuestro país logrará algún apoyo internacional para sus reclamos por Malvinas o contra los fondos buitre; o para cualquier otro conflicto que aparezca en el futuro? ¿Cómo podemos pensar que Argentina podrá ser escuchada o invitada en el campo internacional? En síntesis, éste es el camino de la no-relevancia y la marginalidad internacional.

¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este dislate? Lo más probable es suponer que con este tratado la Argentina está dando pruebas de su fidelidad al conjunto, una suerte de rito iniciático hecho por pedido de Venezuela -el más fiel amigo de Argentina e Irán-.

Tal vez es también posible que detrás de este tratado -que se ha de consumar cuando Argentina levante las “alertas rojas” que pesan sobre los imputados- haya petróleo o las inversiones iraníes que YPF tanto necesita.

Si ésta fuese la verdadera razón , el costo final será enorme para el Gobierno porque, entre otras cosas, demostrará que ha abandonado su política de derechos humanos a cambio de ventajas económicas.

Los niveles de consumo han explotado, según las cifras de la misma Sedronar, duplicando y hasta triplicando la utilización de diversas drogas, en especial entre los jóvenes. El informe mundial de drogas nos coloca en un vergonzoso tercer lugar entre los mayores países de tránsito. Se ha instalado el sicariato, con periódicos ajustes de cuentas entre narcos. Aparecen también ajustes de cuentas entre Fuerzas de Seguridad y otras formas inéditas de corrupción. Los trabajadores sociales que están en los barrios confiesan estar desbordados por el avance de la droga en los hogares y el impacto que esto tiene sobre personas y familias.

¿Qué ha hecho el kirchnerismo para qué todo esto sucediera? Dos blanqueos escandalosos, en el primero de los cuales se quemaron 4 mil causas penales. No haber implementado el viejo plan de radarización ni los escáneres en los puertos. Haber cortado los contactos con el exterior en temas de inteligencia. Haber mantenido a la Sedronar en un segundo plano, con un presupuesto misérrimo y en los últimos 4 meses no haber nombrado secretario ni  haber puesto este tema entre las políticas prioritarias del Estado, al punto de que no hay prácticamente menciones al tema en ningún discurso del matrimonio Kirchner. No haber implementado políticas masivas de prevención. No haber ayudado a las provincias a contar con más recursos, al punto tal que hay una verdadera rebelión de los secretarios de Drogadicción provinciales. La provincia de Buenos Aires está cerrando centros de prevención de adicciones por falta de presupuesto, sin que la Nación la ayude.

No cabe duda alguna de que la responsabilidad primaria de definir la estrategia, conducirla y financiaría, corresponde al Gobierno Nacional, como sucede en todos los países en los que el tema adicciones figura entre las prioridades de Estado. La ejecución descentralizada es eficiente sólo en la medida en que haya un eje coordinador que fije prioridades con visión estratégica.

Con estos antecedentes, es una verdadera hipocresía que Berni meta el tema político dentro de este drama, quitando energías a lo que debería ser la prioridad ética fundamental: resolver el problema. Si el señor Berni tomase conciencia del daño en vidas humanas causado por la lenidad en el comportamiento del Gobierno que integra, tal vez dejaría de jugar a las elecciones con el sufrimiento ajeno.